Procuraduría de la Ética Pública valorará si interviene en el caso.
El directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Félix Delgado Quesada, presentó su renuncia al cargo, luego que la auditoría general del ICE determinó que la empresa Consejeros Económicos y Financieros S.A. (CEFSA), de la que él forma parte, se encuentra afectada por la prohibición legal para contratar con la entidad, mientras dure el nombramiento del señor Delgado en el Consejo Directivo.
La confirmación la hizo el directivo a UNIVERSIDAD el pasado lunes 26 de octubre, a través de su secretaria en las oficinas de CEFSA.
La decisión de Delgado se da luego de que una publicación hecha por el Semanario Universidad (1816-1819) revelara que el directivo era dueño de 85 acciones de CEFSA, lo cual podría configurar un conflicto de intereses a la luz de la ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública.
Este semanario divulgó que la diputada del Partido Acción Ciudadana, Leda Zamora, pidió explicaciones a las juntas de directivas del ICE y la CNFL por el hecho de que Delgado era socio de una empresa que les vende servicios.
Una investigación de la auditoría general del ICE concluyó, tras una denuncia presentada por la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC), que a CEFSA la afectan las prohibiciones legales para contratar con la institución.
No obstante, a Delgado no le alcanzan las prohibiciones establecidas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, según concluyó la división jurídica ante una solicitud de criterio de la auditoría, indicó el auditor general, Raúl Rivera en nota enviada a Jorge Arguedas, presidente de ANTTEC.
Preguntado Rivera sobre las medidas que adoptará la institución, dijo a UNIVERSIDAD que el estudio del caso estaba prácticamente concluido, y a la espera de que la división jurídica “ratifique que lo que procederá es la inhabilitación de la empresa” para contratar con el grupo ICE.
En cuanto a Delgado la auditoría no encontró nada irregular, ya que “don Félix siempre estuvo a derecho”, expresó Rivera.
La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y otras prevén sanciones para miembros de las juntas directivas de entidades públicas que contratan con empresas de las que ellos son parte.
LO NEGÓ
Como informó UNIVERSIDAD en su edición del pasado 5 de agosto, a pesar de que en la página de CEFSA en Internet Delgado figuraba como socio, el funcionario negó a este semanario que él fuera parte de dicha firma de consultoría económica. Afirmó que tan solo se desempeñaba allí como empleado y la presencia de su nombre entre los socios la atribuyó a un error.
Cuando se preguntó a partir de qué momento dejó de formar parte de la empresa, dijo que “precisamente como requisito para participar en este tipo de cosas (ser directivo) yo tengo que deshacerme de mis acciones y lo atendí.”
Llamó la atención que luego que el Semanario le hiciera la consulta, el 31 de julio ya no aparecía en la página de CEFSA como “socio activo”, sino simplemente como “colaborador”, pero actualmente nuevamente figura como socio y director de programas.
La empresa está integrada además por el exministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Fernando Naranjo, quien la preside; el expresidente del Banco Central, Eduardo Lizano; el exministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos; el gerente de Scotiabank y actual candidato a vicepresidente por el Partido Liberación Nacional, Luis Liberman, y por José Luis Arce, director del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
Según la auditoría general del ICE, en las contrataciones realizadas con CEFSA, las cuales han sido de capacitación en temas económicos y financieros, “se han seguido los procedimientos legalmente aplicables.”
Los montos contratados a CEFSA por ese concepto ascienden a ¢8,6 millones del 2006 (año en que Delgado asumió como directivo) y el 2009. Las capacitaciones han sido dirigidas a las personas idóneas encargadas de la toma de decisiones en estos temas, como lo son el subgerente de Finanzas y el director de la Dirección de Finanzas, entre otros, anotó la auditoría.
De acuerdo con certificaciones que pidió en marzo pasado al ICE y la CNFL la diputada Leda Zamora, los contratos de CEFSA con ambos entes desde el 2006 hasta el 2008 ascendían a ¢19.1 millones. En conjunto desde el 2003, cuando empezaron las capacitaciones, sumaban ¢26.6 millones.
En declaraciones al diario La Nación, publicadas el martes de la semana pasada tras la resolución de la auditoría, Delgado dijo que valoraría con CEFSA si se mantenía o no en la directiva del ICE. Ese mismo día presentó la renuncia.
En criterio de la diputada Zamora, lo dicho por la auditoría en este caso no es suficiente, ya que Delgado ha sido miembro de la Junta Directiva del ICE mientras se han realizado contrataciones con CEFSA, contraviniendo de manera clara el régimen de prohibiciones, por lo que debe ser investigado y se deben establecer las sanciones correspondientes.
“Además, me parece descarado lo que sale diciendo, que va a tener que evaluar el costo beneficio de qué es más conveniente para CEFSA, que él esté como directivo del ICE o poder contratar con el ICE. ¿Dónde está la defensa que este señor hace de los intereses institucionales, o es que ha estado ahí únicamente para facilitar los negocios de su corporación?”, dijo Zamora horas antes de que se conociera la renuncia del funcionario.
Zamora añadió que estaba preparando una nota pidiendo al ICE que se le diga qué acciones van a emprender la administración superior y la auditoría respecto a las actuaciones de Delgado, quien incluso en un momento había mentido diciendo que él ya no era socio de CEFSA.
Zamora recordó que anteriormente en un caso similar, “gracias a una denuncia que hicimos”, se logró parar al menos de momento la compra de un edificio en Grecia, donde se pretendía pagar un sobreprecio importante a la familia de un directivo del ICE, quien renunció pocos días después.
Por su parte, el presidente de ANTTEC dijo que van a pedir que se profundice la investigación, porque en la ley hay delitos claramente tipificados y no basta con que se diga que van a inhabilitar la empresa. “A nosotros nos comunicaron que iban a suspender la empresa, pero eso no es suficiente. ¿Significa que sigue reinando la impunidad?”, manifestó.
En control interno van solo a la Ley de contratación administrativa y no a la de enriquecimiento ilícito. Pareciera que la ley de control interno es solo para los trabajadores rasos, no para las jefaturas, cuestionó Arguedas.
VALORACIÓN
La procuradora de la ética pública, Tatiana Gutiérrez, dijo que va a valorar la resolución de la auditoría del ICE, para ver si hay alguna razón para que la Procuraduría intervenga. En estos casos la Procuraduría interviene por denuncia de un tercero, o bien puede intervenir de oficio.
En setiembre pasado, la Procuraduría de la Ética archivó por considerarla improcedente una denuncia presentada por ANTTEC contra Delgado, por ser directivo del ICE y tener participación en el capital social de CEFSA, proveedora de servicios del Grupo ICE, y contra el auditor Rivera, por el retraso en emitir informe sobre la denuncia que el sindicato había presentado ante esa instancia.
La Procuraduría rechazó la denuncia aduciendo que era reiterativa, ya que los hechos ya estaban siendo investigados en otra instancia, y porque la auditoría del ICE estaba concluyendo la investigación del caso.
“Cuando vimos este caso sentí que la denuncia no estaba referida a una actuación del funcionario relacionada con un conflicto de intereses; más bien siempre sentí que estaba dirigida al incumplimiento de la incompatibilidad que está prevista en materia de contratación, materia que es competencia de la Contraloría General de la República (CGR), y luego supe que la auditoría ya estaba analizando el asunto”, dijo Gutiérrez.
“Nosotros algunas veces entramos a ver la parte de conflictos de intereses, pero entonces la denuncia tiene que girar en torno a que el directivo tal tomó decisiones en su condición de director, estando él en una situación de conflicto de intereses en un asunto específico”, explicó.
Existen prohibiciones para contratar para una empresa vinculada con ciertos funcionarios públicos que describe la ley. Con eso se trata de evitar tráficos de influencias. Esas prohibiciones le alcanzan al funcionario, que aunque no participe en la decisión tomada en la junta directiva, por su condición de miembro de la junta directiva podría influenciar, o que la actuación no tenga la transparencia debida, añadió Gutiérrez.
Los expertos en la materia señalan que la responsabilidad por las irregularidades en las contrataciones de las instituciones públicas puede ser de la proveeduría y la división jurídica, que tienen la obligación de revisar si las contrataciones están conforme a derecho, y verificar si a las empresas a las que se contrata les alcanzan las prohibiciones.
La auditoría interna tiene todas las potestades para acudir a las vías que correspondan para establecer las responsabilidades de los funcionarios, que pueden administrativas, civiles o penales, y puede actuar de oficio, por petición del jerarca de la entidad, o por denuncia de un tercero.
Si alguien considera que hay laxitud, ineptitud, negligencia, dolo o corrupción, puede poner denuncia aportando las respectivas pruebas, ya sea ante instancias internas de la institución (consejo directivo) o instancias de control externo (CGR, Procuraduría General o Ministerio Público).
