La creación de un impuesto que incluirá los servicios de salud y educación incidirá en que sean de más difícil acceso para la clase media y en que aumente la población que recurra a los servicios públicos en esos rubros.
La propuesta de establecer un impuesto al valor agregado (IVA) de un 14% que cubra a todos los bienes y servicios es parte del proyecto “Ley de solidaridad tributaria”, presentado en días pasados por el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, en la Asamblea Legislativa.
Desde un inicio, la propuesta del gobierno ha generado malestar y en diferentes medios de comunicación una pléyade de analistas han afirmado que el principal golpe de la propuesta será para la clase media (ver UNIVERSIDAD del 19 de enero). Ello a pesar de las afirmaciones de Herrero en el sentido de que el 60% de su reforma recae sobre el 20% más acaudalado de la población.
EDUCACIÓN Y SALUD
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la cual es presidida por su antecesor Guillermo Zúñiga, Herrero detalló que del 2.5% del PIB que se pretende aumentar en la recaudación, un significativo 1.74% del PIB provendrá del cobro del IVA.
Explicó que el proyecto contempla exenciones a los productos de la canasta básica y detalló que la reforma buscará que sea un “órgano técnico como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)”, el que elabore esa lista de productos.
Los alquileres de viviendas quedarían exentos de este impuesto, así como el transporte público en buses y taxis, y los libros. Herrero destacó que también quedan exentas las medicinas, pero insistió en que sí se gravarán los servicios de salud privados, porque según dijo: “los consumen los grupos de ingreso más alto”.
De acuerdo con el informe Estado de La Nación, las consultas externas y por emergencias a los servicios de la seguridad social, alcanzan a un 3.8% de la población, mientras que la consulta de especialidades médicas pasó de 63.67% en el 2004 a 54.7% en el 2009.
Una variable a la que no se refirió el funcionario, es al hecho de que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es cliente frecuente de los servicios de medicina privada. De acuerdo con las exenciones explicadas por Herrero y las especificadas en el texto del proyecto, el sistema de seguridad social costarricense tendrá que hacer frente al pago del IVA, en aquellos casos en que para cubrir la atención de sus usuarios recurra a los servicios privados. Sólo en el rubro de radioterapia para pacientes con cáncer, entre el 2004 y el 2008 la CCSS pagó $8.5 millones.
En el tema de educación, insistió en que “los que utilizan la educación privada tienen una alta capacidad de pago”. El Ministro puntualizó que el 92% de la población preuniversitaria del país acude a la educación pública, aunque no citó la fuente de ese dato ni a qué año corresponde.
Sin embargo, de acuerdo con el Estado de La Nación, en el 2009 el III ciclo y educación diversificada pública cubrió al 88.5% de la población matriculada.
El funcionario especificó que buscará la exoneración del pago a aquellos casos en que la mensualidad del centro educativo sea inferior a ¢100.000. Según dijo, con esas medidas sólo pagaría el 40% de la población con mayores ingresos.
Acerca de la educación superior privada, reiteró que aquellas carreras que se encuentran acreditadas pagarán un 10% del IVA, mientras que las demás harán frente al 14%. Es importante hacer notar que de toda la oferta de carreras, tanto en universidades públicas como privadas, sólo 62 están certificadas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), de las cuales 44 pertenecen a las universidades públicas, según datos del sitio en Internet de esa entidad.
Por ejemplo, en el caso de la Universidad Latina, una de las universidades privadas más grandes del país, sólo cuatro carreras -y todas ofrecidas en el campus de Heredia- están acreditadas.
De acuerdo con datos del Estado de la Nación, de las 33.796 personas que obtuvieron títulos en los diferentes grados académicos de la educación superior en el 2009, 22.918 (más del 67%) lo hicieron en las universidades privadas.
Por otro lado, con el proyecto se exonera un consumo de agua de hasta 40 metros cúbicos por mes, lo cual según dijo, abarcará al 88% de los consumidores. También mantiene la exoneración al consumo eléctrico de hasta 250 kilowats-hora por mes, el 55% de los consumidores.
MAYOR PRESIÓN SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS
Mientras tanto, el economista Helio Fallas criticó en primera instancia el hecho de que Herrero basa su aseveración en que el 60% de la reforma recae en el 20% más rico de la población, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2004, lo cual “es muy desactualizado”.
De acuerdo con el analista, es preciso realizar estudios más actuales que aborden de manera específica la eficiencia y cobertura real de los servicios que ofrece el Estado, tanto en educación como en salud.
“Muchas personas tienen que esperar hasta años para tener una cita con un especialista y en caso de enfermedades muy serias, como el cáncer, esa espera no es posible. Debemos preguntarnos qué tan eficientes son esos servicios, como para pretender que el 80% de la población no recurra al sector privado”, indicó.
El economista explicó que una manera de valorar los servicios en escuelas y colegios públicos, es estudiar las inversiones que se deben hacer y que no se realizan. “Este año prácticamente no habrá inversión, lo cual empuja a las familias no satisfechas a buscar el servicio privado”, apuntó.
Para Fallas, un aumento en los costos de los servicios privados en educación y salud, podría significar una mayor presión en los del Estado: “Es previsible que enfrenten una presión adicional por las personas que no puedan costear sus necesidades en el sector privado, además de que no toda la fuerza laboral del país está asegurada.”
