El hecho de que la Asociación Nacional de Asegurados de la Caja Costarricense de Seguro Social (ANACCSS) -de carácter privado- pueda contar con tres representantes en la junta directiva de la institución, sigue siendo uno de los aspectos más criticados del proyecto de reforma a la Ley Constitutiva de la CCSS, que esa asociación proyecta plantear en un referendo.
Sin embargo, han emergido otras críticas que tienen que ver con el hecho de que en sus estatutos la ANACCSS establece que puede recibir donaciones de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, lo cual se considera un portillo de injerencia de las empresas multinacionales farmacéuticas.
Así lo consideró Roberto Mora, popularmente conocido como “el cobrador de la Caja”, pues se ha dedicado a denunciar sobre todo a grandes deudores de la institución. “En vista de que los propios estatutos dicen que pueden buscar ayuda económica de empresas extranjeras, a través de la asociación, las farmacéuticas podrían tener injerencia en la CCSS”, expresó.
“La forma en que quiere que sean aprobados por su propia junta directiva los tres miembros, es injusta para los asegurados, pues la integración del asegurado como asociado de la ANACCSS, debe ser aprobada por unanimidad por la junta directiva de la Asociación; ahí nos damos cuenta de que los intereses son bastante oscuros; sus intenciones son privatizar la Caja”, afirmó.
Mora reclamó que se trata de una “atribución” que quiere darse el presidente y fundador de la ANACCSS, Wálter Muñoz, y criticó que “una asociación privada se quiera otorgar la potestad de nombrar tres integrantes de la junta directiva”.
Por su parte, Muñoz -médico quien ha laborado para la institución durante 30 años-, afirmó que quienes se oponen a la iniciativa “no se han informado bien”, ya que a su parecer los estatutos de la Asociación plantean objetivos de defensa de los derechos del asegurado y la iniciativa de referendo “vino después y no fue planteada por la Asociación, sino por un comité gestor conformado por 75 personas”.
Según dijo, ese comité “manejaría los fondos directamente para entrarle al referendo”. Detalló que la coordinadora es Vivian González Trejos -exrectora de la Universidad Magister-, y entre sus integrantes citó a Charles Gourzong Taylor -catedrático de la UCR-, o el sindicalista Edgar Morales. “Ellos llevarán a cabo el referendo propiamente dicho”, enfatizó.
Muñoz agregó que posteriormente “se planteó que la Asociación convoque a los asegurados del país para elegir a los representantes; en su momento se dará a conocer el reglamento de idoneidad y aceptación”.
Al preguntarle sobre la acusación de querer privatizar la CCSS, aseveró que quienes así piensan “no saben sumar, porque la junta directiva de la Caja son nueve puestos y nosotros buscamos nada más tres para los asegurados. Más bien queremos desprivatizar la Caja, que ya lleva 20 años de privatización”.
Muñoz -exdiputado y excandidato presidencial por el Partido Integración Nacional (PIN)- además puntualizó que lo que se busca no es que los tres representantes que eventualmente integrarían la junta directiva de la CCSS sean necesariamente asociados de ANACCSS, sino que se nombraría a tres asegurados o aseguradas por su capacidad e idoneidad, estén o no en la Asociación, dado que hoy en día “los únicos que no forman parte de la toma de decisiones son los asegurados”.
“Para evitar problemas renuncié a aspirar a ningún cargo de junta directiva de la CCSS, ni de la junta de la ANACCSS en el momento en que toque elegirla nueva. Todo ello para quitarle barreras al referendo con argumentos tontos”, alegó.
Sobre la injerencia de las farmacéuticas, indicó que hasta ahora la ANACCSS ha sido financiada por sus miembros y que buscan que la institución produzca sus propios medicamentos.
“ABSURDO SIN PARANGÓN”
Desde que en agosto pasado trascendió que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio su visto bueno para que se iniciara la recolección de firmas tendiente a convocar un referendo por iniciativa ciudadana, las críticas no se han hecho esperar.
Por ejemplo, diputados y diputadas que conforman la Comisión Especial Legislativa que analiza la situación crítica que atraviesa la CCSS, emitieron un manifiesto en el que expusieron que la propuesta de referendo “genera un privilegio odioso a favor de un pequeño grupo de orden privado”.
Por ello, los diputados solicitaron no firmar la solicitud de referendo y “exigir que se le aclare la realidad de los objetivos de la misma”, así como a las organizaciones sociales que “alerten a sus agremiados y a la ciudadanía en general sobre los riesgos que implica el proyecto que se sometería a referendo”.
Ese pronunciamiento fue firmado por el presidente de dicha comisión, Walter Céspedes -Unidad Social Cristiana (PUSC)- y por los demás integrantes, Gustavo Arias -Liberación Nacional (PLN)-, Carmen Granados -Acción Ciudadana (PAC)-, Alfonso Pérez (PLN), Carolina Delgado (PLN), Siany Villalobos (PLN), Rita Chaves -Accesibilidad Sin Exclusión (PASE)-, José María Villalta (Frente Amplio) y Patricia Pérez (Movimiento Libertario).
Villalta se refirió a los descargos de Muñoz, en el sentido de que quienes eventualmente formarían parte de la junta directiva de la CCSS en representación de los asegurados no tienen que ser asociados de ANACCSS.
El diputado señaló que en efecto la propuesta de Muñoz dice que los tres miembros que serán nombrados por la Asociación no tienen que ser afiliados a ella, “pero si ANACCSS los nombra, colocará allí a quién le dé la gana; el proyecto cede todo el poder a la Asociación para que sus asambleístas hagan el nombramiento y ese grupo nombra a quien quiera”.
Se buscó el criterio al respecto de la defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum. La oficina de prensa de la Defensoría envió la posición oficial, la cual sintetiza que el proyecto impulsado por ANACCSS propone que tres puestos del Ejecutivo en la directiva de la CCSS “pasen a manos privadas”.
Según dicha entidad, “resulta un absurdo sin parangón, pretender que la institución autónoma con el presupuesto más grande de nuestro país (dinero de las y los asegurados), tenga nombramientos definidos por una institución privada”.
Camino del referendo
De acuerdo con un resumen explicativo de la propuesta que se quiere llevar a referendo -elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y disponible en el sitio de la ANACCSS-, el proyecto pretende que los nueve integrantes de la junta directiva de la CCSS provengan de los sectores patronal, laboral y de los asegurados. Esos últimos serían nombrados en la asamblea general de la ANACCSS.
También establece la creación de un departamento actuarial, el cual informará anualmente sobre el estado financiero de la institución, “con énfasis” en temas de pensiones, el régimen de invalidez, vejez y muerte y el de enfermedad y maternidad.
Wálter Muñoz lamentó las trabas institucionales que -según dijo- ha enfrentado para recolectar las firmas en la propia CCSS, pero aseveró que ya se han recogido más de la mitad de las necesarias.
Sobre los plazos que enfrenta la iniciativa de referendo, desde el TSE el letrado Juan Luis Rivera recordó que de acuerdo con la Ley de Regulación de Referendo, esta votación no se puede realizar seis meses antes ni después de las elecciones presidenciales, lo cual sitúa la celebración del referendo impulsado por la ANACCSS a más tardar en agosto del 2013, o en agosto del 2014.
La recolección de firmas se inició el 20 de agosto de este año, cuando el TSE entregó los formularios para ello y a partir de ese momento corre un plazo de nueve meses para recolectar un 5 % del padrón electoral en firmas, exactamente 147.370, informó Rivera.
Ello quiere decir que la ANACCSS tendría hasta el 20 de mayo del 2013 para recogerlas, aunque la norma establece la posibilidad de prórroga de hasta un mes.
Posteriormente, el TSE cuenta a su vez con un plazo de 30 días hábiles para revisarlo todo y si hay firmas no verificables les da un plazo a los gestores de 15 días hábiles para que las repongan.
Superada esa etapa de verificación de firmas, seguiría la convocatoria oficial a referendo, que implica la publicación en el diario oficial La Gaceta, a partir de la cual corre un periodo de tres meses para realizar la votación.
