Los cuatro ingenieros integrantes de la comisión de autorización de puesta en servicio de la carretera San José-Caldera reconocieron en comparecencia ante la comisión legislativa investigadora de las concesiones, que no tenían competencia técnica ni experiencia para evaluar aspectos fundamentales relativos a la seguridad de la obra,  cuando recomendaron su apertura en enero pasado.

No obstante, negaron tener responsabilidad en la autorización de apertura provisional, al señalar que esto era competencia de Guillermo Matamoros, viceministro de concesiones y secretario técnico del Consejo Nacional de  Concesiones (CNC) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

En una comparecencia anterior ante la comisión legislativa, Matamoros dijo que el informe de la comisión de autorización había sido uno de cuatro elementos tomados en cuenta para la autorización de puesta en servicio de la carretera, el pasado 28 de enero. Los otros elementos fueron la autorización para tramitar la puesta en servicio dada por el directorio del CNC (presidido por el ministro del MOPT de entonces, Marcos Vargas), el informe de la  empresa supervisora de la construcción  CACISA-CANO, y el informe de la gerente del proyecto (Hadda Muñoz).

Andrés Henau, representante del Consejo Nacional de Vialidad en la comisión de puesta en servicio, dijo que su experiencia está en diseño, y por no ser su especialidad no podía entrar a opinar en cuanto a la estabilidad de los taludes.
Hundimientos y derrumbes en los taludes han puesto en peligro la seguridad de los usuarios y una mujer murió en un choque con una roca de un desprendimiento.

Ante preguntas de los diputados, uno de los ingenieros reconoció que los hundimientos de la vía y la inestabilidad de los taludes han sido de las principales fallas de la carretera y son elementos fundamentales en la seguridad de una vía; pero insistió en que ellos no los podían prever, pues no tenían competencia técnica para ello.

Un diputado les preguntó si tenían conocimiento de la responsabilidad que implica lo que dice unas de las cláusulas del contrato con la concesionaria, Autopistas del Sol, de que “la autorización de puesta en servicio provisional no se podrá otorgar, si existen obras incompletas o defectuosas de tal magnitud que puedan poner en peligro la integridad de los usuarios o afectar de manera significativa la operación fluida y de seguridad vial de la carretera”.

La respuesta fue que ellos emitieron su informe de acuerdo con responsabilidades previamente establecidas por la resolución del secretario técnico, quien era a quien correspondía la autorización de la apertura.

Según el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, estos son funcionarios medios a los que “mandaron al matadero”, a hacer ese trabajo de verificación de las obras sin la experiencia ni la capacidad para hacerlo. Obviamente ellos no se van a echar la culpa cuando hay otros jerarcas políticos que tienen las mayores responsabilidades, señaló.

Walter Céspedes, de la Unidad Social Cristiana, dijo de manera irónica por su parte, que “aquí nadie vio ni dijo nada, y todo el mundo es inocente”. Al final de cuentas se hizo la carretera y nadie aparece culpable, pero todos saben que se apresuró la inauguración y  las cosas se hicieron a la carrera, que había amistades entre el concesionario y el  MOPT.