Organizaciones piden que el proyecto se base en los derechos humanos.
La Defensoría insistió que la base del proyecto de ley deben ser los derechos humanos.
La Defensoría de los Habitantes, la Iglesia Católica y las universidades estatales calificaron al proyecto de Ley de Migración y Extranjería como represivo y centrado en la seguridad pública, sin dar especial interés al respeto por los derechos humanos de los migrantes.
Estas instituciones realizaron varias propuestas y solicitaron que el proyecto, expediente 14269, vuelva a una comisión especial del Parlamento para realizarle las correcciones que solicitan. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica propuso el apoyo de la institución para dichas correcciones.
La Defensoría de los Habitantes indicó que el proyecto tiene como base la seguridad pública y cuestionó que se supediten los derechos de los migrantes a la seguridad, ya sea que estén en situación legal o ilegal (ver nota Proyecto carece de protección).
La iglesia pidió establecer políticas migratorias que integren el desarrollo económico y social de los migrantes a Costa Rica. (Ver nota Iglesia Católica aboga por política integral…)
UNIVERSIDAD comprobó que aunque los temas que las organizaciones piden sí están en el proyecto, la seguridad pública aparece en múltiples ocasiones con gran preponderancia.
Las instituciones pidieron que no se criminalice al migrante ni se le acuse de ser quien consume los recursos de la seguridad social del país.
También solicitaron que se cumplan los tratados internacionales sobre derechos humanos de los migrantes, al considerar que Costa Rica es un país de recepción, expulsión y tránsito.
Finalmente las organizaciones consideran que tal y como está la ley pondría en una situación de vulnerabilidad a los migrantes ante el poder del Estado y la fuerza policial.
A continuación se presentan las propuestas de la Defensoría, de la Iglesia Católica y la posición del Procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua, Omar Cabezas Lacayo.
Defensoría de los Habitantes:
Proyecto carece de protección a los derechos humanos
La Defensoría de los Habitantes consideró en un informe referente al proyecto de Ley de Migración y Extranjería que esta iniciativa deja a la población migrante en manos del poder estatal y policial ante la carencia de una política de estado que resuelva las necesidades de esta población.
Por lo tanto, la Defensoría insistió en la necesidad de desarrollar una política integral ante el fenómeno migratorio que se ha incrementado en la región. Tomando en cuenta a Costa Rica como un país de origen, tránsito y destino.
Advirtió sobre la urgencia de que las políticas migratorias vayan más allá del concepto de seguridad nacional, pues consideran que su norte debe ser los principios fundamentales de los derechos humanos.
RESPETO A LOS DERECHOS
El ente defensor alega que según el derecho internacional, el estado debe respetar los derechos humanos de la población extranjera independientemente de la condición migratoria en que se encuentre y generar los mecanismos para garantizarle a las personas que sus derechos no serán violentados por terceros.
Esta instancia determinó que con el proyecto lo que el Estado pretende es endurecer las medidas administrativas y los controles migratorios para disminuir el ingreso de las personas al país.
Sin embargo, dijo que la inexistencia de políticas públicas pone a los migrantes en condición de vulnerabilidad ante el poder estatal y policial.
La defensoría acogió la posición de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que establece la obligación estatal de respetar los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación.
RAZONES PARA MIGRAR
En el documento alega que existe un gran número de personas que emigran a Costa Rica para satisfacer las necesidades básicas que en su país no logran llenar, como sucede con los migrantes nicaragüenses.
También, el estudio determinó que existe un tipo de migración de personas, como los ciudadanos colombianos, quienes buscan mecanismos legales para exigir el respeto de los derechos humanos.
Al tiempo que se habla sobre el tema de la migración, el informe reveló el incremento de personas quienes salen de Costa Rica hacia otros países como Canadá. Como reporta el documento, la mayoría de ellas lo hace por razones de violencia doméstica, persecución por orientación sexual, corrupción e inseguridad.
Pero, esta población también se ve expuesta a sufrir el problema de tráfico ilegal conocido como coyotaje. La defensoría propuso a la Asamblea Legislativa crear una legislación que contemple regulaciones para cada una de las situaciones de indefensión con tal de erradicarlas y prevenirlas.
Ante la complejidad del tema, el ente defensor consideró que el fenómeno sea abordado desde los países involucrados y no solamente el receptor.
EL CASO DE LA CARPIO
Uno de los temas que más preocupa al organismo defensor son las actuaciones de la Fuerza Pública y la Policía Especial de Migración. Enfatizó que sus acciones deben tener como límite el respeto absoluto a los derechos humanos de los migrantes cual sea su estatus migratorio.
La Defensoría ha registrado casos en que personas detenidas por la policía de migración sufren abusos de poder, como sucedió durante el operativo de la Carpio el 30 de enero del 2004.
En ese operativo policial la Defensoría concluyó que no habían condiciones suficientes para satisfacer las necesidades de las 176 personas retenidas en la Quinta Comisaría y determinó que estas acciones dañan la imagen de la policía como un ente protector y la convierte en uno agresor.
Ante esto, la institución demandó ratificar el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, aprobado por la ONU en 1990. Este mecanismo reconoce y protege de manera jurídica los derechos laborales, aunque la persona se encuentren en una situación irregular.
MODIFICACIONES AL PROYECTO
La Defensoría propuso varias enmiendas al proyecto entre las que destaca dejar como último recurso las citaciones y prevenciones, cuando se prive a una persona de su libertad mientras se le investiga su estatus migratorio.
También sugirió que el sustento del proyecto se haga sobre la base de la protección a los derechos humanos de las personas migrantes y dar primordial atención a quienes se encuentren en situaciones de interceptación, detención, exportación, deportación y recepción.
El informe demanda al estado no continuar con la implementación de mecanismos coyunturales de control para reducir las inmigraciones, pues se podría inducir a prácticas que lesionen los derechos de las personas involucradas.
Además, recomendó al Consejo Nacional de Migración elaborar un diagnóstico con información real sobre los impacto del fenómeno migratorio en los servicios públicos costarricenses y solicitó a la Dirección General de Migración y Extranjería promover campañas de información para que la población migrante se entere de los derechos y deberes que les corresponden.
