Una prueba de laboratorio sorpresa reveló ocho veces más bromacil en el agua que lo que se permite en Estados Unidos.
Lo que desde hacía mucho tiempo sabían los pobladores de Milano, La Francia y El Cairo en Siquirres, fue corroborado por el Tribunal Ambiental Administrativo: el agua de sus ríos y nacientes está contaminada con los agroquímicos que lanza una finca piñera.
El presidente del Tribunal Ambiental, José Lino Chávez, informó el pasado 19 de mayo sobre los resultados de un análisis realizado a las aguas de esa zona por parte del el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), en el que se encontraron 4.8 microgramos del agroquímico bromacil por cada litro de agua.
Esto es 8 veces más del nivel de 0.6 microgramos por litro permitido en Estados Unidos y muy superior también a los 0.8 microgramos por litro que halló Acueductos y Alcantarillados (AyA) en estas mismas aguas hace dos años. Desde entonces obliga a esta institución a repartir agua en cisternas a las comunidades.
Por este hecho, el Tribunal Ambiental aplicó una medida cautelar a la empresa Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A y ordenó la clausura de la planta empacadora de piña, la cual carece de un sistema de tratamiento para sus aguas residuales, que van a dar directamente al río Destierro.
SUSTANCIA PELIGROSA
Las comunidades cercanas a las plantaciones de piña, sobre todo en la Zona Norte, el Caribe y la Zona Sur, luchan desde hace varios años porque la actividad piñera no dañe sus fuentes de agua y sus ríos.
El bromacil es un herbicida utilizado en esas plantaciones, que está relacionado con el cáncer de hígado, tiroides y riñón; y que es clasificado por la Oficina de Programa de Plaguicidas de los Estados Unidos (USEPA) como un “posible cancerígeno”.
Este químico tiene un periodo de degradación de 7 meses y una gran capacidad de “tránsito” en el agua, por lo que con las abundantes lluvias del Caribe, es muy fácil que llegue a los ríos y nacientes.
Según José Lino Chávez, al Tribunal Ambiental le pareció ilógico que los análisis de aguas que presentaba la empresa al Ministerio de Salud, indicaran que no había residuos con el agua, mientras las comunidades se siguen abasteciendo con cisternas.
“Es una barbaridad que haya costarricenses tomando agua en cisternas y por eso hicimos esta toma de muestras sin previo aviso”, comentó Chávez.
Aunque evitó calificar de “dudosos” los resultados de los laboratorios contratados por la empresa, Chávez indicó que puede haber un sesgo en las muestras, si la primera es la que define en qué momento se toman éstas.
Chávez también cuestionó el accionar de la Municipalidad de Siquirres, pues esta empresa no cuenta aún con la viabilidad ambiental que otorga la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), lo que impediría otorgar las patentes de operación.
Aseguró que el Tribunal buscará el financiamiento y las alianzas necesarias para realizar este tipo de análisis, ya que los reactivos que se requieren para las pruebas de laboratorio son muy costosos.
COMUNIDAD A LAS CALLES
Al conocer la resolución del Tribunal Ambiental, y sobre todo el alto nivel de bromacil en el agua, la comunidad de Milano se lanzó a las calles y bloqueó la ruta 32 (San José-Limón), para protestar por este atropello a sus derechos.
La comunidad salió a exigirle a la piñera y a las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, la construcción de un acueducto que les garantice el abastecimiento de agua potable para cerca de 1200 personas.
Xinia Briceño, presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de Milano, aseguró a UNIVERSIDAD que el temor por la salud de sus hijos y la indignación por los abusos en contra de la gente, llevaron a esta protesta.
“Vea lo que esto ocasionó, nos causó indignación que algún chiquito tenga cáncer por esto, y estamos cansados de tener casi dos años y medio de tomar agua de cisterna, estamos cansados de engaños. Queremos que nos construyan un acueducto y que se cumplan las leyes”, afirmó Briceño.
Para mayor enojo de la comunidad, la finca continuó sacando su producto por las noches para empacarlo y procesarlo en otro lugar, lo que implica que la actividad de cultivo se mantiene y la aplicación de agroquímicos también.
Según Briceño, la comunidad solicitó al Ministerio de Salud que se envíe una brigada médica para examinar a la gente y determinar si alguno está contaminado con los químicos, o si existen otros riegos para la salud.
Julián Ruíz, integrante de los Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica y quien visita frecuentemente esta zona, afirmó que lo comprobado por el Tribunal Ambiental mediante la prueba de laboratorio, es algo que la comunidad sabía desde hacía mucho.
“Esto la gente ya lo sabía, por que tiene dos años y medio de beber agua de cisterna. Por eso salieron a las calles, hartos de que el gobierno no los escuche. Ahora le están dando un mes de tiempo al AyA para que resuelvan el asunto del acueducto, porque ellos ya tienen los planos”, comentó Ruiz.
POCOS CONTROLES
Para el representante del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Bernardo Villalobos, lo ocurrido con Del Monte, es una prueba más de los escasos e ineficientes controles ambientales que existen en el país.
“El hecho de que se encontraran niveles de bromacil mayores a los “aceptados” muestra que la aplicación de agroquímicos es poco vigilada y que es necesario dotar de más recursos para la vigilancia al Ministerio de Ambiente y al de Salud”, comentó Villalobos.
Recordó que el Consejo Universitario ha hecho un llamado a que las actividades productivas se lleven a cabo con responsabilidad, y en combinación con prácticas más favorables con el ambiente.
“La idea no es dejar a la gente sin trabajo, pero sí que busquen alternativas para no tener que recurrir a estos monocultivos, que como hemos señalado, generan grandes problemas ambientales”, afirmó Villalobos.
El especialista recordó la necesidad de ejercer mayores controles y sentar responsabilidades profesionales entre los regentes ambientales de las empresas, pues no puede ser que haya tanta diferencia entre los resultados de un estudio y otro.
“Y es necesario también que alguien controle a la SETENA, que se convierta en un organismo verdaderamente técnico e independiente, no sujeto a los nombramientos políticos”, expresó Villalobos.
CONTROL CRUZADO
La Ministra de Salud, María Luisa Ávila, indicó a UNIVERSIDAD que le sorprenden los resultados revelados por el Tribunal Ambiental, ya que su ministerio no se ha conformado solo con los análisis que realiza la empresa, sino que también han solicitado análisis propios.
“Hemos mantenido un control cruzado, y hace más de un año les dijimos que no podían usar bromacil. Ahora con la llegada de las lluvias, podría ser que se haya elevado el nivel de bromacil en el agua”, comentó Ávila.
La funcionaria aseguró que el suministro de agua por cisterna se ha mantenido como medida preventiva, hasta tanto no se construya un acueducto en el que se garantice totalmente la calidad del agua para consumo humano.
“Les damos agua en cisterna porque la gente tiene miedo de tomar la del lugar, y la psicosis ha sido tal, que hasta asocian manchas en la piel que son producidas por un hongo, diciendo que se bañaron en agua con bromacil”, afirmó Ávila.
Respecto de la solicitud de las comunidades de enviar a médicos para evaluar a las personas, Ávila indicó que remitiría la inquietud a la Caja Costarricense del Seguro Social; pero que en la última feria de la salud realizada en el lugar, no se encontraron problemas relacionados con intoxicaciones.
