“Latinoamérica debe mejorar normativas para garantizar libertad de expresión”

América Latina ha tenido una histórica concentración mediática que impacta la libertad de expresión en todas sus formas y niveles, pues imposibilita que aparezcan voces distintas, invisibiliza demandas de ciertos sectores y establece malas condiciones de trabajo para los periodistas. Es por ello que se requiere avanzar en la actualización del marco legislativo.

Este es el criterio de la mexicana Aleida Callejas, miembro del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, quien impartió en Costa Rica una conferencia sobre Libertad de Expresión y derecho a la comunicación.

Al hacer referencia a la concentración mediática, se habla de muchos medios de comunicación y sus diferentes alternativas, que se encuentran concentrados en pequeños grupos de poder que toman control, en muchas ocasiones, de las informaciones que se sacan a la luz pública y pueden hasta llegar a manipular los temas para su beneficio, expresó Callejas al ser entrevistada por UNIVERSIDAD.

En su opinión, dichos marcos legislativos deben acercarse a los estándares de derechos humanos, que protejan la libertad de expresión de manera que el mercado no intervenga en las informaciones y que el Estado sea el árbitro y garantice la certidumbre jurídica en materia de información a todos, tanto a las megaempresas como al campesino o al indígena.

“El problema es precisamente que creemos que el asunto de la libertad de expresión solo compete a periodistas o medios de comunicación, cuando se trata más bien de un derecho universal, sobre todo ahora que se han dado procesos de convergencia tecnológica. Tenemos retos muy importantes en materia de comunicación como en derechos digitales, temas de propiedad intelectual, entre otros; por ello la necesidad de entrarles a las normativas”, comentó Callejas.

Agregó que esta discusión se da en un marco en el cual Latinoamérica presenta una alta concentración de los medios en el sector privado, dejando de lado a solamente cuatro países en que existe una concentración pública (Nicaragua, Cuba, Venezuela y Ecuador). El resto de naciones del istmo presenta una indebida concentración, que muchas veces excluye la participación de medios alternativos y comunitarios, y se ejerce un control sobre los espectros.

Cree además que existe un cambio evidente, y es que por medio de las redes y las plataformas tecnológicas se ha dado un fuerte impacto a la participación en la comunicación y la forma en que se ejerce la libertad de expresión.

Para Callejas “hay lugares donde la resistencia es muy fuerte y los poderes en la comunicación se oponen a nuevas regulaciones, pero ya hay naciones que comienzan a integrar en sus marcos normativos los estándares de los derechos humanos”.

A continuación, se ofrece un extracto de la conversación con la experta:

¿Qué elementos debería tener la legislación ideal en materia de libertad de expresión?

−Esto es un tema que ha sido discutido y presentado por todas las relatorías del mundo. Una legislación debe garantizar el pluralismo y la diversidad. Reconocer al menos los tres sectores de la radiodifusión: comercial, público del Estado y el sector social o comunitario, recordando que el término comunitario no es negativo, pues para muchos es sinónimo de chavismo y eso es mentira. Ya en los años ochenta Francia, Canadá, Australia y Estados Unidos hablaban de la comunicación desde el sector social o comunitario.

Una legislación eficiente también tiene que considerar la garantía de un órgano regulador, que sea lo más independiente posible, que esté protegido de las injerencias indebidas de los poderes económicos.

Asimismo, garantizar los derechos informativos de la gente, la protección de la niñez, de la adolescencia, de los derechos de los sectores más vulnerables, como las mujeres y pueblos indígenas.

Por último, es necesario establecer límites a la concentración, bajo un debate democrático. Esto no es una invención socialista, pues con la propiedad cruzada, quien tiene en sus manos todas las fuentes de información, al final de cuentas termina controlando el discurso.

Es una propuesta interesante, pero al parecer no fácil de alcanzar. ¿Cómo lograr una legislación lo suficientemente eficiente?

−Se necesita voluntad política, un Poder Ejecutivo decidido y actores de la sociedad que lo apoyen. Se requieren fuerzas políticas, porque los embates y resistencias del sector comercial no van a parar, pues ven amenazado su statu quo.

Es un tema de decisión política y saber articular con los diversos actores, como la academia, organizaciones sociales y sindicales y ciudadanía, para generar la suficiente presión a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos y a quienes sea necesario, para que sepan el costo que pueden enfrentar si prefieren a un grupo de empresarios.

En Costa Rica, se han presentado intentos de establecer legislaciones vinculadas con la libertad de expresión, sin mucho éxito. ¿Qué opina de este caso?

−Entiendo que hubo errores de procedimiento en la propuesta gubernamental, que tenía problemas en la propia iniciativa, pero la manera en que se lo cobraron a la Administración fue excesivo. En ese sentido, creo que hace falta construir una propuesta consensuada de los puntos esenciales y que tomen el apoyo de los diferentes sectores, incluyendo al Gobierno.

La manera adecuada es crear una legislación con estándares establecidos, con una perspectiva de respeto y de garantía de los derechos de todos, incluyendo a las empresas, porque ellas también tienen derecho sobre sus inversiones, pero también dando poder e igualdad a los otros sectores.