Un reciente informe alarma sobre la situación del agua potable y del alcantarillado sanitario, al tiempo que presiona al AyA para que implemente reformas o se exponga a cambios radicales que podrían desembocar en su privatización.
En 2000 se facturaron $83,9 millones por servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y un 78% lo generó el Aya.
Como una nefasta predicción cae el pronóstico de un reciente informe, de que los mantos acuíferos de Colima -que abastecen a un 20 % de la población nacional- podrían perderse en menos de 15 años, debido al ritmo actual de contaminación.
La baja cobertura de redes de alcantarillado sanitario y el uso de agroquímicos es crítica en el norte y este de la cuenca del Río Virilla, donde están los acuíferos Barva y Colima, zona definida como la fuente de agua potable de Heredia y San José para los próximos 15 años.
Según el Informe «Análisis sectorial de agua potable y saneamiento en Costa Rica», elaborado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este es quizás el problema más grave en el tema del agua potable, saneamiento y gestión ambiental, porque involucra el suministro actual y futuro de aproximadamente un millón de personas.En abril de 2001 se inició dicho estudio, que se presentó el 17 de enero reciente. Las cifras y análisis que brinda (ver recuadro «Urge mano dura e inversión») se suman a las del VIII Informe del Estado de la Nación, que agrega importantes alarmas por la vulnerabilidad del recurso hídrico. De acuerdo con Miguel Gutiérrez Saxe, coordinador del proyecto citado, el balance general fue negativo y es la calidad del agua el tema ambiental que más preocupó durante el 2001.
La Comisión de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa también se alista para discutir la Ley del Recurso Hídrico, que se encuentra en consulta, confrmó Quírico Jiménez, ingeniero forestal quien ahora es diputado del Partido Acción Ciudadana.
REFORMAS O PRIVATIZACION
Para enfrentar las continuas crisis producto de su falta de modernización, el Aya aprobó en enero de 1999 un Plan Estratégico que, a la fecha, no ha sido implementado.
El único plan concreto que desarrolla actualmente es dar en concesión las obras del alcantarillado sanitario en el área metropolitana, lo cual mejoraría la cobertura, el tratamiento de aguas residuales, la operatividad del sistema y permitiría la protección de recursos hídricos afectados. La inversión estimada es de $289 millones.
Ante esto, el informe citado emite propuestas que dejan entrever la presión para que las reformas que aplique el Aya incluyan cada vez más a sociedades anónimas y concesionarios privados para la provisión de los servicios.
«El AyA debe segregarse en sus dos funciones incompatibles: la rectoría del Estado en agua potable y saneamiento y la operación de los sistemas. La primera, deberá permanecer en un organismo planificador, financiador, asesor del Estado y de los operadores, y ejecutor de los programas en el área rural. La segunda en una sociedad anónima de operación de sistemas, en franca competencia con operadores privados locales que deberán formarse y promocionarse».
«La otra opción -amenaza el texto- es no realizar reformas, sin embargo, la situación será insostenible y el peso de no hacer nada será muy fuerte. Podrían sobrevenir reformas radicales que, probablemente, desembocarán en la concesión inmediata de los servicios al sector privado».
POCA CLARIDAD
El plan 2001-2020 para el sector contempla inversiones por $1.595 millones, según el documento; pero preocupa que ningún operador tiene consolidado financiamiento para sus inversiones inmediatas.
El AyA atiende aproximadamente a un 50% de la población y el otro 50% lo atienden las Municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., operadores privados y las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS).
El diagnóstico concluye que «los sistemas administrados por las municipalidades son los más deficientes»; y los operadores privados actúan en las nuevas urbanizaciones y desarrollos turísticos.
A la fecha del análisis, ningún operador tenía claras sus necesidades de financiamiento y fuentes, ni para sus inversiones de corto plazo. «Los operadores del sector, en especial el AyA, son en extremo ineficientes en la ejecución de créditos externos y capacidad para administrar estos recursos ha sido muy limitada».
Se critica que la gestión financiera del AyA dependa de la aprobación de aumentos tarifarios que requieren de un estudio completo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP); y que los «topes» presupuestarios que pone el Ministerio de Hacienda, frenan su desarrollo (ver recuadro «Implementarán otra alza»).
Joyce Zurcher Blen, diputada del Partido Liberación Nacional y quien está en la Comisión de Asuntos Ambientales, también abogó porque se traduzca el recurso hídrico en valor económico, «cuando aprendamos a pagarle al AyA o al que nos vaya a cobrar los cánones, el precio del recurso, entonces aprenderemos a cuidar el agua, porque nos dolerá el bolsillo».
«No podemos tener recursos hídricos privados, todos deben ser bienes de dominio público y para uso de todos los costarricenses, pues podría llegar el momento en que el agua se privatice, y pueda suceder, por ejemplo, que Alajuela tenga un acuífero totalmente contaminado y que se comercialice e incluso exporte agua», advirtió.
URGE MANO DURA E INVERSIÓN
En el Área Metropolitana existe un grave problema sanitario y ambiental por la falta de regulación en la recolección de aguas y sedimentos de los tanques sépticos domiciliarios, mediante carros cisterna, cuyas descargas en ríos y otros espacios no se controlan.
Cobertura de agua a nivel urbano: 98.5%; y a nivel rural: 75.4%.
Población total servida con alcantarillado sanitario: 21,1% .
Aguas recolectadas que reciben tratamiento: 4%
Aguas residuales urbanas recolectadas por los alcantarillados sanitarios, que desembocan en los ríos, sin ningún tratamiento: 96%.
Fuente: Informe AyA-OPS, 2002.
IMPLEMENTARÁN OTRA ALZA
El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Everardo Rodríguez Bastos, atendió algunas consultas de UNIVERSIDAD.
¿Se planea implementar otra alza en el servicio de agua y cómo planean negociar para que las tarifas correspondan con el costo del servicio?
El Aya hizo una propuesta de tarifa primero para lograr una compensación en el efecto de la inflación, porque en cinco años sólo hubo un aumento, que puso a la institución en desventaja. A partir de ese pedido de aumento -que era de un 25% para el año pasado y un 25% para este año-, la ARESEP sólo dio un 17% de aumento para el área metropolitana (el alza se aplicó desde noviembre). Por eso se apeló ante la ARESEP y esperamos la respuesta la próxima semana. Si la respuesta del órgano fuera negativa esperaríamos seis meses, que es el tiempo estipulado por ley, para plantear otro incremento, que contemplaría los recursos necesarios para hacer unos estudios sobre la disponibilidad de agua que tiene el país, que permitan introducir el concepto de canon ambiental.
¿Se planea dar en concesión la obra del alcantarillado sanitario y cuál es el estado de este proceso?
En concesión no se va a dar. La construcción (del alcantarillado sanitario) es un proyecto con financiamiento del Banco Mundial, con aporte del Gobierno de Japón, para hacer un concurso para la construcción del mismo. Ya vamos trabajando, estamos terminando las negociaciones con el Banco Mundial y con los japoneses y estamos en principios de acuerdo, así que el concurso se podría hacer en un año.
Una de las propuestas del análisis es que una sociedad anónima de operación de sistemas, lo haga en el área metropolitana de San José. ¿Cómo valora esta propuesta y qué tan encaminada está?
Del análisis de desprenden los criterios de los técnicos pero no todos los términos son avalados por la institución. Estos serían temas que analizaríamos a profundidad para ver la pertinencia.
