Atribuyen a deseo de presionar la intención del diputado Gerardo González.
Trabajadores del sector privado desfilaron por calles de San José -al igual que lo han hecho los sectores sociales- y se dirigieron a la Casa Presidencial, para presionar por la aprobación del TLC.
Como «una ocurrencia» calificaron algunos juristas consultados por este Semanario la intención del presidente de la Asamblea Legislativa -Gerardo González Esquivel- de presentar por su cuenta a discusión del plenario el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, al tiempo que todos coincidieron en que dicha gestión es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.
A esta última posición se suma una opinión reciente de la Procuraduría General de la República, la cual concluye que «los miembros de la Asamblea Legislativa no pueden ejercer la iniciativa en la formación de las leyes para aprobar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos».
Asimismo, un pronunciamiento de 1990 de la Sala Constitucional (No.1974-90) deja claro que la iniciativa en este campo es competencia única del Poder Ejecutivo.
La idea del diputado González Esquivel, para algunos tiene como trasfondo el deseo de presionar al mandatario Abel Pacheco, para que remita a discusión cuanto antes al plenario legislativo el proyecto del TLC, el cual ya fue aprobado por el senado y el congreso estadounidense.
Especialistas en derecho como Rubén Hernández, del Bufete Gutiérrez, Hernández y Pauly y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR); Jorge Enrique Romero, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR; José Miguel Corrales, legislador independiente, y Rafael González, decano de la Facultad de Derecho de la UCR, aseguraron que de concretarse la acción que pretende el Presidente del Congreso, esta no tendría ningún sustento jurídico y por lo tanto estaría viciada de nulidad.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestionó la intención del diputado González y advirtió que de llevarla a cabo podría convertirse en un nuevo golpe de Estado técnico. El primero -para ellos- lo fue la resolución de la Sala Constitucional (IV) que permitió la reelección presidencial y que fue interpuesto en favor del ahora candidato, Óscar Arias Sánchez.
PELIGROSA PROVOCACIÓN
Para la ANEP, las «abusivas intenciones» del presidente legislativo merecen «la más enérgica censura y condena, así como el más abierto repudio ciudadano (…). Parece que estamos en puertas de otro golpe de Estado técnico, similar al que se presentó con el asunto de la reelección presidencial, ocasión esta en la cual, la actual Asamblea Legislativa resultó totalmente violada, en cuanto a su facultad soberana para la generación de reformas constitucionales».
Según la mencionada organización, lo pretendido por González Esquivel «no es ni más ni menos que la sustitución de un poder por otro». «Está lanzando una peligrosa provocación que incentiva el camino para hacer más sólida la consigna de la desobediencia civil en salvaguarda de los poderes constitucionales todavía vigentes», advirtieron.
La ANEP hizo un llamado vehemente a los poderes públicos -especialmente al Ejecutivo y el Judicial-, «para que le cerremos el paso a esta condenable intención del actual presidente legislativo González Esquivel y el séquito de legisladores de la Alianza de Negocios Grupo PLUSC que le acompaña en la citada pérfida acción».
Esto último se refiere al eventual apoyo que podría recibir la gestión de González, por parte de diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como del Movimiento Libertario.
La ANEP tiene sospechas de que -entre otras cosas- detrás de las actuaciones del congresista, lo que existe es la desesperación de algunos legisladores del «Grupo PLUSC», por darle un trámite rápido al TLC.
Cabe recordar, que tras la aprobación del tratado en Estados Unidos, tanto los opositores como sus simpatizantes arreciaron las presiones para que no sea enviado al trámite legislativo o para que sí lo hagan.
Como parte de esas presiones, parte del sector empresarial lanzó el pasado 9 de agosto a sus trabajadores para participaran en una marcha por calles josefinas, acción que es «satanizada» cuando es organizada por los grupos sociales y sindicales.
En este sentido, el Frente Interno de los Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad lamentó que «los trabajadores sean movilizados, uniformados y llevados a una manifestación pública, bajo la presión sicológica que significa el temor a perder su empleo, a la vez que se critica a las organizaciones sociales por movilizarse de manera consciente y valiente a defender el país, e incluso de llamar a rebajar el día a quienes se manifiestan, mientras las cámaras pagan gustosos los salarios de sus obreros para que acudan a pelear por ellos».
«Estamos claros -agregaron- que la manifestación fue directamente contra el Presidente Abel Pacheco, a quien se pretendió intimidar con la movilización, para obligarlo a enviar el Tratado a la Asamblea Legislativa, objetivo que no lograron».
Fue a inicios de este mes cuando el socialcristiano González Esquivel anunció que presentaría a discusión el TLC en el plenario, si no lo hacía pronto el Poder Ejecutivo. En aquel momento anticipó que antes realizaría un evaluación legal, con el fin de determinar la vialidad jurídica de su plan.
Aparentemente él interpreta que hay algunos vacíos legales que podrían ser aprovechados a favor de su tesis, pues las leyes nacionales no dicen con claridad que el envío de convenios, tratados y concordatos son potestad del mandatario.
Al cierre de esta edición (jueves 11), se quiso conocer el criterio del jerarca legislativo. Se le hicieron múltiples llamadas y se le dejaron mensajes, pero no fue posible conversar con él. Su asesor de prensa -Franklin Carvajal- informó que el diputado aún está analizando el sustento jurídico en que podría basar su acto, para así presentar el TLC a discusión.
UN TEMA POLÉMICO
En cuanto a las dudas de si un diputado puede presentar un proyecto que tiene un rango mayor a las leyes costarricenses (tratados, convenios, concordatos), la Procuraduría General de la República PGR) desbroza sustancialmente el camino que conduce a este tema, al emitir el 21 de febrero pasado una opinión jurídica (OJ-030-2005) al respecto.
En este caso, el órgano que representa los intereses legales del Estado, se pronunció ante una consulta que plantearon los diputados libertarios Carlos Salazar y Federico Malavassi, aunque su dictamen no es de acatamiento obligatorio (vinculante) para la Asamblea Legislativa, al no ser un ente de la Administración Pública.
Aunque el análisis de la Procuraduría «se hace como una colaboración en la importante labor que desempeñan los diputados», en el documento se exponen suficientes argumentos jurídicos como para concluir que no le corresponde a algún legislador someter el TLC al plenario.
En su pronunciamiento, la PGR cita a varios especialistas en leyes para sustentar su posición y establece que la exclusividad del Poder Ejecutivo en esta materia «no es porque el texto constitucional (la Carta Magna) lo indique en forma expresa» o porque esté formalmente establecido, sino que hay una costumbre en el país «la cual ha sido validada en el ámbito doctrinario».
Para sostener su tesis de que el Poder Ejecutivo goza de una competencia exclusiva en la iniciativa de proyectos para aprobar tratados, convenios o concordatos, la Procuraduría recurre a cuatro razones.
Una de ellas habla de la mayor jerarquía que tienen estos instrumentos de relaciones internacionales, por sobre las leyes nacionales, así como la obligación de los legisladores de aprobarlos o rechazarlos sin poder hacerles cambios a su texto.
De igual manera, recuerda que el artículo 123 de la Constitución precisa que durante las sesiones legislativas ordinarias, la iniciativa de los proyectos corresponde a cualquier miembro del Poder Legislativo o del Ejecutivo por medio de los ministros. No obstante, la Procuraduría enfatiza en que esto «ha de entenderse en aquellas materias que no son exclusivas del Poder Ejecutivo».
En un segundo punto, se refiere a las competencias constitucionales de estos dos órganos del Estado y la necesidad de respetarlas, en aras del equilibrio de los poderes y de la potestad entonces del Ejecutivo en la tramitación de acuerdos internacionales.
Como tercer término, la PGR presenta la resolución de la Sala IV de 1990 (No.10974-90), «que nos deja entrever que la iniciativa en esta materia corresponde al Poder Ejecutivo en forma exclusiva».
El cuarto argumento arguye que «estamos en presencia también de una costumbre secudum legem, ejercida durante la vigencia de la Carta Fundamental de 1949, en el sentido de que se ha permitido aplicar correctamente el texto constitucional, al reconocer que la iniciativa en la formación de una ley tendiente a aprobar un tratado, es exclusiva del Poder Judicial».
SIN PIES NI CABEZA
Por otra parte, a pesar de las suposiciones legales de González Esquivel, entre los juristas consultados por UNIVERSIDAD parece haber claridad en que su gestión con el TLC no tiene pies ni cabeza.
Ellos concuerdan además con la tesis planteada por la Procuraduría, la cual le concede al presidente de la República el manejo de los tratados, y en este caso del TLC.
El diputado y experto en derecho constitucional -José Miguel Corrales- recordó que hace algunos meses, cuando le daba seguimiento a los contratos con las empresas Alterra y RITEVE se dio cuenta y cambió de opinión en cuanto a que son resorte del Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales.
«Si eso (el TLC) no es enviado por el Poder Ejecutivo a discusión, nosotros lo que podríamos hacer es nada más un proceso contencioso administrativo de nulidad, por faltar un requisito esencial para su aprobación; pero, no podríamos incluirlo en la corriente legislativa», explicó.
De acuerdo con Corrales, la Constitución no dice expresamente que el Ejecutivo tiene la prerrogativa sobre los tratados, «sino que se desprende de principios y disposiciones que se encuentran aisladas dentro en la Constitución».
Igual de enfático fue el constitucionalista Rubén Hernández, quien comentó que la Asamblea Legislativa tiene un papel muy reducido en el ámbito de los tratados y se limita únicamente a aprobarlos o rechazarlos, sin poder tampoco hacerles cambios o incluirles cláusulas interpretativas; solo le cabe ejercer un control político.
Puntualizó que el artículo 140 inciso 12 de la Constitución define a quién le cabe la responsabilidad de enviar el TLC al plenario. El texto de este artículo declara los deberes y atribuciones del Presidente y su Ministro de Gobierno, entre ellos «dirigir las relaciones internacionales de la República».
A su parecer, la intención de González Esquivel solo «busca meterle presión al Presidente, pero jurídicamente no tiene ningún asidero». Si lo aprobaran así la Sala Constitucional lo declararía nulo.
Por su parte, el catedrático y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR -Jorge Enrique Romero- también mencionó el artículo 140 inciso 12 y el dictamen de la Procuraduría, para sostener que «implica una doble violación constitucional» si González hace realidad su idea, ya que atropellaría la competencia del Ejecutivo sobre los tratados y transgrediría la separación de responsabilidades que fija la Constitución entre los poderes públicos.
Una visión similar externó el decano de la Facultad de Derecho de la UCR -Rafael González-, para quien el plan del presidente legislativo solo tiene la intención de «algún show político», para ejercer presión sobre el mandatario Pacheco, o para dar la imagen internacional de que Costa Rica está interesada en discutir el TLC.
