Experto considera que gobierno solo benefició a la empresa al adelantar un criterio sobre la posible indemnización en caso de una disputa.

Los integrantes del grupo Llamado Urgente por el País criticaron algunos de los argumentos que expuso la Sala Constitucional para avalar la operación de la mina de oro a cielo abierto en Las Crucitas de Cutris.

Tras recibir la semana anterior el documento de más de 300 páginas en el que la Sala amplía el criterio expresado el pasado 22 de abril, los especialistas encuentran incongruencias entre lo que dice el tribunal constitucional y lo que establecen las  normas.

Además criticaron la Posición del gobierno, que tras prometer un análisis sobre el decreto de Conveniencia Nacional, decidió no hacer nada y dejar todo en manos de los tribunales.

El primer Vicepresidente, Alfio Piva, adelantó en la prensa que la posible indemnización a Crucitas en caso de derogarse el decreto sería de $1700 millones de dólares, lo cual para los expertos es una grave imprudencia.

SIN FUNDAMENTO

Según el geólogo y experto en análisis de impacto ambiental, Allan Astorga, uno de los puntos que más llama la atención de lo expuesto por la Sala Constitucional, tiene que ver con la fundamentación para el decreto de conveniencia nacional.
Ese decreto, emitido en octubre del 2008, le permitió a la empresa Industrias Infinito, dueña de la mina, obtener un permiso de “cambio de uso de suelo” con el cual pudo talar parte del bosque que cubre la zona del proyecto.

Astorga fue uno de los especialistas que expuso ante los magistrados la falta de fundamento técnico que tenía el citado decreto, durante la vista que realizó la Sala para este proceso.

Recordó que durante la vista, tal y como lo reportó UNIVERSIDAD, los representantes de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) reconocieron que no se hizo ningún estudio “costo-beneficio” para fundamentar el decreto.
“Lo raro es que la Sala ahora argumenta que si bien los de SETENA dijeron eso, por los documentos que se encuentran dispersos en el expediente, ellos sí consideran que se dio este análisis”, criticó Astorga.

Como exsecretario general de la SETENA, Astorga recordó que para este tipo de casos existe un instrumento establecido en el capítulo 14 del reglamento de SETENA, en el que se detallan los requisitos para este tipo de estudios.

“Como secretario de SETENA, a mí me tocó pedirle un estudio de esos a Intel, y la empresa tuvo que contratar a un economista ambiental, para cumplir con todos los análisis requeridos. Igual ocurrió con otros grandes proyectos como el oleoducto de RECOPE y algunas obras del ICE”, recordó Astorga.

El geólogo aseguró que SETENA nunca pidió este estudio al proyecto minero Crucitas; ni para el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ni para el rediseño de la mina que presentaron en diciembre del 2007.

“Hay que medir y cuantificar los efectos en aire, en el bosque, en el agua y el paisaje, así como las medidas de compensación.  Lo más impresionante que la Sala se tragó lo que dijo SETENA, en cuanto a que la matriz del EIA fundamentaba el costo-beneficio, y eso no es así”, expresó Astorga.

El especialista explicó que esa matriz es solo una lista en la que se valoran cualitativamente los impactos del proyecto, pero no tiene que ver con la valoración ambiental-financiera que se requiere.

El máster en derecho ambiental y profesor de la Universidad Nacional, Álvaro Sagot, coincidió con Astorga respecto de la valoración errónea de la Sala respecto del estudio costo-beneficio para fundamentar el decreto.

“La Sala toma la opinión de un economista del Ministerio de Planificación quien dice que el costo social, el perjuicio en los valores de la familia, el uso de drogas y sustancias indebidas, está previsto y se compensa con el pago de impuestos. Es decir, que lo que importa es la plata”, expresó Sagot.

“MEJOR CALLADITOS”

El 27 de julio el gobierno de la presidenta Chinchilla anunció su decisión de no derogar el decreto otorgado a Crucitas y dejar todo en manos del Tribunal Contencioso Administrativo.

El vicepresidente Piva argumentó que con base en lo expuesto por la Sala Constitucional, el proyecto había cumplido con todos los requisitos.

La presidenta Laura Chinchilla, aseguró que su gobierno emitirá las directrices necesarias para una adecuada fiscalización de la mina.

Tanto Sagot como Astorga indicaron que el Gobierno debió con cuidado lo que dijo, pues podrían ampliar las pretensiones y expectativas de la empresa.

Para Astorga, un criterio favorable podría hacer que la empresa extienda sus pretensiones a la exploración de los yacimientos cercanos a Crucitas; y que en caso de perder en las instancias judiciales, demanden al país sobre la expectativa del oro que pretendían sacar de todos los bloques mineros explorados.

“Fue un gran error que don Alfio adelantara esa cifra. Dar un monto es gravísimo y contra la lógica de toda posible negociación. Ni siquiera la empresa esperaba un monto tan alto como el que se dijo”, expresó el geólogo.

Agregó que el tema del costo-beneficio del decreto es un asunto más técnico que legal; por lo que debe la Presidencia debió abrir un mayor espacio de participación para recibir opiniones especializadas y de ambas partes.

Álvaro Sagot consideró favorable el hecho de que el Gobierno tenga encima las miradas de todo el país, e inclusive de los medios de comunicación internacionales, por lo que puede dar una “muestra de dignidad” al mundo.

Astorga aseveró que el gobierno se equivoca al tomar como referencia solo lo expuesto por la Sala Constitucional, ya que la misma Sala se declaró incompetente para resolver asuntos técnicos.

“De hecho, eso es lo que fundamenta el proceso Contencioso Administrativo que está pendiente; y por el cual se dictaron las medidas cautelares que tienen paralizado el proyecto”, indicó.

Astorga insistió en que el Estudio de Impacto Ambiental y los permisos de la mina son técnicamente muy débiles, y eso es precisamente lo que se pretende demostrar en el Contencioso Administrativo.

“Con esto hicieron un gran daño, mejor se hubiesen quedado calladitos. Generan un expectativa en la gente, que espera recibir buenas noticias, pero salen con que no van a hacer nada y más bien hace que las condiciones ahora sean más favorables para la empresa, criticó.

ASESORES CUESTIONABLES

Para la integrante de la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), Heidy Murillo, no se podía esperar mucho del Gobierno en su análisis del decreto, dados los asesores que acompañarán al vicepresidente Piva.

Murillo citó entre ellos al abogado constitucionalista Fabián Volio, quien lideró la defensa que hizo el gobierno anterior del proyecto Crucitas ante la Sala IV.

UNIVERSIDAD consultó al vicepresidente Piva por las personas que lo asesoraron en su decisión, pero respondió que no recordaba todos los nombres.

“Es un grupo de 12 a 15 personas, pero no tengo a todos en la memoria”, indicó Piva.
Murillo cifró sus esperanzas en el proceso contencioso administrativo que aún está pendiente sobre este caso; y aseguró que la movilización de la gente es indispensable para evitar el desarrollo de este proyecto minero.