Violencia en territorio indígena

Indígenas de Salitre pesimistas tras visita de ministra de Justicia

Propuesta presentada por jerarca de Justicia y Paz no fue bien recibida; indígenas la califican como “retroceso”.

El viaje realizado por la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, al territorio indígena de Salitre la semana pasada, no logró llevar tranquilidad a la comunidad y más bien su propuesta de trabajo para detener la escalada de violencia generó malestar y rechazo entre los indígenas afectados por la violencia.

Así lo comprobó UNIVERSIDAD, al acompañar junto a otros medios de comunicación una gira de los diputados del Frente Amplio, José Ramírez y Patricia Mora, a esa comunidad el pasado viernes 11 de setiembre.

El líder indígena Sergio Rojas expresó que aceptar la propuesta ofrecida por Sánchez significaría “un retroceso al trabajo que veníamos haciendo”, pues según parafraseó, la propuesta se trata de que “ustedes (los indígenas) se queden queditos para que los sigan golpeando, sigan aguantando; vamos a hacer lo posible para ver cómo investigamos, pasando un tiempo y después de que nos acostumbramos, nos olvidamos del caso”.

Desde su óptica, la propuesta gubernamental se resume en “que sigamos aguantando, dejemos lo que estemos haciendo, que hagan con nosotros lo que les da la gana y esperar que ellos nos solucionen el problema. Eso no es así. Nosotros también planteamos una propuesta”.

Así las cosas, Rojas adelantó que la propuesta será rechazada en una reunión que la ministra de Justicia volverá a sostener en la comunidad el próximo viernes 18.

En declaraciones enviadas a través de su asesor de prensa, la ministra Sánchez especificó que fue designada por el Presidente de la República para “asumir el proceso de implementación de las medidas cautelares”, impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Añadió que con ese fin se trasladó a la comunidad “donde tuve encuentro con miembros de la comunidad bribri y otra comunidad”, con el objetivo de entregarles “un proyecto de convenio, un borrador de implementación de las medidas cautelares, a fin de que los grupos beneficiarios pudieran analizarlo, evaluarlo y expresarnos las sugerencias, recomendaciones o cambios que estimen necesarios”.

La jerarca de Justicia adelantó que el nuevo encuentro servirá para “articular el protocolo de manera consensuada con los beneficiarios” y destacó que “el proceso se mantiene con las poblaciones señaladas, particularmente con la población bribri, dado que es respecto de esta población que las medidas cautelares fueron emitidas”.

Según Sánchez, a este proceso se integrará la representación legal de la organización no gubernamental (ONG) Forest Peoples Programme, la cual solicitó a la CIDH la adopción de estas medidas.

“La intervención del Ministerio de Justicia y Paz en este proceso está fundamentalmente motivada por la importancia de promover mecanismos de diálogo, preservación y fomento de la cultura de paz y protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas”, acotó.

Al mismo tiempo, informó que a raíz de denuncias formuladas por los pobladores, la actuación de la Fuerza Pública es sometida a revisión. “Se está enfatizando en la capacitación que va a involucrar otros actores vinculados con los procesos de denuncia, a través de la Defensoría de los Habitantes”, añadió.

Por su parte, el diputado José Ramírez dijo haber determinado que se mantiene una “gran inseguridad” en la zona y sentenció que “la responsabilidad es total del Gobierno, no solo de anteriores administraciones sino de esta”, pues “en más de un año no se ve avance en la situación; ya llegó un punto en que el Gobierno tiene que dar soluciones reales”.

“No queremos que esto pase a más y se pierdan vidas”, acotó Ramírez.

DESILUSIÓN

Fue el pasado miércoles 9 de setiembre que un comunicado de Casa Presidencial informó que “para detener el incremento de un ciclo de violencia, el Gobierno está iniciando un proceso de diálogo y negociación, conducido por la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, para garantizar la paz en el territorio”.

Con la designación de Sánchez se puso fin a la etapa en que la Vicepresidenta de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano se encargó de atender el caso de la violencia contra los indígenas de Salitre.

Grace Delgado, la mujer bribri que recuperó un terreno en la localidad de Cebror de Salitre el pasado 29 de agosto, sufrió un episodio de violencia el 6 de setiembre, cuando fue expulsada del sitio que había recuperado.

Ella tuvo oportunidad de exponer su caso a la ministra de Justicia y le expresó “todas mis incomodidades y el dolor que sentimos cuando nos sacaron de ahí”, pero según dijo no obtuvo una respuesta satisfactoria: “la Ministra simplemente dijo que iba a poner policías y a hacer retenes. ¿Qué policías va a poner, los mismos de Buenos Aires que dejaron entrar a los no indígenas a la casa?”, cuestionó.

Cabe recordar que de acuerdo con un testimonio recogido en la anterior edición de UNIVERSIDAD, la familia de Delgado alega que al menos uno de los policías que resguardaba el inmueble en el terreno recuperado para evitar confrontaciones, habría actuado en favor de quienes sacaron violentamente a Delgado del sitio, lo cual fue negado por el ministro de Seguridad, Gustavo Mata.

UNIVERSIDAD entrevistó además a Roxana Figueroa, tía de Delgado y quien además fue fuertemente golpeada durante los acontecimientos del 6 de setiembre.

Ella explicó que el origen del proceso de recuperación de tierras indígenas se remonta al 2010, cuando el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa ordenó el desalojo por la fuerza de activistas indígenas que exigían la aprobación del proyecto de ley de autonomía indígena: “Entonces decidieron hacer valer el derecho dentro del territorio sin andar mendigando migajas fuera de su casa”, puntualizó.

Sobre el problema de tenencia de tierras, cuestionó: “¿Cómo es posible que hay documentos, leyes y convenios a favor del indígena y que la gente venga a comprar a no indígenas?”.

Figueroa añadió que tales compras de tierras son ilegales: “si ellos no se informan y están llenos de ignorancia, eso no es nuestra culpa, creemos en el proceso de recuperación aun sabiendo que vamos a perder la vida, con la vida vamos a defender nuestra tierra”.

Sobre la visita de la ministra Sánchez, expresó que dejó “desconfianza”, ya que “todo el tiempo es lo mismo, ayer todo el mundo se expresó y para ella era como contarle un cuento”.

Criticó además el hecho de que las autoridades gubernamentales y la misma Ministra saben de los actos de violencia, pero “no actúan de inmediato” y tras lamentar que Sánchez sólo visitó el centro de Salitre, subrayó que encontró en la funcionaria una “actitud indiferente”.

Por otra parte, Sary Sosa, quien reclama la posesión del terreno recuperado por Delgado el 29 de agosto y ocupa la casa en el sitio desde el 6 de setiembre, más bien dijo ser discriminada por el hecho de ser una indígena cabécar cuyo padre fue no indígena y más bien recalcó haber sido víctima de violencia.

Sobre la visita de la ministra de Justicia, dijo que la funcionaria se mostró “evasiva y mal informada. Sólo atendió a un grupo y tuvimos que tomar medidas de presión, concretamente un pequeño bloqueo, para que nos atendiera”.

“Soy cabécar -insistió-, los que dicen recuperar tierras son terroristas entrenados por Sergio Rojas, nos agreden, nos encañonan con armas de fuego; él inventó que el territorio de Salitre es sólo para bribris, pero aquí hay de todo”, subrayó.

Rojas por su parte rechazó tales acusaciones aduciendo que a nadie ha hecho daño. “Ahora bien, yo no soy el que hace las cosas, las hace la comunidad, me metieron a la cárcel siete meses y durante ese tiempo la comunidad siguió con el proceso”.

Según dijo, el objetivo de esa comunidad es “hacer cumplir las leyes, que el gobierno cumpla, pero no seguirnos muriendo lentamente, como otros pueblos han ido desapareciendo”.

En ese sentido, indicó que en el territorio indígena de Ujarrás, aledaño a Salitre y donde la población pertenece a la etnia cabécar, un 15% de la tierra está en manos de la población indígena, “el resto en manos de terratenientes, como también sucede a borucas y térrabas”.

 

[delipress_optin id="134623"]

0 comments

Otros Artículos

Ante la discusión por una ley de radio y televisión que refleje las nuevas dinámicas tecnológicas que afectan y moldean modos y usos radiodifusión,

Cuando leímos que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) no debe meterse en cursos de “economía social” (noticias del 7 de julio de 2015),

El pasado 24 de agosto en el Teatro Nacional, el Presidente de la República Luis Guillermo Solís, junto con la Ministra de Cultura

Semanario Universidad