Una comisión especial, que la Asamblea Legislativa acordó crear la semana pasada para investigar las concesiones, se abocará a revisar la ley, las fallas denunciadas en la fiscalización de los contratos y a las personas involucradas en la negociación de los proyectos, anunciaron diputados de oposición que impulsan la iniciativa.

“Sentimos que la comisión es una oportunidad valiosísima de revisar todo ese esquema, de revisar la ley y las actuaciones de quienes tienen que velar por la legalidad, como es el caso de la Contraloría General de la República (CGR)”, indicó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE).

El legislador resaltó la cohesión de la oposición en torno a este tema, independientemente de que haya grupos que no creen del todo en la concesión de obra pública y otros que son más liberales y quisieran incluso concesionar muchas otras actividades.

“Lo que ilusiona es que hubo una actitud cohesionada de la oposición pidiendo investigar, y que de alguna manera se sentó un precedente muy interesante en la Asamblea Legislativa que eventualmente se puede repetir, en donde queda claro que hay una mayoría que no es de Gobierno y esa mayoría está exigiendo transparencia”, comentó Granados.
Y es que hay dudas respecto a la transparencia en los procesos de adjudicación de concesiones e incluso sobre la legalidad y el papel que está jugando la CGR, que va a ser de las primeras en ser llamada a la comisión investigadora, advirtió.

Entre los temas que serían objeto de investigación mencionó la licitación para construir la terminal de contenedores de Moín, donde hubo solo un oferente, y donde el cartel está dando potestades casi monopolísticas y elevando costos en perjuicio de los micro y pequeños empresarios que exportan o importan carga.

Otros casos por analizar serían la concesión del aeropuerto Juan Santamaría a la empresa Alterra, así como la vía a Caldera concesionada a Autopistas del Sol, donde más que dudas hay cosas concretas por investigar, señaló.
Cabe recordar que este Semanario desde hace varios años ha venido informando constantemente de situaciones irregulares que se han dado dentro del esquema de concesiones de obras públicas, como el aeropuerto Juan Santamaría, el muelle de Caldera, la carretera San José-Caldera y los muelles de Limón.

En cuanto a los resultados que podrían esperarse de tal investigación, Granados reconoció que aunque los dictámenes de estas comisiones no son vinculantes, sí tienen una fuerza moral y política muy importante.

Según el analista político Víctor Ramírez, la concesión de obra pública es quizás el tema de mayor trascendencia financiera, jurídica e institucional que tiene en sus manos Costa Rica en estos momentos.

Por lo tanto, no se justificaba la negativa del Partido Liberación Nacional (PLN), que se opuso inicialmente a la creación de una comisión investigadora y proponía pasar el asunto a la comisión de presupuesto y gasto público de la Asamblea Legislativa, que no es una comisión especial de investigación. En este punto, Ramírez resaltó la unión de los grupos opositores que hizo que el oficialismo cambiara de posición, luego de la resistencia inicial.

Luis Fishman, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo no tener duda de que “cuando empiece a trabajar la comisión, van a llegar a ciertas congruencias en cuanto a quiénes son los que están detrás de todo”.

 “Son las mismas personas con los mismos negocios, los mismos intereses, los mismos bufetes de abogados. Creo que aquí al país se lo ha estado repartiendo para hacer negocios un grupito muy pequeño, sin que exista la posibilidad de que otros sectores puedan participar”, comentó el diputado en el programa Desayunos de Radio Universidad.

Añadió que hay cosas que suceden en el país y de las que nadie habla; por ejemplo, las concesiones de frecuencias de radio y televisión, que si bien son una concesión estatal, pareciera que ya tienen dueños y nadie se anima a hablar de eso.

En esta comisión se analizarán los cánones que se pagan en las concesiones, cuándo se van a sacar a concurso, y muchas cosas que no se dicen por temor, por cálculo político o porque hay intereses mancomunados, aseveró Fishman.
“El país tiene que seguirse desarrollando y yo creo en la figura de la concesión como un mecanismo para el desarrollo, pero tiene que ser transparente.

Para tener una mejor televisión, una mejor radio, una mejor telefonía, tiene que haber una competencia, pero correcta,  no de tigre suelto contra burro amarrado”, puntualizó.
La reacción legislativa se da como respuesta a una serie de denuncias que han venido haciendo figuras políticas y expertos, sobre presuntos incumplimientos de los concesionarios, ante la pasividad de las entidades encargadas de la fiscalización, como la Contraloría General de la República (ver la edición de UNIVERSIDAD del 25 al 31 de agosto).

En particular, las denuncias se han centrado en la concesión de la vía San José-Caldera, como se evidenció en un foro realizado recientemente en la Asamblea Legislativa, donde se criticó que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) habría recibido las obras sin terminar y con riesgo para los usuarios, en contra de lo que establece el contrato (ver recuadro “Críticas a la carretera…”).

Los mismos errores se estarían repitiendo en la concesión de la vía San José-San Ramón, proyecto que estaría próximo a comenzar, y en la concesión de una nueva terminal portuaria en Moín.

Tras hacer allí la advertencia, expositores como el exministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y el exdiputado del Movimiento Libertario, Mario Quirós, exhortaron a la Asamblea Legislativa a tomar cartas en el asunto, para iniciar una investigación de lo que está sucediendo con las concesiones, incluido el papel de la Contraloría.

En particular, Quirós criticó el paso de la CGR al CNC y viceversa, de quienes han estado a cargo de las contrataciones y las aprobaciones relacionadas con el proyecto San José-Caldera.

Mostró en ese sentido cómo la contralora, Rocío Aguilar, fue secretaria técnica del CNC durante el tiempo en que se dio vida a estos contratos; el abogado Carlos Arguedas, que resolvía asuntos de  concesiones, pasó a ser asesor jurídico en el CNC mientras Aguilar era la secretaria técnica, y cuando esta fue nombrada contralora él regresó a resolver sobre los asuntos que tienen que ver con concesiones en la CGR; y Guillermo Matamoros, que era secretario técnico hasta hace unos meses, funge como asesor del despacho de la Contralora.

Quirós opinó que estos movimientos de funcionarios entre la CGR y el CNC ponen en peligro la capacidad institucional para tratar el tema de concesiones.

Críticas a la carretera San José-Caldera

-El contrato tiene previsto que se nombre un órgano fiscalizador, pero éste no se nombró.

-Al mismo tiempo se nombra como gerente del proyecto vial San José-Caldera a la misma gerente del proyecto San José-San Ramón.

-Se regaña a la empresa supervisora de la carretera a Caldera por haber comunicado no conformidades (incumplimientos de requisitos) y por opinar sobre la calidad de la obra.

-Al final del 2009, cuando se estaba pensando poner en servicio la carretera en enero, se cancela el contrato a la empresa supervisora, y se nombra como una nueva supervisora a la misma empresa nombrada y pagada para supervisar San José-San Ramón, y después de cinco años no se ha iniciado ese proyecto.

 -Personas sin experiencia fueron enviadas a recibir las obras de esta vía.

-A los miembros de la comisión asesora de la puesta en servicio provisional de la carretera se les impide recibir información de la supervisora.

-El secretario técnico del CNC le ordena a la comisión de puesta en servicio realizar una inspección visual, sin comprobar la calidad de las obras, para autorizar la apertura.

-La anterior supervisora informó a la administración de 263 no conformidades y a la fecha no se han resuelto 211.
-Faltan obras por hacer por un total de 20 millones de dólares.

-No se ha construido un área en Turrúcares para comodidad de  los usuarios, donde debe haber restaurantes, gasolinera, sanitarios, área de descanso.

-No se ha arreglado un derrumbe que dejó en el aire la línea férrea desde julio del 2009, y el INCOFER ha dejado de percibir unos 2.000 millones de colones por la interrupción de la vía.

-La constructora rompió el antiguo acueducto y el tendido eléctrico, dejando sin agua ni electricidad a vecinos de varios sectores aledaños a la carretera.

-Fue roto el acuífero Barva, y no se han cobrado multas por el daño ambiental.

-La concesionaria no ha depositado la garantía de operación de la obra prevista en el contrato.

-El contrato estipula que la autorización de la puesta en servicio no se podrá dar si hay obras sin terminar que pongan en peligro la seguridad de los usuarios, lo cual no se cumplió.

-Hubo cinco modificaciones contractuales, y en menos de dos años -del 2008 al 2010- el costo del proyecto se duplicó.

-No hay acciones para pedir cuentas de qué es lo que está pasando y el anterior secretario técnico se encuentra de asesor en el despacho de la Contralora.

*Fuente: Foro celebrado en la Asamblea Legislativa el 18 de agosto.