Inversionistas extranjeros demandan al país en instancia del Banco Mundial

La empresa canadiense Industrias Infinito advirtió que demandará al país ante el CIADI, por una suma de hasta $1.092 millones. (Foto: archivo)Debido a

La empresa canadiense Industrias Infinito advirtió que demandará al país ante el CIADI, por una suma de hasta $1.092 millones. (Foto: archivo)

Debido a varias demandas que han interpuesto inversionistas extranjeros ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),  la defensa en este tribunal arbitral −que es cobijado por el Banco Mundial− podría representarle a Costa Rica un gasto cercano a los ¢800 millones ($ 1.5 millones).

El país actualmente ocupa la silla de acusado, por las demandas interpuestas por la empresa de capital español, Riteve SyC, las sociedades distribuidoras de gas Cervin Investissements S.A y Ródano Investissements S.A; y la posible querella de la firma de origen canadiense, Industrias Infinito S.A, que reclamaría hasta $1092 millones.

Pese a que Costa Rica firmó desde 1981 el tratado de adhesión al CIADI, para 1992 no había ratificado dicho acuerdo. En esa fecha, el exsenador del Partido Republicano de Estados Unidos, Jesse Helms –tildado como portavoz de la ultraderecha norteamericana− fustigó al país por la no adhesión del acuerdo e instó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a suspender cualquier cooperación económica.

En 1993, el país firmó la adhesión al CIADI, y dos años más tarde empresarios estadounidenses elevaron ante dicha instancia del Banco Mundial, una queja por la expropiación de tierras dentro del Parque Nacional Santa Rosa.

“Estos empresarios tuvieron los canales para llegar al gobierno norteamericano, para que nos presionara y así ratificáramos dicha convención”, apuntó el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) Nicolás Boeglin.

Al preguntar al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) por las presiones a las que se sometió al país para ratificar el convenio de adhesión al CIADI, su vocería de prensa escuetamente respondió: “La experiencia que ha tenido Costa Rica con el CIADI es positiva,  pues ha demostrado ser una entidad efectiva en la administración de las disputas que han surgido”.

TENDIENTE A INVERSIONISTAS

Cabe recordar que la compañía que hizo el reclamo en 1995, Desarrollos de Santa Elena S.A, pretendía construir un desarrollo turístico en la propiedad; estaba conformada por Joseph Hamilton, un fabricante textil de Carolina del Norte, cercano al exsenador Helms; sus socios eran el petrolero Edward Carey, hermano del exgobernador de Nueva York, Hugh Carey, y George Livanos, un empresario suizo.

El CIADI resolvió en el año 2000 a favor de las pretensiones de los norteamericanos e impuso al Estado costarricense una indemnización de más de $16 millones por una propiedad adquirida en 1978 a un valor de $400.000.

Es por esto que el profesor universitario Boeglin considera que esos órganos arbitrales tienen una línea muy clara, de darles cierto recibo a las pretensiones de los inversionistas”.

Según sus cuentas, de más de 230 resoluciones, solo 3 han sido en favor de los países, y el resto en beneficio de los inversionistas.

En donde los datos suministrados por el COMEX son contrarios a la afirmación de Boeglin, es en las estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), las cuales revelan que de los 244 casos concluidos a finales del 2012, 42 % se decidieron a favor de los Estados, 31 % a favor de los inversionistas, y el 27 % restante se solucionaron por arreglo entre las partes.

Para el profesor de derecho ambiental de la UCR Jorge Cabrera, si bien el CIADI tiene sede física dentro del Banco Mundial, no podría considerarse un “instrumento jurídico” de la entidad financiera y no se puede concluir plenamente, que sus resoluciones tiendan a favorecer a inversionistas.

“El Banco Mundial puede nombrar un árbitro en el proceso, aunque no es una norma  que los árbitros seleccionados sean más pro empresariales. No es una práctica como tal; es más una impresión”, estima Cabrera.

Las críticas sobre la parcialidad de las resoluciones del CIADI han provocado que países como República Dominicana, Cuba, Canadá, Brasil y México se mantengan al margen del organismo de resolución de conflictos. Asimismo, Ecuador y Bolivia ya se retiraron formalmente del convenio, mientras que Venezuela presentó su solicitud el año anterior y  también se le podría sumar Argentina. La propuesta de los países suramericanos es la conformación de un tribunal dentro de las potestades de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

PROCESOS PENDIENTES

Respecto a la empresa de capital español Riteve SyC, esta inició un proceso de demanda contra el Estado, al alegar  un supuesto incumplimiento en una de las cláusulas del contrato sobre el reajuste tarifario periódico por la revisión técnica de vehículos; según dicha sociedad,  desde el 2004 no se aprueba un incremento.

Es por ello que los socios españoles de la empresa acudieron al CIADI, donde solicitan una indemnización cercana a los $300 millones. En febrero pasado el país presentó sus descargos en contra de la denuncia.

También se presentó este año una denuncia por parte de las empresas distribuidoras de gas, Cervin Investissements S.A y Ródano Investissements S.A. y el proceso está a la espera de la conformación del tribunal.

A dichas causas habría que sumarles la amenaza realizada por la casa matriz de la transnacional canadiense Industrias Infinito S.A., que solicita el pago de $1092 millones,  como indemnización porque se le anularon los permisos de explotación de una mina ubicada en Cutris de San Carlos.

El  COMEX deberá destinar hasta $1.500.000 para los gastos en la defensa de cada uno de estos procesos en las instancias internacionales, ya que deberá contratar un bufete asentado en Estados Unidos para que lo represente.

 


 

Costa Rica en la silla de los acusados

En al menos cuatro ocasiones, al país le ha tocado ocupar la silla del demandado, desde la ratificación del acuerdo de creación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en 1995.

En el primero de los casos se condenó al país, luego de que se realizó una expropiación de una finca como parte de la creación del Parque Nacional Santa Rosa. Los inversionistas norteamericanos dueños de la propiedad reclamaban más de $40 millones, mientras que el Estado ofrecía cerca de $2 millones. En el 2000, el CIADI dictó su laudo, condenando al país al pago de más $16 millones.

El profesor de derecho ambiental de la UCR Jorge Cabrera fungió como testigo a favor del país durante esta causa. A su parecer, esta primera experiencia para el país en procesos de esta índole fue positiva, si se toman en cuenta las pretensiones económicas iniciales de la empresa estadounidense.

En el 2010, 137 inversionistas canadienses reclamaron ante el CIADI porque el Estado no había supervisado adecuadamente sus inversiones en manos de una entidad nacional, denominada Villalobos Borthers Money Exchange; en este caso el órgano de arbitraje internacional se declaró incompetente.

Para el mismo año, dos empresas canadienses productoras de cítricos, Quadrant Pacific Growth LP y Canaso Holdings Inc., demandaron al país y alegaron que sus fincas habían sido invadidas;  el Gobierno adujo escasos recursos para garantizar la protección de las propiedades privadas. Los demandantes no pagaron el adelanto solicitado por el CIADI, por lo que el organismo descontinuó la causa y exigió el pago de $730.000 a las empresas.

El año anterior, el mencionado tribunal dictó un laudo en contra del país y lo condenó al pago de $ 4 millones en favor del matrimonio alemán conformado por Marion y Reinhard Unglaube, quienes poseían una propiedad en playa Grande, Guanacaste, en la cual pretendían desarrollar un proyecto de condominios de turismo ecológico, que fue paralizado debido a restricciones con el uso de suelos y otras limitaciones en materia ambiental, implementadas años después de que la pareja adquirió la propiedad.


 

 

 

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