Candidatos a la presidencia reconocen que no se cumple con el Plan Nacional de Desarrollo.
El investigador Johnny Meoño señala que los partidos políticos se han alejado de lo que manda la Constitución Política.
Muchos son los errores que se señalan a los partidos políticos en su promesa de hacer una Costa Rica mejor, pero para el profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y exministro de Reforma del Estado, Johnny Meoño, la falta más grave radica en que se ha dado la espalda al modelo de país establecido en la Constitución Política.
En su análisis, «Campaña Electoral 2005-2006: Las frecuentes omisiones de los partidos políticos sobre las complejidades del sistema político institucional que determinan el desarrollo nacional», Meoño describe 16 aspectos que son omitidos durante las propuestas electorales y de gobierno.
El investigador advirtió que estas omisiones encuentran su causa en el incumplimiento de los partidos políticos al juramento del artículo 98 de la Constitución Política, donde se comprometen a en sus programas a respetar el orden constitucional; así como el compromiso de los gobernantes de «observar y defender la Constitución y las leyes… y cumplir los deberes de vuestro destino», tal y como lo expresa el artículo 194.
«Todo el mundo le da la espalda a la Constitución, al artículo 98 por el que juran los partidos políticos y el 194, por el cual juran los presidentes, ministros, magistrados, contralores y defensores. Esto resulta en un acto sumamente formal, de la boca para fuera, porque desde el día siguiente todos esos individuos le dan la espalda a ese modelo y a esas pautas de comportamiento superior que el país tiene en su Carta Magna», expresó Meoño.
El exministro aseguró que este mal desempeño político tiene dos «macrocausas»: el fallido intento de copiar modelos políticos que no son propios de nuestra realidad (como los europeos y norteamericanos) y la cultura política de origen colonial en el que aún estamos presos.
«Copiamos los conceptos políticos de EE.UU. y Europa, como control político y transparencia, rendición de cuentas, pero solamente en lo formal, para sentirnos a la altura de las grandes naciones. Eso nos hace inestables, ineficientes, corruptos».
Meoño argumenta que estos factores llevan a agrupaciones políticas débiles, erráticas en lo orgánico e ideológico, que finalmente desembocan en una gran improvisación a la hora de gobernar.
«La tesis es que si se observaran las pautas superiores estipuladas en la Constitución, tendríamos un mejor país. Es un modelo de Estado centralizado y presidencialista, sumamente fácil de llevar».
FLOR DE UN DÍA
La primera de las omisiones señaladas por Meoño es el accionar de los partidos políticos durante la campaña electoral. «Durante el periodo de gobierno los partidos permanecen ausentes y emergen agresiva y proactivamente para la campaña electoral. En ese momento el partido toma importancia y la fracción legislativa la pierde, los proyectos de ley son de menor relevancia, porque en campaña se presenta la oportunidad de figurar, y como muchos quieren ser parte del gobierno, el partido es la maquinaria que permite esto».
Meoño asevera que además de llevar al gobierno a individuos del sector privado sin ningún conocimiento de la función pública, los partidos movilizan a gran cantidad de funcionarios públicos que desvían su compromiso de su función y su sentido de probidad para optar por nuevos puestos políticos.
«Este último factor mediatiza la majestad y sentido de neutralidad de la función pública y de los funcionarios como tales, además de estimular la corrupción».
SIN CONFRONTACIÓN
Según su análisis, los partidos no acostumbran confrontar la labor del gobierno de turno, por lo que sus propuestas son «etéreas, dispersas o difusas», e impiden al elector tener claro cuál es la respuesta crítica de los partidos a las debilidades de la gestión gubernativa, lo que convierte la decisión de voto en algo muy subjetivo.
A esto se suma el hecho de que los partidos tampoco realizan un control político efectivo, ya que al dar la espalda a las normas superiores, omiten la organización y el comportamiento requeridos para exigir más del gobierno y sus instituciones.
«No hay un control político adecuado ni una exigencia sobre la labor del gobierno; en la Asamblea Legislativa el control político es aleatorio. Interpelar a los ministros, tal y como lo establece la Ley General de Administración Pública (art. 27.1), daría mejores frutos pues se podría exigir rendición de cuentas a las entidades autónomas bajo el mando de cada ministro».
NO SE GOBIERNA CON EXCELENCIA
Meoño explicó que los partidos no forman a sus cuadros para gobernar excelentemente, tal y como lo manda la Constitución Política; ya que al llegar al poder, el desorden y la fragmentación en la funciones, impiden que la propuesta que en campaña era «seria y viable», pueda resolver los problemas nacionales.
«Excelencia es dar lo máximo de uno de acuerdo con parámetros. Un gobierno excelente es aquel que define sus estrategias políticas y asigna los recursos para la máxima satisfacción de los habitantes en todos sus derechos de forma integral. Gobernar de esta forma es reconocer el modelo de país incluido en la Constitución y las pautas que permiten el ejercicio excelente del poder político».
Según este académico, para comprometer a quienes lleguen al poder, primero hay que reconocer las pautas constitucionales para gobernar, y dejar la forma de gobierno aleatoria que se da cada cuatro años. La primera es la establecida en el artículo 140 de la constitución donde se definen las competencias del Poder Ejecutivo.
Toda la problemática de gobierno actual, tiene para Meoño su raíz en el hecho de que los partidos dieron la espalda al modelo solidario y de bienestar, así como al de Estado simple y manejable que la Constitución estableció en 1949.
«Tenemos los reglamentos que le dan operatividad al Estado: la Ley general de Administración Pública, la Ley de Planificación que tiene una gran visión y transparencia sobre la base de planes con participación de la sociedad civil; una organización por sectores de actividad y por regiones de desarrollo y una participación estructurada».
El investigador considera que al alejarse de este modelo, los partidos formulan propuestas electorales que reiteran los errores y las omisiones históricas, que impiden reconocer la posibilidades de ese modelo de país solidario.
«Si los partidos políticos o grupos de interés insisten en plantear que el modelo no funciona y que hay que cambiarlo, eso es un error porque es evadir nuestra responsabilidad. Debemos reconocer por qué hemos sido tan incompetentes y negligentes en la administración del modelo anterior, ya que igual vamos a ser en la administración de cualquier modelo político».
SIN PLANES
Otro aspecto medular en la crítica que hace Meoño es la forma como ha sido relegado el Plan Nacional de Desarrollo, tanto en la elaboración de los planes de gobierno, como en la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo.
El académico considera evidente que los programas electorales no constituyen la base obligada para el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que al llegar al gobierno se hacen planes de forma antojadiza, con lo que se deja de lado toda la estructuración por regiones y sectores que se debe observar por ley.
«Los partidos hacen el juramento de cuidar los derechos constitucionales del habitante; al obviar el Plan Nacional de Desarrollo resulta un modelo de país improvisado por la inspiración de un individuo o un congreso ideológico».
De igual forma, dicho Plan no se utiliza como instrumento para evaluar el informe anual del Presidente de la República a la Asamblea Legislativa.
«Los diputados deben velar porque se circunscriba al Plan Nacional como marco de referencia; ellos han de exigir esto, y no recibir «cualquier informe como mejor le parezca al presidente de turno».
Para Meoño, este desarraigo a las normas superiores de la Constitución, desemboca también en la producción de leyes por parte de la Asamblea Legislativa sin tomar en cuenta dichas normas, por lo que el resultado es una legislación descontextualizada y poco eficaz.
También la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos omitió de forma importante el modelo de país en el aporte de sectores y regiones, lo cual, sumado a la incompetencia para administrar el Estado, será el principal obstáculo para obtener los beneficios que predican los partidarios del tratado.
«La ley de presupuestos públicos 8131, es la que ata la obligatoriedad del Plan nacional de desarrollo con el accionar individual de las instituciones.»
CONTRALORÍA NO EXIGE
Meoño sostiene que el modelo de país tiene los suficientes mecanismos para combatir la corrupción y propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Sin embargo, Meoño señala que los órganos de fiscalización como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes no han cumplido su labor como es debido, al no exigir el cumplimiento del orden constitucional.
«La Contraloría, que tiene la obligación de exigir ese marco superior constitucional, no lo ha hecho por negligencia; hay exigencia a instituciones particulares, pero no a sectores de actividad. La Defensoría se ha dedicado a atender quejas particulares de ciudadanos, que de atenderse todas no resolverían el problema del Estado. Ella ha fallado de exigir un ordenamiento mínimo por sectores de actividad».
Para Meoño el papel de la Contraloría es fundamental, ya que en su «vigilancia de la hacienda pública» tiene la potestad de exigir que el gobierno cumpla con su labor.
«Este sistema es tan sencillo que lo gobernarían dos personas: el presidente, si hace lo que tiene que hacer; y el contralor, si exige el cumplimiento de los deberes de cada quien .No hemos tenido en la contraloría una persona para poner en orden las cosas y denunciar a quienes no cumplen su deber. Es un individuo que podría hincar al gobierno.»
Candidatos no se sienten interpelados
UNIVERSIDAD interrogó a algunos de los aspirantes presidenciales sobre la omisiones planteados por Johnny Meoño sobre el papel de los partidos políticos, pero parecen estar de acuerdo con lo planteado y no sienten que lo expuesto se aplique a ellos. Estas son la respuestas obtenidas:
Ricado Toledo, Partido Unidad Social Cristiana:
«Estoy de acuerdo con Meoño, lo que el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) dicta no se cumple y el Ministerio de Hacienda hace lo que quiere. Me parece que el sistema presidencialista ya colapsó producto de la politiquería.
Los ministros de hacienda deben girar los recursos a los sectores que lo requieren, es por eso que no se arreglan las calles o no mejoran las condiciones para nuestro sistema educativo.
El Plan Nacional de Desarrollo no es un plan para cuatro años, debe ir articulado con todas las necesidades del país. Mi propuesta no va en contra del Plan Nacional de desarrollo».
Antonio Álvarez, Partido Unión para el Cambio:
«Lo que ha sucedido es que ya no hay partidos políticos, sino
maquinarias electorales. Necesitamos partidos con congresos ideológicos, seminarios de capacitación y promoción de militantes y la definición de
un Plan de Acción programático, tanto en la época de Gobierno como en la de oposición».
Otton Solís, Partido Acción Ciudadana:
«En el PAC tenemos comisiones conformadas de acuerdo con la estructura del país. La Contraloría debe ser más firme en fiscalizar y anticipar los problemas, pero se han ignorado las auditorías internas de cada institución y hay que ponerles mayor atención.
Casi todos los días se incumple la Constitución, cuando se obvian las leyes, cuando se nombran funcionarios a dedo, cuando no se cumplen los presupuestos o cuando la propia Sala IV modifica la Constitución.
Los planes existen, pero ya no los hace el MIDEPLAN, sino los organismos internacionales con los préstamos; y ahora con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos».
