La necesidad de invertir más en desarrollo humano es una de las advertencias que señala el VII Informe Estado de la Nación. Las principales tendencias de la sociedad costarricense son examinadas en estos dos artículos.
Lograr que la deserción en secundaria disminuya y mejorar la calidad de la enseñanza es uno de los grandes retos del país
Mejorar los niveles educativos de la población, evitar la deserción en secundaria y lograr una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, impulsar propuestas sostenibles a favor de los pequeños y medianos productores y evitar el ensanchamiento de la brecha social, son algunos de los retos de la sociedad costarricense, según el reciente informe del Estado de la Nación.
Costa Rica no adopta las decisiones políticas e institucionales que requiere para enrumbar la sociedad hacia un nuevo modelo de desarrollo y tampoco logra traspasar los umbrales críticos en temas claves para potenciar el desarrollo.
Así valora la situación actual del país el VIII Informe Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible, divulgado el pasado 5 de noviembre por especialistas de diversos campos, quienes analizaron las tendencias tomando como base investigaciones de organizaciones estatales, universitarias y privadas.
La Costa Rica de hoy se asemeja a una montaña que construye en la cima, pero la deforestación y los movimientos de tierra en su base generan riesgos, según el equipo coordinador del estudio.
Para ellos, la estabilidad está a prueba porque lo logrado hasta el momento es insuficiente para enfrentar los retos que demanda la población. «O se invierte en el desarrollo humano, o las oportunidades de la población económicamente activa se frustrarán por la baja preparación para los empleos y las inadecuadas condiciones de salud», señala el documento.
Al analizar lo sucedido en 2001, el informe resalta la modificación del sistema político con la emergencia de nuevas fuerzas electorales en el ámbito nacional y cantonal, la recomposición de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa y el surgimiento de nuevos temas en la agenda pública donde la ciudadanía también tiene su voz.
Sin embargo, los niveles de pobreza se mantienen en un 20%, crece la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo y el subempleo.
«Es como si la roca de la equidad social, uno de los fundamentos de la estabilidad política, estuviera sometida a una erosión constante que al cabo del tiempo dejará huellas importantes», agregan los investigadores.
El crecimiento económico es escaso y beneficia a los que más tienen y si se toman en cuenta los indicadores de los últimos cuatro años, se concluye que existe una peligrosa concentración del ingreso , lo cual es una llamada de atención importante al rumbo que toma la sociedad.
En el campo social, uno de los logros más significativos es la ampliación en la cobertura de los servicios de salud. Cerca de 82% de los residentes en el país tienen acceso a los servicios del Seguro Social, pero hay desigualdades que deben superarse en las zonas rurales; dos de cada tres emergencias atendidas en los hospitales podrían resolverse con programas de atención primaria.
La educación es el reto, pues solo asisten a secundaria 7 de cada 10 jóvenes con edad para hacerlo; y uno de cada cinco deserta en el sétimo año, la mayoría de ellos porque la educación no les satisface, no tienen el dinero para acceder a ella o requieren trabajar para ayudar a sus familias. Solo el 14% de las personas entre los 12 y 14 años que abandonan el colegio, no estudian ni trabajan
Esta situación es particularmente grave en la Región Huetar Norte, donde solo el 51% asiste a la educación. Esto impide el acceso a mejores condiciones de vida, pues según el Consejo Económico para América Latina, dos años menos de educación se traducen en 20% menos de ingresos mensuales durante toda la vida activa.
La pobreza afecta al 23% de la población costarricense, la mitad de la cual vive en la zona urbana. La pobreza extrema (5,9% de la población) se concentra en las regiones de Brunca y Chorotega, según el estudio.
Adicionalmente constata que cuatro de cada 10 hogares no satisface una o más de sus necesidades básicas, y el desempleo se acrecentó al 6%.
Al comparar los niveles de ingreso se constata que el 10% de los hogares más ricos tienen acceso 23,3 veces más que el 10% de los hogares más pobres. Esta diferencia se acentuó dramáticamente en relación con 2000, cuando la diferencia era de 19.
GRUPOS ÉTNICOS
Los indígenas representan el 1,7% de la población, pero en promedio reportan 3,6 años de escolaridad y menos de uno en algunas de las comunidades. El analfabetismo afecta a 3 de cada 10 indígenas, pero llega a 1 de cada 2 entre los cabécares.
En los pueblos indígenas, el 73% de las viviendas está en regular o mal estado, solo el 38% tiene electricidad y el 65% utiliza letrinas.
Las personas afrocaribeñas representan el 1,9% de la población nacional. En este grupo, el 68% de los jóvenes entre los 13 y 17 años asiste al sistema educativo. La proporción de afrocaribeños con secundaria completa supera el promedio nacional, al igual que la de mujeres con educación universitaria.
EL AGRO EN EL OLVIDO
La situación de los pequeños y medianos productores es particularmente grave: el sector agrícola solo representó en 2001 el 11,8% de toda la producción nacional y solo generó el 15% del empleo.
Se constata por el equipo investigador que la producción para el mercado interno se contrae cada vez más y se mantienen altos niveles de protección arancelaria.
Como si fuera poco, menos del 2% de los recursos públicos es dirigido a préstamos agropecuarios y las actividades de este tipo solo representaron el 7% de todos los nuevos créditos otorgados el año pasado.
Esta situación incide en los índices de pobreza, pues casi el 38% de la población que se desempeña en labores agrícolas es pobre y reside en zonas rurales.
En materia ambiental se destaca que el 30% del territorio está protegido por el Estado o por instancias privadas, pero el gobierno adeuda cerca de $58 millones por 80 mil hectáreas expropiadas a sus dueños.
Una tercera parte de la madera que se consume proviene de la tala ilegal, aunque disminuyó la deforestación que el año anterior alcanzó 3000 hectáreas.
El informe analiza además aspectos económicos, ambientales, acceso a la administración de justicia y de participación ciudadana, entre otros temas que serán analizados en posteriores artículos.
