En el último minuto, el Partido Liberación Nacional (PLN) encontró la fórmula para evadir una confrontación dentro de la Asamblea Nacional celebrada el pasado fin de semana, de la que todos salieron contentos aunque el conflicto de fondo -que encendió una gran polémica dentro de la agrupación en los últimos días-, quedó sin solucionarse.
Polémica que puso frente a frente al exmandatario y actual presidente del PLN, José María Figueres, y al excandidato presidencial, Johnny Araya, y la mayoría de diputados liberacionistas afines al exalcalde de San José.
Los legisladores pretendían que la asamblea nacional liberacionista anulara la sanción impuesta a Araya por los órganos internos del partido, medida a la que se opuso tajantemente Figueres desde la presidencia del comité ejecutivo.
Tras bastidores, a través de las redes sociales y redes internas el enfrentamiento fue atizado por sectores allegados al expresidente Óscar Arias, en lo que podría verse como el pugilato en ciernes por la candidatura presidencial liberacionista para el 2018, la que acaricia Figueres aunque niega estar pensando en ella, mientras en los pasillos liberacionistas corre el rumor de que Arias no descarta su postulación a un tercer mandato presidencial.
El pasado sábado 13 de junio para evitar una votación que hubiera dejado maltrecha la unidad del partido, Araya y los diputados que lo apoyan aceptaron retirar la moción que pretendían presentar a los asambleístas del PLN para que suspendieran la sanción por cuatro años que el tribunal de ética le impuso en diciembre pasado, y que ratificó el tribunal de alzada del partido y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La sanción impuesta al excandidato presidencial obedece a la decisión que tomó Araya de abandonar la campaña política antes de la segunda ronda electoral en el 2014, que ganó el actual presidente de la República, Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana.
La inhabilitación impide la aspiración de Araya de postularse para las elecciones municipales de febrero próximo, y recobrar así el puesto de Alcalde de San José, que ocupó por 20 años hasta su renuncia en el 2013.
Desde la presidencia del directorio ejecutivo del PLN, Figueres mantuvo que la propuesta de Araya a la asamblea era ilegal, porque esta no tiene competencia para echar abajo la decisión de los órganos internos.
Finalmente, en una negociación Araya aceptó retirar la propuesta a cambio de que la asamblea liberacionista le solicitara al Tribunal Constitucional que se pronuncie antes del 16 de agosto sobre una acción de inconstitucionalidad que varios liberacionistas interpusieron contra dos artículos del estatuto del partido.
Dichos artículos dieron pie a la sanción por faltas a la ética y la inhabilitación para la militancia partidaria, y su anulación despejaría el camino a las aspiraciones de Araya.
Con esta estrategia, una vez más, se busca judicializar un conflicto partidario que debía resolverse en instancias políticas y se traslada esa responsabilidad a la Sala IV.
El interés de que el tribunal se pronuncie pronto sobre el asunto, es poder estar a tiempo de inscribir las candidaturas para la elección municipal, en caso de que la Sala resuelva favorablemente la acción de inconstitucionalidad.
En opinión del politólogo Francisco Barahona, la petición de los liberacionistas a la Sala Constitucional no es una salida real del conflicto, que queda latente y las cosas siguen como estaban.
El pedir a la Sala que acelere su decisión no es garantía de nada y hasta podría ser contraproducente. Ya lo dijo el magistrado Fernando Cruz, que esa situación no se había dado antes y que para él no significaba nada, señaló Barahona.
Lo que hicieron fue evitarle una especie de vergüenza a Johnny Araya, pero no se resolvió el fondo del asunto que era sobre la resolución del tribunal de ética y el tribunal de elecciones.
Probablemente, Figueres haya quedado bien en su posición y haya ganado en la medida en que si la Sala IV no anticipa una decisión, o por lo menos una medida cautelar, Araya no puede ser candidato a alcalde, y al final sería el perdidoso, valoró el analista.
Desde la perspectiva del politólogo Gustavo Araya, lo que hizo la asamblea del PLN fue el malabar creado ficticiamente de que el asunto encontró una solución.
Además de dejar congelada en el tiempo la situación de Araya como si nada hubiera sucedido el 5 de marzo del 2014, cuando el candidato, en una situación inédita, se retiró de la campaña, dándole la espalda al sistema democrático costarricense.
Pero ahora resulta que mientras la Sala no se pronuncie, Araya no es ni culpable ni inocente, queda en una suerte de limbo político en donde no hay culpas que expiar, pero su funcionamiento político durante todo este tiempo va a quedar validado, observó el analista.
Con esto pierde la institucionalidad costarricense, porque ante la incapacidad de resolver sus propios conflictos por la vía del diálogo y negociación a lo interno del partido político, como debe ser, se traslada la decisión a una instancia técnico jurídica que no va a tener la legitimidad porque no es resultado de la negociación, sino de la imposición.
De esa manera se judicializa el conflicto político, y cualquiera que sea la decisión de la Sala un sector no quedará satisfecho, con lo que se perjudica la imagen del tribunal, y si el fallo fuera positivo quedarían burlados el tribunal de ética, el tribunal de alzada del PLN y el TSE que aprobaron la sanción al excandidato, anotó Araya.
CANDIDATURA
Desde otra perspectiva, la posición de Figueres podría verse fortalecida tras la celebración de la asamblea del pasado fin de semana, donde se aprobaron reformas al estatuto y se eligió nuevo tribunal interno de elecciones, tribunal de ética y tribunal de alzada.
El exmandatario –quien por sus anteriores antecedentes políticos arrastra una mala imagen en el electorado según las encuestas – aprovechó para recalcar sus proyectos de remozar el partido y reencauzarlo en la propuesta socialdemócrata que abandonó. Para ello anunció la reapertura de la formación de cuadros políticos en el partido y la celebración de un congreso ideológico en octubre próximo, entre otras acciones.
Por ahí el exgobernante abona el terreno para una candidatura presidencial en el 2018, aunque reiteró a la prensa que ese tema no le desvela, ni el rumor de que Arias podría postularse, sino que en sus preocupaciones están las tareas pendientes para renovar el partido y los problemas del país que continúan sin resolverse, aseguró.
Lo cierto es que en la puja por el liderazgo liberacionista el exmandatario se abrió un buen espacio para la maniobra desde inicios del año, cuando le disputó la presidencia del PLN a Francisco Antonio Pacheco, el ungido del arismo que lo antagoniza.
Tribunal competente
Costa Rica tiene un modelo de constitucionalidad concentrado. Significa que la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza, incluida la materia electoral, es controlada por la Sala Constitucional. De manera que todo lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad las tiene que conocer dicho tribunal, conocido en Costa Rica como la Sala IV.
De hecho hay muchos antecedentes de acciones de inconstitucionalidad contra normas de naturaleza electoral que ha conocido la Sala, porque es parte del ejercicio que le corresponde.
La Sala se pronunció, por ejemplo, sobre la constitucionalidad de los certificados de cesión anticipada o bonos de la deuda política, con los que se financian los políticos en las campañas electorales.
En lo que se refiere al análisis de los actos relacionados con aplicación concreta de las normas electorales, eso es competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y no cabe interponer recurso de amparo ante la Sala Constitucional en esa materia, según lo establece la propia Ley de Jurisdicción Constitucional.
En el caso de los estatutos de los partidos políticos, la constitucionalidad la analiza la Sala IV, porque son normas jurídicas y reglamentarias, pero el TSE puede analizar en el caso concreto, si los estatutos cumplen desde el punto de vista constitucional y legal con lo que mandan las normas electorales.
En cuanto a los dos artículos del estatuto del Partido Liberación Nacional que están impugnados actualmente ante la Sala Constitucional, el TSE ya se pronunció en cuanto a su aplicación en el caso concreto, pero el análisis de constitucionalidad de dichos artículos le corresponde a la Sala IV.
*Fuente: Juan Luis Rivera, letrado del TSE
Aspiraciones vivas
El exalcalde capitalino y excandidato presidencial del PLN, Johnny Araya, se declaró satisfecho con el acuerdo de la Asamblea Nacional liberacionista de solicitar a la Sala IV que resuelva, antes del 16 de agosto, la acción de inconstitucionalidad presentada contra dos artículos del estatuto en que se fundamentó el tribunal de ética para suspenderlo por cuatro años como miembro del partido.
“Celebro y agradezco que la asamblea del partido haya tomado esta iniciativa” de solicitarle a la Sala Constitucional que le dé pronto despacho y resuelva la acción de inconstitucionalidad antes de las fechas de las asambleas del partido, señaló Araya.
¿Mantiene la aspiración de volver a la Alcadía de San José? Su respuesta es que “las he mantenido vivas, creo que la puerta está abierta y hay una posibilidad real para poder participar en ese proceso”.
Ante la pregunta de si no le es favorable la resolución de la Sala IV se postularía para alcalde por el Partido Nueva Generación, como se ha rumorado, dijo que esa es una especulación infundada.
“No he tenido ningún tipo de contactos con ese partido, y voy a tener la esperanza de que se pueda hacer realidad la posibilidad de recuperar mi derecho a participar en la agrupación a la que yo he pertenecido”.
Respeto a la legalidad
El expresidente José María Figueres, presidente del comité ejecutivo del PLN, mantuvo su rechazo a la pretensión del excandidato Johnny Araya, de que la asamblea nacional del PLN acordara suspenderle la sanción impuesta por los tribunales internos y ratificada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Su argumento fue que la decisión sería ilegal porque la asamblea nacional no tiene competencia para resolver en una materia que está reservada al tribunal interno. “Ningún partido y ningún partidario puede estar por encima de los órganos del partido y del Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso en Liberación Nacional las decisiones del tribunal de ética y del tribunal de alzada se respetan y se acatan”, adujo Figueres.
¿Ha sido intransigente, como dijo Johnny Araya?
-No he sido ningún intransigente. La familia liberacionista es la que quiere que se respeten los órganos del partido.
¿Fue una salida honrosa para Johnny Araya la aprobación de esa excitativa al tribunal constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los estatutos?
-Pienso que aquí no estamos por buscar salidas, aquí estamos por fortalecer a Liberación Nacional y en eso estamos trabajando todos los días.
¿Cuál es su valoración de la decisión tomada por la asamblea del PLN?
-Aquí hemos engrandecido a Liberación Nacional, y lo hemos llevado a unos niveles de lo que no han sido los tradicionales posicionamientos de los partidos políticos en este país.
Hemos devuelto como correspondía a los tribunales de la república las definiciones que ellos deben tomar, porque nosotros somos una instancia política y no somos un tribunal. Y al mismo tiempo, al hacerlo, hemos defendido la integridad de las instancias internas del partido, y nos henos declarado como un partido respetuoso en todos sus extremos del TSE. Son pocos los partidos que pueden hacer eso.
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