Académicos concuerdan en que los medios de comunicación tradicionales y sectores de derecha exacerbaron las opiniones en contra de la Universidad.

Las reacciones en contra de la Universidad de Costa Rica (UCR), luego de la intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 12 de abril en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, son en parte impulsadas por sectores de poder que pretenden desprestigiarla por sus posiciones críticas y contundentes hacia temas de interés social, coincidieron varios especialistas.

Las posiciones en contra de la autonomía de la UCR llevaron incluso a calificar al alumnado como “delincuente”, al criminalizar la protesta social.

El OIJ y la Fiscalía General insistieron en que pueden ingresar a la UCR sin previa coordinación con las autoridades universitarias y cuando lo crean pertinente, pues esta no es una nación aparte.
En tanto, la rectora Yamileth González García aseveró que existen voces en contra de la institución que siempre aguardan el momento para atacar, y aprovecharon esta circunstancia (Ver cuadro aparte: “La UCR no es incondicional de nadie”).

CONTRAPESO

El psicólogo e investigador Marco Fournier explicó que en la segunda administración de Óscar Arias, se dio una concentración de poder que llevó a la Universidad a emitir criterios sobre distintas temáticas, muchas veces en contra de lo que el Gobierno promovía.
“La intervención del OIJ se da en momentos en que la UCR se constituye como el principal contrapeso de la política centralizadora y amenazante de determinada clase gobernante”.
Comentó que los principales medios de comunicación se mostraron parcializados y tomaron partido, lo que afectó la opinión de la ciudadanía.
Por ende, se aumenta el autoritarismo, por lo que se debe comprender que la posición de la UCR no es un capricho, pues el arte y la ciencia deben crecer libres.
Montserrat Sagot, socióloga, mencionó que desde la lucha en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) hay grupos poderosos disconformes con las posiciones claras del centro de educación superior y esas discordancias surgieron por la incursión del OIJ.
Además, su posición sobre Crucitas, Sardinal, las piñeras y la concesión de muelles son circunstancias que la enfrentan con esos grupos.
Esto se da en medio de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), donde no hubo acuerdo con la pasada administración. Las opiniones en contra, prosiguió Sagot, tratan de que la UCR no sea meritoria de ese presupuesto.
“La Universidad no es solo un adversario muy poderoso en términos ideológicos, sino también que muchas personas creen que no se merece los fondos públicos, al pensar que el estudiantado y profesorado son ‘vagos’ y que fomentan la violencia”.
Las expresiones de odio surgidas en redes sociales y blogs también muestran resentimiento de quienes no le perdonan que sea una de las mejores 500 universidades del mundo, aseguró.
Grupos en la red virtual Facebook como “Los chancletudos no me representan, yo si voy a la UCR a sacar una carrera”, “Yo también odio a los chancletudos de las universidades”, “Prefiero ser llamado PIPI de universidad privada que CHANCLETUDO de la ucr” (sic), y calificativos como “República Bolivariana de la UCR” calaron en parte de la comunidad inmersa en estas plataformas.

MODELO DE INSTITUCIONALIDAD

Ignacio Dobles, docente de la Escuela de Psicología de la UCR, afirmó que la campaña en contra de la universidad se ha acentuado, buscando aislarla y desacreditarla.
“Se le cobra la posibilidad de pronunciarse y estar contracorriente. En el país hay sectores de poder recalcitrantes que tratan de perjudicarla”. Estos, continuó, pertenecen a una extrema derecha autoritaria e intolerante.
Los mecanismos se basan en estereotipos como que es un nido de terroristas y mal adaptados y toman hechos aislados y se desenfocan, como los incidentes acontecidos en Limón durante las marchas del 29 de abril. 
“Hay crispaciones, la gente está más enojada y opera una lógica de chivo expiatorio”.
Opinó que si la llegada de los policías al campus no fue montada, se aprovechó muy bien, y el efecto fue el mismo. “Es un intento de minarla y quitarle peso social. Debe seguir siendo consistente y no dar concesiones”, concluyó.
El comunicador Carlos Sandoval criticó el modo en que los medios tradicionales dieron cuenta de la intervención del OIJ, que le otorga una característica criminalizante a la protesta social, colocando la noticia en la sección de sucesos y exponiendo una visión que asocia la autonomía con “alcahuetería”.
“Esto se debe a un conjunto de cambios institucionales en el país. La condición de autonomía comienza a ser vista con suspicacia porque la UCR sería una de las pocas entidades sin alinearse a este modelo de institucionalidad”.
Sandoval está de acuerdo con que la situación puede afectar las negociaciones del FEES, puesto que se promueve la idea de que no merece dinero de fondos públicos por no aceptar la intervención policial.
Respecto de las críticas de personas que forman parte del mismo centro de estudios, mencionó que debería ser objeto de mayor reflexión. “Da la impresión que cada vez que el estudiantado se pronuncia, tiene poco peso y no genera identificación, y que las iniciativas del movimiento social no calan”.
Exhortó a que se siga incentivando la idea de que el debate, disenso y discrepancia son saludables para cualquier sociedad democrática.

Yamileth González: “La UCR no es incondicional de nadie”

La rectora de la UCR, Yamileth González, señaló que a pesar de los sucesos acontecidos debido a la intervención del OIJ y las críticas posteriores, la institución es una voz crítica y analítica que no es incondicional de nadie.
Aseguró que la universidad no siempre quiere ser escuchada, y que los grupos en contra siempre han estado ahí y aprovechan estos casos para atacar.
No obstante, comentó que este tipo de sucesos son cíclicos y ya se han dado desde décadas atrás, tratando de perjudicar a los sectores sociales. “Antes se les llamaba comunistas, ahora hasta delincuentes”. 
Añadió que las críticas son “un proyecto para desprestigiarla, la UCR dice lo que tiene que decir y no siempre coincidimos, pero ningún gobierno puede emprender una propuesta de desarrollo si no cuenta con el apoyo de las universidades públicas”.
Sobre FEES, subrayó que el tiempo dirá cómo será la dinámica de negociación.

Fiscalía General: Autonomía no exime a universidades de leyes

El Consejo Fiscal emitió un informe el 27 de abril en el que recomienda que el Ministerio Público y la policía deben investigar cualquier delito cometido en todo el territorio nacional; incluidas las universidades estatales, las cuales no están exentas de las leyes procesales penales.
“Cuando sea posible y no se afecte la investigación, el Ministerio Público y la policía comunicarán previamente a las autoridades universitarias, de las diligencias y operativos que deban realizar en el campus. En casos urgentes bastará la identificación de la autoridad actuante”, señala el documento.
También indica que la autonomía universitaria abarca la independencia administrativa, docente y económica, “para evitar que el Poder Ejecutivo o Legislativo pretendan presionar, limitar o condicionar la formación profesional del país, el desarrollo de las ideas, la libertad de pensamiento político, el progreso artístico y cultural, y la investigación científica y social. A eso se refiere el texto del artículo 84 de la Constitución Política”.
Añadió que “pretender que la universidad constituye un territorio donde no rigen las citadas leyes, tendría como efecto crear un espacio de impunidad en perjuicio de los derechos de las víctimas de delitos”.