María Rosa Angulo: “Voy a hacer mayores averiguaciones e investigar qué fue lo que pasó”. (Foto: Fabián Hernández)

Un oficio del 1 de agosto de la secretaría del Concejo Municipal de Santa Cruz a la Procuraduría General de la República −informándole sobre el acuerdo tomado por ese órgano sobre la concesión de isla Plata−, contiene diferencias importantes con el texto tal como había sido votado, según expresó a UNIVERSIDAD la regidora María Rosa Angulo.

El acuerdo fue votado a mediados de julio con base en un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos de ese Concejo, el cual recogía criterios que la Procuraduría había consignado en un pronunciamiento sobre el tema y que −entre otras cosas− estipulaba que el Concejo Municipal debe abstenerse de tramitar concesiones sobre islas.

Angulo −regidora por el Partido Acción Ciudadana (PAC)− llamó la atención respecto a que en el mencionado oficio −con fecha del 1 de agosto, del cual UNIVERSIDAD tiene copia− se transcribe el acuerdo aprobado, pero se eliminó el fundamental párrafo segundo del “por tanto” del dictamen de la Comisión de Jurídicos, que establecía que “se recomienda al Concejo Municipal abstenerse de tramitar solicitudes contrarias a la normativa de rango superior en isla Plata”, el cual −según Angulo− se había incluido en el texto votado por el Concejo.

En su lugar se incorporó el considerando 14 del mismo dictamen, que a su vez cita varias consideraciones del pronunciamiento de la Procuraduría, pero no incluye la recomendación citada.

“Voy a hacer mayores averiguaciones e investigar qué fue lo que pasó, porque en el texto que se aprobó  no se había mencionado la aprobación de ese considerando 14 del dictamen, en lugar de mantener el por tanto número 2 tal como estaba”, manifestó.

Celia Pastrana: “Acatar lo que la Procuraduría dice en todos sus extremos implica la derogación del acuerdo de la concesión”. (Foto: archivo)

La presidenta municipal Celia Pastrana −del Partido Liberación Nacional (PLN)− se refirió muy puntualmente a esas diferencias apuntadas por Angulo y defendió el acuerdo resultante, pues “acatar lo que la Procuraduría dice en todos sus extremos, implica la derogación del acuerdo de la concesión”. Con ello se refirió a un acuerdo municipal del 2008, mediante el cual se decidió “aprobar definitivamente la solicitud de la sociedad Inversiones Vimavi del Pacífico S.A., la cual consiste en dar en concesión la isla Plata”.

El caso de isla Plata –frente a playa Flamingo− cobró notoriedad en varios medios de comunicación, porque en Inversiones Vimavi del Pacífico S.A. participa Virginia Vindas, quien es la esposa del padre de Carlos Ricardo Benavides, actual ministro de la Presidencia, exministro de Turismo durante la administración de Óscar Arias y exdiputado.

¿PRESIONES?

El pasado 17 de julio UNIVERSIDAD (edición 2000) informó sobre la iniciativa tendiente a que –por medio del dictamen de su Comisión de Asuntos Jurídicos−  ese Concejo derogara el mencionado acuerdo del 2008. En ese momento el Concejo votó por crear un órgano directivo disciplinario −para que investigue todo lo actuado− y acoger el pronunciamiento de la Procuraduría, la cual estimó que los terrenos insulares “no son susceptibles de apropiación, ni inscripción particular para los regidores”.

Por ello determinó que “lo propio” para los munícipes es “abstenerse de tramitar solicitudes contrarias a la normativa de rango superior que rige en isla Plata” y “archivar las que se encuentren en curso”.

El pasado 29 de julio, en el plenario de la Asamblea Legislativa la diputada del PAC, Yolanda Acuña, se refirió al tema e increpó al respecto al jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), René Castro.

“Creo –dijo− que del 2010 a la fecha, don René no ha leído ni siquiera una página de lo que se quiere hacer en isla Plata, siendo el ente rector el Minae. Por eso, la pregunta es: ¿está de acuerdo con que siga esta empresa Vimavi encima de los regidores con toda la presión política, no permitiéndoles que deroguen un acuerdo del 2008 que es absolutamente ilegal?”.

Además, expresó que existen “amenazas” a la presidenta municipal Pastrana, quien “hoy tiene presiones; creo que (tiene) inclusive hasta un expediente de un despido en el Ministerio de Educación”, pues labora como educadora.

Posteriormente, en declaraciones a UNIVERSIDAD, Acuña agregó que la regidora del PAC en Santa Cruz, María Rosa Angulo, padece “un trato hostil, siente agresión psicológica y verbal” en el seno del Concejo, por insistir en el tema. Dejó claro que le dará seguimiento al caso de Pastrana, ya que “lo que menos queremos es que salga despedida”.

El ministro Castro, por su parte, replicó las aseveraciones de Acuña con un conciso documento, en el que no se refirió a las consideraciones de la Procuraduría General de la República, sino que destacó que “una isla en Costa Rica sólo puede ser concesionada mediante Ley con la respectiva aprobación de los diputados”.

UNIVERSIDAD contactó al funcionario mediante su oficina de prensa y aunque se informó que se brindarían mayores reacciones de Castro, al cierre de esta edición no fue posible siquiera establecer comunicación telefónica.

Por su parte, Angulo comentó que personalmente no ha sentido que nadie la presione ni se comporte de manera hostil hacia ella, pero “he escuchado que a la Presidenta del Concejo la han presionado”.

Mientras tanto, Pastrana aseveró que no ha recibido presiones de ningún tipo e insistió en que el ministro Benavides no le ha tocado el tema de isla Plata en los actos “de índole no política” en los que han coincidido.

Acerca del tema mencionado por la diputada Acuña en relación con su proceso de despido, indicó que “no tiene relación con el caso de isla Plata” y que fue abierto desde el 2010.

Hace unas semanas, consultado sobre el tema por UNIVERSIDAD, el representante de la citada empresa, Max Solera, declinó referirse al asunto por tratarse de un tema que está en discusión en la Municipalidad. En esta oportunidad de nuevo se le llamó y se le dejaron mensajes en su teléfono celular, pero no fue posible que contestara.

El curioso caso de isla Plata

Inversiones Vimavi del Pacífico S.A. tramitó en 1994 la solicitud de concesión de isla Plata y fue hasta el 2008 que la Municipalidad le otorgó la concesión.

En el expediente del caso en el Concejo Municipal, se encontró una certificación de octubre de 1994, la cual establece que la totalidad del capital social de la empresa de ¢3 millones pertenece a Max Alberto Solera, Vianey Corrales y Virginia Vindas.

Según una certificación del Registro Nacional obtenida el pasado 12 de julio, Inversiones Vimavi del Pacífico S.A. inscribió en setiembre del 2006 un capital accionario de ¢3 millones, dividido en doce acciones de ¢250.000.

El documento establece que la junta directiva está conformada por Virginia Vindas Soto como presidenta, Max Alberto Solera como secretario y Neeltje Hendrika Van der Nat de Baillet Latour como tesorera.

En el mencionado expediente municipal aparece una transferencia de fondos fechada en marzo de 1996, de la sucursal en Puntarenas del Banco Nacional, a la de Santa Cruz. Ese documento apunta:   “pago isla Plata años 95-96” por ¢102.000. En un escrito fechado el 11 de abril de 1996 y autenticado por una abogada, Solera Soto notifica al Concejo Municipal que la empresa depositó esa suma “por concepto de pago de canon anual correspondiente a los años 1995 y 1996 por el uso de suelo de la isla Plata (…) de acuerdo con el avalúo realizado por la Tributación Directa para terrenos dedicados al uso agrícola”.

El 27 de mayo de ese año se le comunicó a Solera que el Concejo Municipal no aceptó su dinero, porque “en ningún momento le ha dado permiso de uso ni de concesión sobre isla Plata”.

Aparece también un contrato individual de trabajo fechado el 12 de mayo de 1996, firmado por Max Solera Soto como presidente y apoderado generalísimo de la empresa y Danny Arrieta. La primera cláusula apunta que esa sociedad “es concesionaria a título de arrendataria del derecho de uso de suelo de la isla Plata”.

La segunda cláusula especifica que a Arrieta se le contrató para realizar labores de “limpieza del terreno, instalación y mantenimiento de cercas en buen estado”, mientras que en la sexta se autoriza al trabajador a “sembrar en el inmueble árboles frutales, vegetales, hortalizas, etcétera”.