Informes legislativos sobre trocha dispararon a blancos distintos y Fiscalía tiene la última palabra

La investigación legislativa sobre la trocha fronteriza terminó en tres informes, en los que se reparten responsabilidades entre los jerarcas del Gobierno y encargados

La investigación legislativa sobre la trocha fronteriza terminó en tres informes, en los que se reparten responsabilidades entre los jerarcas del Gobierno y encargados del CONAVI. (Foto: archivo)

En el manejo de la cuestionada trocha fronteriza hay responsables que si bien se ubican en las más altas esferas políticas o en cuadros técnicos, lo que preocupa es que se sigan cometiendo los mismos errores en la continuación de las obras.

Lo anterior es una las conclusiones que resultan de los informes de minoría que presentó la oposición, al final de la investigación sobre la ruta fronteriza 1856, realizada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

La fracción oficial, en cambio, opuso un informe de mayoría que exonera al Gobierno y carga toda la responsabilidad sobre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que ejecuta la obra.

En efecto, los 7 meses, 34 audiencias y 96 comparecientes que tuvo la investigación legislativa en torno a supuestas dádivas y otras irregularidades en la improvisada construcción de la llamada trocha fronteriza, desembocaron en dos informes de minoría de la oposición y uno de la mayoría oficialista, divergentes como era previsible, a la hora de señalar a los responsables.

Dichos informes difícilmente serán discutidos en el plenario legislativo para aprobar las sanciones propuestas, y su efecto político tiene que ver más que todo con la oportunidad que dan estas investigaciones legislativas, a que la ciudadanía sea alertada de lo sucede en el manejo de los intereses públicos, según reconocen los mismos diputados y analistas (ver recuadro).

La presidenta de la comisión, Patricia Pérez (Partido Movimiento Libertario), y el diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) apuntaron a la presidenta Laura Chinchilla y al segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, como los máximos  responsables políticos en el caso de la trocha.

A la vez que solicitaron una sanción moral para el Vicepresidente, pidieron la destitución de René Castro, actual ministro de Ambiente y anterior Ministro de Relaciones Exteriores. Al funcionario lo señalan como el responsable de actuaciones que a su juicio desencadenaron los acontecimientos asociados a la invasión de isla Calero −territorio costarricense− por parte de Nicaragua en el 2010, y la posterior construcción de la trocha fronteriza.

Asimismo, demandaron la destitución del comisionado antidrogas y viceministro de la Presidencia,  Mauricio Boraschi, tras su activa participación en la comisión de alto nivel del Gobierno conformada para atender la emergencia por la mencionada invasión.

También consideraron que debe ser destituida Vanessa Rosales, presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), por la falta de fiscalización en el uso de los recursos destinados a la trocha, lo que la funcionaria ha rechazado, con el argumento de que los fondos empleados no eran de la CNE, sino del Conavi.

Oviedo expuso la hipótesis de que la declaración de emergencia y la decisión de construir la trocha fronteriza se enmarca en una estrategia del Gobierno, de crear una psicosis de guerra que aglutinara la solidaridad de los costarricenses, para desviar así la atención y tapar a Castro, que siendo canciller aseguró que los nicaragüenses le habían dicho verbalmente que el dragado al río San Juan no iba a causar daños y no había que preocuparse. La  psicosis de guerra justificó la flexibilización o ausencia de controles, que terminó en este “asalto vil y vulgar” a las finanzas del Estado Costarricense en la construcción de la trocha, reclamó el diputado.

Castro alegó que los diputados incurren en un error histórico, al señalarlo como responsable del origen del conflicto con Nicaragua. A su vez, Mauricio Boraschi tachó de sesgado el informe de Pérez y  Oviedo, e hizo saber que medita emprender acciones legales contra los legisladores que piden su destitución.

PSICOSIS

Además de enviar el informe al Ministerio Público para que se establezcan las eventuales responsabilidades penales de las irregularidades descritas en el informe, Pérez y Oviedo firmaron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia 36440-MP que emitió la presidenta Chinchilla en febrero del 2011, y que sirvió de alero a las contrataciones relacionadas con la trocha fronteriza −estimadas en más de ¢22.000 millones−, sin pasar por los procedimientos ordinarios de contratación.

“No podemos continuar en un estado permanente de emergencia y seguir con una psicosis de guerra”, pues eso no ayuda a las buenas relaciones que se supone se deben tener y sirve de caldo de cultivo para las cosas mal hechas, razonó Pérez, aludiendo al argumento que ha sostenido el Gobierno, de que la carretera era una necesidad para la defensa de la seguridad y la integridad territorial, ante una amenaza inminente de invasión al  territorio nacional por parte de Nicaragua, por lo que los trabajos van a continuar.

Las diputadas del Partido Liberación Nacional, Alicia Fournier, Carolina Delgado y María Ocampo, reaccionaron con un informe que señala al Conavi como único responsable de las irregularidades en la trocha.

En ese sentido, pidieron la inhabilitación de varios jerarcas de la institución para ejercer cargos públicos, por periodos de 5 a 10 años. Además anunciaron la presentación de un proyecto de ley para reestructurar totalmente la entidad.

Criticaron también la dirección del debate en la comisión. “No hay que tener mala fe”, dijo Fournier, quien acusó a la presidenta de la comisión de perder la imparcialidad que debía tener en la investigación, y de demagogia al señalar responsables políticos.

Por su parte, el diputado Wálter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana) cree que la presidenta Chinchilla debe intervenir e iniciar el cierre del Conavi, al que culpa de ilegalidades en la contratación de obras en la trocha. Su informe incluye la solicitud de sanciones morales para el vicepresidente Liberman; el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides; el exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, la exviceministra de esa cartera, María Lorena López; y el exjerarca de Seguridad, José María Tijerino; así como para los asesores presidenciales Adrián Chinchilla, Carlos Espinach y Federico Baltodano. Propuso también que la Contraloría General de la República inicie un órgano administrativo (investigación) a esos y otros funcionarios, incluido René Castro.

Según la diputada Patricia Pérez, la sanción moral que piden para el vicepresidente Luis Liberman es porque su puesto es de elección popular, y es la persona de más alto nivel de responsabilidad, al que −en diferentes declaraciones de los comparecientes ante la comisión− se le ve actuando directamente en el caso de la trocha. Incluso en actas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se consigna que el vicepresidente dice que si es necesario hay que dejar cualquier otra obra, pero que la trocha no se puede parar y se compromete a obtener recursos, agregó.

 


 

La última palabra está en el Ministerio Público

El politólogo Francisco Barahona opinó que al final de cuentas será el Ministerio Público el que determine “si mete o no mete la espada” en este caso de la trocha, porque es el instrumento penal.

Sin embargo, ahí la acción está centrada en los dos funcionarios del Conavi que están en prisión preventiva, y no cree que a partir de la investigación de la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público pueda señalar responsabilidad penal al vicepresidente Luis Liberman o a alguna otra figura política, no solo por una cuestión de técnica jurídico-penal, sino por decisión política.

No obstante, el analista discrepa de quienes afirman que las investigaciones legislativas no llegan a nada y son una pérdida de tiempo y recursos. Eso es desconocer la lógica de cómo funciona un parlamento en cualquier democracia en el mundo. Un parlamento no es un poder judicial, sino que funciona con base en lo que puede hacer y no puede ir más allá, comentó.

“Estas investigaciones sirven de mucho, aunque no haya al final culpables en la vía penal, porque sirven para poner a la ciudadanía alerta, para continuar haciendo críticas a una administración, para evitar que eso se vuelva a repetir y para probar la diligencia y la independencia de los diputados; son muchos factores agregados”, aseveró Barahona.

 

 

 

 

 



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