La Nación y Canal 7 poseen una empresa común Medios de prensa establecen negocios mutuos

Producciones Talamanca Verde S.A. posee directivos de ambos medios de comunicación ligados al desarrollo turístico Una alianza empresarial mediante la sociedad anónima Producciones Talamanca

Producciones Talamanca Verde S.A. posee directivos de ambos medios de comunicación ligados al desarrollo turístico

Una alianza empresarial mediante la sociedad anónima Producciones Talamanca Verde establecieron el Grupo La Nación -dueño del periódico del mismo nombre- y Teletica S.A. que en un pasado reciente eran abiertos competidores.

Ambos medios de comunicación poseen algunos directivos en común vinculados con el desarrollo turístico, como el gerente general de Canal 7, René Picado y el presidente de la junta directiva de La Nación, Manuel Jiménez.

Así se concluye de una investigación hecha por los estudiantes Marcela Esquivel, Mariana Murillo, Melissa García, Gabriela Rivas y Sofía Soto, quienes cursan la carrera de periodismo en la Universidad de Costa Rica.

Los educandos hicieron un detallado estudio registral para el curso Seminario II de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que fue dirigido por la profesora Isis Campos.

Según especialistas en comunicación y derecho a la información consultados por UNIVERSIDAD sobre el tema, no es extraño que ese tipo de lazos se den si se toma en cuenta que la clase política y empresarial ha tenido estrechos vínculos históricos, como asegura Dorde Cuvardic, Director del Posgrado en Comunicación de la UCR, y Luis Sáenz ,abogado y periodista especializado en derecho a la información.

ESTRECHAN LAZOS

Según Cuvardic y Sáenz estos nexos se habrían estrechado este año por las denuncias planteadas por dichas compañías periodísticas sobre los casos de supuesta corrupción ligados a la Corporación Fischel y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como entre la compañía francesa de telecomunicaciones Alcatel y expresidentes de la República.

Los escándalos involucran a los exmandatarios Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, además de altos funcionarios del actual gobierno, como el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Eliseo Vargas y un primo hermano de Calderón, Alfonso Guardia.

Sobre este tema se intentó la semana anterior, en cuatro oportunidades, mediante llamadas telefónicas, de consultar a Manuel Jiménez; se le enviaron mensajes de correo electrónico dirigidos a él y a su secretaria, Gabriela Cubero.

Sin embargo, ella aseguró que el representante se encontraba el jueves 2 y viernes 3 en reuniones todo el día; el lunes 6 dijo que Jiménez había salido del país.

Al subgerente de Canal 7, Jorge Garro, quien se encarga de atender a la prensa y hace las consultas con René Picado, (gerente general) también se le envió otro mensaje de correo electrónico desde la semana pasada; pero la secretaria del primero, Ligia Perlaza, manifestó que ambos se encontraban fuera del país. El Semanario hizo cuatro llamadas telefónicas para insistir sobre el tema.

A Perlaza se le solicitó enviara los mensajes al extranjero, pero al volverla a llamar al cierre de edición manifestó que aún no se había obtenido respuesta.

Al no darse contestación, UNIVERSIDAD envió un recado a Olga Cozza de Picado, dueña de Teletica S.A. pero tampoco se obtuvo información. El mensaje se le envió además a su secretaria Alicia Corrales.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

La dueña de Teletica S.A. es Olga Cozza y como apoderados aparecen Paula Picado y René Picado, este último gerente general de la empresa.

Ellos también pertenecen a la junta directiva. En el caso de este gerente se encuentra directamente ligado a Producciones Talamanca Verde S.A. en la que también es director. (Ver gráfico: «Íntimos vínculos político-económicos»).

En esta directiva figura Manuel Francisco Jiménez, hijo de Manuel Jiménez, uno de los principales inversionistas del Grupo Istmo Papagayo.

René Picado también tiene vinculación con el sector del turismo, ya que es accionista del Hotel Punta Islita.

Por su parte, Manuel Francisco Jiménez, aparte de ser el presidente de la junta directiva del Grupo Nación S.A. es accionista de Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A. y del Banco Cuscatlán, según se desprende de la citada investigación.

Desarrollos Hoteleros recibió un crédito de $8 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de un complejo turístico y dos plantas hidroeléctricas.

Éstas son la Hidroeléctrica Platanar -a la cual se le otorgó un empréstito de $5 millones y uno secundario de $1 millón- mientras que la Hidroeléctrica San Lorenzo (CONELECTRICA S.R.L.) obtuvo dos préstamos de $1 millón y de $2 millones.

INVERSIONES EN GRANDE

Aparte de los negocios mencionados, Manuel Francisco Jiménez tiene inversiones en C Veintiuno Bienes Raíces, en el que también aparece Jaime Jiménez Solera. Ambos son primos por parte de sus padres Rodolfo Jiménez Borbón y Manuel Jiménez Borbón. Este último es el vicepresidente de Banex Seguros S.A.

La firma Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A. está subdividida en otras empresas como Hidroeléctricas Platanar y San Lorenzo, así como el Hotel Meliá Conchal.

Dentro de la directiva de Producciones Talamanca Verde S.A. también figuran Mayener Kee, quien también posee fuertes nexos con el diario La Nación y Jaime Jiménez Solera, hijo de Rodolfo Jiménez Borbón.

Este último posee una significativa participación accionaria en Florida Ice & Farm S.A., dueña de dos de los negocios más lucrativos del país: Cervecería Costa Rica y Florida Bebidas.

Como un director destacado en este consorcio se encuentra el exministro de Comercio Exterior y exintegrante de la junta directiva de la Corporación Fischel S.A., José Rossi, actual presidente de Corredores Marítimos y Aduaneros S.A. (CORMAR S.A.).

Además, es el directivo adjunto de Alterra Partners Costa Rica S.A. -administrador del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría-.

Incluso, es vocal de la Bolsa Nacional de Valores y fiscal de la sociedad anónima dedicada a respaldar la reelección del exmandatario Óscar Arias, denominada Arias Presidente S.A.

Rossi hizo una donación de ¢2,8 millones a dicha sociedad.

Otro gran donador para la elección de Arias es Javier Prada, con un monto de ¢1.125.000. Su hijo, del mismo nombre, hizo una donación de ¢10.000. Él es el esposo de Paula Picado.

Óscar Arias Sánchez es el actual vicepresidente del Grupo SAMA. Esta agrupación es accionista de Radio Monumental, que se alió con el consorcio mexicano MVS Comunicaciones, el Grupo Reloj, Radio Emperador y el Grupo Radiofónico TBC.

También dicho grupo es dueño de Rica Foods S.A., una empresa de franquicias como Gerber, Pipasa y As de Oros. (Ver edición Nº 1567)

Arias tiene participación junto con su hermano Rodrigo -exministro de la Presidencia y exasesor del presidente Abel Pacheco- en el Ingenio Taboga que se dedica a vender alcohol, ya que es uno de los dos ingenios azucareros del país, capaz de destilar ese líquido.

Este ingenio firmó un contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en mayo de 2003, mediante el cual le venderá $2,1 millones en electricidad a partir de 2005.

Recientemente se aprobó un decreto por el cual se obliga a los distribuidores de gasolina súper a añadirle alcohol a este combustible.

De las anteriores relaciones empresariales y políticas se pueden inferir tres áreas comunes de interés: el agua, el desarrollo turístico y la banca privada.

ENTRAMADO SOCIAL

Paralelamente a la existencia de esos nexos se ha dado este año una serie de denuncias que comenzaron con los casos de supuesto tráfico de influencias entre la Corporación Fischel y el presidente de la CCSS, Eliseo Vargas, con un favorecimiento económico para ambas partes por la adquisición de equipo médico por medio de un préstamo finlandés.

El tema derivó en una serie de relaciones de poder, hasta acrecentarse y llevar a los citados dos exmandatarios a la cárcel y a una dura serie de procedimientos judiciales, luego de medidas solicitadas por el Fiscal General de la República, Francisco Dall´Anese.

En medios políticos y periodísticos ha corrido la voz de una aparente entrega de información a los reporteros investigadores de La Nación y Telenoticias, tomando en cuenta que ningún periodista tiene libre acceso a las cuentas bancarias de las personas imputadas.

Sobre este aspecto se le envió un detallado cuestionario a los supracitados jerarcas de ambos medios, pero como se consignó no se obtuvo una respuesta a tiempo.

La Embajada de los Estados Unidos mediante su Agregada de Prensa, Elaine Samson, negó que dos exagentes del Departamento Antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés) hubieran elaborado algún documento especial de ese tipo.

En una consulta anterior hecha por este semanario, aseguró que esa división no se encarga de asuntos financieros relacionados con casos de corrupción, sino más bien sería el Departamento de Estado.

Para los especialistas Dorde Cuvardic y Luis Sáenz -consultados por aparte- es un hecho que hubo filtración de informaciones de muy alto nivel para que salieran publicadas.

Sáenz asegura que partiendo del derecho humano fundamental como es el de la información, cuya veracidad supone identificar las fuentes donde se obtuvieron datos, «resulta violatorio a ese principio la práctica adoptada por algunas empresas de ocultar el origen de sus informaciones y de revestirlas con un ropaje que no les corresponde».

Añadió que «es preocupante, en tal sentido, que se pretenda revestir con el traje de una investigación propia, lo que solo es el producto de una filtración informativa. Las filtraciones informativas no son malas o inconvenientes por sí mismas» -alega el abogado-, pero asegura que al no citarse las fuentes originales «la prensa asume como propia los fines de quien filtra la información y, desde ese punto de vista, la práctica es censurable».

Cuvardic, investigador de audiencias con una tesis doctoral en comunicación política, estima que este destape de casos sobre corrupción está respaldado por grupos políticos y ciertas empresas.

ALTERACIÓN SOCIAL

Este experto considera que con las denuncias periodísticas masivas se creó una alarma social que, según la sociología de la comunicación, no puede generarse solo con instituciones como los medios de prensa, sino que se necesita de la participación de otros actores sociales como políticos, empresarios o personajes de alto nivel que hayan hecho filtraciones informativas.

«Toda filtración es interesada, tanto para la parte emisora, como para la destinataria», destacó. «El escándalo existirá en cuanto haya un filtrador».

Para él, los «estallidos noticiosos» han favorecido a grupos políticos como el Movimiento Libertario y el de Óscar Arias.

También esos lazos entre políticos y empresarios pueden causar no solo beneficios, sino daño a alguna de las partes.

Este podría ser el caso de la controversia surgida la semana anterior sobre un viaje efectuado a Francia por una periodista de Telenoticias, Mariana Barboza.

Esta última dijo a Diario Extra que ciertamente hace cinco años estuvo a dicho país en un viaje financiado por la firma de telecomunicaciones Alcatel. Esta última ha sido cuestionada por Telenoticias y los demás medios de información por haber dado millonarias cantidades de dinero a funcionarios y políticos, especialmente al expresidente Rodríguez.

También recientemente fue motivo de escándalo una supuesta conversación entre la codirectora del noticiario, Pilar Cisneros y el Fiscal General. El codirector Ignacio Santos negó vehementemente que esta conversación se haya producido y apeló a que se entregara el casete con la conversación para pasarla al aire, lo cual no ha ocurrido.

El texto de la supuesta conversación se publicó en una página en Internet «La Campanada», cuyo dueño, Carlos Roberto Loría aseguró que no tiene dicho casete pero dio a entender que sí existe.

El Fiscal ha negado que dicha conversación se haya dado. UNIVERSIDAD también le envió un cuestionario sobre el tema, pero no fue contestado pese a gestiones hechas ante el jefe de prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes.

Este caso en particular podría ser una de las consecuencias políticas de las relaciones sostenidas entre la prensa con grupos que filtran información, concluyó Cuvardic.

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