Impugnan permiso ambiental a vía de acceso a terminal en Moín

Mapa de la vía de acceso desde la Ruta 32 a Limón hasta la bahía de Moín, donde se construiría la terminal de contenedores

Mapa de la vía de acceso desde la Ruta 32 a Limón hasta la bahía de Moín, donde se construiría la terminal de contenedores de APM Terminals. (Mapa: del MOPT, aportado al expediente del proyecto en la Setena)

La reciente viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) al proyecto de la carretera de acceso a la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que construirá la trasnacional holandesa APM Terminals en Limón, y la declaratoria de interés público y conveniencia nacional que le dio el Gobierno a la obra son absolutamente ilegales.

Lo anterior se debe a que para construir la obra hay que cercenar el Humedal Nacional Cariari y “no hay ley que faculte a las autoridades para disminuir áreas silvestres protegidas descritas en decretos o leyes”, como lo es ese humedal, señaló el abogado Álvaro Sagot.

A solicitud del ciudadano Marco Levy Vigo −miembro voluntario de la Comisión de Vigilancia de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en Limón y presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología−, Sagot redactó un recurso de revocatoria del acuerdo de viabilidad ambiental dado por la Setena.

“El colmo es que el decreto de conveniencia nacional e interés público con el que el Poder Ejecutivo autoriza la tala en el área del proyecto, ni siquiera menciona la existencia del Humedal”, que es un sitio protegido por el Convenio Ramsar, indicó el abogado.

Esta convención, firmada en febrero de 1971 en la ciudad de Ramsar (Irán), tiene como objetivo la conservación y el uso racional y sostenible de los humedales de importancia internacional, mediante acciones locales, regionales y nacionales.

En relación con este caso, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ordenó el pasado 19 de febrero al Servicio Nacional de Conservación (Sinac) del Minae, no autorizar la tala de árboles en el Humedal Nacional Cariari, y le dio tres días de plazo para presentar un informe.

Se trata de una medida provisional mientras el tribunal estudia una solicitud de medidas cautelares presentada la semana pasada por el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Desarrollo y Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Sintrajap). Esta organización tiene planteado un juicio por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de licitación y firma del contrato de concesión a APM Terminals, para la construcción y operación de la TCM.

Dicho proyecto contempla una inversión de alrededor $1.000 millones  (¢535.000 millones) para construir en la bahía de Moín la terminal para barcos de contendedores.

La medida del TCA impide de momento una posible tala de árboles, una de las acciones necesarias para proceder a construir la carretera de cuatro carriles, que dará acceso a la TCM con la Ruta 32 que une a Limón con San José. De hecho frena también autorizaciones que ha venido aprobando rápidamente el Gobierno en los últimos meses para el proyecto, algunas de las cuales han sido recurridas ante varias instancias (ver recuadro).

Para facilitar la obra, el pasado 11 de febrero la presidenta Laura Chinchilla, el ministro del Minae, René Castro, y el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pedro Castro, declararon (decreto ejecutivo N° 38172 -MINAE-MOPT) “de conveniencia nacional e interés público” la construcción del citado tramo.

Este trecho tendrá poco más de dos kilómetros, que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) del MOPT construirá a un costo de más de $10 millones, para dar acceso a la TCM desde la Ruta 32.

El decreto ordena proceder con los trámites correspondientes, para solicitar la corta y trasplante de los árboles sobre el derecho de vía y zonas de protección, para construir la vía y sus obras de prevención, mitigación o compensación, requeridas dentro del área de construcción de esa obra pública. Asimismo, ordena al Sinac y a la Setena brindar un tratamiento prioritario y expedito a los trámites, con motivo del proyecto y obras públicas asociadas a él.

REVOCATORIA

El pasado 4 de febrero la Setena aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por el Conavi y le dio la viabilidad ambiental al proyecto, tras darse por satisfecha con un anexo al EIA que le había solicitado al Conavi el 19 de diciembre del 2013; en aquel momento la Setena estimó que el EIA no había aportado “todos los elementos técnicos para ver si el proyecto reúne todos los requisitos, para ser declarado viable ambientalmente”.

La obra “se desarrolla en un área de cobertura boscosa importante, por lo que los impactos del proyecto sobre esta son de importancia alta, pues será necesaria la tala de árboles en el derecho de vía”, indicó entonces Setena.

En su recurso de revocatoria al acuerdo de la Setena, Marco Levy esgrime −entre otros argumentos− que al eliminarse una sección de un humedal para dar acceso a la vía, existe una clara pérdida de biodiversidad y ello implica disminución de un área silvestre protegida.

Incomprensiblemente el permiso ambiental nunca quedó condicionado a que se tuviera que acudir a la Asamblea Legislativa, para hacerse una ley que permita afectar el humedal, cosa que es obligatoria, tal y como lo ha resuelto en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional, indicó.

Levy sostiene  que la justificación real que motiva arrasar muchas hectáreas de humedal, está dada en un compromiso estatal de tenerle una vía rápida al proyecto de la TCM, circunstancia que es irracional y violenta criterios de sustentabilidad, puesto que el proyecto de APM Terminals no tiene aun permiso ambiental. No se justifica entonces cambiar el uso del suelo de una zona rica en biodiversidad, para entregarlo a intereses de un proyecto que solo es una expectativa, salvo que se considere que los permisos de Setena son meros formalismos, o que se esté adelantando criterio sobre la TCM, arguye.

Levy dijo a UNIVERSIDAD que las autoridades tienen que acatar leyes y no lo están haciendo, por lo que podrían ocasionar innumerables gastos para el Estado, como ocurrió con los permisos ilegales que se dieron en el proyecto minero de Crucitas −en la frontera norte− durante el gobierno anterior, advirtió.

Según José Luis Castillo, secretario de prensa del Sintrajap, en el Gobierno “están tan desesperados de dejar aprobados todos los trámites del proyecto antes 1 de mayo −cuando habrá cambio de gobierno−, que si no fuera por esa medida cautelar del tribunal contencioso, ya se estarían talando 1399 árboles que según la Setena hay que cortar para el trazado de la calle”.

“Entonces –agregó el sindicalista− era urgentísimo que la medida se aprobara y que el Tribunal parara todo”, ya que están tramitando todo en cuestión de días, y se va haciendo costumbre que actúen según el principio de “mejor pedir perdón que pedir permiso”.


Carretera con obstáculos*

-La Ruta Nacional N° 257 tendrá 2040 metros de longitud,  con una calzada de 22 metros y un derecho de vía de 30,44 metros. Atravesará el río Moín mediante un puente de unos 60 metros.

-El 19 de diciembre del 2013 la Setena denegó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentado por el Conavi, y le solicitó agregar un anexo al EIA.

-El 4 de febrero del 2014 la Setena dio por satisfactorio el anexo presentado por el Conavi; le aprobó el EIA y la viabilidad ambiental al proyecto.

-El 10 de febrero del 2014 el ciudadano Marco Levy Vigo presentó ante Setena un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo de Setena dando la viabilidad ambiental.

-El 11 de febrero del 2014 el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla declaró “de conveniencia nacional e interés público” el proyecto. Un día después el decreto salió publicado en el diario oficial La Gaceta.

-El 19 de febrero del 2014 el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) acogió para su trámite una solicitud de medidas cautelares solicitadas por el sindicato Sintrajap, y ordenó al Sinac abstenerse de autorizar tala forestal dentro de los límites del humedal Cariari.

*Fuente: Notificación del TCA, y expediente administrativo D1 11579-2013 SETENA, Proyecto Ruta Nacional 257.


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