Ningún país del continente está libre de la tentación a la censura. (Foto: Esteban Dato)

Ningún país de este continente se salva de las tentaciones de aplicar restricciones a la libertad de expresión, dijo la representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carmen  Lomellin, durante una mesa redonda organizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el 19 de junio en San José.

En la actividad, en la que participaron varios periodistas, contó también con la presencia de la embajadora de Estados Unidos en San José, Anne Andrew.

La discusión giró en torno a las propuestas encabezadas por Ecuador y Venezuela,  encaminadas a impulsar una profunda reestructuración del sistema interamericano de derechos humanos, las cuales fueron defendidas por ambos gobiernos durante la  Asamblea General de la Organización de Estados Americanos número 34, celebrada a comienzos de mes en Cochabamba, Bolivia.

Ambos países han rechazado tajantemente los últimos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el cumplimiento de esos derechos, incluidos los del respeto a la libertad de expresión y prensa.

La CIDH tiene como un anexo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuya titular es la colombiana Catalina Botero.

El último informe anual de la relatoría, publicado en diciembre pasado, analizó la situación de la libertad de expresión en 25 países del continente, incluida Costa Rica. La radiografía de la región hecha por el organismo no fue para nada halagadora.

Algunos países, como Honduras -donde desde el 2009 fueron  asesinados casi una treintena de periodistas, sin que el Estado pueda dar una explicación clara de lo que está sucediendo-, provocan alarma general en  la Relatoría. Los casos de violaciones a la libertad de expresión se van sucediendo de país en país, con diferentes matices de gravedad, desde Canadá hasta Haití.

En Venezuela y Ecuador, por ejemplo, consideran que los informes de la CIDH y la misma Relatoría de Libertad de Expresión sobre la situación de sus respectivos países,  en materia de derechos humanos presentan serios desequilibrios, y por esa razón se han  propuesto impulsar una profunda cirugía al sistema.

Para algunos países -como Estados Unidos y Costa Rica, cuyo Canciller Enrique Castillo hizo una fuerte defensa de estas instancias en Cochabamba-,  las propuestas dirigidas a procurar una restructuración del sistema están más orientadas a debilitarlo,  que a un fortalecimiento.

Durante la mesa redonda, cuya moderadora fue la presidenta del IIDH, Sonia Picado, la embajadora Andrew y Lomellin insistieron en que las propuestas de reformas al sistema interamericano de derechos humanos de la OEA, entrañan un grave peligro para la libertad de expresión en el continente.

“Lamentablemente la libertad de expresión está amenazada”, alertó en su introducción la presidenta del IIDH, al lamentar que cada vez se cometen más asesinatos de periodistas en la región.

Picado recordó que el derecho a la libertad de pensamiento es uno de los más reforzados y defendidos en  el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“La libertad de expresión y de prensa es un tema que nos preocupa a todos”, dijo por su parte la embajadora Andrew.

Por su parte, Lomellin advirtió que interponer limitantes a la libertad de expresión y de prensa, representa un grave “ataque a la democracia”.

En este sentido, dijo que en el continente americano se presentan, en algunos países, dos escenarios: aquellos en los que los gobiernos utilizan los poderes del Estado para restringir a la prensa por medio de amenazas y  persecución a sus opositores, y en otros donde (los gobiernos) cuentan con instituciones muy débiles y no tienen la habilidad de proteger a los medios de comunicación y a la sociedad civil.

Lomellin insistió en señalar a países de la Alianza Bolivariana, en especial Venezuela, Ecuador y Nicaragua, donde a su juicio se producen fuertes restricciones y ataques a la libertad de expresión.

Además, calificó de muy difícil la situación de naciones como México, envuelta en una guerra contra el narcotráfico, donde los asesinatos de periodistas se volvieron noticia común, lo mismo que en Honduras, que engrosa la lista negra de lugares donde se producen ataques a la prensa.

La representante permanente de Estados Unidos ante la OEA calificó de “muy preocupante” lo que consideró intentos impulsados durante la última Asamblea General de la OEA para “debilitar” a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

A la mesa redonda asistió el magistrado de la Sala Constitucional (IV), Fernando Cruz, quien se refirió a los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el papel de la Sala IV en la protección del derecho a la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica.

Presidente del IPLEX:

En Costa Rica aún hay temas pendientes

“Podríamos decir que estamos bien en comparación con otros países, pero hay tareas pendientes”, dijo a UNIVERSIDAD el presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) –con sede en Costa Rica-,  Alejandro Delgado.

¿Cuál es el diagnóstico que hace el IPLEX de la situación de libertad de expresión en Costa Rica?

-Si hacemos una radiografía de la situación en Costa Rica, podríamos decir que estamos bien, pero ¿comparados con quien? Si usted se compara con un país como Ecuador, Nicaragua, Cuba o Venezuela, nosotros estamos bien. Tenemos garantías, la gente puede expresar lo que quiere, y cuando esto no es respetado el sistema tiene alternativas.

Pero el parámetro tiene que ir más allá. Tenemos que compararnos con países que tengan mayor libertad de expresión.

Tenemos una tarea pendiente, por ejemplo, en el tema de equiparar el sistema interamericano a los estándares de Costa Rica. Tenemos normas que están ahí pendientes todavía, que podrían afectarnos.  Si bien es cierto la Sala Constitucional ha sido consecuente en la defensa de la libertad de expresión, la composición de la sala puede cambiar, y eso puede significar un cambio en el concepto de la defensa de la libertad de expresión.

¿Siguen pendientes cosas, como los delitos contra el honor?

-Hay un tema, como la aplicación penal a delitos contra el honor que el país tiene que resolver y es uno de los puntos que tenemos que corregir. ¿Cuál puede ser la alternativa? No podría decirle. Pero el país tiene una cuestión pendiente en este tema.

Después de doce años la legislación no cambió y se mantuvo a pesar de que había una iniciativa (para modificar la ley sobre libertad de prensa).

¿Aunque a veces no se aplica, la norma está vigente?

-La norma está vigente y de alguna manera se identificó el proyecto de reforma con los grandes medios y no es a estos; es a los medios pequeños a los que más puede afectar la existencia de una norma de derecho penal mal aplicada. Los medios grandes pueden ir al sistema interamericano, pero es sumamente costoso.

¿Pero además hay presiones abiertas o sutiles que dificultan la labor de los periodistas, especialmente en la esfera pública?

-En todas partes hay esa tensión entre la prensa y el gobernante. Lo que pasa es que el gobernante tiene que entender que él juega un rol y la prensa el suyo. Lo que debe hacer es educar a la ciudadanía, para que cuando sienta que la prensa no está haciendo bien su trabajo, (la ciudadanía) entienda cuál es el rol de cada uno y decida. Claro que debe  haber presiones; no tengo la menor duda de que se dan obstáculos -por ejemplo- en el acceso a la información. Un día sí y otro no, el periodista pide información y se la niegan. Se puede acudir a la Sala Constitucional, pero esta se pronuncia tres meses después. ¿Es oportuna esa información? Creo que ahí hay trabas que tienen que irse eliminando.