Grupo de economistas ve con buenos ojos modificaciones a reforma tributaria

El hecho de que los cambios introducidos por el Gobierno al proyecto de reforma tributaria amplía en más de 200 productos la canasta básica

El hecho de que los cambios introducidos por el Gobierno al proyecto de reforma tributaria amplía en más de 200 productos la canasta básica exonerada del pago de impuestos, bastó para que analistas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) manifestaran criterios positivos sobre la propuesta.

“Con las modificaciones introducidas, se reduce la presión del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los grupos más pobres”, afirmó Juan Diego Trejos, investigador de ese Instituto.

Trejos hizo esa aseveración durante el foro “Impacto Social de la Reforma Tributaria” a partir de una estimación que el IICE realizó sobre cómo la reforma modificaría la distribución de ingresos de las familias, tomando en cuenta los cambios introducidos por el Gobierno.

Enfatizó que la reforma “reduce la concentración del ingreso” en la población más rica y apuntó que no llevarla a cabo podría ser más perjudicial, pues según dijo la otra opción sería reducir el gasto social, lo cual castigaría a la población más pobre.

La actividad se realizó el 5 de mayo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y formó parte del ciclo “Foros sobre la Reforma Fiscal” organizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), la rectoría de la UCR y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Los cambios sobre la canasta básica forman parte de unas modificaciones a la reforma tributaria que el gobierno de Laura Chinchilla presentó a finales de abril ante la Asamblea Legislativa, con la esperanza de que generen un mayor apoyo a la propuesta.

Cabe recordar que especialistas del IICE ya habían manifestado críticas al proyecto. Max Soto, director del Instituto, sentenció “la reforma golpea duro a los de menos ingresos” (Ver UNIVERSIDAD del 29 de marzo).

“MENOS REGRESIVO”

Trejos detalló que dentro del objetivo de la administración Chinchilla de aumentar la recaudación en un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el IVA aportaría un 1,7%, mientras que el impuesto de renta un 0,6%. Es decir, ¢2 de cada ¢3 provendrían del IVA, según dijo.

Ese es uno de los puntos más criticados del proyecto denominado de Solidaridad Tributaria, pues se trata de una ampliación del impuesto de ventas para ser cobrado a una gama de servicios y que además pasaría del 13% al 14%.

Trejos aseveró que serían los grupos de mayores ingresos quienes paguen la mayor parte de los aumentos propuestos, “pero representa un mayor peso para los de menores ingresos”.

Sin embargo, el especialista puntualizó que con la ampliación de alrededor de 250 bienes  de la canasta básica exonerada, el IVA es “menos regresivo”. En materia tributaria se habla de “regresividad” en la medida en que los impuestos se cobran por igual a la población sin atender sus niveles de riqueza. La “progresividad” al contrario se trata de la aplicación de impuestos más directos tazados, según esos niveles de riqueza, como el impuesto sobre la renta.

Tras la conclusión del evento, en declaraciones a UNIVERSIDAD Trejos expresó que “una cosa es que el IVA sea regresivo, pero la reforma en su conjunto es progresiva”, pues según dijo, la ampliación de la canasta exonerada del IVA aumenta la “progresividad global” de la reforma.

Ante la pregunta de cómo la reforma es progresiva si su principal instrumento es regresivo, el especialista señaló que los otros tres impuestos utilizados en la propuesta -el impuesto selectivo de consumo, el de renta y el de traspaso de bienes inmuebles-, son progresivos y “más que compensan la regresividad del IVA”.

¿Y LA CLASE MEDIA?

El foro fue moderado por Max Alberto Soto, director del IICE, e inició con una breve participación de la rectora de la UCR, Yamileth González, quien lamentó la ausencia de altas figuras del Gobierno, a pesar de que se les giró invitación a jerarcas de ministerios como el de Educación Pública o el de Planificación.

Otro de los especialistas participantes fue Rafael Arias, profesor de la Escuela de Economía de la UNA e investigador del IICE, quien se refirió a la necesidad de que se implemente una reforma tributaria en vista del crecimiento del déficit fiscal que proyecta el Ministerio de Hacienda.

Destacó en su exposición que desde el 2008 la carga tributaria ha bajado y ha aumentado el gasto sensiblemente, de manera que según datos de ese Ministerio, la balanza fiscal cerrará el 2011 en -5,1%, mientras que el 2012 alcanzaría el -6%. “Es un problema importante, ha alcanzado los niveles más altos desde 1985”.

Al recibir preguntas del público, Arias alabó la reforma porque “hace un esfuerzo no sólo para recaudar el 2,5% adicional del PIB, sino en términos de progresividad”. Al preguntarse por qué genera “tantas dudas, incluidas las de la Defensoría de los Habitantes”, el mismo Arias se respondió que la incertidumbre se debe a que el contexto económico “aún es incierto y el tema fiscal ha generado mucha polarización política en la Asamblea Legislativa”, de manera que el Gobierno “tiene que tener un Plan B ante el escenario de que la propuesta no se apruebe”.

Sobre la crítica de que será la clase media la más afectada con la reforma debido al cobro del IVA a los servicios de salud y educación que demanda este sector, Trejos respondió que nadie define qué es la clase media.

Añadió que en las proyecciones realizadas por el IICE tampoco se determina cuál es la clase media, porque se carece de consenso entre especialistas sobre los criterios para definirla.

El analista además insistió en que esta es la primera reforma fiscal con una estimación sobre el impacto de la distribución de la riqueza en la población, la cual no recaerá en el grupo de menores ingresos, aunque sí pagará impuestos.

Al insistírsele sobre el impacto del proyecto fiscal en la clase media, Trejos estimó que los hogares con ingresos  alrededor de ¢1.000.000 son considerados clase media, por ejemplo a la hora de emitir bonos de vivienda; sin embargo, en su análisis sí están ubicados dentro del grupo más rico del país.


 

Cooperativismo objeta el impuesto sobre la renta

De tener que enfrentar una carga tributaria del 15% de impuesto sobre la renta, las cooperativas de ahorro y crédito podrían perder hasta poco menos de la cuarta parte de las personas ahorrantes.

Así lo estimó Manuel Bolaños, gerente general de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDEAC), quien también participó en el foro “Impacto Social de la Reforma Tributaria”.

Según explicó, FEDEAC realizó una proyección de las consecuencias que tal impuesto hubiese tenido si se hubiera aplicado en el 2009 y en el 2010.

Entre otros datos, indicó que el ahorro promedio por persona asociada se habría visto afectado en un 23% en el 2009 y un 24% en el 2010, aproximadamente, y añadió que ello incidiría en que las personas dejaran de percibir beneficios que ofrecen estas cooperativas como becas y ayuda económica.

“Se trata de ahorrantes asalariados a quienes ya se les rebaja el impuesto sobre la renta de sus salarios”, indicó.

Además, informó que según sus proyecciones, al aplicarle el cobro propuesto por impuesto sobre la renta a las cooperativas, el Estado el primer año percibiría ¢4.000 millones y el segundo, ¢1.500 millones, pero según dijo ya para el tercero “no hay certeza”.

“Para pasar de la teoría a la práctica hay un gran trecho y el puente para superarlo son las familias más pobres del país”, criticó.

Consultado por UNIVERSIDAD, Bolaños reconoció que sus estimaciones no toman en cuenta el hecho de que entre las modificaciones presentadas por el Poder Ejecutivo a la reforma tributaria, también destaca la reducción en la carga del impuesto sobre la renta originalmente propuesta sobre cooperativas y asociaciones solidaristas, de manera que alrededor del 80% de las cooperativas del país no pagarían ese impuesto.


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