Ley del CNP vigente puede salvar a la institución

La Fábrica Nacional de Licores pasó de vender un millón de botellas en el año 2000 a 200.000 en el 2010. (Foto: archivo)El

La Fábrica Nacional de Licores pasó de vender un millón de botellas en el año 2000 a 200.000 en el 2010. (Foto: archivo)

El Consejo Nacional de Producción adeuda más de ¢30.000 millones al Ministerio de Hacienda, las ventas de su mayor fuente de ingresos, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), están en caída libre y el Gobierno tiene listo un anteproyecto de ley que cerraría la entidad, la transformaría en el Consejo Nacional de Comercialización Alimentaria,  derogaría el marco legal de las ferias del agricultor y daría en concesión a un privado la fabricación de licores.

Sin embargo, la misma ley vigente (Ley Orgánica del CNP, 2035) contempla el mecanismo que podría salvar a la institución, según abogados y exfuncionarios del CNP, que reconocen el grave estado financiero de la institución.

“Si hubiese  voluntad política”, el Gobierno podría “salvar” a la institución de la debacle financiera,  recurriendo a la misma ley “que quiere derogar”, afirma el abogado Mario Marín, exfuncionario del Consejo Nacional de Producción (CNP). En su criterio, la tabla de salvación estaría en los artículos 29 y 47 según los cuales, “con la garantía del Estado, el Consejo podrá solicitar y  obtener los empréstitos que su funcionamiento demande, en fuentes financieras nacionales o extranjeras”.

 

Marín insistió en que “el gobierno puede recurrir a la banca estatal, al Sistema de Banca para el Desarrollo por ejemplo,  para conseguir recursos financieros necesarios  y cumplir con sus funciones,  pero ha habido una apatía para utilizar esta herramienta y no ha cumplido lo que le demanda la ley vigente”.

 

El presidente ejecutivo del CNP, William Barrantes, ante consulta de UNIVERSIDAD,  admitió la existencia de “un borrador de proyecto” que eliminaría el CNP para transformarlo en el Consejo Nacional de Comercialización Agroalimentaria (CNCA).

Una de las justificaciones de Barrantes ofrecidas (Ver edición #2004) y subrayadas en el programa “Puntos de Vista”, del Canal 15, es la grave  situación financiera de la institución que lo ha “obligado a tener plantas en desuso y entregar activos y terrenos como parte de pago de una deuda al fisco que asciende a más de 30 mil millones de colones”.

“El anteproyecto pretende recomponer el problema financiero del CNP, pues agotado el Programa de Reconversión Productiva, si no hacemos este proceso no vamos a tener institución en términos de unos 3 o 4 meses”, alegó Barrantes.

LEY VISIONARIA

Para el abogado Carlos Herrera, quien laboró para el CNP por más de dos décadas, la ley que creó el CNP es un texto visionario que vale la pena mantener vigente, pues es la única que establece un marco de acción que fortalece al pequeño y mediano productor.

Marín, por su parte, contrastó esta ley con el “anteproyecto” de reforma que crearía al CNCA y advirtió que Costa Rica pasaría de tener una ley integral que apoya al pequeño y mediano productor en todas las fases del proceso productivo (siembra-cosecha-comercialización), a tener una ley más laxa que enfoca su campo de acción simplemente en estrategias de  mercadeo de productos.

“La Ley del CNP es la única que garantiza una seguridad alimentaria, no hay ninguna otra que haga eso”, señaló.

En su criterio, el artículo 3 de la Ley le otorga potestades que no están contenidas en el proyecto de reforma, tales como el papel del CNP en procurar la modernización y verticalización de los pequeños y medianos agricultores para darles eficiencia y competitividad, facilitarles la inserción en el mercado internacional, brindarles capacitación y transferencia tecnológica y mantener un equilibrio justo entre productores y consumidores.

“Todo está ahí, es una serie de condiciones que hacen esta ley una de las más robustas pues además contempla otros aspectos de gran importancia como programas de asistencia y cooperación interinstitucional, la potestad de otorgar garantías fiduciarias ante organizaciones financieras del Estado a favor de pequeños y medianos productores y la fiscalización del establecimiento de mercados”, puntualizó Herrera.

INTERÉS POLÍTICO

El Presidente Ejecutivo del CNP atribuye la debacle financiera de la Fanal a la postergación de decisiones oportunas para evitar el declive de la comercialización de sus productos y a una diferencia de precios respecto a los productos importados.

La Ley Orgánica del CNP, inhibe a la institución en el artículo 5 de dar en concesión la Fábrica de Licores.

Sin embargo, para Manuel Porras, secretario general del Sindicato de Empleados del CNP (Sinconapro), “hay intereses políticos detrás de una eventual concesión de la Fanal y la derogación de la Ley del CNP”.

“Recordemos que la fábrica no son solo licores, ella abastece a la CCSS del alcohol a precio de costo, y suministra el alcohol para uso industrial, únicamente con un recargo del 15% sobre el costo de producción. Esta situación cambiaría con una privatización, señaló.

Según el artículo 12 de la Ley Orgánica del CNP, el Consejo está exento de la obligación de pagar impuestos, excepto  el impuesto de venta de licores, lo que convierte a la Fanal −institución adscrita−,  en un gran contribuyente ante el Ministerio de Hacienda.

Barrantes insiste en que las deudas por impuestos del CNP a Hacienda sobrepasan los 30 mil millones de colones y empujaría prácticamente al cierre de la empresa ya que, según Barrantes,  la venta del total de activos de la institución sólo cubriría la mitad del monto.

“Sí es cierto,  las finanzas están quebradas, pero lo que don William y la señora ministra (Abraham) no han dicho, es que una buena parte de eso es responsabilidad de ellos”, criticó Porras.

Porras opina que “es ilógico” pensar que el Estado cobre impuestos al Estado, un sinsentido dado que  la Fanal es la generadora de recursos que sostiene al CNP.

“El CNP paga ¢46 millones mensuales de intereses al ministerio de Hacienda que está en sede judicial  y que tiene que ver con la imposición tributaria de los aportes que hace la Fanal al CNP, siendo la fábrica parte del CNP”, señaló.

Por su parte, Marín apeló a un proyecto de Ley que exonere del impuesto en ventas a la Fanal.  “Sería ideal,  pues esos recursos irían de manera completa al  CNP”.

William Barrantes consultado al respecto por UNIVERSIDAD atribuyó la responsabilidad a la Asamblea Legislativa.

“Hay un  proyecto en consulta en la Asamblea Legislativa tanto para exonerar de este impuesto a la Fanal como para la condonación de una deuda que para nosotros es inexistente”, advirtió,  sin embargo, Porras.


 

Posibles salidas

Para enfrentar la crisis del CNP, Manuel Porras, secretario general  del Sinconapro, propone lo siguiente:

  • Destinar los recursos para el Programa de Abastecimiento Institucional.  (Herramienta del CNP para apoyar la comercialización de los productores agropecuarios).
  • Resolver el problema de Hacienda con la exoneración y condonación de la deuda.
  • Vender propiedades en desuso con un costo elevado de mantenimiento.
  • Recursos frescos a través del Presupuesto Nacional para los gastos operativos del CNP y que “oxigene” a la Fanal.
  • Mejorar la comercialización de la Fanal.

 


 

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