El desalojo del hotel Las Palmas –en el Refugio Gandoca-Manzanillo- será resuelto en  una audiencia pública el 27 de noviembre.

Esta vez el capítulo de la “novela” del desalojo del hotel Las Palmas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo –en la provincia de Limón-, tuvo como protagonista a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual suspendió la orden de expulsión que se iba a ejecutar a partir del pasado 3 de noviembre.

Dicho desahucio sería el segundo intento de los últimos cuatro años, ya que en el 2005 se debió abortar el primero, luego de que el dueño del complejo hotelero –el ciudadano checo Jan Kalina- interpuso varias acciones judiciales para oponerse, en el marco de un litigio que inició en su contra el Estado desde 1993, por los daños ambientales que provocó en la construcción de su centro turístico dentro de la zona marítimo-terrestre.
A partir de ese momento, Kalina se dedicó a utilizar un sinnúmero de mecanismos legales, tendientes a impedir el cumplimiento de varias resoluciones judiciales que obligaban a desalojar y demoler lo construido por el empresario en la zona de Punta Uva, en el cantón de Talamanca.
Fue justamente un recurso de casación que interpuso Enrique Rojas Franco –como  apoderado especial judicial de las sociedades hoteleras de Kalina-, lo que detuvo la demolición de los hoteles Las Palmas y Suerre el pasado de 3 de noviembre.
Esta “medida cautelar provisionalísima” de la Sala Primera suspendió los actos administrativos de desalojo y fijó para el próximo 27 de noviembre una comparencia oral y pública, en la Sala de Vistas (segundo piso) de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión cayó como “balde de agua fría” entre sectores ambientalistas, que creían que al fin terminaría la novelesca historia del desalojo de este hotel, cuya construcción dentro del refugio ocasionó impactos negativos al entorno natural e inspiró a la reconocida escritora Anacristina Rossi, para que escribiera su novela “La loca de Gandoca”.
El malestar por el incumplimiento del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) para demoler las instalaciones hoteleras, también se hizo sentir hace algunas semanas por parte de la Contraloría General de la República (CGR), la cual reclamó por la vía judicial a este ente gubernamental.

ETERNO DESALOJO

Como lo informó este Semanario el pasado 14 de octubre (“Contraloría reclama inmediato desalojo de hotel”), el 7 de octubre se celebró una audiencia pública en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, promovida por el órgano contralor, el cual acusó al MINAET y su Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), por no ejecutar el desalojo pendiente desde el 2004.
En dicha audiencia, el abogado de la Contraloría –Luis Diego Ramírez- fustigó el papel del MINAET y su “negligencia y demora excesiva”, cuya competencia le obligaba a cumplir cuanto antes con la orden de demolición desde el 2004.
Recordó que el MINAET  aseguró a la Contraloría en tres distintas ocasiones del presente año, que efectuaría el desalojo; sin embargo, no cumplió en ninguna de esas fechas.
“Esto es una burla a la colectividad, al interés público, a los derechos fundamentales  y a la legislación de la zona marítimo-terrestre”, comentó Ramírez.
A esa comparencia también asistió Ronny Bassey, abogado de la Procuraduría General de la República, quien reprochó que casi 20 años después de que se le revocó el permiso de uso de suelo al hotelero, este se mantiene allí realizando actividades comerciales.
La cancelación del desalojo fue calificada de “sencillamente increíble, surrealista”, por el limonense Marco Machore, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la  Ecología, quien desde hace varios años ha planteado múltiples acciones legales y administrativas, tendientes a que el Estado cumpla con la demolición del complejo hotelero.
Cabe indicar que el recurso de casación que suspendió el desahucio en mención, fue interpuesto por las sociedades anónimas Hotel Suerre Punta Uva, Inversiones Turísticas de Punta Uva, Hotel Las Palmas Punta Uva, La Casita de Punta Uva, Complejo Turístico Punta Uva, y U.A.L. Red Corporative Investmentes.
El apoderado de estas empresas, Enrique Rojas Franco, impugnó la sentencia del 13 de octubre pasado de la Jueza Ejecutora del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, la cual ordenó cumplir con el desalojo.
Según el alegato presentado, la jueza se sobrepasó en su sentencia del 2004, en razón de que a las empresas no se les dio audiencia para manifestarse en esa etapa de ejecución, y porque todavía no se ha determinado cuál es el área de la  reserva que fue afectada. El complejo hotelero está ubicado en un área que abarca 40.681 metros cuadrados que colindan con el Mar Caribe, en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

FRUSTRADO

Consultado acerca del frustrado desalojo, el coordinador de este operativo y funcionario del SINAC -Luis Diego Román Madriz- expresó contrariedad, debido a que costó aproximadamente ¢50 millones e implicó la organización de 225 personas, entre ellas funcionarios estatales, de policía y Cruz Roja.
Aunque dijo que son respetuosos de la suspensión dictada por la Sala Primera, también sintió sorpresa, ya que se contraría el desahucio dispuesto hace algunas semanas por el Tribunal Contencioso Administrativo. “Lo que más duele es la movilización y los recursos invertidos para ejecutar este acto”, acotó.
Al recordar los daños ambientales que provocó la construcción de las edificaciones hoteleras, Román Madriz citó corta de árboles, uso de palmeras como postes de iluminación, estructuras sobre zona pública, relleno de áreas inundadas, ruptura de corales.
El funcionario ve difícil que se pueda hacer de nuevo el operativo tras la audiencia del 27 de noviembre, debido a que el MINAET no dispone de recursos económicos y por los trámites a que obliga la Ley de contratación administrativa.
Lamentó los gastos infructuosos que ha debido hacer ese ministerio para cerrar este complejo hotelero, los cuales sumaron ¢50 millones en esta última ocasión, y ¢25 millones en la fallida del 2005.
De acuerdo con la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo del pasado 13 de octubre, los costos del operativo para desocupar los hoteles, se les pueden cobrar a los ocupantes de este terreno (empresas de Jan Kalina).
En opinión de Román Madriz, el desahucio “iba a sentar un buen precedente en el país, de que se deben respetar los recursos naturales y la biodiversidad; pero, con este caso es de esperar que siga esta novela”.
Mientras tanto, Marco Machore también piensa que es poco probable que con lo acontecido se logre hacer el desalojo en diciembre y cree que nunca se podrán revertir los daños ambientales causados al lugar. Con la complacencia de las autoridades, teme que Kalina quede impune por estos hechos.
Para el ambientalista es importante la demolición del sitio, pues sería un mensaje del respeto que se debe tener por las zonas protegidas, refugios, parques
y demás santuarios naturales que es preciso proteger a toda costa.
“Estas riquezas naturales no son nuestras y no podemos administrarlas a nuestro antojo egoísta; pertenecen a nuestros hijos y nietos… No podemos dilapidar su herencia. Con el desalojo al menos el daño no va a aumentar ni permanecer y habrá la posibilidad de algún tipo de regeneración biológica en la zona devastada por la actividad humana y hotelera”, agregó.
A lo dicho por Machore se sumó la bióloga Yamileth Astorga Espeleta, coordinadora d el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI) dela Universidad de Costa Rica y del grupo ambientalista “Llamado Urgente por el País”.
Ella calificó de “terrible” la suspensión de la orden y clamó por hacer cumplir la ley, aun cuando algunos digan que botar esos hoteles también causarán un impacto ambiental al lugar.
Astorga Espeleta se mostró esperanzada en que en los tribunales de justicia se vote a favor de la desocupación de estas edificaciones y se haga respetar los dictámenes judiciales, ya que si en Guanacaste se está aplicando la demolición a obras construidas dentro de la zona marítimo-terrestre, igual se tiene que hacer en el caso del Refugio Gandoca-Manzanillo.
Por ahora las partes en esta “novela” quedan a la espera de lo que dirá la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia pública del 27 de noviembre.