Impuestos, condiciones adversas y abandono frenan producción agrícola

Agricultores de distintos sectores exhortaron a los diputados y diputadas a aprobar una reforma a la ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que pretende

Agricultores de distintos sectores exhortaron a los diputados y diputadas a aprobar una reforma a la ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que pretende una reducción del 75% en el valor de las propiedades destinadas al trabajo de la tierra, pasando de 0,25% a 0,10%.

La petición de estas agrupaciones se debe a que el gravamen que buscan cobrar las municipalidades resulta excesivo, principalmente para los pequeños y medianos productores; además, todos los propietarios de bienes inmuebles deben hacer una declaración jurada cada cinco años sobre el valor de sus tierras. Esto acabaría con las posibilidades de que el sector se siga desarrollando de manera óptima (ver nota en edición 1874 “Advierten que impuesto a la propiedad matará actividad agrícola).

El cobro del impuesto se combina con la difícil situación que atraviesa el sector productivo, que en muchos casos tuvo pérdidas el año pasado por las condiciones climáticas y la carencia de tierras para cultivar (ver cuadro aparte: “Agricultores denuncian abandono del gobierno”).

El pasado 18 de enero, representantes del sector lácteo, cárnico, de banano, café, caña, arroz y ganado, entre otros, marcharon hacia la Asamblea Legislativa para solicitar la discusión y aprobación del proyecto de ley 17.559, que propone esas modificaciones, y que se encuentra en la Comisión de Asuntos Municipales. También está en la corriente legislativa el proyecto 17.816, que es una copia exacta del primero, pero que acaba de iniciar el trámite para ser dictaminado en comisión.

El Poder Ejecutivo anunció que enviaría a sesiones extraordinarias esta reforma, por lo que los agricultores se reunieron ese día con jefes y subjefes de fracción, para pedirles que se discutiera el que ha recorrido más camino en el Plenario.

 

Peligro de quiebra

El secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPA Nacional), Guido Vargas, comentó que lo que están solicitando es “justicia tributaria”, ya que el impuesto que las municipalidades cobran a los productores agrícolas es desproporcionado.

“Si lo comparamos con los otros agricultores del mundo -que ni tan siquiera les cobran y más bien les dan plata- es peor, porque nos han metido dentro de la apertura, la globalización y el libre mercado”, aseguró el dirigente.

Vargas, quien también fue diputado, añadió que lo que ahora resta es esperar cuál tratamiento se le dará al proyecto en el Congreso, para su eventual aprobación.

Por su parte, Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), explicó que la reforma es una pieza más de la competitividad en el país, y de no brindarle apoyo al sector, terminará en la quiebra, por el desempleo y problemas ambientales y económicos. “Al igual que el plan fiscal y la ley del IDA, nos quieren meter más impuestos, y hay más costos”, reprochó.

Sáenz denunció que una de las peores situaciones se puede dar, es que la persona propietaria de una finca tenga que pagar más tributos porque hay un hotel o centro comercial a su lado, fenómeno que se denota en la actualidad.

“La gente va a abandonar la tierra y la vende barata, y habrá concentración de tierra en pocas manos, y eso es contra la democracia económica del país. No estamos pidiendo de que se nos exonere de pagar impuestos, sino que sean razonables y proporcionales a la producción agrícola”, manifestó.

A su vez, Román Macaya, director de la CNAA y vicepresidente de la Cámara Nacional de Productos Genéricos (CANAPROGE), mencionó que al agricultor hay que hacerle un campo en la sociedad y economía nacional, y este proyecto tiene ese objetivo.

“Costa Rica se está transformando de una manera muy acelerada; nos estamos llenando de malls, condominios y carreteras, y los terrenos de uso agrícola se revaloran hacia arriba cuando se le construye un mall al lado; eso hace que sea poco rentable, por no decir nulo, que permanezca en su actividad”.

Destacó que al revalorarse una propiedad y pagar impuestos más altos, se vuelve una “enorme tentación” retirarse de la actividad, pero una política fiscal no debe ser la que obligue al cambio en el uso del suelo.

 


 

Agricultores denuncian abandono del Gobierno

UNIVERSIDAD buscó la opinión de personas que trabajan en el sector agrícola, para conocer cómo les afecta el alto cobro de impuestos y cuáles son sus principales problemas en la actualidad.

 

Rafael Cambronero, productor de tomate, chile, culantro y maíz, en Santa Bárbara de Heredia.

 

“El agricultor nacional prácticamente está desprotegido desde hace más de 50 años, porque como tal no tenemos ayuda financiera, no hay préstamos bancarios, se nos está queriendo cobrar un impuesto que gravaría nuestro terreno y nos ataría la producción. Los productores estamos en tierras que se inundan, donde las cosechas se pierden; lo que le estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa es que revise la ley y quitemos la ambigüedad, para que podamos subsistir y bajar costos de producción. Los pequeños productores se verán exigidos a vender sus fincas; lo que están tratando de hacer es que pasen a manos de transnacionales. Estamos de acuerdo con que paguen las propiedades que están en zonas agrícolas; queremos pagar un precio justo, para poder seguir subsistiendo en este país.

En el último invierno perdimos muchas siembras y los insumos son más caros, y para que a un productor se le reconozca algo, es cuando se declara zona de emergencia”.

 

María Cecilia Castillo, productora de maíz, frijoles y culantro, en San Rafael de Alajuela.

 

“Mi esposo trabaja en el campo sembrando; cultiva sin ayuda del Gobierno. Se ocupa que se apoye a los campesinos para tener la comida que necesitamos, y no traerla desde afuera, porque en nuestro país se puede producir todo; lo que pasa es que el Gobierno no ayuda a los campesinos, por los impuestos tan nefastos que nos están poniendo.

Él tiene que ‘enjaranarse’ sacando préstamos para comprar las semillas de frijol y maíz,  para sembrar y alquilar terrenos, porque no queremos que nos echen a un lado. Por eso levantamos la voz de protesta, porque si no sembramos, no comemos y no producimos, el Gobierno tiene tierras y no le da al campesino ninguna clase de ayuda; no podemos vivir así, atropellados. Tuvimos una gran pérdida esta vez con el maíz y los frijoles; uno se pone a llorar porque son platas que le cobra el banco; nos están asfixiando”.

 

Gilberto Vargas, productor de café, en Concepción de Naranjo.

 

“Peleamos por cosas justas; ahora esto es con la cuestión de la reforma parcial a la ley;  seguimos presionando para que eso se dé. Quieren gravar la tierra de impuestos, y no tenemos a quien pasarle la factura, contrario al industrial y al comerciante. Si no hubiera agricultores sería muy difícil traer las cosas de otros países, que ha sido la equivocación de algunos ministros. Lo importante de la seguridad alimentaria es producir la tierra. Dependemos de las inclemencias del tiempo; nada hacemos con tener una gran producción de café si hay problemas climáticos y se nos cae la mitad o se seca una mata; el mantenimiento de la agricultura hay que dárselo al precio que sea, estén caros o baratos los abonos y herbicidas. Producir no es tan fácil; hay que trabajar bien, y es peor cuando todavía hay impuestos que nos están bajando más la producción”.

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