La Contraloría fue omisa en el proceso al Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias.
El país le ha dado la espalda al marco legal existente para hacer un buen gobierno, y el principal culpable es la Contraloría General de la República (CGR) porque, teniendo la obligación de exigirle al Gobierno el cumplimiento articulado de todo ese ordenamiento, no lo ha hecho, asegura Johnny Meoño Segura. La siguiente es parte de una entrevista con el catedrático de la Escuelas de Ciencias Políticas e investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la UCR.
¿Son adecuadas las leyes para el control y fiscalización de la administración pública?
–Todos los presidentes se ha quejado de ingobernabilidad porque las leyes no los dejan gobernar, y es porque ignoran desde hace 34 años los alcances, obligaciones y las competencias promulgadas por una Ley de Planificación Nacional, la Ley General de Administración Pública (LGAP), entre otras leyes, que si fueran aplicadas permitirían hacer un excelente gobierno.
El ordenamiento está integrado también por la Ley de Simplificación de trámites, Ley de presupuestos públicos, Ley de Orden Interno y Ley contra la Corrupción y enriquecimiento ilícito.
La Ley de planificación y la LGAP regulan la administraron en términos de resultados, objetivos, metas y responsabilidad de los jerarcas. Con eso podría funcionar bien el Estado.
La LGAP incorporó un régimen de dirección .que le permite al presidente dirigir toda la administración pública, y con cada ministro -no solo coordinar, sino dirigir, que es mucho más fuerte- instituciones o sectores de actividad.
La Ley de simplificación de trámites, del 2001, no ha sido instrumentada siquiera, y de haber sido aplicada, le hubiera evitado a Rodrigo Arias tener que buscar el subterfugio de canalizar $2 millones de cooperación a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a contrapelo de nuestro ordenamiento jurídico.
La corrupción y el enriquecimiento ilícito en gran medida se generan en que se da la espalda al ordenamiento jurídico por parte de los partidos, gobernantes, funcionarios, analistas, ciudadanos, centros de estudios y académicos como las mismas universidades.
Se da la espalda a un modelo y unas pautas para el excelente gobierno que permiten una acción integrada, unitaria y modificar desde el gobierno las instituciones.
¿Y qué papel está jugando la CGR en esto?
–El principal pecado es de la CGR, porque teniendo la obligación de exigirle al gobierno el cumplimiento articulado de todo este marco legal, no lo ha hecho. Le han dado la espalda hasta el día de hoy.
Si bien es cierto que desde el 2002 los contralores le han dado cierta validez a estos enfoques, y lo sectorial, por ejemplo, han tratado de irlo aplicando, sin embargo no hay un marco conceptual que lo fundamente, y entonces sus fiscalizaciones son exigencias sobre el aire.
En la Contraloría, donde se han dividido por áreas, hay una total desarticulación, lo cual es gravísimo, porque hay un área social que fiscaliza el sector de desarrollo social y lucha contra la pobreza, y que busca enfoques y mecanismos correctos, como los que ha venido aplicando desde diciembre para acá, pero no los comparte con las otras áreas.
Y es que hace falta el marco conceptual, como el que permitió hace 34 años establecer en la antigua Oficina de Planificación Nacional (Ofiplan) las pautas sobre los procesos de dirección y planificación en el país.
El problema actualmente es que no se está aplicando con visión de conjunto.
¿Es buena la ley orgánica de la CGR, por qué generalmente interviene tarde, cuando las “tortas” están hechas?
–La ley de la Contraloría es excelente. El principal problema nuestro, repito –y en América Latina- es conceptual. Somos muy indisciplinados para conceptualizar y para pensar en el largo plazo. Eso es producto de 500 años de dominio colonial.
El año pasado publiqué el libro “Guía para un excelente gobierno”, donde trato de demostrar qué consecuencias reales habría con este enfoque integral que propongo de la dirección, la planificación, el control de innovación y resultados, lo cual tiene que ver con este control de la CGR.
La CGR tiene facultades para actuar preventivamente. Lo que pasa es que desgraciadamente se han cometido errores conceptuales, contra el marco legal existente y la ley de control interno, que es excelente.
Entonces los jerarcas y los auditores internos hablan de que lo que hay que controlar son objetivos institucionales, y no de la dimensión sectorial o la dimensión regional, que está en el marco legal.
Pero a la CGR nada le impide tener este enfoque integral, porque tiene la Ley de planificación, que habla de sectores. La CGR puede exigirles a los jerarcas ir más allá del mero cumplimiento de los objetivos de la institución. La CGR puede lograr que el IMAS o el PANI, por ejemplo, funcionen como un reloj de acuerdo con sus objetivos institucionales, pero si cada uno anda por su lado, no contribuyen a solucionar los problemas de la población meta. Las leyes que regulan esas instituciones establecen objetivos de la institución hacia una población “objetivo”, pero son instituciones cuyos servicios convergentes deben encaminarse a esa misma población “objetivo”.
Si usted les llega a los pobres con alimentos, con un bono o un subsidio, pero a destiempo, entonces no está atendida bien la población. Eso es lo que se llama objetivos sectoriales, que nos dan ciertas leyes sectoriales y que la Contraloría no ha querido atender.
¿La CGR tiene mecanismos para exigir?
–Sí por supuesto. Con la aprobación de los presupuestos de las entidades autónomas. Significa que mientras no subsanen las deficiencias, tienen que trabajar con el presupuesto del año anterior. Lo que se necesita es que la CGR sepa exigir del gobierno, que los ministros sean responsables de los logros o desastres de los sectores.
¿Y los mecanismos sancionatorios de la CGR son eficaces?
–Cuando uno ve la Ley de control interno, uno se da cuenta de las responsabilidades que le da al jerarca. El argumento de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR para iniciarle el procedimiento administrativo al Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, es contundente: “La causal de responsabilidad administrativa se origina por la eventual violación a los preceptos de transparencia, rendición de cuentas y debilitación del sistema de control interno (…) Para efectos de la eventual responsabilidad administrativa, no es relevante la naturaleza de los fondos, sino que la gestión de las contrataciones se produzca como consecuencia obligatoria de la actividad operacional del ente público, sin cuya mediación la relación entre el consultor y el BCIE no hubiera sido posible, por lo cual carece de interés hacer una distinción entre si los consultores son remunerados o no con cargo al Presupuesto de la República”.
En su defensa el ministro alega que la CGR le está aplicando la normativa de control de fondos públicos, cuando lo que está en cuestión, en su caso, son dineros de un organismo internacional que no ingresaron en el presupuesto del gobierno y por tanto no son fondos públicos.
Pero desgraciadamente don Rodrigo está endilgándole a la CGR un “virtualismo de obligaciones hipotéticas y normas hipotéticas” que se pueden aplicar precisamente a las situaciones en que él incurrió, porque él construyó artificiosamente un régimen jurídico que no era aplicable a la cooperación internacional. Él fue el que decidió. Hay unos fondos que fueron regalados y la intención fue hacerlos públicos, pero él creó obligaciones fácticas, él le decía al BCIE a quién escoger para las contrataciones con dichos fondos. En consecuencia, las faltas suyas no fueron aparentes, fueron reales, y ameritan sanciones reales.
En su defensa Arias argumenta que no fueron fondos públicos y, por tanto, no se le puede aplicar la normativa de control interno.
–Lo primero es que había la intención de que sean públicos. En segundo lugar, si por una decisión errada, al margen de la ley, un ministro decide que se canalicen en un fideicomiso o un organismo que no está sujeto a auditoria ni a la CGR, eso es grave, porque hay falta de transparencia. No se sometió al ordenamiento jurídico y está muy claro en la Ley de control interno que es falta grave.
Pero además el funcionario público está ordenando sobre fondos privados, cuando debería renunciar a ellos según la Ley contra la corrupción, y el hecho es que los funcionarios contratados con esos fondos baste con que trabajen en instituciones públicas, ejerciendo funciones en representación de órganos públicos, para que sean considerados funcionarios públicos. Eso lo tipifica la Ley general de administración pública.
No le deseo ningún mal a don Rodrigo Arias, pero la CGR ha sido omisa y no ha manejado bien la Ley contra la corrupción y el concepto de fraude de ley.
El artículo 5 de dicha ley dice que “La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con éstos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir.”
El artículo 6 dice que el fraude de ley acarreará la nulidad del acto administrativo o del contrato derivado de él y la indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración Pública o a terceros
Quiere decir que la CGR tiene potestad para deshacer el acto del jerarca, y la responsabilidad puede ser administrativa, civil e inclusive hasta penal.
En el caso de Arias, la Contraloría hace bien en establecer responsabilidades, pero fue omisa. Ahora bien, el daño ya se hizo y el ministro de la Presidencia reconoció los errores. Aunque ahora está defendiéndose y metiendo un recurso de amparo para que no lo indaguen y todo eso, él ya reconoció públicamente la “metida de pata” y rectificó. Ya no hay contrataciones con esos fondos, y eso no se va a volver a hacer, porque es difícil.
El ministro es un actor muy importante del Gobierno en esta época de crisis, y con un realismo muy grande la CGR debería llegar al punto de hacerle una llamada de atención, pero no proseguir más allá porque el daño ya está, y si hay responsabilidad que lo diga para que otros ministros escarmienten.
