La Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano, recalcó que la propiedad de la tierra es un derecho humano cuyo cumplimiento es necesario para “preservar la relación ancestral” que las poblaciones indígenas tienen con sus territorios.
Solano concedió una entrevista a UNIVERSIDAD, a propósito de la reciente escalada de violencia que se dio en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. Entre otras cosas, subrayó que el problema de la tenencia de la tierra es grave y común a muchas comunidades de pueblos originarios del país.
¿Qué valoración hace del estado de respeto de los derechos humanos en Salitre?
−Hay en este momento medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los temas preocupantes que encontramos bastante es que las medidas implementadas no son consultadas con la población indígena. Ahora que entra la Ministra de Justicia comienza un proceso de información a los indígenas y retroalimentación con relación a las medias cautelares. El problema no se soluciona únicamente con eso, el Estado debe dar pasos concretos y visibles; lo hemos dicho una y otra vez al Gobierno. El problema de fondo es de tierras. Hoy es Salitre, pero afecta a la mayor parte de los pueblos indígenas.
Hicimos una consulta en febrero entre los pueblos indígenas y coinciden en que el principal problema es el respeto al derecho humano a la propiedad, para preservar la relación ancestral que tienen con sus territorios. Esperaríamos que además de protocolos de implementación de las medidas cautelares, el Gobierno avance en una hoja de ruta o plan de trabajo para resolver ese tema de fondo; sabemos que no se resuelve de la noche a la mañana, ha estado ahí por décadas por desidia del Estado y falta de respuesta, así que no comenzó ayer, ni hace un año, ni cinco; solucionarlo tomará tiempo, pero tiene que empezar.
¿Desde la óptica de la Defensoría, qué medidas debe implementar el Gobierno para cumplir con las medidas cautelares, más allá de aumentar el número de policías?
−Eso se le debe preguntar a la población indígena; desde el momento en que se dictaron las medidas cautelares no se ha hecho. El problema de la violencia en Salitre no va a parar porque haya más policías, sino que se debe poner fin a la violación al derecho de los indígenas a la propiedad plena de sus tierras ancestrales. Si hay que indemnizar, el Estado debe iniciar esos procedimientos, pero no se le puede dar largas a este asunto.
¿Tiene la Defensoría noticia de nexos políticos o de parentesco de funcionarios de la Fuerza Pública de Buenos Aires y personas no indígenas en posesión de terreno dentro del territorio indígena?
−No nos corresponde hacer este tipo de investigaciones. Los indígenas reclaman falta de imparcialidad de parte de la policía abiertamente. Hace dos semanas lo que vimos es que efectivamente el Estado envió una cantidad de policías que no sabían para qué estaban allí y no tenían claridad sobre los derechos de la población indígena, que llegan a prevenir la violencia pero −en el caso de Salitre− no conocían la conformación del pueblo: llegan sin la información ni la capacitación necesarias. Hemos ofrecido capacitaciones a la Viceministra de Seguridad, así como a la Ministra de Justicia y lo están tomando en cuenta; van a conversar con el jefe de policía de la zona para fijar fechas.
¿Emprenderá la Defensoría alguna iniciativa de acompañamiento a la comunidad?
−Mantenemos un monitoreo constante de la situación en Salitre, con el fin de pasar de reacciones inmediatas a un trabajo más de largo plazo y de fondo.
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