Sin alarmismo pero con claridad el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado señala que una de sus preocupaciones sobre la próxima elección de alcaldes es que la ausencia de contribución estatal a los partidos durante el arranque de la campaña –cuando más necesitan dinero– aumente el riesgo de penetración de recursos del crimen organizado.
Por su complejidad y características especiales, las elecciones municipales del próximo 7 de febrero representan un desafío inédito para las autoridades electorales y la ciudadanía costarricense.
Estas serán las vigésimas elecciones que celebren desde la fundación de la Segunda República en 1949, y son los comicios más complejos que ha tenido que asumir el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desde el primer proceso en 1953.
Esto es por la cantidad de cargos en disputa, el número de candidatos que se inscriben, por tratarse de una elección en cada uno de los 81 cantones del país, donde cada comunidad tiene su propia dinámica y, a diferencia de las elecciones nacionales, también intervienen partidos cantonales, y estos son más de 50.
Lo anterior lo remarcó el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, en entrevista con UNIVERSIDAD el pasado 6 de noviembre, de la cual el siguiente es un extracto.
¿Don Luis Antonio, a qué reto se enfrenta el TSE en las elecciones municipales que se celebrarán en menos de tres meses?
−Esta es una elección inédita, puesto que a pesar de que se celebraron elecciones municipales separadas de las nacionales en el 2002, 2006 y 2010, en esta se terminan de separar los comicios nacionales de los locales, ya que antes los regidores seguían eligiéndose conjuntamente con el presidente y los diputados.
Esta es la primera ocasión en que todos los cargos municipales están en juego, lo que da un total de 6.069 puestos de elección popular, para los cuales se han postulado poco menos de 35.000 candidatos.
Otra diferencia es que en el 2002 y 2010 se celebraron después de la elección nacional, muy cercanos a la convocatoria para elegir presidente y diputados, lo cual hacía que dichas elecciones pillaran a los partidos desfinanciados y cansados del esfuerzo por la competencia nacional, y a la gente también con cierto cansancio electoral, llamándosele a las urnas en diciembre, el peor mes posible, cuando estamos concentrados en la familia, el aguinaldo, los tamalitos, el paseo de descanso que podamos hacer. Eran elecciones marcadas por un alto abstencionismo, el cual ha ido disminuyendo un poco, pero situado arriba del 70%.
Desde ese punto de vista, estas elecciones son un verdadero desafío para el Tribunal. Ciertamente, tenemos el “expertise” necesario para lograr que estas elecciones sean realmente una ocasión memorable de reeditar nuestros compromisos democráticos.
¿Espera un aumento de la participación ciudadana en las urnas?
−Creemos que hay mejores condiciones para una mayor participación. Hay que vencer ese prejuicio de que los problemas solo se arreglan desde Zapote y desde Cuesta de Moras, para entender que lo más inmediato y más angustiante que podemos estar atravesando como sociedad en nuestros barrios y pueblos, se resuelve en el gobierno local. Una participación más intensa nos permite aspirar a que sean los mejores hombres y mujeres los que estén a cargo cuatro años más en el gobierno de las municipalidades, por una parte, y que también podamos exigirles cuentas después a los que no cumplen con lo que han prometido.
Si no hay financiamiento y las agrupaciones dependen de sus propios recursos, esta es una competencia desigual, en la que la peor parte la llevan los partidos pequeños como los cantonales. ¿No es cierto?
−El TSE ha insistido en el tema de la equidad; es el lunar que tienen nuestros procesos comiciales, la ausencia de un mínimo de visualización pública de todas las opciones en juego. Nos lo decía la misión de observadores de la OEA en su informe sobre las elecciones del 2014, que cuatro o cinco partidos estaban monopolizando entre el 80% y el 90% de la pauta publicitaria mediática y de acceso a medios por cobertura, cuando solo en la papeleta presidencial había más del doble de partidos. Esto es como entrar a un restaurante y en el menú solo vemos la tercera parte de los platillos que está ofreciendo el establecimiento. En una democracia tan longeva y consolidada en América Latina como la costarricense, eso no se puede permitir.
Hemos insistido en el proyecto de franjas electorales, en donde no ha habido consenso siquiera para discutir esa idea en la Asamblea Legislativa. Ha habido además una reacción muy fuerte de parte de las empresas de radio y televisión, con excepción de los medios de la Universidad de Costa Rica, que aplican voluntariamente la franja electoral (espacio gratuito en igualdad para todos los partidos).
En el caso de las municipalidades, las situaciones son peores. En las elecciones municipales en el 2002 y 2006 no tuvieron ningún tipo de financiamiento. Para el 2010, gracias a la reforma electoral del 2009, los partidos accedieron por primera vez al financiamiento público, pero son dineros que pueden percibir únicamente después de pasado el proceso electoral, siempre que superen un umbral mínimo de votos y puedan demostrar gastos para cubrir con el aporte del Estado, en proporción a la votación reciente. Pero no hay acceso a un financiamiento anticipado, como sí existe para la elección nacional, además de que se financian a través de la emisión de certificados partidarios. En la elección municipal ni una cosa ni otra está autorizada legalmente.
Peligro al acecho
“Lo más peligroso es la posible penetración de dinero del crimen organizado, que es algo que ha pasado en los países de nuestro entorno más inmediato”, advirtió el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.
El magistrado hizo ver que la ausencia de dinero público para el arranque de la campaña, cuando más lo necesitan los partidos políticos, hace crecer la tentación de tender la mano, y existe el riesgo de una preponderancia de grandes donantes, que puedan comprometer la acción de las agrupaciones cuando sean gobierno. No obstante, consideró que si bien el sistema es perverso, respecto a que el dinero no está llegando oportunamente, hay posibilidades de ejercer controles rigurosos para minimizar ese riesgo.
En ese sentido, el jefe del Departamento de Financiación de Partidos Políticos, Rónald Chacón, aseguró que están llevando a cabo acciones que permiten profundizar los controles ya existentes en la normativa. Una de ellas es el monitoreo de medios de comunicación y de colocación de vallas publicitarias, que permita contrastar la información que reportan los partidos como ingresos y gastos, versus la que obtenga el TSE mediante este monitoreo y la que brinden en su momento los medios de comunicación, a los cuales también se les consulta.
Cualquier diferencia que salga como resultado de estas comparaciones daría lugar al análisis que corresponda. Además, con la cooperación del cuerpo nacional de delegados, el TSE obtendrá insumos, con el propósito de identificar coincidencias o discrepancias entre lo que reporten las agrupaciones y lo que el organismo electoral pueda obtener por esta otra vía.
Por su parte, Sobrado recordó que con la reforma del Código Electoral en el 2009, toda obligación apareja duras sanciones para los casos de incumplimiento, e inclusive se prevé cárcel cuando se trata de delitos graves, lo cual tiene un efecto disuasorio para que la persona se abstenga de realizar la conducta prohibida.
Pero aun si la disuasión no fuere suficiente, el sistema tiene múltiples mecanismos para evidenciar las irregularidades: los partidos tienen que hacer informes mensuales en época electoral de los recursos que van recibiendo y gastando, y cuáles son los donantes. Además deben hacer una liquidación postelectoral con acceso a financiamiento estatal sobre gastos comprobados.
Los partidos se exponen también a estudios especiales para el conocimiento de situaciones que el TSE detecte, tienen procesos de auditorías, se reciben y tramitan denuncias, y lo que produce un medio de fiscalización puede servir de insumo para iniciar otro.
El magistrado observó que en Costa Rica quedó eliminada la posibilidad de que los partidos recibieran contribuciones de sociedades anónimas, las que al no existir un registro de accionistas, podían servir de mampara para canalizar recursos. Ahora solo se admiten contribuciones a título individual, y hay un mecanismo de investigación del donante para lo que se usa información bancaria y de Tributación Directa, con el fin de estar seguros de que quien dona tenga la solvencia económica para generar esos recursos.
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