Mientras el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) investiga dos posibles irregularidades en que habrían incurrido bancos y otros intermediarios que administran fondos de inversión y de pensiones voluntarias, durante la caída de precios en los títulos valores ocurrida durante abril y mayo pasados, el diputado Rodrigo Alberto Carazo estudia la posibilidad de presentar un proyecto de ley para ampliar las garantías de los ahorrantes.
Ahmed Tabash, vocero de la Defensoría de los Habitantes, confirmó a UNIVERSIDAD que esta entidad recibió 20 denuncias de personas cuyos ahorros o inversiones se vieron afectadas por lo que consideran fue producto de reglas de juego desconocidas para ellas. No obstante, el periodista explicó que la Defensoría «llegó a un acuerdo con la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), para que ésta resuelva cada caso con investigaciones de oficio.»
Como reportó UNIVERSIDAD (ediciones 1573, 1575 y 1576), la caída en los precios de los bonos del Tesoro estadounidense, ante un alza en las tasas de interés que en abril y mayo se consideraba inminente -y que la Reserva Federal de ese país concretó recién la semana pasada, en 0.25%-, produjo una salida masiva de aquellos fondos, lo que a su vez incrementó la caída en los rendimientos.
A lo anterior contribuyó el hecho de que, desde agosto de 2002, mediante una directriz del CONASSIF, se sustituyó la valoración «al costo» de los títulos, por la del mercado, con lo cual se obliga a las administradoras a registrar diariamente las fluctuaciones de los rendimientos.
A pesar de que, en su momento, el gerente de la administradora de pensiones del Banco Nacional, Ernesto Hip, consideró que esta medida era «un cambio radical» para la cual «el mercado costarricense ha tenido poca madurez», el responsable de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), Adolfo Rodríguez, insistió a UNIVERSIDAD en que esta medida es beneficiosa para inversionistas y ahorrantes.«La valoración a precios de mercado es un tema de contabilidad, punto. Es obligar a los gestores a decirle a la gente cuánto vale lo que tiene en cada momento. Antes, con la valoración «al costo», se producían variaciones y la gente no se enteraba. ¿Y quién se quedaba con la diferencia? Era una manera de engañar a la gente. Por ejemplo, si en un fondo de inversión había ¢1 millón en títulos valores, y éstos caían en ¢200 mil, la gente que se retiraba del fondo primero se llevaba rendimientos como si el fondo fuera todavía de ¢1 millón, mientras que los que se van al final perdían. La valoración al costo no permite saber si los gestores hacen bien su trabajo», dijo.
También aseguró que la valoración a precios de mercado afectó los fondos de pensiones voluntarias, pero no a los de pensiones obligatorias, porque son de largo plazo.
Rodríguez añadió que, en este contexto, la investigación en curso busca determinar si ocurrieron dos tipos de irregularidades: manipulación de precios por parte de los administradores de los fondos y ventaja de la información en provecho propio.
«Hay dos fenómenos diferentes en investigación. Por una parte, hubo un ajuste de precios inevitable en todo el continente, que tal vez fue un poco lento en nuestro país por las características del mercado. En ese proceso, pudo haber gestores que manipularan los precios, pero es muy difícil probarlo, porque hubo mucho movimiento. Es fácil de probar cuando hay una resistencia clara, pero no cuando hay tanto movimiento. El otro componente de la investigación es ver si hubo gente que sacó provecho por tener mejor información, si los grupos que administran los fondos cumplieron con su obligación de anteponer los intereses de sus clientes a los suyos propios, o si sacaron lo suyo y no le avisaron a los clientes. Esto habría sido un comportamiento irregular, pues es su obligación velar primero por los intereses de sus clientes», dijo.
A la espera de los resultados del estudio, está el diputado Rodrigo Alberto Carazo, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, de la Asamblea Legislativa, quien dijo a UNIVERSIDAD no tener «ninguna noticia todavía al respecto, a pesar de que insistimos en que se trate de una investigación actual, no histórica.»
No obstante, el superintendente Rodríguez adujo que la indagación «es muy compleja» y que se realiza «sobre un período largo, durante el cual algunos bancos salieron de los fondos y luego volvieron a entrar.» (Ver nota: «No hay seguridades»)
«ES SU OBLIGACIÓN AVISAR»
Para Luis Carlos Peralta, profesor de Economía de la UCR, «era una obligación de las superintendencias estudiar este caso y avisar a los inversionistas y modificar las carteras de inversión, esto bajo el supuesto de que conocen teóricamente los mercados de valores, y tal vez este supuesto sea muy fuerte.»
Peralta argumentó que las reglas del juego cambiaron, pero que los inversionistas y ahorrantes ticos no están conscientes ni informados de los nuevos riesgos.
«Hace ocho años los títulos del gobierno, como los del Banco Central, eran de riesgo cero o cercano a cero. Sin embargo, para 2002-2004, las características de los títulos han cambiado y ahora, al ser sujetos de clasificaciones externas de riesgo, ya pueden fluctuar en el tiempo, por lo que el precio o el rendimiento ya no es seguro. Ante ello, el inversionista costarricense, con una cultura financiera muy baja, no entiende que el precio puede subir o bajar y así también su rendimiento o pérdida en un momento dado», argumentó.
«En los países desarrollados, con bolsas de valores de verdad, usted puede comprar un título a las 9:05 a.m. y venderlo a las 9:06 a.m. del mismo día, con una importante ganancia o una pérdida que surgió del mercado, pero dada su afición por el juego y por las fluctuaciones típicas que se dan cada segundo en los mercados de segunda mano, es de esperar ganar o perder mi apuesta», agregó.
El economista también dijo que las operaciones en los mercados de valores son cada vez más complejas y que someten a los ahorrantes, principalmente en el rubro de pensiones, a «abusos». También cuestionó el papel de las superintendencias.
«En el mercado surgen nuevas y distintas formas o instrumentos de inversión, cada vez mas difíciles de entender, que se ponen en práctica, a pesar de que en Costa Rica no las comprendemos. En los fondos obligatorios de pensiones, la situación es peor, ya que la misma Ley de Protección al Trabajador obliga al administrador del fondo a mantener más del 85% en títulos del Gobierno. Pero estos ya no son seguros. El mismo Superintendente debió decir esto, que las reglas habían cambiado y, por ende, se podía redireccionar hacia la compra de instrumentos más seguros, como los certificados de depósito a plazo, con rendimiento bajo pero sin mayores fluctuaciones. Los obligados a aportar al fondo no saben mañana, o dentro de 40 años, si les va a quedar algo en sus ahorros dadas las variaciones del mercado», expresó.
Agregó que «ya no se tienen títulos, ni cupones de interés, se tienen valores faciales, valores de mercado y otras mediciones que no se pueden conocer o explicar dentro de la realidad costarricense, y dan un carácter subjetivo y de riesgo por ello en este tema.»
Por su parte, Javier Cascante, responsable de la SUPEN, reconoció hace dos semanas a UNIVERSIDAD que la Ley de Protección al Trabajador establece los límites dentro de los cuales pueden invertirse las pensiones obligatorias, y que la realidad mostró que ya no existe el «riesgo cero».
«Ninguna inversión en los mercados de valores tiene riesgo «cero». Por ello, los mismos mercados han desarrollado productos financieros complejos, que permiten administrar esos riesgos y que los gestores de cartera deben conocer, analizar e incluir dentro de sus portafolios, todo dentro de una administración profesional de los riesgos inherentes a los procesos de inversión de los recursos de los afiliados», afirmó. (Ver «Siempre existió riesgo»).
No obstante, para Peralta existe abuso porque las personas son obligadas a entregar sus ahorros de pensiones a las administradoras, quienes corren unilateralmente con los riesgos.
«Es un abuso que yo, obligado por la ley a aportar un monto para que sea manejado por una operadora o administrador de fondo, que solo yo tenga las pérdidas por el manejo de inversión, y que no exista un seguro por el mal manejo. ¿Quién me protege de esto? ¿Cuál es la intervención estatal y de los superintendentes sobre este particular? Es otra de las incógnitas que debe ser resuelta en el plano legal. Pero esto no se ha hecho, ni se ha divulgado. Cualquier movimiento de carácter legal que permita modificar la legislación, sería de valioso interés y aporte para los costarricenses», expresó.
El economista también advirtió que el «crack» ocurrido en el pequeño mercado de valores local, puede volver a repetirse. Comentó sobre la emisión, hace dos semanas, de ¢23 mil millones de colones en títulos valores por el Banco Nacional.
«Esta emisión viene a ofrecer liquidez al mercado de títulos. Dada la experiencia de las fluctuaciones en los niveles de precio y rendimiento, es posible que vuelva a suceder lo mismo pero, ahora sí, el inversionista comienza a conocer el mercado. Quien juega puede ganar o perder.»
Por su parte, el diputado Carazo dijo que si bien él no presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en relación con legislación que facilita manipulaciones indebidas del mercado de valores, sí estudia la opción de presentar un proyecto de reforma a esa normativa.
«La labor que debo hacer como diputado es la de control político, la de «no quitar el dedo del renglón», como decimos acá. No puedo recurrir a la Sala IV. Haría mal si presento una acción de inconstitucionalidad, pero efectivamente, estudio la opción de reformar la ley para proteger a los ahorrantes. Sin embargo, no disuado a las personas que pueden ir por la vía más rápida, que es la Sala IV», expresó.
Adolfo Rodríguez:
«No hay seguridades»
UNIVERSIDAD preguntó al Superintendente General de Valores, Adolfo Rodríguez, sobre los avances en la investigación que se lleva a cabo ante las denuncias de 20 personas afectadas por la caída en los rendimientos de sus fondos de pensiones voluntarias, en abril y mayo pasados.
¿En qué etapa está la investigación? ¿Han logrado ya alguna conclusión o interpretación aproximada?
-Se trata de una investigación muy compleja, porque en periodos de alta volatilidad de precios es muy difícil probar que hubo manipulación. Cuando todos los precios están cayendo y hay gente que espera que caigan aún más, ¿puede decirse que alguien que vende/compra a un precio más bajo que el del día anterior está manipulando los precios? Así que nuestra investigación está tratando de contextualizar las operaciones más polémicas y evaluar los posibles beneficios que pudieron haber obtenido entidades relacionadas con los gestores de los fondos sobre un periodo más largo.
¿La Reserva Federal de EE.UU acaba de aumentar las tasas de interés. El mercado se mueve. ¿Han tomado medidas para asegurar a los ahorrantes que no ocurrirá nuevamente lo de marzo y abril?
– Ocurrieron dos cosas: i) los precios de los títulos cayeron y eso propició pérdidas en los fondos de inversión, y ii) muchos inversionistas se asustaron y salieron masivamente de los fondos. ¿Qué puede asegurársele a los ahorrantes? Se sabe que las tasas de interés empezarán a subir, y se sabe que los aumentos de las tasas de interés provocan caídas en los precios de los títulos valores, y se sabe que eso provoca pérdidas a los fondos de inversión, y se sabe que eso provoca caídas en los rendimientos. ¿Qué quiere usted que yo le asegure a los inversionistas? ¿Que no van a perder? ¿Que no van a salir corriendo como en marzo/abril? El mercado implica cambios en los precios, y la única forma de evitar que los activos cambien de precios es teniendo dinero en efectivo, que como usted sabe da un rendimiento nominal igual a cero. La pregunta es: qué están haciendo los gestores para minimizar el efecto negativo del aumento en las tasas de interés sobre las carteras. A la Sugeval no le corresponde tomar ninguna medida, y menos darle a los ahorrantes seguridad de que «no ocurrirá nuevamente lo de marzo y abril», como dice usted en su pregunta.
(Pregunta)
Cuando se negoció la Ley de Protección al Trabajador, y teniendo en cuenta el carácter obligatorio de este ahorro, se dijo que los fondos de pensiones serían invertidos en proyectos de vivienda que podrían adquirir los propios ahorrantes. Pero parece que solo se invirtieron en títulos valores. ¿Es esto así? ¿Qué pasa con otras opciones, como la que acabo de mencionar? En realidad ¿no es un ahorro forzoso con el que juegan y se benefician sobre todo los intermediarios que manejan esos fondos?
-Los fondos de pensiones no pueden invertir en casas, ni en préstamos para la construcción de viviendas. Su manera de contribuir al financiamiento de proyectos de vivienda es comprando títulos valores a través de los cuales capten dinero las entidades que financian o ejecutan proyectos de vivienda. Por ejemplo, pueden comprar valores que resulten de procesos de titularización hipotecaria, titularización gracias a la cual un banco vende sus hipotecas, con lo cual su activo recupera la liquidez necesaria para volver a conceder préstamos. O, por ejemplo, pueden comprar títulos emitidos por los bancos, que usan el dinero captado para realizar préstamos. Pero nunca sería recomendable que invirtieran directamente en casas o créditos a las familias, ya que ello implicaría serios problemas de valoración (porque los créditos o las inversiones directas no pueden valorarse con la misma facilidad que los títulos valores, y una buena valoración es imprescindible para los fondos de inversión y de pensiones), serios problemas de gestión de riesgo (porque en los fondos de pensiones y de inversión es necesario que sea posible liquidar fácilmente las inversiones), y serios problemas de costos administrativos (porque gestionar una cartera de crédito o de inversiones directas es mucho más costoso que manejar una cartera de valores).
Javier Cascante, SUPEN:
«Siempre existió riesgo»
UNIVERSIDAD consultó a comienzos de junio al Superintendente de Pensiones, Javier Cascante, sobre la queja planteada por personas afectadas por la caída en los rendimientos de los fondos de pensiones, de haber sido sorprendidas con un riesgo que no conocían. Esta es la segunda parte de las respuestas que nos remitió el pasado 7 de junio (ver edición 1576).
¿La valoración a precios de mercado obliga al público cotizante a estar atento diariamente a la información económica internacional y a entender el comportamiento de los mercados de valores, para saber qué hacer con su ahorro?
-En los mercados de valores el activo más importante es la información. La obligación fundamental de los reguladores es proveer información suficiente y veraz a inversionistas y afiliados, para la toma de decisiones. Si embargo, en el caso de las pensiones, se reconoce lo difícil que podría ser para los trabajadores y la mayoría de los afiliados a los fondos voluntarios complementarios, poseer todo el conocimiento que les permita hacer un análisis como el que usted menciona en su pregunta. Es por ello que, siguiendo los principios establecidos en la Ley de Protección al Trabajador, el CONASSIF y la Superintendencia de Pensiones, han emitido regulación sobre la naturaleza de los títulos valores que deben conformar las carteras de los citados fondos de pensiones. En primer lugar, la Ley establece que deben ser títulos de oferta pública registrados en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, deben poseer una calificación de riesgo (la cual no puede ser menor que el grado de inversión) y deben negociarse en mercados autorizados. Dentro de esa regulación, cada operador establece la combinación de instrumentos que, previo su análisis de inversiones y de exposición al riesgo (rendimientos) que desean alcanzar, considere satisfacen su política de inversiones.
Todos estos requerimientos pretenden delimitar muy estrictamente en qué instrumentos financieros se colocan los aportes de los afiliados a los fondos de pensiones. Sin embargo, como fue la experiencia recién sucedida en el mercado local, los títulos que mostraron una caída de precios fueron los del Gobierno de Costa Rica, es decir los títulos valores nacionales con menor nivel de riesgo. También se debe ser claro que ninguna inversión en los mercados de valores tiene riesgo «cero», por ello los mismos mercados desarrollaron productos financieros complejos que permiten administrar esos riesgos y que los gestores de cartera deben conocer, analizar e incluir dentro de sus portafolios, todo dentro de una administración profesional de los riesgos inherentes a los procesos de inversión de los recursos de los afiliados.
La principal queja constatada por UNIVERSIDAD entre personas cotizantes, es que confiaron en que sus pensiones estarían seguras. ¿Qué puede Ud. decirles a estas personas?
-Toda inversión en mercados de capitales conlleva riesgos, lo fundamental es que la regulación sea tal que permita una administración de riesgos con excelentes fundamentos técnicos y el gestor, por su parte, realice su labor basado en técnicas profesionales de muy alta calidad para hacer la correcta selección y utilización de los instrumentos que le da el mercado para gestionar de la mejor forma esos riesgos. Esa combinación permitirá a los afiliados tener mayor confianza en la forma que administran sus aportes; sin embargo, de ninguna manera eso significa una garantía de que los riesgos se eliminarán. Esto evidencia el error que tienen los afiliados a los fondos de pensiones cuando afirman que confiaban en que sus pensiones estarían seguras y no correrían riesgos. Estos siempre existen, solo que a ahora son transparentes para ellos y se dan cuenta inmediatamente que suceden, contrario a la práctica antigua, donde el afiliado conocía su verdadera situación patrimonial cuando iba a disfrutar de la etapa de beneficios.
