La reciente renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es el climax de una serie de denuncias dadas a conocer por el Ministerio Público y la Comisión de Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el pasado mes de abril y que tiene implicados a altos funcionarios de gobierno y empresarios.
En una entrevista otorgada a Radio Universidad, el fiscal del Ministerio Público guatemalteco, Juan Francisco Sandoval, explicó que este caso se deriva de una línea de investigación que inició en mayo del año anterior.
“Se determinó la existencia de un grupo de personas, tanto miembros de la superintendencia de administración tributaria (que es el órgano en Guatemala encargado de la recaudación de los tributos) y personas externas a la misma, cuyo propósito fundamental era obtener beneficios por importaciones que eran realizadas en las tres principales aduanas del país”, explicó Sandoval.
De acuerdo con la investigación de la Cicig y el Ministerio Público, la estructura criminal estaba al mando del capitán retirado, Juan Carlos Monzón (se encuentra en fuga), quien era el secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según informaciones de prensa, esta banda que incluía personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cobraba una comisión de hasta el 30% del valor del impuesto a las importaciones, con lo que recaudaba más de 320.000 dólares por semana.
“En contra del presidente de la República, la información preliminar que la fiscalía ha aportado es que de las propias sesiones de interceptación telefónica derivan alusiones al presidente de la República con diversas denominaciones como el “Uno”, el “Mero mero”, “el dueño de la finca”, que en un principio nos dieron la idea de que podría estar vinculado”, comentó Sandoval sobre la vinculación de Otto Pérez.
La revelación sobre la estructura de esta banda y los vínculos con el gobierno de Otto Pérez ocasionaron una desbandada de ministros, diputados y otras figuras del oficialista Partido Patriota, incluyendo la renuncia del candidato presidencial Alejandro Sinibaldi, quien a su vez denunció que Baldetti lo habría chantajeado para boicotear su candidatura.
En medio de este escándalo, el movimiento “Renuncia Ya” salió a las calles a exigir la salida de Otto Pérez Molina y del Baldetti del gobierno, en una manifestación de más de 15 mil personas en Ciudad de Guatemala.
La presión sobre Pérez Molina aumentó cuando se reveló un informe que recomendaba la extensión del mandato de la Cicig en Guatemala por dos años más, a lo que finalmente el presidente accede en el mes de mayo.
Ese mismo mes, renuncia la vicepresidenta Baldetti acusada de haber encubierto a su secretario, Carlos Monzón, así como de un contrato para limpiar un lago que terminó siendo un fraude.
Con la renuncia de Baldetti, asume como vicepresidente Alejandro Maldonado, quien ahora ocupa el cargo de presidente tras la renuncia de Otto Pérez el pasado 3 de septiembre, como consecuencia del levantamiento de su inmunidad y de la presión social que se ha mantenido a lo largo de estos meses. Baldetti fue detenida.
El fiscal Sandoval comentó que existen gran cantidad de empresarios involucrados en este caso y en el proceso existen tres mil declaraciones de mercancías del periodo de operación de la banda que están siendo depuradas e investigadas.
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