Inmigrantes tendrán fuertes multas por no legalizar su estadía

Los nicaragüenses que no estén a derecho deberán pagar una multa de $100 por cada mes de ilegalidad. (Foto: Katya Alvarado)A partir de octubre

Los nicaragüenses que no estén a derecho deberán pagar una multa de $100 por cada mes de ilegalidad. (Foto: Katya Alvarado)

A partir de octubre los extranjeros que se encuentren en el país sin los permisos y documentación al día, es decir, que estén bajo condiciones de ilegalidad, serán multados con $100 por cada mes que mantengan este estatus.

Así lo establece el artículo 33, inciso 3 de la nueva Ley de Migración, que entró a regir en el 2010. A pesar de que el cobro de las multas ha contado con varias prórrogas para que los inmigrantes se pongan al día con sus trámites, existe un grupo importante de organizaciones sociales que se oponen a la medida.

Representantes de organizaciones no gubernamentales, de sindicatos, iglesias, universidades, entre otras, están convencidos de que esta norma en lugar de incentivar la legalidad, generará el efecto contrario, pues consideran que es muy difícil para cierto sector llevar a cabo los trámites.

De acuerdo con Carlos Sandoval, investigador de la Universidad de Costa Rica y miembro de este grupo interdisciplinario, ya realizaron la solicitud formal a las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería, para buscar una alternativa a la entrada en vigencia del cobro a quienes no estén al día con sus trámites migratorios, ya que este es acumulativo y no tiene límite, lo que significaría montos sumamente elevados para algunas personas.

“Este tipo de cláusulas lejos de incentivar la regulación, incrementa la irregularidad, porque las sumas serán imposibles de pagar en muchos casos; esto afectará especialmente a la población nicaragüense, que es la más grande en el país, pero a la vez la más vulnerable”, comentó Sandoval.

Además, una importante porción de quienes se verán afectados son los trabajadores de sectores como la construcción, agroexportación y servicio doméstico, en los cuales se ubica la mano de obra inmigrante que tiene menores recursos y al mismo tiempo es sumamente importante para la economía nacional.

La solicitud que plantea este grupo de representantes de organizaciones sociales, es que exista un razonamiento por parte de las autoridades de migración del país para suspender por ahora el cobro, dado que en términos prácticos se vuelve muy difícil para algunos regularizarse.

Esto, porque en muchos casos los inmigrantes no cuentan ni siquiera con la cédula de su propio país y mucho menos el pasaporte; por lo tanto, para poner al día su estatus deben viajar a su nación para realizar los trámites de dichos documentos, y así iniciar luego el proceso de regularización en Costa Rica.

Además, Sandoval considera que buena parte de las personas que están en condición migratoria irregular reúne los requisitos para documentarse −por ejemplo, tener un vínculo con un hijo o cónyuge costarricense−, pero no tienen los recursos para hacerlo, pues hay una serie de costos asociados a los trámites, que hacen muy caro el proceso y si a eso se le suma la multa, la posibilidad será más remota.

“Entre el 35% y 40% de los nicaragüenses que vive acá no tiene documentos, y buena parte de esa gente tiene vínculos de primer grado, es decir, cumple con los requisitos para documentarse, pero no tiene los recursos; lo hemos dicho a las autoridades, pero no hay voluntad política, ni del lado de Costa Rica ni de Nicaragua, para facilitar los procesos”, argumentó Sandoval.

Por su parte, Kathia Rodríguez, directora de Migración, fue enfática en que se trata de una disposición sancionatoria y que la aplicación de las multas se ha venido posponiendo, dando espacio a los inmigrantes para ponerse al día.

Desde que entró a regir la ley en el 2010 hasta la fecha, un total de 66.000 personas han regularizado su situación o están en proceso; sin embargo, ya queda poco tiempo para que el resto se ponga al día, en vista de que la fecha límite para iniciar los trámites es el 17 de setiembre.

“Desde hace tiempo la gente viene oyendo de las multas y dimos oportunidades para que se pusieran a derecho, pues hay gente que ha vivido por años en Costa Rica de forma ilegal. Eso sí, quienes hayan iniciado cualquier trámite para regularizar su condición, aunque sea en el primer paso, no tendrán que pagar la multa”, aclaró Rodríguez.

Sostiene que se trata de una legislación que beneficia no solo al país, sino también a los migrantes, ya que así pueden optar por un trabajo y asegurarse en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Adicionalmente, la medida permitirá a las autoridades saber quiénes están en el país, qué están haciendo y dónde se encuentran, manteniendo un perfil de estímulo a la inmigración responsable, y obligando a los patronos a tener al día a su personal, con todas las garantías de ley.

Respecto al argumento de las organizaciones sobre los elevados costos, Rodríguez aseveró que Costa Rica es uno de los países de Centroamérica que menores costos tiene en los trámites de regularización; por ejemplo, un trámite para residencia cuesta $123 y al inicio solo se tiene que pagar $50.

“Claro que si la persona tiene que devolverse a su país para hacer cédula y pasaporte, pues el costo será más elevado; pero, en cualquier país se exigen estos documentos básicos para estar a derecho”, agregó.

Dicha multa será cobrada a los extranjeros al salir del país y tienen la posibilidad de pagarlo o no. De no pagarlo, se les sancionará con una prohibición de ingresar al país por tres veces el tiempo que tienen de estar ilegales; o sea, si un extranjero tiene un mes de ilegalidad, no podrá entrar al país durante tres meses; de igual manera, si tiene un año de no estar a derecho en Costa Rica, se le prohibirá la entrada durante tres años.

 


Es muy difícil

A pesar del tiempo que dio el Gobierno para que los inmigrantes se pusieran al día con su estatus migratorio, muchas personas no lograron hacerlo por diversas circunstancias; en todos los casos la situación terminará en lo mismo: una multa mensual de $100.

Para Alda Pantyn, de nacionalidad nicaragüense, la situación se pondrá dura para muchos migrantes, sobre todo para mujeres jóvenes y madres solteras, que se vienen a Costa Rica a trabajar y entran con su pasaporte, pero no logran hacer los trámites para ponerse al día.

“La multa es demasiado dinero; algunas no logran eso ni por quincena y es muy doloroso,  porque la mayoría venimos porque en Nicaragua no hay empleo, tenemos que migrar y Costa Rica es el país más cercano y al que nos hemos adaptado más. Muchas personas se verán en la necesidad de irse o esconderse para que no las deporten”, aseguró Pantyn.

Por su parte, Ilsa Alemán, también de nacionalidad nicaragüense y documentada en Costa Rica, considera que la nueva norma afecta en gran medida a los inmigrantes, ya que ahora que comenzarán a cobrarles, la situación será problemática para familias que tienen hasta tres hijos indocumentados.

En su caso, Alemán trabaja como servidora doméstica, tiene un hijo nacido en Costa Rica y trajo al país a sus otras dos hijas, a las cuales tuvo que realizarles los trámites correspondientes, para mantener su estatus migratorio en orden, al llegar a la conclusión de que sería más económico tenerlas dentro de la legalidad, que pagar la multa más adelante.

“Conozco mucha gente que no hizo los trámites, no aprovecharon los transitorios que dio el Gobierno de Costa Rica y ahora se deberán enfrentar al pago todos los meses, y no salen del país por miedo a que los deporten. Algunos no lo hicieron por falta de dinero, pero otros por pereza; de igual forma, ahora les será más difícil cumplir con el pago”, lamentó.


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