Ideas de Notables enfrentan complejo aterrizaje a realidad

Las recomendaciones de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para proponer reformas en procura de “mejorar la gobernabilidad

Las recomendaciones de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para proponer reformas en procura de “mejorar la gobernabilidad y la calidad de la democracia costarricense”,  encendieron el debate entre sectores que lo aplauden como un documento valioso para discutir los cambios que el país necesita y los que encuentran peligrosas algunas propuestas.

De entrada no se discute la necesidad de  hacer cambios a la arquitectura institucional y jurídica del país, pero lo complejo y polémico de buena parte de las medidas propuestas hacen que sea difícil o imposible su aprobación en el año de gobierno que le queda a la administración de la presidente Laura Chinchilla, y quedarían entonces para el nuevo gobierno que se estrene en mayo del 2014.

Para empezar surgen críticas de que la comisión de notables no es representativa de los diversos sectores del país, sino que sus integrantes responden al pensamiento y los intereses que vienen promoviendo poderosos grupos de poder económico y político que han gobernado en las últimas décadas, para afianzar su control en las instituciones.

Entre los que así opinan figura el exdiputado y catedrático Óscar Aguilar Bulgarelli,  quien señaló que los notables no  representan el espectro ideológico, político y social del país, sino a la derecha neoliberal.

Para el académico, algunas de las propuestas son de recibo, pero hay otras muy peligrosas. Por eso “hay que analizar el intríngulis y hacia dónde nos quieren llevar” con algunas de estas reformas, y que los políticos, sectores y medios interesados pueden hábilmente ocultar,  consideró.

Como ejemplo mencionó algunas de las reformas propuestas para la Asamblea Legislativa, tras las cuales ve el interés de sectores poderosos de pasar sus proyectos sin discusión ni oposición, y tener diputados “borregos” que no saben ni qué están aprobando, lo que acabaría con la esencia de la Asamblea Legislativa (ver recuadro “Pros y contras”).

La acogida del documento de los notables fue variopinta, con algunos rechazos fuertes a propuestas como aquella de aumentar el número de diputados de 57 a 87. Sin embargo, hubo comentarios positivos aun de los más críticos, quienes encuentran que hay valiosas recomendaciones dignas de analizar. Esto a pesar de la impresión que comparten muchos, de que las propuestas llegan en un momento inoportuno, en el arranque de un año electoral,  cuando no habrá clima propicio para una discusión reposada de los cambios que requiere el país.

El informe que los notables presentaron el pasado 17 de enero después de 50 sesiones de trabajo, contiene 97 propuestas (105 sumadas algunas suscritas a título individual por algunos de ellos), distribuidas en dos capítulos. Uno tiene que ver con las relaciones entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y otro con el Estado, la administración pública y la sociedad.

Algunas de las reformas requieren de reforma constitucional para ser aprobadas, otras se podrán hacer por vía legal, o referendo, incluso por decisión administrativa (ver gráfico “Algunas de las más notables propuestas”). Cuál sería la vía de cada una y la prioridad, es algo que le tocará determinar a una comisión de tres ministros que integró la presidenta Chinchilla, y que deberá tener los proyectos listos para el 25 de febrero próximo, según anunció la mandataria.

Varias de las recomendaciones fueron recibidas con gran desaprobación y hasta con furia en redes sociales y programas de opinión, como la de establecer la reelección sucesiva de los diputados y del presidente, y aumentar el número de diputados.

Más desapercibidas se han quedado otras, aunque no sean de menor consecuencia para la vida diaria de la población, como aquella que recomienda que la Sala Constitucional al resolver procesos sobre los llamados derechos prestacionales “tomará en cuenta las capacidades y condiciones objetivas del Estado  y de las administraciones públicas en particular para hacerlos efectivos”. Esto podría terminar con la posibilidad que tiene la ciudadanía actualmente de hacer valer -mediante recursos de amparo- derechos constitucionales como el derecho a la salud, que la administración pública incumple, como ciertos tratamientos o medicamentos que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) niegan a los pacientes alegando falta de espacio o recursos.

PRIORIDAD

El Poder  Ejecutivo dará prioridad a las recomendaciones para hacer más eficiente el accionar del Estado Costarricense, en especial la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa, así como las atinentes a la Sala Constitucional, instituciones autónomas, órganos desconcentrados, contratación administrativa y mejora regulatoria. Así lo anunció la presidenta Chinchilla al recibir el informe.

En relación con otros temas, como las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el incremento del número de legisladores, se considera que requerirán de un mayor análisis y contraste de criterios. Incluso Chinchilla no descarta que estos temas se resuelvan por consulta popular en un referéndum, según dijo en entrevista con el diario La Nación.

Jaime Molina, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP),aplaudió el  informe de los notables como “un documento con propuestas que buscan mejorar la gobernabilidad del país y con una visión de largo plazo, y merece ser estudiado en detalle”.

Por su parte, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que las propuestas de los notables se deben analizar cuidadosamente desde el punto de vista de la organización, y aún no había hecho la valoración.

Eso sí, anotó que en el grupo de los notables no se consideró la participación o una consulta de las organizaciones sociales y de los sindicatos, cuando la naturaleza de los desafíos que tiene el país en este momento exige la construcción de soluciones realmente participativa de los diversos sectores.

El grupo de expertos estuvo conformado por el exministro de Educación y expresidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco; el exdiputado Constantino Urcuyo; el exministro de Justicia Fabián Volio; el exembajador en Venezuela Vladimir de la Cruz; el abogado constitucionalista Manrique Jiménez, y el expresidente de la CCSS Rodolfo Piza.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pros y contras

El exdiputado Óscar Aguilar Bulgarelli consideró que el informe de los notables contiene algunas propuestas interesantes, con las que se puede estar de acuerdo, pero en su opinión otras son peligrosas.

Lo que no se puede negar es que los notables no representan la gama ideológica, ni la gama social, son “conservadores, derechistas y neoliberales”, aunque algunos sean “reciclados de la izquierda”, afirmó.

Desde esa perspectiva hay que analizar “por dónde va la jugada” del documento que presentaron, mencionó.

En ese sentido dijo que es cierto que la Asamblea Legislativa urge de una mayor agilidad, pues se ha convertido en un instrumento que a veces es antidemocrático, pero de ahí a pasar a lo que proponen los notables hay un gran trecho.

Criticó, por ejemplo, la recomendación de que para las deliberaciones en la Asamblea Legislativa no se requerirá quórum. Eso quiere decir que no se requerirá ni siquiera la presencia de 29 diputados para discutir un proyecto, y establece que en lugar de necesitarse 38 para abrir las sesiones basta con que lleguen 29.

Lo que va a pasar con esta disposición, según Aguilar, es que los diputados pueden irse a donde quieran, porque no es obligación que haya quórum en la discusión de un proyecto. Incluso puede darse el absurdo de que un diputado esté haciendo  una discusión de un proyecto ante las curules vacías. “Eso es matar el parlamento, es decir que no es necesario que los diputados vayan al plenario a enterarse por qué aprobar o no aprobar un proyecto”, dijo.

En su opinión: “eso le conviene a este sector del país que no quiere que aquí se discuta nada, al sector que quiere tener borregos en la Asamblea Legislativa, y borregos en el resto del país.  Mejor cierren la Asamblea Legislativa, y digan que lo que quieren es una dictadura de estúpidos. ¿Así para qué quieren más diputados?”, cuestionó Aguilar.

En criterio del jurista Walter Antillón es una chapucería la propuesta de introducir elementos del sistema parlamentario en el sistema presidencialista costarricense.

El parlamentarismo es una unidad armónica, requiere de una cultura parlamentaria que es complicadísimo lograr. Tratar de hacerlo funcionar en el presidencialismo es como tratar de usar un repuesto de Volkswagen en una  computadora Mac, es una improvisación, afirmó.

El sociólogo y catedrático universitario Manuel Rojas opinó que los notables, desde puntos de vista diversos, trataron de llegar a alguna posición en torno a problemas que tiene el sistema político y que es necesario enfrentar.

No necesariamente el ojo de ellos está del  lado de la ciudadanía en general. Puede ser que para muchos de ellos el interés sea desde el punto de vista del gobernante, pues son personas allegadas a los círculos políticos o que han estado en el gobierno, comentó.


Camino avanzado

Yolanda Acuña, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que el documento de los notables es un esfuerzo que hay que reconocer, pero es un insumo más junto a otras propuestas que se han venido haciendo en el país para buscar la gobernabilidad.

Lo primero que le gustaría conocer es qué voluntad política tiene la fracción del Gobierno para aprobar las reformas propuestas.

De parte del PAC las van a analizar, pero ya muchas de esas propuestas están en proyectos de ley, por ejemplo, la eliminación de las presidencias ejecutivas.

Carlos Góngora, jefe de fracción del Movimiento Libertario, fue más allá y dijo que algunas de las propuestas de los notables son cosas que ya están en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, que el Poder Ejecutivo pueda enviar tres proyectos de ley en los periodos extraordinarios. Esto ya está en la Constitución Política. El problema es que el Ejecutivo acostumbra mandar 40 proyectos de ley y por supuesto que nunca van salir en tres días, ironizó.

“Ellos hablan del voto de censura, pero el voto de censura para los ministros ya está en la Constitución. Y plantean las elecciones anticipadas de los diputados, pero no dicen cuáles son los criterios para determinar que la Asamblea Legislativa es ineficaz; a mí eso me deja una gran preocupación”, cuestionó Góngora.

También mostró preocupación en el tema de la Contraloría General de la República (CGR), porque se habla de que debe limitarse solo a los trabajos que la Constitución le dio. Pero en el caso del combate a la corrupción y resguardo de la ética no lo previó la Constitución, porque los constituyentes no tenían esos problemas en su momento.

“Decir que en este momento la CGR no controle el problema de la corrupción me parece muy grave. Y otro de los aspectos que me llama la atención es que dicen que las comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa solo puedan citar a funcionarios públicos. Eso dejará por fuera a un montón de gente como en el caso de la trocha, o en temas de narcotráfico, que son personas privadas que promueven la corrupción. Entonces eso me deja un sinsabor”, puntualizó el libertario.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, consideró “poco viable” la aprobación de las propuestas en corto plazo. Algunas requieren de reformas constitucionales y no es realista pensar que se aprueben en lo que queda de este gobierno, dijo.

Aunque hay algunas propuestas interesantes, Villalta cree que el informe es un capítulo más de los esfuerzos de la clase política dominante por retomar el control de las instituciones democráticas del país, o concentrar aun más el poder sobre estas instituciones.

“Se insiste en calificar de ingobernabilidad el hecho de que el pueblo de Costa Rica ya no le cree a los mismos partidos de siempre. Los mismos partidos corruptos que han gobernado en los últimos 30 años, y ya no tienen las mayorías absolutas que tenían o que aspiraban a tener en algún momento, sino que la población vota por diversas opciones. Hay mucha gente que no vota y hay una mayor pluralidad política, y esto tiene aterrorizada a la clase política dominante”, afirmó.

“Hablan de limitar la CGR, restringir a la Sala IV, modificar la Asamblea Legislativa para que no haya tantos partidos de oposición y no puedan oponerse a las leyes que ya se impulsan. Los sectores sociales cometerían un grave error si ignoran las amenazas que están detrás de este documento”, sostuvo Villalta.

Por el contrario, Fabio Molina, jefe de fracción del gobernante Partido Liberación Nacional  (PLN), dijo que hay un convencimiento de que el modelo político debe mejorar, y el concepto que usan los notables es el correcto.

Molina valoró que  también hay otras iniciativas complementarias a esta, como son la Vía Costarricense y la Agenda Nacional. “Los políticos ya no tenemos excusa de que falta más análisis o que estamos en un momento político y hay que hacer las reformas después de las elecciones”.

Comentó que, aunque las 97 propuestas no se van a aprobar todas, por lo menos en 20 hay consenso inmediato, aseguró.

“Si queremos empezar las cosas con seriedad, debemos empezar con los cambios al reglamento de la Asamblea Legislativa. Con cambios a la Ley de Jurisdicción Constitucional, que son las competencias de la Sala Constitucional, y ahí hay propuestas muy puntuales. También los cambios urgentes al Poder Ejecutivo que son dos: la ley de compras electrónicas, para dejar atrás la ley de contratación administrativa que es muy compleja, y la ley de expropiaciones”, remarcó.

Por otro lado, dejó claro que hay puntos de las propuestas que no le gustan. Aumentar el número de diputados a 87 le “horroriza”, pues aumentaría la ingobernabilidad, además de que sería “carísimo” para el país. No le gusta tampoco la reelección de diputados, ni el voto de censura para que caiga un ministro, ni que el Poder Ejecutivo adelante las elecciones. “Todo eso lo cambio por un aumento del periodo de gobierno a cinco años”, acotó Molina.


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