Intereses de banqueros frenan banca de desarrollo

La reforma a la ley de banca de desarrollo pretende canalizar ¢260 000 millones en créditos a pequeños agricultores. (Foto: archivo)La discusión  en

La reforma a la ley de banca de desarrollo pretende canalizar ¢260 000 millones en créditos a pequeños agricultores. (Foto: archivo)

La discusión  en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley que procura una reforma a la Ley del Sistema de Banca de Desarrollo se empantanó por el impacto de  las medidas en grupos bancarios, en medio de un fuego cruzado de reclamos entre el diputado independiente Luis Fishman, el libertario Danilo Cubero  y miembros de la bancada del Partido Acción Ciudadana.

Mientras tanto, grupos de productores  claman por mayor acceso a créditos y sistemas no financieros que fortalezcan a los pequeños y medianos proyectos agrícolas y empresariales.

El libertario Danilo Cubero se ufana de “ser uno de los que más mociones ha metido” al proyecto en discusión, mientras que Fishman asegura que “todavía queda un listado de veinte o treinta artículos del texto por revisar”.

Sin embargo, diputados del PAC como Jeannette Ruiz o Gustavo Arias aseguran que “detrás” de este estancamiento hay intereses, particularmente de Fishman,  para favorecer a “grandes grupos de poder económico” que usan la banca domiciliada en el exterior o “banca de maletín” o  bien se sirven de ella, para obtener o dar créditos en Costa Rica,  con beneficios que no logran si realizan la transacción en entidades registradas en el territorio nacional.

“Yo sé que dicen que quiero favorecer al BCT o al Bicsa, pero  esas son las voces del odio; si solo fuera eso lo podría hacer y tendría derecho, pero me vale. Aquí de lo que se trata es de otra cosa, este proyecto tiene 30-40 temas más importantes que el impuesto a Bicsa o BCT que no representa nada en los ¢300 mil millones de colones que están sin ser utilizados,  por incapacidad del sistema para que esos recursos lleguen con rapidez a los costarricenses”, espetó el diputado Luis Fishman.

“Sí estoy protegiendo a BCT, pero también estoy protegiendo a BICSA,  a los agricultores, a los pequeños industriales de Costa Rica,  y esta lucha la voy a dar porque me parece una injusticia lo que están haciendo, no sé con qué finalidad”, dijo Fishman el 18 de marzo en el programa Nuestra Voz, de Radio Monumental, en donde sostuvo que se estaba creando un impuesto para sacar del mercado a los bancos de capital costarricense.

Tanto Bicsa como BCT son de capital nacional y están domiciliados en el país, pero cuentan con bancos “hermanos” en Panamá que, al regirse por reglas foráneas, pueden, según analistas,  llegar al país a ejercer “banca de maletín, según explicó el legislador Arias.

DISPUTA

Por un lado, Fishman asegura estar de acuerdo con imponer una carga tributaria a las bancas de maletín, pero a su vez considera una “barbaridad”  que entidades como Bicsa o BCT tengan que pagar el tributo.

“Las leyes no pueden favorecer ni perjudicar a alguien, deben haber las mismas reglas del juego para todos, pero lo que quieren es “joder” a estos bancos, agregó Fishman.

El diputado Arias, considera que Fishman “está desviando la atención hacia el tema del peaje bancario.

“Ellos (BCT) y Bicsa, serían los únicos domiciliados en Panamá y regulados con leyes panameñas, los que podrían hacer banca de maletín aquí”, señaló.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del representante del BCT, Leonel Baruch, pero no contestó el correo electrónico enviado ni devolvió el mensaje telefónico dejado con su asistente.

Danilo Cubero, por su parte, defendió el legajo de mociones presentadas a la iniciativa, aduciendo intereses especiales para fortalecer el papel de las cooperativas autogestionarias, beneficiarias de la iniciativa.

Sobre el tema de la banca de maletín, Cubero  manifestó avalar un sistema que “no tenga favorecimientos”.

“No puedo hacer diferenciaciones odiosas en un artículo.  El impuesto a los bancos, o banca de maletín, yo estoy de acuerdo en que hay que regularlo. Pero tratar de caerles encima a algunas instituciones bancarias como Bicsa o BCT me parece que no se debe hacer”, señaló.

El proyecto  implica una reforma  a la Ley de Creación del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD) del 2008.   Según sus defensores, pretende, entre otras cosas, “operativizar” la ejecución de unos ¢260 mil millones que todavía no se han podido  canalizar a los beneficiarios  por “trabas” en el sistema.

El SBD se financia con tres fondos cuyos  recursos únicamente pueden ser usados a través de la banca  para dar créditos a grupos de emprendedores, medianas, pequeñas y microempresas, así como a otros mecanismos asociativos como cooperativas autogestionarias.

Esos recursos provienen del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade),  que obtiene recursos de varios otros fideicomisos o leyes específicas; del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide)  −que capta el 5 por ciento de las utilidades de los bancos públicos−, y del Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD), el cual equivale a un aporte del 17 por ciento de las captaciones totales de los bancos privados −dinero que es recibido por los bancos estatales administradores del fondo para colocarlos en proyectos de banca de desarrollo−, conocido como “peaje bancario”.

Dado que la presente legislatura se termina el 30 de abril, los diputados han conciliado apurar la discusión del proyecto en sesiones extraordinarias, algo que ha transcurrido con dificultad, por la falta de “quórum”.

IMPUESTO DE LA DISCORDIA

Una modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta consignada en el  artículo 60 del proyecto busca generar un impuesto gradual de hasta el 15 por ciento “a los bancos sin domicilio en el país.

La “banca de maletín” se entiende por aquellos bancos domiciliados en el extranjero,  que envían a un ejecutivo a dar créditos a grandes empresas en Costa Rica, exonerados −según potestad del Banco Central− del impuesto a las remesas, encaje mínimo legal, retención de un porcentaje de sus utilidades con fines específicos y otras cargas, como lo tiene que hacer, la banca privada radicada  en el país.

Actualmente, unos 300 bancos “o banca de maletín”, se encuentran acreditados por el Banco Central para operar en nuestro territorio.

La legisladora Jeannette Ruiz criticó a los detractores del proyecto argumentando que “o no se lo han leído o tienen grandes intereses, por lo que no quieren que el proyecto se mueva”.

“Los grandes intereses de grupos de poder muy importantes hoy acuden a la banca de maletín para financiar sus proyectos, donde tienen tasas diferenciadas mucho menores que las tasas que pueden otorgar los bancos nacionales porque no tienen que pagar impuestos, costos administrativos”, afirmó.

“Los costarricenses debemos presionar para que esta herramienta de competitividad que el país tanto necesita sea aprobada”, dijo Ruiz.

La diputada considera que “se ha tratado de desviar la atención para distraer el punto focal por el cual no se quiere aprobar esta iniciativa.

“Aquí todo el problema radica en el impuesto a la banca de maletín. Ellos (Fishman y Cubero) le van a salir con que le estamos bajando las sanciones, no es cierto. Lo que queremos es que la ley sea operativa, estamos arreglando muchos de los problemas que tiene,  este impuesto representa recursos adicionales al Finade −de unos ¢15 mil millones− que irían a la banca de maletín, manifestó por su parte el diputado Gustavo Arias.


Un sistema de banca que entienda a los agricultores

Guido Vargas, dirigente de la Unión de Pequeños Agricultores (UpaNacional),  afirmó que el Sistema de Banca de Desarrollo que rige con la ley actual “no cumple el espíritu de fortalecer al pequeño y mediano productor.

“Hemos planteado el fortalecimiento del SBD por una necesidad,  Costa Rica desde hace muchos años no tiene banca de desarrollo aunque los bancos digan que sí. Hay dinero, pero no hay acceso al crédito como teníamos hace muchos años a través de las juntas de crédito rural”, afirmó.

“Creemos importante y fundamental primero,  un sistema de banco que nos entienda, que tenga fondos con aval estatal y regionalización, que llegue el crédito a la ruralidad más alejada; Costa Rica  ha expuesto a los agricultores y agricultoras bajo una condición sumamente difícil, nos piden competitividad,  pero no tenemos crédito para atender nuestras fincas y  cultivos”, concluyó Vargas.


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