Para el combate de la criminalidad organizada, Costa Rica debería crear tribunales especializados, contar con una ley de extinción de dominio relativa a los bienes obtenidos en actividades ilícitas, capacitar jueces y dotarlos de recursos.
Esas fueron las principales recomendaciones escuchadas en el seminario regional “Criminalidad organizada como desafío a la judicatura centroamericana” y en el VI Congreso Nacional de la Judicatura, desarrollados la semana pasada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que aglutina a unos 1.000 jueces y juezas del país.
Como expositores participaron jueces de “alto riesgo” de países centroamericanos −especializados en casos de crimen organizado− y expertos de Suramérica y España.
Entre los invitados estuvo Miguel Ángel Gálvez, quien −entre otros juicios de alto impacto en Guatemala− es el juez instructor del sonado caso de corrupción denominado “La Línea”, que tiene como principales imputados al expresidente Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
También participó Sara Salazar, jueza colombiana experta en el tema de “extinción de dominio”, una de las armas jurídicas que utilizan países como Colombia, para contrarrestar a las estructuras criminales desde el punto de vista financiero.
“Este encuentro regional nos sirve para construir sinergias entre los participantes y hacer comparaciones de los resultados en los países que tengan una jurisdicción especializada en crimen organizado, y además una ley de extinción de dominio, que es un tema en discusión actualmente en la Asamblea Legislativa”, explicó Adriana Orocú, presidenta de la Acojud.
Costa Rica se ha quedado rezagado en este campo, mientras que un país como Colombia tiene desde hace 20 años una ley de extinción de dominio, y el resto de países centroamericanos llevan varios años de tener una jurisdicción especializada con jueces de alto impacto, que se dedican exclusivamente a procesos de criminalidad organizada.
“La experiencia de ellos nos ayuda mucho a verificar los pros y los contras de los elementos que tienen los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa”, comentó Orocú.
Mientras tanto, la jueza colombiana Sandra Salazar dijo que su país ha tenido buenos resultados con la ley de extinción de dominio, que permite combatir el crimen organizado, ya no desde el punto de vista penal, sino de las finanzas, para despojar a la criminalidad de la riqueza adquirida mediante actividades ilícitas.
“Nosotros en los años 90 teníamos los carteles de la droga como los tiene México ahora. No digo que haya desaparecido la criminalidad, pero ya no tenemos los grandes carteles, no tenemos esa violencia de esa época; eso ha mejorado a raíz de que al delincuente se le ha despojado del producto de la actividad ilícita”, reiteró Salazar, quien fue jueza en esta materia y fiscal jefa de la unidad de lavado de dinero y extinción en Colombia.
AJUSTES
Respecto al proyecto de ley de extinción de dominio que se discute en Costa Rica, la especialista cree que está bien, pero necesita algunos ajustes puntuales, como darle intemporalidad a la ley, para que no prescriba la acción de extinción de dominio.
“A uno le parece que 20 años es mucho tiempo, pero no es así. En Colombia aún estamos extinguiendo bienes de carteles de hace 25 años; entonces, al colocarle un término de prescripción, el Estado estaría legitimando fortunas ilícitas”.
Otro elemento es que la ley debe ser aplicable a todo lo que se ha adquirido ilícitamente, aun antes de la vigencia de la ley.
A su parecer, en la región centroamericana Guatemala ha avanzado mucho en el tema de la extinción de dominio, El Salvador tiene la ley desde hace año y medio y ya hubo 13 procesos, mientras que Honduras también incorporó legislación en la materia.
“Creo que todos los países de la región tienen que ponerse a tono con esa legislación, para evitar que la delincuencia al verse perseguida en otros países quiera migrar hacia un país donde no hay esos controles”, advirtió.
Acerca del tema se refirió Jorge Haroldo Vásquez, juez guatemalteco que ha estado a cargo de procesos complicados de bandas criminales, narcotraficantes, secuestradores y maras (pandillas criminales).
Hizo ver que Centroamérica experimenta una situación especial con el incremento de crímenes organizados, tanto nacionales como transnacionales, relacionados con el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, evasiones fiscales, contrabando aduanero y otros.
Para enfrentar la situación hay que organizar un sistema de justicia especializada, con tribunales de alto riesgo o alto impacto para este tipo de delitos, con fiscales y policía especializada que tengan capacidad investigativa en ámbitos de alto riesgo. Hay que crear las leyes correspondientes para cubrir los temas de lavado de dinero, tráfico de personas, narcotráfico y sobre todo para llegar a acuerdos internacionales, porque el crimen organizado no reconoce límites fronterizos o políticos, expresó.
Recordó que en Guatemala ha habido un despertar de las personas, que han salido masivamente a protestar contra la corrupción, a exigir justicia, y hay una lucha fuerte contra la impunidad, que es un tema fundamental.
La presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), promovida por las Naciones Unidad, vino a marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción, las estructuras criminales, los poderes corruptos, las estructuras paralelas y sobre todo a favor de la transparencia, aseveró el juez guatemalteco
Proceso complejo
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Miguel Ángel Gálvez, juez instructor del caso de “La Línea”, en Guatemala[/caption]
El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez explicó que, además del complejo caso de La Línea que él tiene a cargo, en Guatemala se están realizando varios juicios por corrupción, que “en apariencia son sencillos, pero que son muy de fondo”, como un antejuicio pendiente contra unos 14 diputados, incluido el presidente del Congreso, que ya está procesado y detenido.
También está procesada toda la directiva del Seguro Social, al presidente del Banco de Guatemala, el decano de la Facultad de Medicina, entre otros.
¿En el caso de la Línea, que usted lleva, quiénes son los procesados?
−Son como 50 personas. Al más alto nivel están el expresidente Pérez (Otto), la vicepresidenta Baldetti (Roxana), el secretario privado de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón. Están también el superintendente anterior y actual superintendente de administración tributaria y la intendente de Aduanas. Esos son los cargos más altos; después están todas las jefaturas.
¿Es un proceso muy complejo, cuánto tiempo se llevará resolver?
−Es bastante extenso; estamos hablando de una gran cantidad de prueba, de evidencias, de casi 100.000 escuchas, de información que se pidió a Panamá por una cantidad de empresas abiertas, son procesos complejos.
Para elevar a juicio tuvo que haber una investigación muy detallada y completa. ¿Fue la Cicig la que la hizo posible?
−En parte sí, pero lo que ha habido es una buena interrelación entre el Ministerio Público y la Cicig; ahí comienzan las investigaciones. Es un trabajo en el que se necesita de investigadores y analistas a tiempo completo, un equipo dedicado exclusivamente a eso y que conozca especialmente lo que es el crimen organizado.
¿En países como Costa Rica, que no cuentan con ese equipo, se podría hacer eso…?
−Aquí lo que se recomienda es crear organismos especializados en crimen organizado. Cuando venía para acá tuve oportunidad de revisar la prensa de Costa Rica y me llamó mucho la atención el aumento de los asesinatos respecto a lo que había antes, y la impresión es que detrás de esos asesinatos está de plano el narcotráfico.
¿Qué otras recomendaciones hará usted en el congreso de jueces?
−Debemos trabajar en forma coordinada entre los países. Lo ideal es unificar la legislación a nivel centroamericano. Para el crimen organizado no hay fronteras, y ese es uno de los problemas. Un objetivo fundamental del congreso es despertar el interés de los funcionarios responsables, para que se sienten y analicen las posibilidades de esa cooperación.
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