Si bien la campaña electoral del presidente Abel Pacheco fue financiada por empresarios dedicados a diversas actividades -y también por «fantasmas» posiblemente interesados en lavar dinero ilegalmente habido-, los grupos bancarios centroamericanos que aportaron millonarias cuotas lo hicieron con la intención de garantizar el apoyo de Pacheco al proyecto de reformas financieras que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD, el diputado Luis Gerardo Villanueva, quien preside la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos (ver la entrevista «Dime quién te financia…»).
Los tres grupos financieros identificados hasta el momento por la comisión, como contribuyentes a la campaña electoral del actual mandatario, son el Banco de San José (Grupo Credomatic), el Banco Banex y el Banco Cuscatlán, de capitales nicaragüense, panameño y salvadoreño, respectivamente, además de socios locales.
El primero, en el cual tiene intereses el Grupo Pellas, de Nicaragua, aportó el mayor monto, $250 mil, dividido entre Credomatic Costa Rica, ($150 mil), BAC International Bank Grand Cayman ($50 mil) y el puesto de bolsa del Banco de San José ($50 mil) y fueron ingresados a la sucursal del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) en Panamá. Entre los miembros de la junta directiva de este banco figuran: Ernesto Castegnaro Odio, José Araya Rodríguez, Rodolfo Gurdián Montealegre, Francis Durman Esquivel y Tobías KaderLa junta directiva del Banco Banex, que aportó $25 mil a la campaña de Pacheco, es presidida por el excandidato presidencial panameño y también dueño del Banco del Istmo, Alberto Vallarino Clement, incluye a su conciudadano Juan Carlos Fábrega Roux, y tiene como vicepresidente al costarricense Rodolfo Jiménez Borbón. Este último y Vallarino también comparten intereses en la industria cervecera. Mientras el panameño es director de la Cervecería Nacional, el tico lo es de la transnacional Florida Ice & Farm, dueña de la Cervecería Costa Rica.
El tercer grupo, el Banco Cuscatlán, que aportó ¢10 millones en bonos (equivalentes a otros $25 mil), de capital salvadoreño, es el más grande de la región, y tiene como miembros costarricenses de su junta directiva a Ernesto Rorhmoser, Ronald Peters Seevers, Álvaro Saborío Legers y Manuel Francisco Jiménez Echeverría, entre otros.
HACIA EL MONOPOLIO
La apertura de los mercados financieros en Centroamérica, promovida en la década de los 80 por la Agencia Internacional para el Desarrollo, del gobierno estadounidense, desató un proceso explosivo de creación de bancos privados, que por la misma lógica del capital, que tiende al monopolio, ha llevado a una creciente concentración del negocio en pocas manos.
Así, por ejemplo, un reporte del diario La Prensa, de Honduras, de 2000, registraba la operación, en Centroamérica, de «160 bancos de los cuales 25 están en Costa Rica, 14 en Nicaragua, 22 en Honduras, 13 en El Salvador, 32 en Guatemala y 54 en Panamá, pero el proceso de fusiones y adquisiciones ya comenzó.»
Y en opinión de Juan Rafael Campos, de la firma de consultores privados KPGM, esta «ola de fusiones y adquisiciones en el sistema financiero centroamericano» comenzó a ocurrir porque el mercado regional -o el pastel por repartirse- era pequeño para tanto banco: «El producto interno bruto total de la región, no supera el de Colombia o el de Venezuela», dijo al diario (Ídem).
Hoy las fusiones y compras de unos bancos por otros continúan, y según reportó el pasado 28 de agosto el Periódico Financiero Moneda, de Nicaragua, «son lideradas por el Banco Cuscatlán, que ya ha adquirido dos bancos en Costa Rica, seguido por el Banco del Istmo de Panamá, que también ha hecho adquisiciones en Costa Rica» (ver recuadro «Fusiones y compras»).
En nuestro país, la completa liberalización de las actividades bancarias es promovida a través de un Proyecto de Ley de Reformas Financieras que se discute en la Asamblea Legislativa, presentado por el Banco Central, y que cuenta con el respaldo de la Asociación Bancaria Costarricense.
Los diputados Luis Gerardo Villanueva, del Partido Liberación Nacional y Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana, integrantes de la comisión que discute las reformas, presentaron un texto sustitutivo, pero quedó en minoría. «Ahora estamos presentando mociones», dijo Villanueva.
CUANDO «NIVELAR» ES PRIVATIZAR
A pesar de que la banca privada aumentó sus operaciones de manera importante desde el inicio de la apertura del mercado bancario, diversos estudios han mostrado que el público prefiere confiar sus ahorros a los bancos estatales, debido a que están protegidos contra posibles quiebras, garantía que los bancos particulares no ofrecen.
Por eso, quienes promueven la completa liberalización bancaria en Costa Rica, sintetizan su proyecto con una consigna derivada de la jerga futbolística masculina: «nivelar la cancha».
Por esta frase entienden que la banca pública no debe tener el lugar privilegiado que -a pesar de las reformas ya aprobadas para favorecer a la banca privada- todavía ostenta.
Así, el proyecto de reformas promovido por el Banco Central y la banca privada, incluye crear un fondo para garantizar -con recursos públicos- los ahorros que las personas depositen en los bancos particulares y reducir de 10% a 7% el depósito que estos bancos deben hacer en la banca estatal, a cambio del derecho a manejar cuentas corrientes. Además, eliminar los «encajes» -o reservas de garantía- que hoy deben guardar por los ahorros y captaciones a plazos de cinco años y eliminar los requisitos para que los bancos privados puedan acceder al «redescuento» (letras o pagarés a corto plazo, endosados, que han sido descontados por instituciones financieras privadas e ingresan al Banco Central).
Los bancos privados también quieren que se elimine la prerrogativa que la ley vigente otorga de manera exclusiva a la banca pública, de ser la única autorizada para transar los dólares que manejan otras instituciones públicas como, por ejemplo, la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Simultáneamente, el proyecto aboga por una autonomía completa del Banco Central con respecto al Gobierno. Para ello propone que el Ministro de Hacienda tenga voz, mas no voto -como ocurre hoy-, en la junta directiva de ese banco, y que su presidente sea nombrado por 90 meses, en lugar de los cuatro años que dura una administración. También plantea limitar el uso de instrumentos temporales de la política monetaria, como la compra de bonos del Tesoro, a casos de «calamidad pública».
Por su parte, el texto de minoría acepta que se instituya un fondo de garantía para quienes ahorran en la banca privada y pide que se extienda a las cooperativas y mutuales, pero establece que el dinero sea proporcionado por las propias instituciones y no por el Estado. «¿Por qué vamos a pagar todos los costarricense por un mal manejo de entidades privadas?», dijo el diputado Villanueva.
Este proyecto tampoco acepta la eliminación de los encajes ni de los requisitos para el redescuento. Además mantiene la exclusividad de la banca pública en la transacción de dólares de las entidades estatales, así como el «peaje» de 17% sobre los ahorros del público que captan los bancos privados, pero propone que la banca pública destine estos recursos a reforzar su función original de apoyar el desarrollo.
Por último, el texto de minoría rechaza las propuestas que buscan dar una completa autonomía al Banco Central o restringir el uso de los instrumentos temporales de la política monetaria.
«La política monetaria tiene que ir a la par de la política social, de la política económica, del Plan Nacional de Desarrollo. Si se aprueba la propuesta de la mayoría, podríamos tener un presidente del Banco Central con una ideología diferente al Gobierno de la República. Esto crearía una especie de «república independiente del Banco Central», un país dentro de otro país. Lo que algunos critican con respecto al ICE, por este lado no les importa. Esto generaría ingobernabilidad. Es una concepción neoliberal, de que la economía es «pura», que no debe tener elementos políticos en el buen sentido de la palabra», argumentó Villanueva.
Así, de aprobarse el proyecto de mayoría, el mercado financiero costarricense quedaría plenamente abierto para que los grupos financieros centroamericanos pudieran continuar su lucha por fortalecerse y acaparar el mercado.
Se calcula que el proyecto pasará a ser discutido por el plenario legislativo en unos cinco meses. Será entonces cuando se decidirá la suerte del sistema bancario nacional.
«Dime quién te financia…»
La siguiente entrevista con el diputado Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos, tuvo lugar el pasado 27 de agosto, en su despacho de la Asamblea Legislativa.
¿Los aportes de varios bancos privados a la campaña del presidente Abel Pacheco, se pueden interpretar como su interés de que el mandatario y el PUSC buscaran la aprobación del proyecto de reformas financieras?
– Creo que sí. Mire, un grupo, que como el Banco de San José, dueño de Credomatic, da $250 mil, es mucho dinero: dar ¢100 millones. No solo se está transgrediendo la norma que pone un tope a la contribución por persona física o jurídica, sino que crea suspicacia sobre que a propósito de una discusión del proyecto de reformas financieras, no quieran ellos después cobrar, vía legislación, estos aportes. Y ellos nos dicen, en una nota, que acostumbran a hacerlo, que es una cuestión «cívica».
¿Y hacen estas «donaciones cívicas» a todos los candidatos?
-No lo sabemos, lo estamos estudiando. Vamos a invitarlos a la Comisión, para saber a quiénes les contribuyeron. Por el momento, hemos determinado que solo lo hicieron a la Unidad Social Cristiana.
Es notorio que los tres bancos que se mencionan hasta el momento: San José, Cuscatlán y Banex, tienen accionistas centroamericanos.
-Es una intromisión, quiérase o no. Podría ser una intromisión extranjera.
Y es una violación descarada de la Ley Electoral.
-Lo mismo que las donaciones de Taiwán, de $500 mil, y de empresas de Suiza. A nosotros nos extrañaba: ¿por qué una cumbre en Taiwán? ¿Es que Taiwán es muy hospitalario? Pero además hemos sabido que ha habido un deseo de Taiwán de invertir en las campañas políticas en Centroamérica. Es decir, que nosotros podríamos determinar que aproximadamente hay una donación de casi $1 millón a una cuenta de Bayamo en Panamá que viene, efectivamente, del extranjero, que si no es una intervención del Gobierno de Taiwán en la política interna, nosotros diríamos que son intereses de política internacional, es un modo de comprometer a los países. Creíamos que solo se comprometía a los países con obras muy importantes, pero aquí es un compromiso político. Esta entrega de dineros nos parece sumamente peligrosa, porque ya no es al país, es a quien va a ser Presidente de la República. Hay un deseo de burlar, las contribuciones no fueron reportadas ni reconocidas por la Unidad. Pero las que fueron fantasmas, ya están tomando cuerpo.
Una puede entender que abrieran la cuenta en Panamá precisamente porque querían evadir los controles, pero el hecho de que se entregaran cheques a la casa de cambio Vinir, ya le da otro cariz al asunto. ¿Qué más podría haber detrás de esta transacción?
-En esto de las contribuciones, hemos determinado que hay gente que se oculta del todo, y por muchas razones. Determinamos que si la banca privada da dinero, claro que quieren favores. Quiérase o no es un compromiso solapado, encubierto, descarado, descubierto, eso lo evaluaremos luego con las acciones que haga el Gobierno, quiérase o no hay un compromiso. Pero hay de otro tipo, que son peores, que son gente que no quiere identificarse, que se mantiene oculta. Entonces, buscan mecanismos mediante los cuales se pueda lavar la plata para después justificar otro tipo de ingreso. Estos son los peores, porque son los fantasmas que andan allí. En esto hay mucha contribución: la de los taiwaneses, o la de la empresa norteamericana Green Business, que todavía no sabemos quiénes son. Hay un cierto número de empresas que nos preocupan. ¿Cuáles eran sus verdaderos intereses para colaborar? Dime quién te financia y te diré qué compromisos tienes. Esto es lo que queremos hacer transparente.
Los partidos políticos deben seguir siendo de la gente. No podemos permitir que tengan dueños. Antes decíamos que tenían dueños porque había gente que mandaba en ellos. Ahora podemos acusar que hay partidos políticos que los compran con mucho dinero. Queremos vacunar contra la compra de los partidos políticos y de los políticos. Y que las campañas electorales no sean una fuente de enriquecimiento, como sospechamos ha sido hasta el momento. Hay dinero del cual tenemos sospechas, que todavía no sabemos cuál ha sido su destino específico.
¿Quiénes son?
* Entre los grupos financieros regionales destaca el grupo Cuscatlán, con activos de $ 2.422 millones y con un crecimiento del 23.53% durante 2001.
* El grupo BAC (Credomatic), con presencia en los cinco países del istmo, fue el que más creció en relación con sus activos (149.82%).
* Otro grupo que posee operaciones en los cinco países del istmo es el Financiero Pacific, que finalizó el año con activos por $ 651 millones y creció 7.05%, menos de lo que obtuvo en 2000, que fue de casi el 10%.
* El grupo Promérica en 2000 creció un 50% más que en 1999, luego de adquirir dos bancos en Nicaragua.
* El Citibank, con presencia en cuatro países de la región, finalizó 2001 con activos superiores a los US$ 471 millones, un crecimiento del 37.14%. En 2000 había sido de 14.28%.
SOBRE «FANTASMAS»
Si bien los aportes de los bancos privados a la campaña del presidente Abel Pacheco están claros para la comisión legislativa que investiga lo sucedido, el diputado Luis Gerardo Villanueva, quien la preside, afirmó que todavía existen «fantasmas» que donaron dinero pero quieren ocultarlo por diversas razones.
Entre ellas, no descartó el lavado de dinero ilegalmente habido.
El informe de inteligencia de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre lavado de dinero en Costa Rica, de mayo del presente año, afirma, por ejemplo, que «dinero provenientes de las drogas es lavado a través de inversiones en proyectos de construcción, hoteles, restaurantes, «malls» (o «moles») y plantas de ensamblaje. De hecho, algunos de los «malls» más grandes de Costa Rica fueron construidos, no mediante financiamiento bancario, sino por inversiones directas. Actualmente las autoridades costarricenses no tienen los recursos para descubrir el origen de estas inversiones.»
Y en alusión a la laxitud de las leyes nacionales, afirma que el lavado es favorecido porque, por ejemplo, según aquellas, «una persona debe saber que él o ella está involucrada en la legitimación del capital de los narcotraficantes y esto, para la policía, es muy difícil de probar.»
De esta manera, a pesar de saberse que el estadounidense Marc M. Harris -quien fue arrestado en Nicaragua por lavado de dinero en el estado de Florida-, movió al menos $30 millones en 10 años de operaciones financieras a través de Costa Rica, y que una acusación federal en el estado de Florida consigna que al menos cuatro de sus transacciones tuvieron lugar por Vinir Financial Services (VFS), al ser interrogado su dueño, el tico Vinicio Esquivel, por la Asamblea Legislativa, respondió: «Yo actué muy contento de hacer mi negocio, no de ayudar a perder ninguna pista.» (La Nación, 29 de agosto, 2003).
A Harris se le decomisaron en Nicaragua 1.054 cajas con documentación. Una de ellas estaba rotulada con la palabra «Presidentes» (LN, 31 de julio).
Reformas financieras
Bancos tras jugosas divisas
FABIOLA POMAREDA G.
Sólo por las compras de divisas que realiza RECOPE y el INS, la banca comercial podría transar unos ¢196.153 millones al año.
Una reforma al sistema financiero abriría la posibilidad para que instituciones estatales realicen sus transacciones de compraventa de divisas (dólares), no sólo por medio del Banco Central, sino también a través de los bancos comerciales privados.
El proyecto de Reformas de la Ley Orgánica del Banco Central, a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y otras leyes (Expediente 14.286) pretende, entre otras cosas, que bancos comerciales participen en el manejo de fondos estatales, específicamente con la compraventa de divisas; es decir, cuantiosas inversiones que hacen instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) o el Instituto Nacional de Seguros (INS) para compra de equipo o de petróleo.
Uno de los cambios, que pretende «eliminar el carácter reglamentista que tiene esta parte de la Ley del Banco Central», es al capítulo del Régimen Cambiario de la Ley Orgánica del Banco.
Así, la negociación de divisas se realizaría por medio del Banco Central, de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia y por otras que autorice la Junta Directiva de dicho Banco.
Si la reforma pasara en el Congreso, los bancos particulares tendrían acceso a realizar transacciones por ¢58 mil millones por compra de divisas, según datos de 1999 del Banco Central. Sin embargo, solo lo que destinan a la compra de divisas dos de las instituciones públicas más importantes, la RECOPE por factura petrolera y el INS por compra de equipos, suman ¢196 mil millones ($485,7 millones), según datos de 2002 y 2003 proporcionados por ambas empresas.
En relación con las transacciones del sector público no bancario, el texto establece que: «Las instituciones del sector público no bancario efectuarán sus transacciones de compraventa de divisas por medio del Banco Central de Costa Rica o de los bancos comerciales, en los que este delegue la realización de tales transacciones. En todo caso, estas transacciones se realizarán a los tipos de cambio del día, fijados por el Banco Central para sus operaciones».
Divisas según Banco Central
(1996-1999)
¿A qué tendría acceso la banca privada?
EN COLONES EN DOLARES
1996 ¢100.283 millones US$248 millones
1997 ¢82.895 millones US$205 millones
1998 ¢69.147 millones US$171 millones
1999 ¢58.229 millones US$144 millones
El Banco Central no cuenta con cifras actualizadas del total de recursos por compraventa de divisas que movilizan instituciones públicas a través de la banca estatal. No obstante, se ofrecen los datos disponibles entre 1996 y 1999 del total de reintegros que hizo el Central a instituciones estatales que compraron divisas.
Fuente: Departamento de Operaciones, Banco Central.
Compra de divisas en RECOPE-INS
(2002-2003)
En dólares En colones
RECOPE US$423,4 millones ¢171.053 millones (2002)
INS US$ 62,3 millones ¢ 25.100 millones (2003)
TOTAL US$485,7 millones ¢196.153 millones
Fuente: Departamento prensa, INS, RECOPE (por pago de factura petrolera),
