La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras advirtió que las grandes farmacéuticas tratan de revertir el derecho a la salud en los países pobres, en el marco de la reunión de Organización Mundial de Comercio (OMC), en Tokio.
Organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo luchan por evitar la privatización del acceso a los medicamentos.
Si Ud. alguna vez se enteró de que, durante la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Doha, se tomó el acuerdo de respetar el derecho de los países pobres a recurrir a los medicamentos genéricos para atender sus problemas de salud pública, debe saber que, al cierre de esta edición, se corría el riesgo de que esa parte de la Declaración de Doha pudiera revertirse, tras la presión de las transnacionales farmacéuticas.
La organización no gubernamental Médecins Sans Frontières (MSF), advirtió recientemente que los países pobres no deben caer en la trampa de apoyar una propuesta del presidente del Consejo para los Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPs), de la OMC, que esta semana es examinada en la ronda de negociaciones en Tokio.
El presidente de turno de ese Consejo, el representante mexicano, Eduardo Pérez Motta, presentó una propuesta en la cual se interpreta la Declaración de Doha -del 16 de diciembre de 2002- de una manera que atenta contra el derecho a la salud. Según el funcionario, en esa declaración «las delegaciones dejaron en claro que está esencialmente diseñada para atender emergencias nacionales u otras circunstancias de extrema urgencia». Y agregó que «los países han reconocido la necesidad de dejar de minimizar la importancia de la protección de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos». (Bridges Weekly News Digest, 12/02/03)
Ante esto, MSF envió una carta en la que rechaza enérgicamente la interpretación de Pérez Motta y hace un urgente llamado a los países para que rechacen el texto. Advirtieron que, de adoptarse, se crearían dos clases de miembros de la OMC: los de «primera clase», conformada por los países con suficiente capacidad de elaborar medicamentos genéricos para atender sus problemas de salud pública, y los de «segunda clase», con insuficiente capacidad de producirlos y, por tanto, de encarar las emergencias. (La carta de MSF se encuentra en http://www.msf.ca/)
MSF hizo ver que «los países ricos no tienen que declarar emergencias nacionales para hacer uso de las salvaguardas de TRIPs.»
«En África, la neumonía es la segunda causa de muerte después del sida. Los países ¿declararán que la neumonía es una emergencia nacional? Es difícil imaginarlo. Si lo hacen ¿declararán también que las enfermedades diarreicas constituyen una emergencia nacional?», preguntó el médico Bernard Pécoul, director de la Campaña de Acceso a las Medicinas Esenciales, de MSF. (Ídem)
La organización civil explica que adoptar la propuesta de Pérez Motta, «significaría que los países sin la posibilidad de producir medicamentos están en una desventaja mayor que los países que tienen esa capacidad. En teoría, ellos podrían emitir una licencia compulsiva para atender cualquier problema de salud pública, pero en la práctica solo estarían en condición de adquirir abastecimientos de los medicamentos que sean declarados bajo emergencia nacional. Estos países tendrían que esperar a que estallara un problema de salud pública antes de recurrir a esta solución para atenderlo.»
Por su parte, los representantes latinoamericanos, incluida Costa Rica, esperaban conocer la posición del grupo de países africanos para definir si apoyaban o no el nuevo texto. Mientras Pérez Motta aseguró que los países africanos «estaban de acuerdo», un funcionario de Kenia dijo que el grupo esperaba se cambiara la noción de «emergencias nacionales» por la «problemas de salud pública». Pero Pérez Motta afirmaba que su propuesta no podía ser modificarla, pues era «o la toma o la deja». (Bridges Weekly)
El párrafo 6 de la Declaración de DOHA establece que el Consejo debe encontrar soluciones —originalmente para finales de 2002- a los problemas que enfrentan los países que deben emitir autorizaciones compulsivas para usar los medicamentos genéricos que se encuentran patentados y protegidos por las leyes de propiedad intelectual, por razones de salud pública. La propuesta de Pérez Motta pretende ser la respuesta a ese mandato.
¿Y AHORA?
Al ser consultado sobre cómo manejaría el país esta clase de negociaciones, en el contexto del TLC entre EE.UU. y Centroamérica, durante una entrevista con este Semanario (edición 1511), el ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, dijo «es un tema importante en el cual posiblemente vamos a tener muchos enfrentamientos.»
Agregó que la posición de Costa Rica en la OMC ha sido la de insistir «que en los temas vinculados con la salud, es necesario crear mecanismos alternativos para los países en desarrollo». También afirmó que existía «un cierto interés común, como es el de reconocer que esos temas delicados para la salud son importantes y especiales para nosotros.»
Sin embargo, esta no parece ser la actitud de EE.UU, el principal socio del eventual TLC. Un reporte de Kyodo News, del 15 de febrero, informa que, en la ronda de la OMC en Tokio, «los países en desarrollo demandan que se les permita importar medicamentos genéricos para atender los problemas de salud pública, pero Washington quiere limitar la cobertura a epidemias infecciosas para proteger las patentes de medicinas costosas desarrolladas por las compañías farmacéuticas.» («Ministros de la OMC se sinceran sobre temas agrícolas y de medicamentos», por Natsumi Mizumoto)
Y aunque la información no es recogida por la gran prensa local, también se reportaba que «afuera, en las calles, miles de granjeros y ciudadanos marcharon a través del distrito Ginza, de Tokio, y a lo largo de los principales caminos, cantando lemas que incluían «defendamos la seguridad alimentaria y la industria agrícola en Japón»…
