En 2012 la institución cobró ¢2296 millones a su Sistema de Ahorro y Préstamo para cubrir gastos operativos.
Sistema sigue sólido, a pesar de acciones que pudieron afectarlo.
Durante años, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) usó parte de los intereses generados por los fondos de los ahorrantes para pagar gastos operativos ordinarios, a pesar de que el uso de este dinero está asignado a otros fines, por ejemplo, a la compra de terrenos o la construcción de viviendas.
Entre 2010 y 2012, el INVU utilizó en gastos burocráticos −como alquileres, compra de materiales y pago de salarios y prestaciones− ¢6000 millones provenientes de intereses de los recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP), un programa mixto que maneja el INVU con fondos de 55.000 ahorrantes.
Así lo revela un informe de la Contraloría General de la República (CGR) del 13 de diciembre de 2013.
El SAP cuenta con 55.000 suscriptores y tiene como fin promover opciones de vivienda para la clase media.
Cada año, el INVU “valoraba” cuánto le costaba mantener gastos de operación de su Sistema de Ahorros. Si ese monto sobrepasaba la comisión que por Ley podía usar para darle mantenimiento al SAP, del 4%, la entidad utilizaba intereses de los fondos de los ahorrantes para completarlo.
De acuerdo con el reglamento del SAP, el INVU puede utilizar el 4% del monto total de cada contrato de ahorro administrativo para pagar los gastos administrativos de ese sistema. Así lo ha hecho la institución. El problema radica en que lo recaudado por este 4% ha crecido a un ritmo menor que los gastos.
De este modo, el INVU utilizó intereses que ganaban las inversiones del SAP para pagar costos de operación ordinarios. En el presupuesto del 2012, esta diferencia no cubierta alcanzó los ¢2296 millones.
Este traslado de dinero ocurrió a pesar de que dictámenes de la Procuraduría General de la República señalaron, desde el 2000 y 2001, que el INVU solo podía administrar el SAP y no recibir “reconocimientos”. El dictamen C-040-2001 prevenía que “resultaría contrario al ordenamiento jurídico destinarlo a fines y operaciones distintas a las estipuladas en la ley”.
La práctica se abandonó a inicios del 2014 luego de que la Contraloría denunciara este método como improcedente, en el marco de una revisión de la liquidación presupuestaria que hizo el INVU para el año 2012. La nueva administración que asumió en mayo ha mantenido la suspensión a esta práctica.
Actualmente, la entidad paga estos gastos con recursos internos y prevé un déficit en el presupuesto institucional del 2014, de acuerdo con su gerente general interino, Luis Taylor.
Sin embargo, esto no pone en riesgo los fondos del Sistema de Ahorro y Préstamo, que actualmente tiene cerca de ¢79.500 millones de colones invertidos en diferentes instrumentos financieros de la banca estatal costarricense. Eran parte de los intereses de este dinero los que sufragaban la burocracia interna.
COBROS A UN HIJO
El método que utilizaba el INVU partía de una lógica simple pero, en criterio de la CGR, errada: el Instituto “cobraba” a su propio Sistema de Ahorro y Préstamo por ciertos servicios, como uso de instalaciones, remuneraciones, servicios y materiales. Esto a pesar de que el SAP es un programa de la institución y no tiene su propia personería jurídica.
“El INVU le empieza a vender servicios administrativos al SAP, como digitación de los documentos y atención al público. Yo lo pongo así: es como cuando mis hijos eran pequeños, yo les hacía el desayuno, les preparaba las cosas y es como si luego se los cobrara. ¿Verdad? El SAP es hijo del INVU, surgió después de que se creó el INVU”, explica Sonia Montero, nueva presidenta de la institución y quien continuó con la moratoria a la práctica.
El costo de estos servicios se calculaba en enero de cada año, luego de que el INVU presentaba ante la Contraloría su presupuesto inicial.
Diferentes departamentos de la entidad calculaban cuánto les “costaba” la participación relativa del Sistema en su departamento y la Junta Directiva aprobaba los cobros. Finalmente, los recursos se tomaban de intereses del SAP.
Sin embargo, la administración del INVU no destinaba esos fondos para los fines que, según las normas, debían ser usados, como la construcción de viviendas.
Un seguimiento de los movimientos del dinero durante el 2012 determinó que con estos recursos se pagaron salarios de tareas administrativas ordinarias del INVU, en rubros como Actividades Centrales, Desarrollo Urbano, Administración de Crédito y Proyectos de Interés Social, a pesar de que algunos de estos programas “manifiestan no dar ningún servicio al Sistema de Ahorro y Préstamo” de acuerdo con el informe de la CGR.
Fue en el informe de diciembre de 2013, tras identificar estas carencias, que la Contraloría ordenó al INVU dejar de cobrar servicios al SAP y no utilizar los intereses de esos ahorros para cubrir costos burocráticos.
PAGOS A AGENTES
¿Por qué debe el INVU utilizar fondos del SAP para hacer frente a gastos administrativos de su propio sistema? Porque el 4% sobre el monto del contrato ya no cubre el costo del sistema y porque el INVU no cuenta con fondos para hacer frente a estos gastos, asegura el gerente Taylor.
El SAP sí tiene fondos (sus ¢79.500 millones en bancos respaldan esto) pero la Ley 1788 le impide utilizar más que el 4% para gastos administrativos. Además, el Instituto asegura que la suspensión de los cobros que hacía al SAP ahora produce un hueco en sus finanzas.
“El Sistema no subsiste por sí mismo porque los costos son elevados. Lo que está apostando la institución es a cambiar la figura de los agentes a la contratación de agencias comercializadoras, que no representen una carga financiera”, explica Taylor.
Los agentes suponen una figura onerosa para la entidad. Aunque operan como vendedores independientes desde hace décadas, el INVU destina casi ¢700 millones anuales en prestaciones por un error de liquidación realizado hace años.
La mejor explicación para este pago la aporta la gerente general María del Carmen Redondo, al responder a un directivo en la sesión 6047 del 20 de junio de 2014. De acuerdo con el acta:
“Redondo explica que lo que se hizo fue tomar un grupo de empleados y los pusieron a vender contratos de Ahorro y Préstamo, por lo que se convirtieron en Agentes pero no hubo rompimiento laboral. Aclara que se contrataron agentes de afuera y no les dieron esas garantías por lo que las pelearon y las ganaron”.
En la entidad no existe una fecha precisa de cuándo se hizo este cambio, pero diversas fuentes aseguran que se remonta a finales de los noventa.
En julio del 2013, la antigua Junta Directiva del INVU aprobó un reglamento y abrir un cartel para contratar agencias comercializadoras que reemplazaran los agentes, con la intención de tener al menos 40. Al vencer el plazo en mayo de 2014 solo ofertaron seis agencias, por lo que la nueva Junta Directiva declaró desierta la contratación.
Estos agentes vendedores (o, si llegan a cambiarse, las comercializadoras) son el motor del Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU. Ellos colocan planes de ahorro y obtienen recursos para el sistema. Sin embargo, en los últimos años han bajado las ventas: de ¢126.000 millones colocados en 2010, a unos ¢78.000 millones en 2014 según las estimaciones de la gerencia general del Instituto.
Cada venta que baja afecta, necesariamente, el 4% que el INVU recibiría por comisiones de los planes. Además, en los últimos dos meses se han pensionado cuatro agentes y solo quedan 19 activos. La gerencia general aseguró que dos más adelantaron que planean retirarse pronto.
Entretanto, el propio Sistema de Ahorro y Préstamo se mantiene sólido: tiene fondos para pagar hasta una vez y media todas sus deudas, pero las finanzas de la entidad central siguen precarias.
El 30 de setiembre deberá presentar su presupuesto 2014 y las proyecciones presupuestarias hacen cada vez más necesaria la frase que, como un estribillo, repitió seis veces la presidenta Sonia Montero en una conferencia de prensa el pasado jueves: “Vamos a rescatar al INVU”.
Sexagenario y sin una mesada digna, el Instituto necesita que lo rescaten.
Sonia Montero, presidenta del INVU
“Tenemos que crear una nueva figura”
Sonia Montero asumió el INVU en mayo de 2014 y con su equipo de asesores y los nuevos miembros de la Junta Directiva fue descubriendo las maniobras contables del Instituto. Casi cuatro meses después de asumir el cargo, tiene sobre la necesidad de modificar la figura de los agentes de ventas.
¿Qué va a pasar, entonces, con el tema de los agentes?
Tenemos seguro son dos temas. Uno: que hay que rescatar el sistema, hay que salvarlo, mejorarlo y modernizarlo. Y otro es que la situación de vínculo con la institución que tienen los agentes actualmente hay que cortarla, lo cual no implica despedirlos.
Es diferente. Va a haber que pagar porque ellos tienen derechos laborales. Aunque no tengan ese vínculo laboral, tienen derechos adquiridos a través de muchos años. Hay que consultar con el Ministerio de Trabajo, para ver todo el marco jurídico.
Pero simultáneamente tenemos que crear una figura, y tener la garantía de que se puede empezar un proceso de nueva contratación. La propuesta -que todavía no está consensuada- es que sean personas jurídicas y físicas, pero que esté reglamentado.
¿Actualmente en qué posición están? No son planilla del INVU, pero tienen derechos adquiridos: usted dice que no va a despedirlos, ¿pero cómo no va a despedirlos si usted dice que son planilla?
Es que precisamente, como es un híbrido extraño, los expertos y las expertas dicen que lo que caracteriza esta figura es que ellos se rigen por el Código de Trabajo, no por el Código Civil. La institución lo que está haciendo es pagando algo que no debería haber pagado nunca. Ellos adquirieron derechos que desde siempre se les ha pagado. Es más. No es sólo eso. De esos veinte y tantos que hay, según se informa, 17% eran funcionarios de la institución. Pero, a los otros que llegaron, a ese 83% también se les pagaba.
¿Y nunca se les debió haber pagado?
Nunca se debió haberles pagado. Si usted es un agente y usted vive de comisiones, bajo riesgo propio y usted paga sus cargas sociales… es un trabajador independiente.
(Asesora) En ese sentido ellos son trabajadores, más no empleados públicos. Si se les despide habrá que pagarles las cargas sociales
¿Pero cuáles podrían ser (las obligaciones) en este caso?
Es que por eso hay que investigar. Hay que hurgar en el marco jurídico, para conocer cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son los derechos que ellos tienen. Hay que reconocer: ellos han vendido. Ellos son los que han vendido. Ellos y otros que ya no están. Necesitamos que los sistemas de ahorro y préstamo del INVU sean tan atractivos que inclusive usted pueda comprar por Internet. Hay que modernizar.
Entidad no pudo determinar origen de diferencias
Contraloría detectó faltante de caja de ¢8750 millones en 2012
Diego Arguedas Ortiz
El INVU está trabajando para remozar sus sistemas de tecnologías de la información. (Foto: archivo)
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) presentó incongruencias entre los datos que muestra la contabilidad y los que presentó como presupuesto, lo que significó un déficit de caja de ¢8750 millones en el superávit del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) del 2012.
Estos datos se desprenden de una revisión que hizo la Contraloría General de la República (CGR) de la liquidación presupuestaria que hizo el INVU en el 2012.
De acuerdo con información que el propio Instituto facilitó a la CGR, el SAP presentó datos contables por ¢72.287 millones, mientras que los datos presupuestarios y el ajuste sumaron ¢81.031 millones.
A la fecha, el Instituto desconoce con precisión cuál fue el origen de esta diferencia entre la contabilidad y el presupuesto.
Para identificar estas incongruencias, el INVU contrató una auditoría externa que examinará los superávits de la institución, cumpliendo así la disposición del entre contralor en el informe DFOE-AE-IF-13-2013, del 13 de diciembre de 2013.
“El problema es que cuando usted no cuenta con sistemas automatizados, cuando lleva de manera manual los registros, está dentro de lo posible que se presenten diferencias. Con todo y los controles que usted puede tener internos, puede que haya problemas. Los humanos cometemos errores entonces por esa razón fue que se dio esa inconsistencia entre el registro contable y el presupuestario”, explica el gerente general interino, Luis Taylor.
En un informe entregado el pasado 18 de agosto (DFOE-AE-IF-08-2014 ), la Contraloría señaló serios problemas en el archivo del Instituto, donde los trámites eran manuales y se hacían en sobres de manila.
La Contraloría ha sido detallada en sus críticas al sistema financiero y presupuestario del INVU, según constató UNIVERSIDAD tras consultar informes emitidos por la Contraloría en los últimos 15 años y actas de Junta Directiva del Instituto de los últimos cuatro años.
En una reunión celebrada con la Junta Directiva el pasado 10 de julio, representates de la Contraloría resumieron sus hallazgos: faltan manuales de procedimiento, no hay designación específica de funcionarios a programas presupuestarios, faltan actividades de control, hay asignaciones incorrectas de cobros y no hay registros uniformes de la contabilización de la ejecución presupuestaria.
Algunos de estos están en proceso de remediarse, como la elaboración de manuales y la designacón de personal a cada programa, según las actas de la Junta Directiva del 2014.
Para muestras, un enredo: en agosto de 2012, la Unidad de Planificación Urbana de la institución gestionó una orden de compra por ¢16,4 millones. Como esa dependencia no tenía contenido presupuestario, el INVU la cargó a la Unidad de Informática.
“La palabra control aquí no existe, es como que hablara en ruso. ¿Cómo va a usted a manejar, administrar y manejar políticas en una institución donde no hay controles? Ahora, ¿cómo establecer controles en el siglo XXI cuando no hay sistemas automatizados?”, apuntó Sonia Montero, presidenta Ejecutiva del INVU, que señaló al instituto como una casa desordenada.
SISTEMAS OBSOLETOS
En varios informes en los últimos quince años, la Contraloría ha estado señalando problemas en los sistemas informáticos de la institución, que no permiten tener información confiable.
“El común denominador de los tres informes, son tecnología no adecuada y problemas de control interno”, explicó el gerente general interino, Luis Taylor.
A inicios del 2014, siguiendo las recomendaciones de dos informes de la Contraloría del 2013 (el 05-2013 y el 13-2013), la Junta Directiva encargó a una empresa externa que solucionara los problemas de tecnología de la información de la entidad.
Para esto, la empresa inició operaciones en enero para habilitar interfaces entre las diferentes tecnologías que usa la entidad y desarrollar y adecuar la tecnología existente. El plazo que le asignó la Junta Directiva es diciembre de 2013.
“Encontramos sistemas financieros no auditados y eso significa que no son confiables, pareciera que desde siempre. Como aquí no existen sistemas automatizados, no se puede precisar. Lo que sí podemos decir con certeza es que no son confiables”, explica la presidenta Montero.
