Juan Marcos Rivero afirmó la condición inhumana de la justicia costarricense.
El abogado Juan Marcos Rivero, exjuez penal y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), calificó de «atascada, inhumana y corrupta» a la administración de justicia costarricense.
Dichas afirmaciones las realizó en el ciclo de conferencias de «Lucha contra la corrupción y la impunidad» realizadas por la Facultad de Derecho de la UCR.
En el foro sobre «Corrupción en la administración de justicia» participaron también los especialistas Paul Rueda, letrado de la Sala Constitucional y coordinador del proyecto de reforma al Poder Judicial y el juez Carlos Chinchilla.
Rueda resaltó la labor de esta administración y la necesidad de un adecuado control para prevenir la corrupción. Mientras tanto Chinchilla se refirió a acciones puntuales para luchar contra este mal.
Destacaron que la labor de la administración de justicia costarricense es catalogada como la menos corrupta de toda América, incluido Estados Unidos, según un análisis del Colegio de Abogados.
JUSTICIA ATASCADA
Juan Marcos Rivero señaló la necesidad de una «reflexión científica» sobre las necesidades del país, en la cual eliminar la corrupción debería ser una prioridad.
Indicó que en los textos de las leyes hay «juegos de palabras» que pueden modificarlos totalmente según quien los interprete. Para el abogado esto va en contra del principio de legalidad y del discurso de transparencia en la administración de justicia.
Agregó que es «una enorme injusticia» tales manejos de los textos.
Resaltó que la actual administración está «absolutamente atascada» pues la mayoría de los recursos se concentran en casos de personajes políticos reconocidos mientras el resto de los estudios no avanza.
Advirtió que la sección de delitos económicos ya se ha declarado en crisis de recursos.
Agregó que muchas veces la carga para un fiscal supera los 1500 expedientes al año y se cuestionó si es posible que un funcionario pueda dedicarle tiempo a estudiar cada caso con detalle, pues tiene un tiempo determinado para realizar el proceso.
Además del atascamiento del sistema, Rivero opina que muchos casos iguales se resuelven de manera distinta con pocos días o semanas entre estos.
El exjuez explicó que en algunos casos se falla distinto según el abogado o la persona que intervenga en el proceso y eso crea desigualdad.
En su criterio, la desigualdad es una gravísima injusticia del sistema jurídico y una «clara violación de las más elementales normas del debido proceso».
«¿Cómo puede confiar el pueblo, si hay una justicia imprevisible y los cambios producen fallos inesperados?», señaló el abogado.
Rivero argumentó que si la justicia ya no cumple con la equidad y el bien común; por ende ya no busca la seguridad de las personas en su vida en sociedad, principio fundamental de la justicia.
CARA E INHUMANA
La mayoría de los recursos se invierten en el crecimiento de la organización burocrática, dijo Rivero, pero no en solucionar las fallas.
Puso de ejemplo que la Corte Plena se compone de 22 magistrados (la más grande de Centroamérica), pero que no pasa de solucionar problemas administrativos.
Dijo también que la justicia es muy cara para las personas involucradas, pues deben pagar los honorarios de abogados, las costas y los problemas de salud que la tensión pueda causarles.
Por esa razón aseguró que la administración de justicia es inhumana. Mencionó conocer casos de personas que no han visto sus casos resueltos sino hasta 15 o 20 años después.
El experto indicó que es preferible soportar el agravio que la tensión de esperar todos esos años para que el caso se resuelva, si es que se llega a una sentencia.
Lo más grave son las sentencias de prisión preventiva, donde las personas salen años después libres porque no se les pudo demostrar nada en contra.
Dijo que el Estado debe indemnizarlos por todo ese tiempo, pero lo que hacen es liberarlos «por la duda» y evitar el pago de esos derechos.
ILEGAL Y CORRUPTA
Rivero advirtió que la justicia es hipócrita al firmar convenciones y presentarse como defensora de los derechos humanos, mientras por otro lado comete atrocidades con las personas detenidas.
«Si la justicia es injusta, atascada, desigual, imprevisible, cara, inhumana e hipócrita es por lo tanto ilegal y corrupta», concluyó.
Sin embargo, propuso crear un foro donde se puedan discutir abiertamente todas estas fallas para así «entrar aire fresco» al Poder Judicial. Incluso dijo que algunos casos podrían remitirse a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Por su lado, la argumentación del abogado Paul Rueda es que sólo el Poder Judicial está en una posición más sólida y de mayor credibilidad con respecto a los demás poderes de la república.
Advirtió que «en cualquier sociedad donde se pierda la confianza en la administración de justicia, cae el régimen político».
Rueda dijo que hay augurios en la sociedad que ameritan una reflexión muy serena; por ejemplo, el aumento de la brecha entre ricos y pobres, la pésima situación económica del Estado y un factor político inviable.
Señaló que el Poder Judicial es el único que sostiene la credibilidad en el Estado mientras que los medios de comunicación crean alarmas de situaciones que no lo ameritan.
Rueda explicó que para combatir la corrupción es necesario educar desde la escuela y no solo sancionar penalmente a los culpables.
Según el abogado, de los 7.000 funcionarios del Poder Judicial, sólo 1% fue sancionado luego de que se analizaran 1800 quejas en el 2003.
Resaltó la limpieza del órgano en el nivel americano e insistió en su defensa.
Por otro lado, Carlos Chinchilla se refirió, desde su perspectiva de juez penal, a aspectos relativos en la lucha en contra de la corrupción dentro y fuera del dicho poder.
Los jueces y otros funcionarios se contratan siguiendo un principio de «probidad» en el que se parte de que todos tienen una conducta pública y privada intachable; por eso es imposible establecer de previo quién puede ser un corrupto, sino hasta que se presentan las quejas, explicó.
Con respecto a la corrupción en las empresas, aclaró que la persona física es responsable de los actos de corrupción cuando se trata de fondos públicos, pero cuando se habla de una empresa privada no hay forma de sancionarlas.
Chinchilla comentó que en algunos países de Europa existe la «pena de muerte» para las personas jurídicas, en la que una empresa acusada de corrupción puede cerrarse totalmente como sanción.
El abogado resaltó que las cláusulas de la nueva Ley contra el Enriquecimiento Ilícito y la Corrupción ya estaban en la normativa, pero se hizo una nueva regulación basada en principios españoles que no hacen más que confundir a quienes deben aplicarla.
