Inconstitucionalidad interpuesta por el IDA desprotegería a comunidades indígenas

Mediante una acción de inconstitucionalidad, Rolando González -presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)- solicitó anular la ley 6172, denominada “Ley indígena”, que

Mediante una acción de inconstitucionalidad, Rolando González -presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)- solicitó anular la ley 6172, denominada “Ley indígena”, que fue aprobada en 1977 con el fin de proteger los intereses de las 24 comunidades indígenas en el país.

Dicha acción es reprochada por representantes de pueblos indígenas y de especialistas en materia legal, quienes critican a la institución agraria.

La acción N° 11-000646-1028-CA se interpuso ante la Sala Constitucional el pasado 19 de abril, y en ella explícitamente se invocó la inconstitucionalidad de esta ley, al aducir vicios durante el procedimiento de aprobación del proyecto en la década de los setentas.

El reclamo del IDA surge en razón de que luego de más de 30 años de vigencia de la ley, esta institución cubre los costos de indemnización de las expropiaciones a personas no indígenas que se encuentran asentadas en comunidades resguardadas por la jurisdicción.

Debido a lo anterior, Rolando González explicó a UNIVERSIDAD que ante las dudas que hay por la forma en que fue aprobado en su momento este proyecto, la institución debe velar por sus competencias jurídicas. “Como administrador de una institución no puedo estar girando plata cuando tengo una duda legal sobre la pertinencia o no del giro”, acotó.

El jerarca puntualizó que recientemente le fue entregado un estudio técnico, elaborado desde el año 2010 por el departamento legal del IDA, en el cual se detectaron presuntas irregularidades a la hora de dictaminar y aprobar la ley en el seno de la Asamblea Legislativa.

El IDA argumenta que en 1975 la junta directiva del Colegio de Abogados presenta ante la Asamblea Legislativa, una iniciativa para dotar de títulos de propiedad a indígenas poseedores de tierras dentro de las áreas de dominio público del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO, hoy IDA), dicho proyecto fue remplazado por otro texto dictaminado posteriormente como la Ley indígena, en su momento iniciativa de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).

CRÍTICAS AL IDA

Representantes de pueblos indígenas han recibido con extrañeza la mencionada acción legal del IDA.

Hugo Lázaro, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Rey Curré -en el Pacífico sur-, señaló que la tenencia de tierra de los indígenas es baja, y culpó de esto a la inacción de las instituciones responsables de realizar  la recuperación de espacios en los territorios indígenas.

Criticó que “el Estado una vez más trata de incumplir sus obligaciones adquiridas, dejando a los indígenas en una situación de mayor desamparo”.

“El IDA viene actuando a rabietas, sin pensar en las consecuencias políticas que le podría traer esta acción”, censuró Lázaro.

La Ley Indígena no es la primera vez que se lleva a consulta ante la Sala Constitucional, ya que en anteriores ocasiones los magistrados han rechazado acciones que buscaban dejar sin efecto los alcances de esta ley. Por eso, el indígena Geyner Blanco cree que lo más conveniente es que una vez más esta Sala rechace la acción: “uno esperaría que la Sala mantenga una línea”, comentó.

A su parecer, de ser acogida la acción interpuesta por el IDA, desestabilizaría la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, y violentaría la cohesión cultural de los pueblos; “se podría perder el acceso a muchos sitios de importancia cultural, fundamentales para la identidad”, advirtió.

Mientras tanto, el abogado y experto en legislación indígena, Rubén Chacón, es del criterio que desde años atrás el IDA ha buscado la manera de desligarse de sus compromisos con las comunidades de los aborígenes, y ahora esta institución encontró un aliado político que se prestó para tomar esta acción.

“Desde hace 15 años el IDA viene afirmando que nada tiene que ver con el tema indígena, pero lo que pasa es que los presidentes ejecutivos nunca han logrado concretar ese criterio oportunista”, criticó Chacón.

Por su parte, el director ejecutivo de CONAI, Víctor Hernández, expresó su preocupación por una posible resolución de la Sala Constitucional que abriría las puertas a las empresas nacionales e internacionales, que pretenden extraer los recursos de los territorios indígenas.

En su opinión, “hay una serie de empresas transnacionales que están haciendo fila para la extracción minera, maderera; sin la ley indígena las comunidades quedarían a la intemperie, y todo estos que están haciendo fila desean que la ley indígena desaparezca”.

Paradójicamente, el 19 de abril -fecha en la que el IDA interpone la acción de inconstitucionalidad- se conmemoró  el “Día del Aborigen Costarricense”, por lo que las intenciones de la institución son vistas como una provocación a las luchas reivindicativas de los sectores indígenas del país.

En este sentido, el presidente del IDA, Rolando González, adujo que esto era una “lamentable coincidencia”, al tiempo que opinó que “jamás han buscado acciones para perjudicar a las comunidades indígenas, pero igual sería impropio permitir actos lesivos en contra del IDA, y contra las comunidades campesinas que se nutren de los fondos de la institución”.

Para el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Rey Curré, Hugo Lázaro, la “agresión” recibida por parte del Estado mediante la acción de inconstitucionalidad presentada por el IDA, podría dificultar procesos de diálogo iniciados en zonas del país donde se pretende desarrollar proyectos dentro de territorios indígenas.

Y es que con la reciente visita al país de James Anaya, relator especial en temas indígenas de la Organización de Naciones Unidas, se promovió la necesidad de generar un ambiente de confianza que propicie los mecanismos de consulta en comunidades aborigen como Térraba, donde el megaproyecto hidroeléctrico que impulsa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inundaría al menos mil hectáreas en manos indígenas.

“Costa Rica se comprometió a actuar de buena fe, sin embargo no lo cumple, por lo que las comunidades indígenas en el sur del país podrían actuar de manera más beligerante”, afirmó Lázaro.

TIERRAS EN MANOS DE OTROS

Por otro lado, de las 350.000 hectáreas en posesión de las 24 comunidades indígenas, cerca del 40% de estas tierras -más de 130.000 hectáreas- están en posesión de personas no indígenas.

El proceso de recuperación -según el presidente del IDA- ha sido continuo, aunque en esta administración no se han destinado fondos para la expropiación en territorios indígenas.

Los datos aportados por la institución reflejan que desde el 2003 y hasta el 2009, el IDA ha desembolsado la suma de ¢1.074.033.218, recobrando cerca de 735 hectáreas en comunidades como Rey Curré, Cabagra, Abrojos-Montezuma, Térraba (Puntarenas),  Zapatón (San José), y Tayní (Limón).

Sin embargo, la lentitud de procedimientos ha provocado que comunidades indígenas prefieran llevar este tema a los estrados judiciales; el caso más reciente se vislumbró en el Tribunal Contencioso Administrativo en Goicoechea, y mediante una histórica sentencia emitida por ese tribunal en setiembre del año anterior, se ordenó al Estado la expropiación de cerca de 4.500 hectáreas de tierras indígenas en Kekoldi, Talamanca, y que están en manos de personas externas al territorio. En este juicio figuraban como demandados el IDA y la CONAI.

El abogado defensor de la comunidad indígena de Kekoldi durante este proceso, Danilo Chaverri Barrantes -del Centro Justicia y Derecho-, no dudó en advertir que la acción del IDA es una respuesta a este tipo de proceso de recuperación de tierras, que han iniciado en algunas otras comunidades, como Bajo Chirripó y Cabécar de Talamanca.

“¿Cómo es posible que 34 años después de aprobada esa ley ahora están exigiendo que se cumpla y venga el IDA diciendo que esa ley es inconstitucional?”, reprochó Chaverri.

Los abogados Danilo Chaverri y Rubén Chacón son del criterio de que el IDA con esta acción interpuesta en la Sala Constitucional estaría haciendo de Procuraduría General de la República (órgano defensor del Estado). Ambos juristas consideran que el IDA debe cumplir la ley, no impugnarla.

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