Intereses y nexos políticos resurgen en tierras costeras de Guanacaste

Empresarios dueños de tierras en el Polo Turístico Papagayo y concesionarios para la explotación de tierras en playa Zapotillal, ambas en Guanacaste, se relacionan

Empresarios dueños de tierras en el Polo Turístico Papagayo y concesionarios para la explotación de tierras en playa Zapotillal, ambas en Guanacaste, se relacionan con figuras políticas costarricenses, lo que ha llevado a un tráfico de influencias, denunciaron los diputados José María Villalta, del Frente Amplio, y Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Los legisladores dieron a conocer la semana pasada -por aparte- dos investigaciones que revelaron los nexos políticos de personas encargadas de megaproyectos turísticos en esa provincia.

Familiares y miembros del gabinete de los expresidentes Óscar Arias y Abel Pacheco -respectivamente-  se mencionan como algunos concesionarios en Papagayo, mientras que en Zapotillal se criticó la participación del hermano del alcalde de Santa Cruz y de la hidrogeóloga Sandra Arredondo, regenta y asesora en varios polémicos proyectos.

Además, en Papagayo se cuestiona los bajos impuestos que pagan los propietarios de  tierras donde se han construido hoteles de lujo, y en Zapotillal se intenta detener la destrucción de bosques y desviación de ríos para erigir infraestructura de este tipo.

VALOR DE LAS TIERRAS

El congresista José María Villalta denunció que el decreto ejecutivo 35962-MP-TUR (Reforma al Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo) beneficia a las grandes empresas turísticas, ya que les cobran impuestos de $1 (cerca de ¢508) por metro cuadrado.

Dicha disposición fue promulgada en abril del 2010 por el exmandatario Óscar Arias, y dispuso que ya no sería el Ministerio de Hacienda el ente encargado de recolectar impuestos entre las personas beneficiarias de las concesiones en esa Zona Marítimo-Terrestre, sino el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Según la investigación realizada por el diputado con el apoyo del Centro de Investigación Legislativa de la Asamblea Legislativa, estas tarifas hacen que las municipalidades de Liberia y Carrillo no perciban más de ¢602 millones al año.

Una de las empresas beneficiadas con este canon es Ecodesarrollo Papagayo, el concesionario de mayor tamaño del mencionado Polo. Entre sus accionistas se encuentra Ramón Antonio Mendiola Sánchez, sobrino del expresidente Arias.

Asimismo, en la empresa Inversiones Monte del Barco destacan como presidente de la junta directiva Javier Chaves, exministro de  Obras Públicas y Transportes en la administración de Abel Pacheco, y como tesorero Félix Delgado, gerente del Banco Central y exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad, quien renunció a este último puesto al revelarse que era dueño de 85 acciones de las compañía Consejeros Económicos y Financieros S.A. (CEFSA), lo que pudo configurar un conflicto de intereses.

Otro de los nombres es el de Rubén Pacheco, actual vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles y exministro de Turismo, y presidente de Industria Turística Wafou S.A.

“El ICT no tiene ninguna capacidad ni experiencia para hacer esto (cobrar los impuestos); además no le toca; es una entidad donde los mismos hoteleros son juez y parte. El decreto les quita a las municipalidades la posibilidad de cobrar como se debe”, afirmó Villalta.

Manifestó que impugnarán esta medida, ya que nunca se les consultó a los gobiernos locales de Carrillo y Liberia si estaban de acuerdo, además de que no hubo debate con las comunidades ni se les pidió su criterio.

“Es un privilegio odioso y escandaloso para algunas de las empresas más poderosas y ricas de este país que ocupan tierras públicas, que no corresponde para nada con la política tributaria que están aplicando el gobierno central y el resto de las municipalidades a la ciudadanía”, criticó el diputado.

Asimismo, aseveró que este impuesto es otra muestra del llamado modelo de desarrollo de las zonas costeras, donde se le dan las tierras a un grupo de inversionistas privados, pero que no genera empleo para la población local, ni son bien pagados, y provocan daños ambientales, aunado a que los municipios dejan de percibir beneficios. “Es el proceso de expoliación que sufre Guanacaste”, censuró.

VÍNCULOS

La denuncia del diputado del PAC, Claudio Monge, tiene relación con el daño ambiental en las playas Zapotillal y Nombre de Jesús, por la construcción del megaproyecto Mar Serena.

El representante recordó que años atrás Álvaro Martín, hermano de la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Viviana Martín, obtuvo once concesiones haciendo uso de sociedades mercantiles distintas, para desarrollar proyectos turísticos. Él fue directivo del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) del ICT.

Igualmente, Héctor Chavarría, hermano del recién reelecto alcalde de Santa Cruz, Jorge  Chavarría (por el PLN), fue quien elaboró el plan regulador para ese proyecto, contratado por Álvaro Martín.

Monge también denunció las presiones que el exministro de competitividad Jorge Woodbrigde y la exdirectora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA),  Sonia Espinoza, ejercieron sobre algunos de sus empleados para agilizar los trámites y otorgar los permisos respectivos. Citó como ejemplo el caso de la funcionaria de la SETENA, Adelaida Acevedo, que fue presionada por Espinoza para que estudiara y aprobara el proyecto rápidamente, al punto de que elevó una carta para que la reubicaran de puesto.

La última involucrada es la hidrogeóloga Sandra Arredondo, quien fue regente ambiental del proyecto minero Crucitas y asesora en la construcción de la carretera a Caldera y del acueducto Sardinal.

“El caso demuestra a todas luces que hay una red política que está convirtiendo esto en un estilo de administración e imponiendo un estilo de desarrollo en Guanacaste”, resaltó.

El área en cuestión abarca casi 300 hectáreas, de las cuales 22 se encuentran en zona marítimo terrestre. Esta contiene un acuífero costero y bosque primario y secundario seco y manglares, además, es sitio de desove de la tortuga verde.

Monge calificó la destrucción de los recursos naturales como un “ecocidio”, por la desviación de quebradas y ríos, y la tala de aproximadamente 1000 árboles.

Añadió la ausencia de estudios, la falta de datos hidrogeológicos y que aún así se dieron los permisos para arrancar, aprovechando los vacíos legales existentes.

“Se ha cambiado el uso del suelo más allá de lo legal o ilegal; lo cierto es que se destruye un bosque importante, pasando por encima de la legislación y ejerciendo influencia”, advirtió el congresista.


Los accionistas en Papagayo

El diputado del Frente Amplio José María Villalta, facilitó a UNIVERSIDAD datos sobre algunos integrantes de juntas directivas de empresas concesionarias en Papagayo, que se ven beneficiadas por el decreto que grava estas tierras con $1 por metro cuadrado.

Ecodesarrollo Papagayo S.A: Ramón Antonio Mendiola Sánchez, vicepresidente. Sobrino del exmandatario Óscar Arias.

Inversiones Monte del Barco S.A: Javier Chaves, presidente. Exministro de  Obras Públicas y Transportes en la administración de Abel Pacheco.

Félix Delgado, tesorero. Gerente del Banco Central y exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad.

Industria Turística Wafou S.A: Rubén Pacheco, presidente. Exministro de Turismo, vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles.

 


Aseguran que diputada no gestionó concesiones

El despacho de la diputada y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional Viviana Martín, remitió a UNIVERSIDAD documentos que señalan que nunca gestionó ninguna concesión a la municipalidad de Santa Cruz o al ICT, y que desde 1997 no aparece como accionista en ninguna de las sociedades relacionadas con este proceso.


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