Indígenas de diversos territorios llevan 15 años esperando que se apruebe el proyecto que les brindaría un desarrollo autónomo.

Tras 15 años de lucha y con poca esperanza de que en este gobierno al fin se apruebe el proyecto de “Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas” (expediente 14.352), representantes de esta comunidades aseguraron a UNIVERSIDAD que no desistirán hasta alcanzar su aprobación.

Decenas de personas de diversos pueblos indígenas del país realizaron una  manifestación el pasado 2 de setiembre en la Asamblea Legislativa, con el fin de reclamar la pronta aprobación de este proyecto, el cual no fue convocado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias de agosto anterior.
La urgencia para que sea aprobada dicha ley no es compartida por el presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Genaro Gutiérrez Reyes, para quien esta nueva legislación no haría falta, pues más bien sobran y lo que hace falta es que se cumplan a favor de sus pueblos (véase recuadro “No hacen falta más leyes”).
Cabe recordar que entre las comunidades indígenas hay una notoria división, en torno a la necesidad de aprobar el expediente 14.352, a lo cual se suma la falta de voluntad política de los últimos gobiernos por respaldar esta iniciativa.
Por lo anterior, no es extraño que los representantes de las comunidades de aborígenes expusieran en un documento que entregaron el 2 de setiembre: “Señores Diputados, señoras Diputadas, el expediente 14.352 es una iniciativa de los propios indígenas que tiene 15 años de recorrer los pasillos de la Asamblea Legislativa; ya es hora de ubicarlo en el primer lugar de la agenda legislativa, de discutirlo y aprobarlo sin más retraso”.
En la petitoria, ellos destacaron que “el proyecto de ley es un instrumento que posibilita un cambio paulatino del modo de concebir los derechos de los Pueblos Indígenas a regir  sus propios destinos, dentro de un sistema que reconozca su realidad multicultural”.
Agregaron que esta legislación otorgaría el reconocimiento y respeto legal, por parte del Estado, “a las formas de organización propia, la representación social y la administración de los Territorios Indígenas; lo que facilitará la formulación de su propio plan de desarrollo en el marco de sus costumbres, tradiciones, culturas y cosmovisiones”.
En los últimos días, municipalidades como la de San Ramón de Alajuela y de Barva de Heredia, tomaron acuerdos para respaldar la lucha de estos grupos en la Asamblea Legislativa.
Los indígenas estuvieron el 2 de setiembre entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en las afueras del recinto legislativo e incluso planearon hacer un foro de discusión con los jefes de fracción de las agrupaciones políticas, pero solo se presentaron los diputados José Merino (Frente Amplio) y Alberto Salom (Acción Ciudadana).
Oldemar Pérez, presidente de la Mesa Nacional Indígena dijo que los legisladores “han tenido quince años para conocer el proyecto de ley, y no nos pueden venir a decir que todos los indígenas estemos de acuerdo con la ley. Lo cierto es que la gran mayoría apoyamos el proyecto y los que están en contra son los que tienen intereses particulares y están viviendo de los indígenas sin trabajar para ellos”.

RECLAMAN APROBACIÓN

Durante una gira reciente por varias comunidades indígenas -organizada por el Instituto Costarricense de Turismo, para conocer sus proyectos de ecoturismo rural-, se pudo escuchar el reclamo de algunos de sus representantes, para que cuanto antes sea aprobado el proyecto de “Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas”.
Uno de los que instó a esta aprobación fue Asdrúbal Rivera Villanueva, del territorio Térraba y su delegado ante las gestiones que realizan en la Asamblea Legislativa, para que se concrete el mencionado proyecto.
Acerca de los alcances del expediente 14.352, comentó que “en esencia, este proyecto plantea que los indígenas del país puedan decidir desde su base, desde su cosmovisión, desde su cultura, cómo quieren ellos administrar los recursos que tienen en sus territorios”.
Entre estos elementos –agregó Rivera Villanueva- se puede citar la tierra, el agua, y otros temas importantes, como el de la vivienda, educación, el derecho consuetudinario, que es la forma tradicional de los pueblos –de acuerdo con su cultura- de abordar y resolver sus problemas.
Un aspecto que cree que quedaría protegido por esta legislación, es el conocimiento y prácticas ancestrales sobre los recursos naturales y la medicina natural. “Vendría a ayudarnos a mantenerlas y protegerlas, porque como sabemos, hay muchas amenazas para este tipo de riqueza que tenemos”.
Para el originario de Térraba, la idea del proyecto “es que nosotros decidamos, que propongamos y generemos políticas desde la base hacia el Estado, a partir de las verdaderas necesidades de los pueblos indígenas y no que el gobierno las formule y las aplique”.
Rivera reconoció que hay una evidente división entre los indígenas en torno a este proyecto y la oposición es liderada por quienes simpatizan con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, ente que “obedece a políticas estatales y donde hay una bendita burocracia, que hace que el presupuesto que asigna el gobierno quede en consultorías, abogados, pagos de oficinas. Todo ese dinero que se debería de aplicar en los territorios, en realidad nunca llega”.
El delegado de los térrabas ve como algo normal que haya disparidad de criterios acerca del proyecto, al igual que ocurre en el ámbito político nacional. Por eso, le parece incongruente que el Gobierno les pida que unifiquen la posición, como condición para apoyar el plan de desarrollo autónomo.
Una visión similar sobre el proyecto externó Jeffrey Villanueva Villanueva, vecino también del territorio térraba y propulsor de la autonomía indígena.
En su opinión, el expediente 14.352 representa una gran oportunidad para instrumentalizar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por Costa Rica mediante la Ley No. 7316 del 3 de noviembre de 1992.
Comentó que este es un convenio marco, muy amplio, que requiere bajarlo a una ley como la que plantea la 14.352, especialmente cuando la ley indígena vigente data de 1977, tiene partes ya obsoletas y “realmente hay muchos portillos que están abiertos, ahora más con la aprobación del TLC” (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos).
Al respecto citó el tema de la propiedad intelectual y el peligro de que con el TLC se puedan patentar conocimientos y plantas que utilizan en su medicina natural.
Villanueva Villanueva fustigó la versión de algunos dirigentes que siguen la línea de la CONAI, de que el proyecto no ha sido consultado a los pueblos aborígenes y que tiene su origen en una élite de indígenas que viven en San José, la capital.
Afirmó que dicha propuesta nació entre dirigentes de sus pueblos y ha sido objeto de múltiples consultas y reuniones, en las que participaron muchos jóvenes como él.
Recordó que la actual ley es muy básica, con ocho capítulos que hablan sobre la demarcación de los territorios, de la propiedad de las tierras y de los recursos naturales.
Sin embargo, cree que el reglamento contradice esta ley, ya que este dice que las comunidades estarán organizadas dentro de sus estructuras tradicionales y la organización administrativa que antes tenía el pueblo de Térraba era un consejo indígena, mientras que la normativa existente le da competencia a la figura de la asociación de desarrollo, “una estructura que no es acorde a los pueblos indígenas”.
Villanueva destacó que por esta razón en el expediente 14.352 se incluye la creación de los consejos indígenas, con una administración parecida a una municipalidad en pequeño, con control de los distintos factores de desarrollo y una mayor participación en la vida de los pueblos.
Otra de las personas que cree en las bondades del referido proyecto, es Rosalina Navas Salazar, una anciana que, pese a sus 74 años de edad, sopla en las actividades culturales  un enorme caracol, quizás con más fuerza que muchos jóvenes.
Con la misma fuerza defendió el derecho a un desarrollo autónomo de los territorios indígenas y criticó el hecho de que algunas personas no conocen el proyecto, hasta el punto de que piensan que si es aprobado servirá solo para sacar de esas tierras a la gente blanca.

APOYO BRIBRI

Por otra parte, entre los habitantes del pueblo bribri también se palpa el respaldo al texto de este longevo proyecto y así lo expresó Zacarías Elizondo Figueroa, presidente de la Asociación Bribripa Kaneblö, de la comunidad de Salitre, en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas.
“Como indígenas todos estamos a favor, porque sabemos que es una ley que nos va a dar la oportunidad de tener autonomía en estos territorios y para decidir nosotros mismos, de acuerdo a nuestra cultura, y por eso estamos 100% apoyándola”, dijo al ser consultado.
De acuerdo con el dirigente comunal, en todo lo que hacen tienen como principio la conservación de su cultura y si se aprobara la ley 14.352 serviría para fortalecer esta lucha, la cual no pueden desarrollar a cabalidad dentro de la figura legal de las asociaciones de desarrollo.
Elizondo Figueroa considera que la estatal CONAI no defiende los verdaderos derechos de los indígenas, sino los intereses propios de las personas que la conforman. Son indígenas, pero son promotores de CONAI y algunos de ellos han propiciado a lo largo de su existencia la venta de tierras indígenas a personas extrañas, acotó.
Respecto a las razones que han imperado para que no se apruebe el proyecto en todos estos años de trámite, las percibe como de carácter político y de poder, sin que los diputados tomen realmente en consideración las verdaderas necesidades de los indígenas.
A su parecer se sumó Guillermo Elizondo Ortiz, coordinador de la misma asociación, quien aseveró que el proyecto de autonomía es muy importante y “en especial para nosotros los bribris, porque eso viene a complementar el Convenio 169; ahorita tenemos la dicha y la desdicha, de que solo tenemos este convenio, y falta el complemento aquí en Costa Rica”.
Fue enfático en que la figura legal de la asociación de desarrollo “no cumple con las perspectivas, ni los ideales, ni la visión que como pueblos tenemos del desarrollo de la autonomía. Pienso que este proyecto viene a ser la herramienta que ocupan los pueblos, siempre y cuando se mantenga la trasparencia, el manejo correcto de los fondos en la parte administrativa, porque de lo contrario vendría a ser una institución más que se forma y que no cumple con los requisitos, como es le caso de otras que se han formado para los indígenas”.
Si bien aceptó que hay división entre los indígenas alrededor del proyecto, explicó que hay personas a las que no les conviene que se apruebe, pues esto le daría autonomía a los pueblos y les haría perder poder e injerencia en los asuntos de ellos, como lo serían los integrantes de la CONAI.
“Aquí CONAI no ha hecho nunca nada. Entonces, a nosotros nos favorecería el cambio, y no porque desaparezca esta organización, sino por lo que traería la ley de desarrollo autónomo”, detalló Elizondo Ortiz.
En relación con la eventual aprobación del expediente 14.352, no mostró muchas esperanzas. “Desgraciadamente los compromisos políticos casi nunca se cumplen, y esto fue un compromiso político del gobierno actual”.

9-set-09 

Presidente de la CONAI: No hacen falta más leyes

Para Genaro Gutiérrez Reyes -presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)-, no hacen falta más leyes destinadas a los pueblos originarios, y por eso no apoya el proyecto de Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas.
El funcionario, quien también es presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba, dijo a este Semanario que “no me opongo a las cosas por oponerme. Lo que sí tengo muy claro, es que el Estado de Costa Rica a los indígenas toda la vida nos han bailado, porque solo viven aprobando leyes y no nunca cumplen ninguna, y por eso hay más leyes que indios”.
Recordó que cuando se creó la ley indígena actual –en 1977-, se dijo que se darían C100 millones por año para expropiar a los no indígenas que estuvieran dentro de las reservas y desde ese tiempo para acá nunca dieron ni un cinco.
“Nosotros tenemos la autonomía, porque tenemos todo. Lo que queremos es que el Estado de Costa Rica realmente cumpla las leyes que están. ¿Qué hacemos con otra ley más? Sería otro papel más, y lo importante es que han gastado cualquier cantidad de plata los políticos y algunos vivazos indígenas en ese proyecto de ley, y estamos mal de caminos, de escuelas, de puentes, de colegios”, reclamó.
Por otro lado, Gutiérrez Reyes afirmó que el expediente 14.352 no tiene ni siquiera el respaldo del 10% de los habitantes de los 24 pueblos indígenas del país. “La llamada consulta que dicen que hicieron, fue con 2.500 personas y de estas hubo como mil en contra, y somos más de 76.000 indígenas”, cuestionó.
“No nos interesa –increpó- un proyecto de ley que nos venga a dividir, sino uno que nos venga a resolver los problemas de tierra, de acueductos, de caminos, de puentes, de educación. ¡Eso es lo que queremos!”, expresó el presidente de la CONAI.
Hizo ver que en este momento lo que necesitan es dinero y voluntad política, para resolver los problemas, “y eso es lo que menos tenemos ahorita”.
Denunció que las instituciones estatales nunca han coordinado con la CONAI, con el fin de atender las necesidades de los territorios indígenas y trabajar por su desarrollo.

Importancia del proyecto de autonomía

En un documento que entregaron a los diputados el pasado 1 de setiembre, las personas  que impulsan el proyecto de “Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas” sintetizaron algunas de las razones que hacen importante su aprobación:

-El reconocimiento de la autonomía indígena, se inserta dentro de una nueva visión que ha de caracterizar a la democracia costarricense del siglo XXI, la que busca construir una institucionalidad sólida, participativa, basada en el reconociminto de la descentralización política y administrativa, como sustento de un estado social de derecho.
-Otorga el derecho de los Pueblos Indígenas a la propiedad sobre todo su territorio y reconoce el derecho de estos pueblos sobre los sitios de carácter ceremorial, espiritual y de interés culutural o medicinal de los pueblos.
-Reconoce el derecho al uso de la medicina natural tradicional en forma preventiva y curativa como la utilizaron sus antepasados y de manera colectiva, a comercilizar y patentar dicha medicina.
-Reconoce el derecho consuetudinario (indígena) como fuente de derecho y aplicación, compatible con el ordenamiento jurídico nacional.
-La autonomía es un aporte de las comunidades más ancestrales al proceso democrático de futuro, que se regirá por la democracia participativa.

Rescatan trascendencia de ley sobre pueblos indígenas

Alejandra Amador (Periodista Consejo Universitario)

La UCR reafirma su compromiso con las comunidades indígenas, mediante 110 proyectos de  acción social, investigación y docencia.

El Consejo Universitario reconoció la importancia que tiene el proyecto legislativo Desarrollo Autónomo de Pueblos Indígenas para rescatar la trascendencia cultural, los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas, así como el significado social que tienen en la historia de Costa Rica.

Este proyecto fue consultado a la Universidad de Costa Rica el pasado mes de julio y el Consejo Universitario, de forma expedita, realizó su análisis y comunicó su criterio a la Asamblea Legislativa en menos de dos semanas, en la sesión extraordinaria N.° 5372, celebrada el pasado 22 de julio.

En ese estudio, el órgano colegiado reconoció el compromiso que tiene la UCR con los pueblos indígenas, los cuales se han visto beneficiados con más de 110 proyectos de  acción social, investigación y docencia impulsados por esta casa de estudios superiores.

Sin embargo, también hizo énfasis en la necesidad de corregir el error material que se evidencia en el artículo 80 de la propuesta legislativa, la cual eliminaría el 1% que le corresponde al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), por concepto de la recaudación del impuesto único a los combustibles.

Este artículo tiene como propósito modificar el primer párrafo del artículo 5 de la Ley de simplificación y eficiencia tributarias, para que los fondos provenientes del cobro del gravamen mencionado sean redistribuidos de la siguiente manera: 30% para el Consejo Nacional de Viabilidad, un 3,5% para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), 0,1% para el Ministerio de Agricultura y Ganadería y un 0,1% para los consejos indígenas territoriales.

El Consejo llamó la atención sobre la inconsistencia que existe en la propuesta, pues la modificación implica cambios únicamente en el párrafo inicial y deja igual el texto donde se establece el porcentaje del cobro de este impuesto que le corresponde a la UCR, lo que evidencia un error que debe ser aclarado antes de la aprobación del proyecto.

Algunas  de las consecuencias inmediatas de suprimir la parte de la renta que le corresponde al LANAMME serían: la ausencia de fiscalización, la pérdida de la calidad y eficacia de las inversiones en carretera y la retroalimentación como insumo básico para sentar responsabilidades, corregir deficiencias y plantear acciones resarcitorias.