Después de cuatro años, así se ve el relleno de La Carpio
Mientras en la empresa EBI de Costa Rica -la cual maneja el relleno sanitario de La Carpio- aseguran que ya no abandonarán este proyecto porque la Municipalidad de San José (MSJ) le cancelará más de ¢600 millones que le adeuda, el municipio informa que aún no reciben autorización de la Contraloría General de la República (CGR) para realizar el pago.
La tardanza en pagar esas deudas ha llevado a EBI a agotar la vía administrativa y por esa razón podría, en las próximas semanas, iniciar el cobro por la vía judicial, detalló el gerente general de la empresa, Juan Carlos Obando Umaña.
EBI de Costa Rica advirtió al calor de los disturbios ocurridos en la ciudadela La Carpio el 31 de mayo pasado, que si el gobierno no se hacía cargo de las exigencias de esta comunidad y si la Municipalidad de San José no cancelaba deudas atrasadas por varios años, dejaría el manejo del relleno sanitario -denominado por la empresa «Parque de Tecnología Ambiental»- que opera desde finales del 2000.
En entrevista con este Semanario, Obando Umaña dijo el 2 de julio que según información que le había llegado, la Contraloría General ya había autorizado a la Municipalidad los fondos para dicho fin.Sin embargo, el encargado de la Dirección de Contratación Administrativa de la MSJ -Mario Vargas Serrano- explicó el 5 de julio que la obtención del visto bueno de la Contraloría aún está pendiente, pues requiere de una debida justificación financiera que exige el órgano contralor y de la aprobación previa del Concejo Municipal. En la Contraloría confirmaron esta versión.
Al enterarse de este trámite, Obando manifestó que lo desconocía y se quejó de que en la Municipalidad le dicen cosas diferentes, como que el diferendo está por ser resuelto. Es por eso -agregó- que la empresa está cansada de tratar de llegar a un arreglo por la vía administrativa y próximamente acudirán a los tribunales de justicia.
Así como es confusa la relación contractual entre la MSJ y EBI de Costa Rica, indagaciones de UNIVERSIDAD indican que igual de poco claro es el cumplimiento de los términos del contrato firmado en el 2001.
Lo anterior, por cuanto aparentemente no se cumplen algunas de las exigencias que mencionó la Contraloría General al refrendar el acuerdo, como la exclusividad del relleno para recibir únicamente la basura del cantón central de San José y construir una calle alterna para los camiones que acarrean desechos hasta el relleno.
A pesar de que Obando Umaña negó que exista esta exclusividad, Vargas Serrano sí la admitió, aunque dejó ver que la Municipalidad no hace nada por darle seguimiento y exigir el acatamiento de lo dispuesto por la Contraloría, causales para rescindir el contrato.
Por otra parte, pese a los inconvenientes financieros que les significa la relación contractual con el municipio, la compañía EBI lucha desde hace dos años por hacer realidad un nuevo relleno sanitario en el cantón de Aserrí, y para ello ya adquirieron un terreno que recibiría la basura de los cantones del suroeste de San José: Alajuelita, Desamparados, Aserrí y Escazú (ver artículo «Relleno en Aserrí: Municipio deja todo en manos de la SETENA».
El proyecto se encuentra a la espera del visto bueno del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Otra piedra en el camino que enfrenta la gestión empresarial de EBI en Costa Rica, es una demanda por $1.3 millones que reclama el ciudadano argentino Eduardo Uriarte Scaltriti, por supuesto incumplimiento de los pagos contemplados en un contrato, mediante el cual realizaría una serie de gestiones ante la Municipalidad de San José, tendientes a concretar el convenio entre la MSJ y la EBI (ver nota «Un contrato polémico»).
También está en los tribunales de justicia la demanda de EBI contra el ambientalista Freddy Pacheco (ver información «Acusaciones a juicio»), quien desde que nació el proyecto de abrir un relleno en La Carpio ha advertido que es peligroso desde el punto de vista ambiental. La empresa lo acusó por las opiniones que en este sentido expresó en el programa «Tertulias’ de Canal 13.
Este programa es conducido por el periodista Camilo Rodríguez Chaverri, a quien también la EBI acuso judicialmente; éste prefirió posteriormente retractarse de lo dicho y atribuyó la responsabilidad a Pacheco.
PAGO CONFLICTIVO
Respecto a las deudas contraídas por la MSJ con EBI, debido al atraso en reajustar las tarifas desde el 2001, estas generaron en días pasados una polémica en la opinión pública, al ser planteadas con carácter retroactivo.
Sin embargo, el Gerente General de EBI dijo el pasado 2 de julio que el reajuste estaba contemplado en el contrato y que la Municipalidad había hecho las previsiones presupuestarias del caso, razón por la cual procedía el pago.
En una carta del 16 de junio del alcalde Johnny Araya Monge dirigida a la Contraloría General, se detallan las razones para que ese órgano reconsidere el rechazo anterior de autorizar el presupuesto con que se pagaría a EBI.
En dicho documento, se cita la cláusula 14 del contrato, en la que se estipula que «La Municipalidad se compromete a reintegrar a La Contratista, la diferencia a su favor que resultara entre la tarifa provisional indicada y la definitiva fijada por la ARESEP (…)».
Cabe recordar que en el contrato se estableció una tarifa provisional de ¢2.333 por cada tonelada de basura llevada a La Carpio. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) -escogida por ambas partes como la entidad que recomendaría las tarifas- elaboró en noviembre el cuadro de tarifas que regirán para cada año que falta hasta el 2006, cuando vence el contrato y podría ser renovado. La nueva escala de tarifas fijó un monto de ¢5.160 por tonelada para el 2004.
En el mismo documento enviado a la Contraloría, el alcalde Araya Monge explica que después de negociar con EBI las sumas adeudadas (¢640 millones más intereses y al cambio actual), convinieron en que la empresa condonaría el pago de varios millones y la cifra por cancelar quedaría entonces en ¢611 millones.
Debido a los contratiempos que han enfrentado para que la MSJ les pague, Obando Umaña aseguró que si deben recurrir a la vía judicial cobrarán todo lo adeudado hasta hoy, junto con los intereses acumulados.
La eventualidad de la demanda judicial anunciada por Obando, queda entonces sujeta a la rapidez con que el Concejo Municipal apruebe la forma en que financiarán el pago de las deudas y que la Contraloría General dé por válida la justificación financiera del ayuntamiento.
¿CONTRATO INCUMPLIDO?
En relación con el contrato firmado en el 2001 entre la MSJ y EBI, no obstante que ni el texto de acuerdo, ni el cartel de contratación directa que se sacó, establecen de manera explícita que el relleno de La Carpio será para uso exclusivo de la basura producida en el cantón central de San José, el refrendo de la Contraloría General de la República sí lo determinó así.
En la resolución (13-07-2001) que refrendó el mencionado contrato, el órgano contralor aclara que en referencia a las causas que podrían darlo por terminado en forma anticipada por incumplimientos del contratista, «debe tenerse en cuenta las exigencias que el Ministerio de Ambiente y Energía estableció en su resolución No. R-149-2001-MINAE» del 23 de abril y que amplía otra resolución anterior (652-2000) de la SETENA.
El documento de la CGR precisa que una de las condiciones incluida en las resolución R-149-2001, dice que: «para evitar posibles congestionamientos vehiculares provocados por el flujo de los camiones recolectores, la empresa contratista debe presentar un proyecto para la creación de una ruta alternativa, y que cuente con el aval de las instituciones respectivas, en un plazo de 6 meses desde dictada la resolución. De no ser así, se paralizaría el relleno».
El gerente general de EBI -Juan Carlos Obando Umaña- aceptó que esto no se ha cumplido, pero alegó que la calle y otras cosas más fueron ofrecimientos que hizo el Gobierno de entonces.
Mientras tanto, Vargas Serrano adujo que esto no incumbía a la Municipalidad, sino al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
De igual manera, otro punto incumplido lo constituye la indicación citada por la CGR, de que «el relleno sanitario que se ubicará en La Carpio será utilizado únicamente por las Municipalidad de San José en un horario especial».
El jefe de la Dirección Contratación Administrativa de la MSJ y alcalde cuando se firmó el contrato -Mario Vargas Serrano- mostró desconocimiento en torno a que se lleva allí basura de procedencia ajena al cantón de San José. Dijo que «estaría muy mal» si esto se comprueba.
El funcionario municipal argumentó que la vigilancia de los cumplimientos corresponden a la Dirección de Saneamiento Ambiental de la MSJ, según estipula el contrato.
El representante de EBI reconoció que llevan basura de sitios fuera de San José y mencionó algunos, pero lo justificó en el hecho de que fueron contratos que firmaron antes de vincularse con la MSJ.
Obando Umaña aportó datos de enero que sitúan en un 15% la cantidad de basura que proviene de sitios ajenos al cantón josefino, como de la empresa Firestone y algunos supermercados
Negó que el relleno tenga problemas por no disponer de suficiente tierra para cubrir adecuadamente la basura durante su vida útil, calculada en 15 años.
Por otro lado, el director técnico del relleno, Óscar Guzmán, destacó que es vital mantener el recibo de basura de particulares , «pues de lo contrario mucho de estos desechos quedarían en lotes desocupados, ríos o quebradas», aseveró en un informe del mes de abril.
Ese porcentaje -agregó- no compromete ni pone en riesgo la vida útil del relleno, ni compite con el municipio josefino en cuanto a exclusividad municipal para depositar allí. Los datos de EBI indican que la MSJ lleva a La Carpio un promedio diario de 437 toneladas de basura.
Obando Umaña responsabilizó también de los incumplimientos a una comisión interinstitucional que se creó para vigilar el desarrollo del contrato, la cual en su criterio no ha funcionado, excepto por dos años en el gobierno anterior.
El cumplimiento del contrato es importante, porque al recibir basura de otros cantones, la empresa EBI percibe ingresos extras que podrían abaratar los costos de operación y por lo tanto reducir las tarifas.
Asimismo, con el ingreso de desechos ajenos al cantón de San José se reduciría la vida útil del relleno y en un plazo menor al proyectado habría que buscar la construcción de un nuevo sitio, con los conflictos que esta búsqueda por lo general ocasiona.
Caso Uriarte Scaltriti
Un contrato polémico
n la historia de la empresa EBI en Costa Rica, se encuentra una etapa que sale a flote ahora, después de que un hombre contratado por los canadienses para que les ayudara a conseguir los permisos de la Municipalidad de San José, y poder así instalar el Parque de Tecnología Ambiental de La Carpio, los demandó.
De acuerdo con el expediente No. 001-001286-184 CI 2001, del Juzgado Quinto Civil, se tramita una demanda civil por incumplimiento de contrato interpuesta por Eduardo Uriarte Scaltriti contra EBI de Costa Rica S.A.
Uriarte indica que suscribió un contrato con EBI el 15 de octubre de 1998. por el cual se comprometía a obtener de la Municipalidad de San José (MSJ) a favor de la empresa, «todos los permisos, aprobaciones, autorizaciones y requisitos para que en esta se instale, opere y maneje legalmente un Centro de Tecnología Ambiental de materia residual», donde se recibirían desechos caseros, comerciales e industriales, materias orgánicas, desechos biomedicinales y aguas negras.
Uriarte se comprometía a que la MSJ pagara una tarifa de $11 por tonelada, que el contrato duraría diez años mínimo y que sería un convenio directo sin pasar por los trámites de un concurso de licitación pública. Todo esto lo haría en 60 días máximo.
Cuando Uriarte consiguiera la autorización municipal para que la empresa operara el Centro, EBI le pagaría $25.000; y cuando lograra que la Municipalidad contratara los servicios del Centro para depositar la basura le pagaría el 10% de la facturación municipal de basura por cinco años.
En el momento en que Juan Carlos Obando, gerente general de EBI, fue contratado por la empresa, a principios del 2000, la compañía -cuyos propietarios son los hermanos canadienses Pierre y Michel Sylvestre- estaba por irse de Costa Rica.
Según contó a UNIVERSIDAD, los canadienses ya habían contratado a Uriarte y cuando él se enteró del conflicto les recomendó finiquitar el contrato con este señor. «En ese momento la empresa ya ha sido afectada por una serie de contrataciones que había hecho en el país», dijo.
En su demanda Uriarte alega que logró que el Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobara la solicitud del terreno como relleno sanitario, que la Contraloría refrendara el contrato, que la Municipalidad diera todos los permisos, que se depositaran los desechos no sólo de la MSJ sino también de otros lugares y que EBI le pagó en total sólo $37.500. También afirma que contrató a la firma de abogados Facio y Cañas para que el contrato fuera directo, sin licitación. Por todo esto demandó a EBI por $1.300.000.
Obando aseguró que Uriarte no consiguió nada y que, sin embargo, la empresa le pagó en total $117.000.
CONSULTAS
Debido a los compromisos que se contraían en es contrato, diputados del Partido Acción Ciudadana, enviaron una carta el 26 de junio del 2.003 al entonces Contralor de la República, Luis Fernando Vargas, para que lo investigara. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta.
En su carta, los diputados aducen que «el contrato es para un fin ajeno al principio de legalidad que debe regir todo acto público, contrario a los principios de transparencia, buena fe e igualdad de oportunidades».
Los legisladores piden investigar, por ejemplo, que en 1995 la SETENA rechazó la utilización de ese mismo lugar para una planta de incineración de desechos sólidos a la empresa INVALTEC S.A., alegando la posible contaminación de los mantos acuíferos. Y segundo, cuestionan que una contratación directa significa variar mandatos constitucionales y leyes.
Pero, Obando les responde diciendo, primero, que su empresa tardó más de 30 meses para materializar sus objetivos empresariales, «hecho vox populi e irrefutable», y que el contrato nunca se materializó. «Si de la valoración de pruebas que hacen sus asesores se concluye que son hechos ciertos y pruebas de tráfico de influencias, les exijo que presenten denuncia ante el Ministerio Público».
Aseguró que el Ministerio de Salud aprobó el permiso de funcionamiento en octubre del 2000 -dos años después del compromiso de Uriarte- y que la SETENA dio la viabilidad ambiental tiempo después. «El caso INVALTEC nada tiene que ver con el contrato, pues ese sitio no correspondía con el tajo propiedad de mi representada». Además, sí hubo proceso licitatorio, cuyo producto fue refrendado por la Contraloría.
El caso aún no ha sido resuelto por el sistema judicial. Se intentó contactar a Uriarte, pero su número no aparece en la guía telefónica, ni se le pudo ubicar en un restaurante del cual supuestamente es socio.
