Limón Huelga local, represión global

Se trató una huelga cuyas motivaciones eran legitimadas por casi todos los sectores: Gobierno, presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas involucradas, sindicatos e iglesias,

Se trató una huelga cuyas motivaciones eran legitimadas por casi todos los sectores: Gobierno, presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas involucradas, sindicatos e iglesias, pero que sin embargo, fue rechazada y reprimida porque estaba «fuera del Estado de derecho» -aunque la declaratoria de ilegalidad por un tribunal fue apelada.

Convocada por la Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL), en ella participó personal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), de la Municipalidad de Limón y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

Sin embargo, recurrente como una pesadilla, la lucha que se vio obligada a realizar esta región del país -económicamente importante, pero socialmente relegada- iba más allá de lo institucional e incluyó demandas para que se atendieran derechos elementales de la población.

Si la credibilidad de las iglesias significa algo, esto es lo que afirmaron los representantes de varias de ellas, reunidos en la Asociación Ministerial de Pastores de Limón, quienes en un comunicado titulado «Limón: tierra de esperanza», emitido previamente a que estallara la huelga, instaron al Gobierno a demostrar voluntad política para cumplir los acuerdos que pactó con la provincia el 31 de mayo pasado. (Ver recuadro «Las demandas»)

En el texto, los pastores apoyaron uno de los principales reclamos de la huelga, esto es, que establecer fechas de cumplimiento para los acuerdos firmados.

Estos fueron pactados por la administración Pacheco para evitar que a fines de mayo, una inminente protesta limonense confluyera con la huelga que iniciaban los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quienes finalmente lograron que el Gobierno modificara su política de restringir las inversiones de la institución.

Sin embargo, los acuerdos con Limón se habían quedado únicamente en el papel y la postergada huelga estalló el 16 de setiembre. Los cuatro meses transcurridos desde mayo, fueron un tiempo que el Gobierno aprovechó para planear un operativo que le permitió mantener el funcionamiento más o menos normal del tráfico portuario y del suministro de combustibles.

Para esto recurrió tanto a la temprana demostración de fuerza -que incluyó el uso de gases y la detención violenta de una veintena de trabajadores, entre ellos tres dirigentes sindicales- como a contratar los servicios «rompehuelgas» de empresas y técnicos extranjeros, en una muestra de que en la globalización, la coerción nacional no solo es privatizable, sino que recurre a las «consultorías externas». (Ahora que se recorta la inversión pública por falta de dinero, esta privatización internacionalizada de la represión ¿se pagará con fondos de la Fundación de Cooperación Estatal -FUCE- o, acaso, de la Fundación Costa Rica-Estados Unidos -CRUSA-?)

Gilbert Brown, dirigente de la FETRAL, dijo a UNIVERSIDAD: «Es la primera vez, en 35 años de sindicalista, que veo algo como esto. Han traído gente de Panamá, Colombia, Venezuela, México. Se afirma que hasta en la fuerza pública hay extranjeros. Es una barbaridad que el Gobierno recurra a esto, que nosotros interpretamos como una acción para complacer a las fuerzas de derecha de este país.»

Si bien consideró que la huelga «no es la forma de sacar adelante a la institución en un período de crisis», Alberto José Amador, presidente ejecutivo de JAPDEVA, coincidió con los trabajadores en que la crisis existe y, según su criterio, fue causada por el ex jefe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Herman Hess, cuando rechazó una solicitud de incremento de tarifas de 4.71%.

«En vez de esto, nos rebajaron las tarifas un 4.98%, lo cual nos ha causado un déficit de entre ¢3.400 millones y ¢1.500 millones», dijo a UNIVERSIDAD.

Amador agregó que a pesar de que Hess ya no está al frente de la ARESEP, lo demandará en lo contencioso administrativo por supuestamente violar el artículo 31 de la ley de la Autoridad, que impide obligar a las instituciones públicas a brindar sus servicios con pérdida.

«Herman Hess me pidió retirar el recurso administrativo porque supo que no había procedido bien. Pero finalmente tomó una medida irresponsable, que fue renunciar. Aún así lo voy a llevar a lo contencioso administrativo», aseguró.

Por su parte, Hess rechazó estas aseveraciones y dijo que ARESEP desaprobó el aumento solicitado porque la justificación técnica no era la adecuada. (Ver entrevista «Es ridículo»)

Aunque no pudimos confirmarlo, entre el personal de JAPDEVA se afirmaba que habían «rodado cabezas» a causa de los errores cometidos en la presentación de la solicitud a la ARESEP.

La renuncia de la Junta Directiva de JAPDEVA, incluido su Presidente Ejecutivo, fue una de las demandas originalmente presentada por los huelguistas.

Sin embargo, la petición central -que fue rechazada- era que el Gobierno girara una transferencia de ¢3.000 millones, para que la Junta pudiera hacer frente a las demandas de modernización en seguridad portuaria exigidas por el gobierno de Estados Unidos, y cuya fecha límite es enero del próximo año.

Amador dijo que JAPDEVA cuenta con recursos para pagar puntualmente los salarios, el aguinaldo y el salario escolar de su personal y para operar normalmente durante lo que resta de 2003. Además, afirmó que «es una prioridad del presidente Pacheco realizar todas las inversiones en seguridad portuaria que se requieren.»

El 12 de setiembre pasado, JAPDEVA presentó una nueva solicitud a la ARESEP, en la que pide incrementar sus tarifas en 13.7%. La ARESEP tiene 30 días para emitir el fallo.

«Pronto se acaba setiembre y ya no se podrá hacer una modificación presupuestaria. Cuando ARESEP apruebe las tarifas, ese mayor ingreso será un superávit que no podremos usar sino hasta 2004», dijo Amador.

El funcionario también descartó que hubiera interés en debilitar a JAPDEVA con miras a una privatización. «El Presidente ha dicho que en su agenda no están la privatización de RECOPE ni del Puerto de Limón. Y esos son nuestros lineamientos de política», argumentó.

Por su parte, en conferencia de prensa, el presidente Ejecutivo de RECOPE, Littleton Bolton, transmitió un mensaje similar al de Amador.

«En cuanto a RECOPE se refiere, la protesta surge como medida de presión al Gobierno de la República por considerar que se está atentando contra la estabilidad de la empresa, sea por la acción de inconstitucionalidad que planteó el Movimiento Libertario contra algunos artículos de la Convención Colectiva vigente, por una eventual privatización o bien por no contar con los recursos para la segunda fase del Proyecto de Modernización», dijo. Pero agregó que su administración ha logrado «aprobaciones muy importantes del Gobierno.»

Entre ellas citó el aval de la Autoridad Presupuestaria para eximir a la empresa de los límites del gasto público impuesto para este año, que equivale a ¢6.000 millones; la autorización del Ministerio de Hacienda para financiar el Proyecto Poliducto Limón-La Garita, por unos $75 millones; y que el Ministerio de Hacienda esté por concluir un análisis para financiar la segunda fase del Proyecto de Modernización de la Refinería, «que no requerirá de desembolsos hasta 2006.»

Bolton también aseguró que «existe un compromiso serio del Presidente de la República, quien ha sido claro respecto a su posición de no privatizar esta institución. Estamos conscientes de que debemos encontrar salidas negociadas a este conflicto, pero para lograr un entendimiento es necesario deponer el estado de hecho», dijo.

Al final, el Gobierno se sentó a negociar sin que antes se suspendiera la huelga.

Herman Hess:

«Es ridículo»

UNIVERSIDAD conversó, el pasado 19 de setiembre con el exregulador General, Herman Hess, sobre el papel jugado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en la fijación de las tarifas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), una de las principales razones de la huelga en Limón. A continuación, el diálogo.

El Presidente Ejecutivo de JAPDEVA afirma que lo acusará, en lo contencioso administrativo, por haber rechazado el alza tarifaria que solicitó la institución cuando Ud. encabezó ARESEP. Argumenta que Ud. violó la ley de ARESEP porque obligó a una institución pública a trabajar con pérdidas. ¿Qué puede decir a esto?

– Es una manera de obviar los problemas que tuvo JAPDEVA para hacer una fundamentación técnica adecuada del alza de tarifas que solicitó. Me extraña la actitud, pues siempre estuvimos anuentes a conversar. Incluso después del rechazo hubo intercambio entre los técnicos de ARESEP y JAPDEVA para que la nueva solicitud estuviera adecuadamente fundamentada.

Si fuera a lo contencioso administrativo, sería un excelente medio para sacar a la luz pública las prácticas de JAPDEVA en cuanto a la fijación tarifaria.

– Creo que lo que se busca es desviar la atención. Una cosa es el equilibrio financiero de la institución y otra la fundamentación técnica para justificar un alza en las tarifas. Igual sucedió con el ICE.

Sobre este tema, el sector laboral lo acusó de no haber aprobado tanto las tarifas del ICE como las de JAPDEVA como una forma de presionar por la apertura o privatización de las telecomunicaciones y el puerto de Limón. Ahora que ya no está en ARESEP, ¿ cuál es su posición sobre abrir o privatizar estos sectores?

-Es un tema sumamente complejo. Me abstendría de opinar porque requiere de un estudio muy detallado. Mis actuaciones en ARESEP tuvieron que ver solo con las tarifas, no con cambios estructurales. No veo una relación entre una cosa y la otra. En el caso de JAPDEVA, si haber rechazado un alza que no estaba técnicamente fundamentada quiere decir privatización, yo lo siento mucho, pero no es lo mismo.

En cuanto al ICE, el rechazo tuvo que ver con la falta de calidad del servicio celular y con razones financieras. No había ninguna necesidad de alzas en el ICE.

Me preocupa mucho el clima que se está creando, de que cualquier crítica a las instituciones públicas trae como consecuencia el epíteto de neoliberal o privatizador. No podemos seguir con el chantaje irresponsable de las personas.

Incluso, en JAPDEVA, tuvieron un problema de plazos. Se les pidió entregar información adicional para sustentar su petición y nunca la dieron. Es ridículo que las instituciones están trabajando muy mal en cuestiones de contabilidad básica y después resulta que uno es un neoliberal, un privatizador. Es ridículo.

¿Renunció Ud. a la ARESEP por presiones del Gobierno o de algún sector?

-Presiones en ARESEP hubo desde el primer día, de parte de todas las fuerzas políticas y grupos de interés: sindicatos, presidentes ejecutivos, diputados. Una presión totalmente previsible en un puesto de esa naturaleza. Como lo dije en su momento, renuncié por razones personales.

Las demandas

* JAPDEVA. Nombramiento del Presidente Ejecutivo. Arreglo inmediato de las tarifas portuarias. Pago inmediato de prestaciones parciales y disponibilidad del personal de grúa y «extracarrier», según el artículo 33 Bis de la Convención Colectiva de Trabajo. El cumplimiento de los acuerdos con «Limón en Lucha» en cuanto a las estibas y que éstas sean incorporadas en el Cartel de Licitación. El desembolso de las partidas del préstamo taiwanés para continuar la ampliación del muelle de Moín.

* Fondos del PAE III (FODELI). Que el Ministerio de Hacienda gire de inmediato los desembolsos de los $10 millones para el Fondo de Desarrollo de Limón, provenientes de la ley 7901 del 17 de agosto de 1999.

* RECOPE. Autorización del Ministerio de Hacienda y del Banco Central para que pueda acceder a un préstamo para terminar la segunda etapa de la modernización de la Refinería en Limón.

* Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Reactivar el ferrocarril en la provincia de Limón para generar fuentes de empleo a muchos exferrocarrileros desempleados.

* Agricultura. Completar los proyectos agrícolas aprobados y los que están formulados para plátanos, ganadería, raíces tropicales, pimienta y plantas medicinales.

* Personas damnificadas. Entregar las ayudas por ¢3.000 millones prometidas a las personas afectadas como consecuencia de las llenas ocurridas en la provincia de Limón en 2002, que incumben a la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Vivienda y el Consejo Nacional de Vialidad.

* Construir el relleno sanitario.

* Diseñar el Plan de Desarrollo Regional de la Vertiente Atlántica.

* Cumplir los acuerdos en materia de Seguridad Pública.

* Establecer una comisión permanente para la provincia de Limón.

Fuente: «Limón: tierra de esperanza» Asociación Ministerial de Pastores de Limón.

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