Topes a la inversión, recortes al presupuesto, suspensión de empréstitos y el no envío de una ley de fortalecimiento institucional, son algunos de los aspectos de colocan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el centro de una tormenta en la cual miden sus fuerzas el equipo económico del gobierno y los sindicatos.
Como si se tratara de una barca que intenta navegar conservando su característica de empresa estatal, mientras los fuertes vientos neoliberales azotan las aguas, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se debate entre los intereses de sectores empresariales, sindicales y políticos.
Pese a ser la empresa más grande de Centroamérica y una de las más eficientes en América Latina, los logros en energía y telecomunicaciones podrían deteriorarse con el debilitamiento financiero que se avecina, de prosperar los topes al gasto y las limitaciones a la inversión que propone el equipo económico del gobierno.
Por eso, el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) que aglutina a los siete sindicatos de la institución, lucha porque el gobierno ceda en sus posiciones y envíe a la Asamblea Legislativa, lo antes posible, un proyecto de ley de fortalecimiento que le permita continuar con programas y proyectos esenciales para el país.Para presionar al gobierno, realizarán una marcha el próximo miércoles 29 de enero, la cual partirá del ICE en la Sabana y concluirá en Casa Presidencial, donde entregarán un pliego de peticiones al gobierno.
Cerca de cinco mil trabajadores de la institución, así como empleados públicos, estudiantes y diputados han sido invitados a la actividad, en la que también se protestará por la manera en que el Gobierno negocia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, sin hacer una consulta amplia.
Así lo consideró Fabio Chaves, presidente del FIT, para quien el gobierno de Abel Pacheco ha incumplido una serie de acuerdos, mientras que para el sindicalista Jorge Arguedas, «ya no se puede confiar en la palabra del Presidente y por eso presionaremos en todos los campos».
Ambos líderes se refieren a un acuerdo firmado el pasado 25 de setiembre entre representantes del equipo económico del gobierno, autoridades de la institución y sindicalistas, que puso fin a la amenaza de recortes presupuestarios por ¢10 mil millones que amenazaban con paralizar los principales proyectos del ICE en el país.
En dicho documento la administración Pacheco se comprometió a revisar la posibilidad de crear nuevas plazas para dar estabilidad a los miles de trabajadores ocasionales, no pedir más recursos económicos al ICE y presentar ante la Asamblea Legislativa un texto de ley de fortalecimiento de la institución que sindicatos, autoridades y diputados de diferentes partidos ya habían consensuado.
«No pasaron ni tres meses cuando don Abel incumplió la palabra al permitir que el equipo económico pusiera un tope al crecimiento presupuestario», agregó Chaves.
En efecto, el Ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños dijo en diciembre pasado que ante la crisis fiscal el ICE solo podría aumentar en el 2003 su presupuesto en 5,9% en relación con lo gastado el año anterior.
La propuesta de Bolaños pretende reducir el déficit fiscal del sector público del 5 % al 3%, con un recorte de unos ¢120.000 millones.
Cabe recordar que el 2002, el ICE solo pudo utilizar el 85% del presupuesto original porque la Contraloría General de la República ordenó reducir los montos asignados y con el acuerdo de setiembre, el ICE debió entregar ø5 mil millones al gobierno.
El anuncio de un tope en el presupuesto cayó como un balde de agua fría para los trabajadores y autoridades superiores del ICE pues las conversaciones sobre la creación de plazas estaban estancadas, igual que los trámites para que el gobierno diera el aval para $270 millones de empréstitos que el ICE requiere.
Las disposiciones del gobierno se emiten en momentos en que entran en operación 400 mil líneas celulares y a pocos meses de empezar a operar el proyecto Internet 2, que colocaría al país a la punta del desarrollo tecnológico en la región.
Atender las disposiciones de Hacienda implicará que el ICE tendrá un faltante de recursos cercano a los ø48 mil millones, lo que limita el desarrollo institucional, se pone en peligro la atención de los servicios básicos para la población y crea incertidumbre en miles de trabajadores –especialmente de proyectos–, que podrían ser despedidos por no haber contenido económico para ejecutar obras como las que se desarrollan en Pirrís, Cariblanco, Cachí y la zona atlántica. También se verían afectadas otras obras que se encuentran en fase de factibilidad, aseveraron los sindicalistas.
Mauricio Hernández, de la Asociación de Profesionales del ICE, también integrante del FIT dijo a Universidad que para este año, la Contraloría General de la República aprobó un presupuesto de ø516,072 millones para el ICE, pero el faltante de recursos o superávit que el gobierno exige a la institución es cercano a los ø48,000 millones.
Recordó que si a esta suma se le recortan ø54,132 millones adicionales considerados «gastos superfluos» por Pablo Ureña, representante gubernamental ante el Consejo Directivo del ICE, el faltante ascendería a más de ø102 mil millones, casi una quinta parte del presupuesto aprobado.
Por su parte, Jorge Arguedas de la Asociación Nacional de Técnicos y trabajadores de la Energía y Telecomunicaciones (ANTTEC), agregó que entre los rubros considerados por Ureña como superfluos se encuentran ø11,242 millones correspondientes a alquileres que son indispensables para el funcionamiento del ICE en diferentes parte del país, ø6,054 millones en horas extras que corresponden en la mayoría de los casos a obras de urgencia que deben realizar los trabajadores fuera de sus horarios de trabajo y ø 7.286 millones correspondientes a equipos de cómputo que urge cambiar en la institución.
OTROS EFECTOS
Según precisaron miembros del FIT, el faltante de dinero provocará el despido de tres mil trabajadores ocasionales que se emplean en la construcción de presas y líneas de transmisión.
También afectará a empresas locales que venden servicios de alquiler de transportes, alimentación y materiales.
Sin los recursos necesarios no podrán realizarse obras de infraestructura y mantenimiento de equipos y de líneas de transmisión. La mayoría de los empleados de la parte eléctrica tendrían que hacer labores de oficina, por lo que se estaría recolectando el dinero de las tarifas para pago de salarios nada más.
Se prevé un aumento en la probabilidad de fallas en el tendido eléctrico y un incremento en el tiempo de reparación debido a la falta de materiales y equipos.
Además, podrían darse racionamientos a finales del 2005, debido al aumento anual de la demanda el electricidad en 7% y al no poderse construir plantas generadoras de electricidad.
A largo plazo, ante la imposibilidad del ICE de suministrar servicios eléctricos y de telecomunicaciones, será necesaria la apertura de los mercados a la inversión extranjera, con la cual el ICE no podrá competir de acuerdo a la ley actual que lo rige, además de las restricciones a que lo ha sometido el Gobierno.
LEY DE FORTALECIMIENTO
Tras la lucha contra el combo realizada hace tres años, la Comisión Especial Mixta demostró que el ICE es capaz de generar los recursos que requiere para su desarrollo y que la capacidad de endeudamiento que se le permite es muy baja.
Constató además que disposiciones de índole administrativo como la obligación a generar superávit para el gobierno, limitan su capacidad de responder a las demandas de empresarios y ciudadanos.
En noviembre pasado, la Sala Constitucional declaró contrario a la Carta Magna la práctica de los gobernantes de exigir superávit al ICE y declaró que a partir del 2004, el gobierno deberá abstenerse de esta práctica por ser inconstitucional.
Para los sindicalistas, urge una ley de fortalecimiento del ICE que le permite invertir los recursos que genera para el desarrollo, elimine amarras administrativas, sea más agil y eficientemente en los procedimientos administrativos para cumplir con mas rapidez las demandas que requiere el país.
Un texto en tal sentido fue trabajado por sindicalistas, autoridades superiores del ICE y un grupo de legisladores. El proyecto fue rubricado por 34 diputados de la actual Asamblea Legislativa, pero el poder ejecutivo se ha negado a incorporarlo entre los proyectos a debate en el actual período de sesiones, violentado en compromiso asumido en setiembre pasado.
La iniciativa ha sido duramente criticada por sectores empresariales al considerar el texto como una distorsión para los afanes aperturistas que algunos impulsan y consideran que con la ley se crearía «la república independiente del ICE», al exonerar a la institución de cumplir algunos artículos de la ley de equilibrio financiero y limitar la acción de la Contraloría General de la República a un control posterior del gasto y no de previo.
También el pasado 20 de enero un grupo organizaciones ambientalistas (Asociación Conservacionista Yiski, Instituto Costarricense de Ecología Aplicada, Movimiento Ecologista Costarricense y Comité de Oposición a la Minería de Oro – Miramar), expresó públicamente su oposición a la propuesta de ley por considerar que el texto no fue consultado con todos los sectores sociales y que es muy tímido en cuanto a la despolitización de la junta directiva y los controles ambientales que debe cumplir la institución.
Para los sindicatos la negativa del Gobierno de enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, es parte de una aparente estrategia para colocar la apertura en telecomunicaciones dentro del
tema de servicios en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Centroamérica.
Cogeneración privada:
UN NEGOCIO POLÍTICO MUY CARO
La cogeneración eléctrica es un ejemplo claro de cómo los intereses político partidistas han interferido en el ICE en los últimos años, para favorecer a pequeños sectores y desangrar a la institución. Así lo considero Jorge Arguedas, presidente de ANTTEC en declaraciones a Universidad.
Se trata de 29 empresas de cogeneración eléctrica que producen solo el 12% de la electricidad del país con un costo para los usuarios cercano a los ø40 mil millones solo en el 2003.
La energía que se compra a los cogeneradores es 60% más cara que la producida por el ICE y ese dinero lo pagamos todos los costarricenses, agregó Arguedas.
Pese a que la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República han señalado el carácter lesivo que estos contratos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) sigue sin recomendar el inicio de juicios lesivos contra los empresarios privados y autoriza aumentos en la tarifas que favorecen aún más a los empresarios privados, con lo cual prosigue el pago de multimillonarias sumas de dinero a favor de los cogeneradores eléctricos.
Estimaciones de voceros del FIT indican que por cada mil colones que cada familia costarricense paga por concepto de consumo eléctrico, ø250 se destinan a cancelar el pago a las 29 empresas privadas de cogeneración.
Estas empresas fueron creadas a través de las leyes 7200 y 7508 para privilegiar a un pequeño grupo de empresarios, algunos de ellos vinculados con los partidos Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, según pudo constatar una comisión legislativa que estudió el caso a finales del 2001.
Las leyes que rigen a estas empresas permiten la generación mediante centrales completamente privadas y no mayores a 20.000kw, a través de contratos que permite a los empresarios operar las plantas por 20 o 25 años y finalmente las traslada al ICE.
Según la normativa, la energía que produzcan estas empresas debe ser comprada por el ICE y para cumplir con ella, la institución ha llegado incluso a sub-utilizar su actual capacidad instalada, desperdiciando agua de sus propios embalses.
El costo de la electricidad que se compra a los generadores y cogeneradores se calcula con base en el costo de la energía térmica (con uso de hidocarburos), la cual es, por cierto, la más cara dentro de todas las posibilidades. Como resultado, la energía comprada a los generadores y cogeneradores es un 60% más cara.
El negocio privado de la electricidad se ha venido a sumar a las muchas ataduras que limitan el funcionamiento del ICE como la politización de su Junta Directiva, constantes recortes presupuestarios, limitaciones en su capacidad de endeudamiento y el traslado obligatorio de su superávit al Poder Ejecutivo para atender la deuda interna
¿Qué pasa si no hay inversión?
– Despido de 3,000 trabajadores ocasionales de construcción de presas y líneas de transmisión.
– Elimina compra de servicios de empresas alquilan transportes, alimentación y materiales.
– Sin recursos no pueden hacerse obras de infraestructura y mantenimiento de equipos y de líneas de transmisión.
– La mayoría de los empleados de la parte eléctrica tendrían que hacer labores de oficina, por lo que se estaría recolectando el dinero de las tarifas para pago de salarios nada más.
– Habría un aumento en la probabilidad de fallas en el tendido eléctrico y un incremento en el tiempo de reparación debido a la falta de materiales y equipos.
– Podrían darse racionamientos a finales del 2005, debido al aumento anual de la demanda el electricidad en 7% y al no poderse construir plantas generadoras de electricidad.
– A largo plazo, afectaría el suministro servicios eléctricos y de telecomunicaciones, lo que obligaría a una apertura a la inversión extranjera.
– El ICE no podría competir con la inversión foránea de acuerdo con la ley actual, debido a las restricciones que padece.
