La SUGEF carece de potestad para controlar los movimientos bancarios.
Juan Muñoz: Mientras no se cambie la ley, el Ministerio Público ni ninguna superintendencia está en capacidad legal de ir más allá.
La laxitud de la legislación financiera costarricense, que facilita el lavado de dinero y la evasión fiscal, así como el uso de la banca «off shore» para evadir los controles legales, en la pasada campaña electoral, fueron analizados durante una entrevista con Juan Muñoz Giró, Intendente de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el pasado 25 de setiembre.
En el último informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), se afirma que Costa Rica fue incluida en la lista de países de alta preocupación debido a lavado de dinero. Allí se dice que «el sistema financiero altamente avanzado de Costa Rica y los pocos y limitados controles en el sector bancario, hacen del país un lugar atractivo para desarrollar actividades de lavado de dinero.» ¿Qué puede Ud. decir sobre esto?
-Si uno compara la situación actual con la de años atrás, antes de la Ley de Psicotrópicos, realmente hay un mundo de diferencia. Hemos avanzado bastante en el conocimiento de los riesgos que enfrenta el sistema financiero ante esta posibilidad del lavado de dinero, pero la actuación no solo está condicionada por nuestro marco jurídico, sino también por la capacidad propia de las entidades financieras, incluida la Superintendencia, para controlar y detectar. De hecho, parte del informe de la DEA es muy claro en que tenemos limitaciones legales. Mientras no se cambie la ley, el Ministerio Público ni ninguna superintendencia está en capacidad de ir más allá de lo que legalmente se está haciendo.
¿Por qué la SUGEF no promueve proyectos para reformar la legislación y cerrar esos portillos?
-El portillo no está por el lado de la SUGEF, sino por el del Ministerio Público. En el informe se indica claramente que las transferencias electrónicas de dinero no están sujetas a nuestro control. Y eso para nosotros es una limitante. Ud. no puede indagar allí nada. El que debería promover una legislación es el Ministerio Público, ya que debería preocuparse por el delito.
Pero aunque no corresponde a la SUGEF la persecución del delito, Uds. tienen claro cuáles son los portillos.
-Sí, es más, son portillos que no son estáticos en el tiempo. Conforme avanza la tecnología en la información bancaria, se abren otros. En este momento, cada entidad financiera por más pequeña que sea, está obligada a tener una unidad de cumplimiento, con funcionarios encargados de investigar movimientos sospechosos de las cuentas, especialmente en los depósitos. Imagínese Ud. que un trabajador del mercado deposite en una cuenta, cada dos o tres meses, $10.000. Allí es cuando uno comienza a crear experiencia. Hay otros movimientos no tan simples como ese, que también estamos captándolos. Son analizados por los oficiales de cumplimiento y si ven sustento para considerarlos sospechosos, los remiten acá. En la SUGEF la investigamos más, para ver si son operaciones que se producen simultáneamente en varias entidades, y si se concluye que hay evidencia, va para el Ministerio Público. La ley solamente nos permite chequear operaciones sospechosas en efectivo, cuando sobrepasan los $10.000 o inclusive si se va fraccionando.
Es un proceso de educación, de experiencia, de cultura, y en ese sentido permanentemente hay actualizaciones por parte de la SUGEF, de los bancos y financieras en general, en conjunto con el Ministerio Público, para discutir los nuevos mecanismos de lavado de dinero. Hay una comunicación relativamente fluida.
¿Cuántos casos ha reportado la SUGEF al Ministerio Público hasta ahora?
-No le tengo esa respuesta, pero sí se reportan con cierta frecuencia. No le puedo dar un número porque no lo tengo en la mente, pero sí hay reportes frecuentes.
Y de esos que la SUGEF han presentado, ¿cuántos se han resuelto?
-Nosotros no le seguimos la pista a la decisión final del Ministerio Público, porque ya cae en un ámbito meramente penal.
¿Y están satisfechos con esta relación?
-Claro que sí. Hay algo que debe quedar claro. Nosotros somos supervisores bancarios. Nos preocupa la estabilidad y la reputación del sistema, pero no somos policías. Algunas personas nos quieren dar esa connotación.
Lo que se ha descubierto sobre el financiamiento de las campañas electorales de los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, y a raíz de lo que pasó con las casas de cambio como The Brothers de los Villalobos, o Vinir, es alarmante. En Internet se publicita al país como un lugar ideal para crear empresas de papel y a través de ellas traer y sacar capitales sin ningún control, y como un lugar ideal para evadir impuestos.
-Volvemos al tema de la legislación. La ley del sistema bancario, del mercado de valores y del Banco Central, nos capacita para supervisar a los intermediarios financieros. Estos son empresas que captan fondos para prestarlos. Se publicitan, tienen su lugar físico, son entidades constituidas. En eso la ley es clarísima. Lo que no es intermediación de fondos, no lo podemos supervisar, así de claro. En los casos de empresas como The Brothers o The Vault, sencillamente no hubo manera de comprobar que estuvieran haciendo intermediación. Sí captaban, pero no prestaban. No hubo manera alguna de que surgiera una evidencia sólida de que estuvieran canalizando fondos hacia préstamos. La legislación en Costa Rica le permite a cualquier persona o empresa captar fondos para uso propio, lo cual no es delito. Como SUGEF no podemos exigir a estas empresas que se anuncian, que suspendan el negocio. No podemos. Hay que demostrarles que están haciendo intermediación. Y luego elevar una denuncia para que un juzgado nos dé la autorización de allanamiento e inspección. Pero sin pruebas no podemos hacerlo. Es un círculo vicioso.
En el caso de Vinir, no fue ésta la que cambió los cheques políticos, fue una Vinir Corporation, asentada en una isla del Caribe, creo que Las Islas Vírgenes.
Pero lo que esto demuestra es lo fácil que es crear casas de cambio, bancos, triangular dinero.
-Para que una entidad financiera sea casa de cambio o banco, tiene que salir de aquí la autorización. Esas son empresas que se inscriben en el registro y nada más.
Veamos el caso de la campaña del PUSC. Se crea una compañía en el papel, en Panamá, Bayamo, y allí se deposita el dinero del PUSC, Bayamo deposita ese dinero en algunos bancos nacionales. Entonces, ¿no hay posibilidad real de controlar estos flujos dinero?
-Ud. tiene que poner en la balanza también cuestiones legales. La verdad uno tiene que separar muy bien cuál es el motivo de la operación de la cuenta para ver si hay un financiamiento irregular no reportado, porque ese fue el problema.
Pero también determinar si mediante esta triangulación se encubrió el hecho de que el dinero fue provisto por extranjeros, cosa que es ilegal.
-Ese ya no es un problema de la SUGEF, porque nosotros no controlamos los fondos de la campaña política. Fue un problema de que se incumplió la normativa del Tribunal Supremo de Elecciones de reportar los fondos de campaña. El partido es el que debió reportar los fondos. Ahora, lo que nosotros hemos hecho es que, puesto que ya la Sala Constitucional dijo que las cuentas son de interés público, entonces ponemos a disposición los movimientos. Como SUGEF no podemos llamar a alguien y decir que están trasladando fondos al partido X, que pongan el ojo. Se nos cae el esquema legal. Si Ud. tiene el incentivo, el interés y la motivación para no reportar, por más ley que haya, no lo va a hacer.
Prácticamente todas sus respuestas remiten a que la legislación permite estos movimientos. En los 90, se modificó la Ley Orgánica del Banco Central para autorizar el libre flujo de dólares y luego se permitió a los bancos privados manejar cuentas corrientes. En la Asamblea hay otro proyecto para modificar la legislación bancaria que apunta a una mayor apertura de este mercado.
– Sí. Las reformas que se plantean ahora básicamente buscan replantear el sistema financiero para hacer que los bancos estatales y los privados compitan en igualdad de condiciones, sin que se favorezca a unos y se desfavorezca a otros. No estamos tocando la posibilidad de restringir las operaciones de los bancos estatales o de permitirles otras a los bancos privados. No se habla de ponerles controles porque, la verdad, eso no está en el tema.
Es decir, que se busca una mayor apertura y privatización, digamos, del mercado financiero.
-Sí, eventualmente. No digamos privatización, que es una palabra tan polémica y tan mal utilizada, porque los bancos estatales no se están privatizando. Buena parte de la reforma incluso es ver cómo se le sueltan ciertas amarras a los estatales.
Cuando lo entrevisté el año pasado, Ud. dijo que los bancos privados casi no pagaban impuesto sobre la renta. ¿Ha mejorado esto?
-Los bancos siempre han pagado impuestos, lo que pasa es que nuestros manuales de cuentas hasta hace poco no reflejaban ese pago, porque no nos interesaba. Pero esto ya se abrió, ya se ven las contribuciones que ellos hacen al Fisco, pues quedan explícitas. Los balances y estados auditados están abiertos para que cualquiera pueda revisarlos. Pero no es por control, es básicamente transparencia de la información. Antes no era tan transparente. Esa información estaba muy agregada.
La Comisión de Reforma Fiscal de la Asamblea Legislativa discute la posibilidad de eliminar el secreto bancario en Costa Rica, que también es mencionado en el informe de la DEA como un elemento que hace atractivo el lavado de dinero. ¿Qué opina de esto?
-No me gusta la idea. Y es sobre todo una posición ideológica nuestra, porque es la privacidad de la gente. Si hubiera algún problema de corrupción serio con alguna persona, el juzgado tiene la potestad de ordenar la apertura de esa cuenta para investigarla. Pero imagínese que en este momento operan en el país una buena cantidad de empresas que saben todo absolutamente de uno. Imagínese si se elimina el secreto bancario. Le van a controlar fácilmente los movimientos de sus cuentas. Es una ideología muy personal, no me gustaría abrir el secreto bancario. Lo que debería haber es una mayor coordinación con las centrales de inteligencia de otros países.
Quiero leerle un párrafo que es un ejemplo de cómo se propagandiza al país en Internet. El banco Lloyds Funds International dice: «Costa Rica, la Suiza de las Américas, siempre ha creado condiciones tributarias favorables para las operaciones «off shore», pero su fama como tal solo ha crecido en los últimos años. Por ley, los bancos deben mantener absoluto secreto respecto de las operaciones de sus clientes. La información sobre las operaciones bancarias normales no es pasada a ninguna agencia gubernamental, incluida la Oficina de Tributación Directa. Un ángulo interesante del secreto financiero es el uso de corporaciones costarricenses «off shore». Como las cuentas bancarias, estas corporaciones pueden ser comenzadas por cualquiera.» ¿No le asusta esto? Es como si la SUGEF solo controlara una ínfima parte del sector financiero.
-Honestamente yo no le veo la potestad a la SUGEF para controlar los movimientos bancarios. Realmente yo estoy en contra de la intervención del Estado en la vida privada. La legislación lo que le da, en este caso al individuo, es protección frente a la información que se puede utilizar en su contra. Es aquel criterio de que nadie es culpable hasta que se compruebe lo contrario. Para comprobarlo, hay que tener muestras. Ahora, si viene una agencia del exterior y nos dice que quiere ver las cuentas de alguien porque son personas reportadas como terroristas o lavadores de dinero, esos son otros cien pesos. Pero internamente, la posibilidad de que el Estado, Tributación o cualquier agencia del Gobierno tenga acceso a toda la información del sistema bancario para propósitos policíacos, eso raya con la libertad. Para los que nos gusta más la libertad, eso es sencillamente repugnante. Allí es donde entra el derecho a la privacidad. ¿Cuál es el país con el mayor secreto bancario? Suiza. ¿Y quién le pone el dedo a Suiza?
¿Qué se ha avanzado en cuanto al control de la banca «off shore» costarricense? Hace un año Ud. me dijo que se debían trasladar a Panamá, porque con ese país existe un convenio de supervisión.
-Bueno, nosotros las supervisamos. Se están trasladando. La plaza de Monserrat ha sido desautorizada para bancos costarricenses. Los bancos que están allí tienen un período de un año o un año y medio, no recuerdo, para trasladarse a Panamá o a otra plaza autorizada, como Bahamas.
Eso me dijo Ud. en la entrevista anterior, pero ya pasó el plazo.
-No, no. Eso depende de cuándo es que comienza a regir la medida. De hecho, la decisión de excluir a Monserrat como plaza idónea para los bancos de Costa Rica, se tomó hace menos de un año. Bahamas la vamos a aceptar. Es una plaza seria. También estamos valorando a Gran Caimán. Pero lo que sí es cierto es que al menos en Panamá ya hemos hecho visitas de supervisión, visitamos allá oficinas bancarias de bancos costarricenses. En alguna medida los bancos que tienen «off shore» han estado colaborando con información. No hemos tenido todavía ningún contratiempo con la supervisión. Es un trabajo bastante lento.
