José Miguel Corrales: No podemos estar con el mismo modelo de Estado que don Braulio Carrillo diseñó para la Costa Rica del siglo XVIII. (Foto: Katya  Alvarado)

A sus 75 años recién cumplidos, el abogado y exfutbolista de la primera división, José Miguel Corrales Bolaños, dice contar con salud y buena disposición de servirle al país desde la Presidencia de la República, para acometer las reformas democráticas y del Estado que necesita la Costa Rica del siglo XXI.

Tres veces diputado por el Partido Liberación Nacional (1974-1978, 1986-1990 y 2002-2006), Corrales figura como el aspirante presidencial con la más prolongada carrera política.

Fue el candidato presidencial liberacionista en las elecciones de 1998, frente a Miguel Ángel Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana, y desde que dejó el PLN en el 2005 −siendo diputado de ese partido− ha sido un constante crítico del rumbo político y económico que le han dado al país los gobiernos de ambos partidos tradicionales.

Ahora se postula para las elecciones del próximo 2 de febrero como candidato del Partido Patria Nueva, ofreciendo limpiar de corrupción la política, junto a la exdefensora de los habitantes Lisbeth Quesada −como candidata a la primera vicepresidencia− y el exdiputado y catedrático de historia Óscar Aguilar Bulgarelli, para la segunda vicepresidencia.

El candidato se sacude del tinte de político conservador y nostálgico del pasado que le achacan algunos rivales. “Veamos cuántos proyectos para modernizar el Estado y la democracia costarricense he presentado yo y cuántos han presentado ellos, para ver si el conservador es Corrales o son ellos”, retó el político, quien en su momento impulsó la creación de instituciones como el Tribunal Constitucional (Sala IV), la cual ahora quiere reformar. UNIVERSIDAD lo entrevistó el pasado 17 de octubre.

¿Don José Miguel, para qué un nuevo partido, Patria Nueva?

−Al inicio Patria Nueva nació para hacer alianzas con los otros partidos y llegar a la campaña  del 2014 unidos, pero eso fracasó, como es conocido, aunque creo que todavía es posible si las partes quisieran llegar a unir fuerzas electorales. Somos muy claros en que Patria Nueva nace para ser antipartidos.

¿Cómo, antipartidos?

−Los partidos políticos ya no cumplen sus metas para las que fueron creados. Se convirtieron en su mayoría en una serie de gente que ven al candidato de turno y le dicen: si quiere que lo apoyemos usted tiene que dar, y tiene que dar. O sea, el candidato pierde la libertad y casi que el mandato que el pueblo le da.

¿Y si no son los partidos, qué figura se emplearía para los procesos electorales?

−La que se puso en la ley del referéndum, y que desgraciadamente en la comisión dictaminadora la eliminaron: el comité gestor del referéndum. Me parece que en el futuro la figura del partido va a ser sustituida por el comité gestor de la candidatura.

¿Esa es la reforma electoral que pretende?

−Eso y también la creación del referéndum revocatorio. No es posible que si el gobernante no cumple las promesas al pueblo, este no lo pueda revocar antes de los cuatro años. Esa es una de las causales, entre otras, que meditamos como motivo para revocar el poder.

Otro objetivo es establecer la lista preferente para nombrar diputados, de modo que sea el votante −en el recinto electoral− el que escoja a cuál diputado o diputada quiere elegir, y no que sea una lista escogida por una asamblea de 70 delegados en los partidos.

Además, los dineros de la deuda política −que son fondos públicos− deben ser manejados por el Tribunal Supremo de Elecciones, no por los partidos políticos, que en alguna medida son entidades de derecho privado que cumplen fines públicos. Así los gastos de las campañas políticas se vendrían a pique y podremos decir: no más robos, se acabó la fiesta.

¿Hay que reformar el Estado Costarricense?

−El otro gran eje de nuestra propuesta es la modernización del Estado. En el siglo XXI no podemos estar con el mismo modelo que diseñó don Braulio Carrillo para las necesidades de Costa Rica en el siglo XVIII.

Tiene que ser un Estado rector y no un estado administrador, un Estado que le ayude al ciudadano a desempeñarse y no que sea su enemigo, como desgraciadamente hoy lo estamos viendo.

Algunos rivales políticos dicen que usted es un político conservador, nostálgico del pasado…

−Habrá que ver cuántos proyectos de ley para modernizar la democracia y el Estado Costarricense he propuesto yo y cuántos proyectos han propuesto ellos, para ver si es cierto que Corrales es conservador o son ellos los conservadores.

¿En su opinión, cuál es el principal problema de Costa Rica?

−La falta de credibilidad. La desconfianza del pueblo en los políticos, y peor: en el sistema democrático; es la peor enfermedad que tiene la democracia costarricense. Si los candidatos a la presidencia y el futuro gobernante no le devolvemos la confianza al pueblo, las horas de la democracia costarricense están contadas.

¿Cuáles serían sus primeros pasos en el Gobierno?

−Habrá junta interventora en la Caja Costarricense de Seguro Social y en el Consejo Nacional de la Producción. Además, derogatoria de la ley de presidencias ejecutivas y reformas a las leyes para que las juntas directivas de instituciones compuestas por siete miembros bajen a cinco, y las que tienen cinco bajen a tres. El proyecto de ley está listo para ser enviado a la Asamblea Legislativa. Además de darles autonomía a las instituciones como quiere la Constitución y como fue la intención de Rodrigo Facio cuando lo puso, esto implica una gran economía.

¿Cree que Costa Rica tiene que hacer cambios en política internacional?

−Debe haber cambios. Por ejemplo, Costa Rica debe echarse un pulso para que se apoye la creación del Estado Palestino. Así como Costa Rica puede decir con orgullo que votó y luchó por la creación del Estado de Israel, para que en esa área del mundo haya paz  es necesario que Palestina sea un país con todos los derechos y los respetos que tienen las naciones del mundo.

¿Y en las relaciones con Nicaragua?

−Si soy presidente las relaciones con Nicaragua las voy a llevar personalmente con el ministro de Relaciones Exteriores. No es posible que dos países a los que la historia ha unido tanto, estén con este tipo de majaderías (conflictos limítrofes).

¿Considera que las relaciones con el resto de las naciones latinoamericanas se están atendiendo bien?

−Me parece que se están desaprovechando por un eje que se ha formado entre México, Colombia y Costa Rica. Creo que debemos verlo con más calma; América Latina ha cambiado y hoy las cosas son muy distintas.

¿El Estado costarricense debe seguir siendo un estado confesional, católico?

−No, eso es una antigualla. Además es un error técnico serio, porque las personas de carne y hueso somos las que tenemos religión o somos ateas. El Estado es un invento del ser humano, no es una persona física: ¡por Dios, no puede tener religión!

¿Usted está a favor del aborto?

−Del único aborto que estoy a favor es del aborto por razones terapéuticas.

¿Ni en caso de violación?

−No, es que es un ser humano. ¿Qué culpa tiene un ser humano de haber sido concebido de esa forma?

¿Y la fecundación in vitro?

−Mientras no haya muerte de embriones la defiendo a capa y espada. Si hay muerte de embrión no; la muerte del embrión es la muerte de un ser humano y la Constitución Política dice que la vida humana es inviolable; entonces, ¿a cuenta de qué la vamos a eliminar?

-¿Está de acuerdo con el reconocimiento de las uniones de parejas del mismo sexo?

−Totalmente de acuerdo en las sociedades de convivencia: dos personas del mismo sexo se unen y si tienen una casa, y a la hora de deshacerse esa unión, la mitad es suya y la otra mitad suya, y que tenga su pensión, y si quiere llevar a su pareja al cine se le admita y tenga derecho a sentarla a la par suya. Estoy en contra de que a esa unión se le llame matrimonio, que es un instituto que inventa el derecho con fines de procreación y mutuo auxilio.

Prioridades de Patria Nueva

– Crear una junta interventora en la Caja Costarricense de Seguro Social y otra en el Consejo Nacional de la Producción.

– Derogar las presidencias ejecutivas y reducir las juntas directivas de las instituciones públicas.