El TSE enfrenta la tarea de ajustarse al nuevo Código Electoral, que no incluye varias de sus propuestas, a pocas semanas de la convocatoria oficial a elecciones nacionales, en octubre.

Tras un peregrinaje de más de diez años, finalmente se aprobó la reforma al Código Electoral propuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aunque sufrió cambios sensibles en el trámite legislativo.

Luis Antonio Sobrado, magistrado presidente del Tribunal, conversó con UNIVERSIDAD sobre esos cambios y los temas que quedan pendientes en materia electoral.

¿Qué balance hace del proyecto resultante aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa?

– Este Código nuevo es una apuesta por la modernización de la legislación electoral. No es la reforma perfecta, es la reforma posible que contiene avances muy importantes para la democracia electoral, que resumo en tres ejes.
El primero es el tema del financiamiento de los partidos políticos.  En cuanto a contribución estatal, destaco el financiamiento estatal de las elecciones municipales, además se establece un mecanismo para el financiamiento permanente de los partidos en términos de organización y capacitación. Se cumple un mandato constitucional del derecho de los partidos a que se les adelante parte de la contribución estatal, y la previsión de mecanismos mucho más ágiles para la comprobación del gasto y la percepción efectiva de esa contribución estatal.
Hasta ahora tendremos un Código Electoral que se ajusta a las normas y principios constitucionales en la materia.
En materia de donaciones privadas, obtenemos transparencia al eliminar la posibilidad de que personas jurídicas tasen dinero en la política; serán personas físicas quienes hagan los aportes, con reportes de los partidos que se seguirán colocando en la página web del Tribunal. Además se le dan al TSE herramientas para auditar las finanzas de los partidos y corroborar la seriedad de los reportes financieros.
El segundo eje fundamental es el avance en derechos humanos, primero con el voto en el exterior, que se aplicará hasta el 2014; la cuota femenina que llega a la paridad de participación para que las mujeres lleguen a ser la mitad en la Asamblea Legislativa y en los Concejos Municipales, que tampoco se aplicará en las próximas elecciones. También se incluyó la plantilla para las personas con discapacidad visual, que el TSE hacía desde el 2006, que queda como una obligación legal.
El tercer eje, es el fortalecimiento de la institucionalidad electoral. El TSE queda habilitado para auditar las finanzas de los partidos políticos, se crea un Registro Electoral, bajo el cual se creará la oficina de financiamiento de partidos políticos.
También se crea el Instituto de Formación y Estudios para la Democracia (IFED), adscrito al TSE y con capacidad para canalizar dineros de la cooperación internacional, con el propósito de retomar la formación política y democrática que los partidos han abandonado.
La cereza que corona el pastel es el compromiso en favor de los partidos, a través de algunas disposiciones que refuerzan la democracia interna. La idea es que los partidos se conviertan en interlocutores permanentes del diálogo político.

¿Qué elementos importantes han quedado por fuera?

– Lo más importante que no se aprobó es la eliminación de las asambleas distritales, por ser un requisito de difícil cumplimiento sobre todo para los grupos emergentes, así como la eliminación del subcosciente, para dar mayor representatividad a la Asamblea Legislativa.
El establecimiento de auditorías internas de los partidos como exigencia para recibir la contribución del Estado, también quedó por fuera.
Tampoco se reformó la lista cerrada y bloqueada para la elección de diputados y miembros de los concejos municipales. Detectamos un disgusto de la población con ese sistema y propusimos un sistema de lista cerrada pero desbloqueada, es decir, el elector puede escoger los candidatos por los que vota dentro de la lista. También quedó fuera la propuesta de eliminar el monopolio de los partidos en la nominación de candidatos a los puestos municipales.
Los partidos emergentes sintieron la necesidad de aliviar la organización partidaria eliminando las distritales, el subcociente y establecer el adelanto de la contribución del Estado, para generar lo que sentían como mayor equidad en la contienda.

Pero no se eliminaron las distritales ni el subcosciente, a ello se suma que tampoco se eliminaron las listas cerradas y bloqueadas. ¿No considera que los partidos mayoritarios protegieron sus cuotas de poder?

– Esto fue un proceso largo de negociación, a cambio de eso se flexibilizó el tema de las coaliciones. El PLN cedió con el tema de las contribuciones, el PAC quería una reducción aún mayor de la  contribución del Estado, algunos querían eliminar la doble postulación a presidente y diputado y tuvieron que aceptarla. Todos ganaron y cedieron un poco.

Las contribuciones de personas jurídicas se eliminaron, pero a cambio se eliminó el límite a las contribuciones de personas físicas, usted manifestó que se van a implementar herramientas para auditar las finanzas de los partidos. ¿Cuáles serán esas herramientas?

– Para el TSE es muy complejo hacer una transición normativa a cinco meses de una elección. Tenemos un reto muy duro y tratamos de implementar herramientas de tipo organizacional, hay que establecer la unidad de financiamiento y ya la Contraloría General de la República nos ofreció algunas herramientas informáticas. Tenemos que hacer ajustes con el tren en movimiento.
Las reglas ya entran en vigencia como todo el Código y son operativas, el TSE debe expresar públicamente los mecanismos organizativos específicos con los que dará cumplimiento a esa norma y me parece más que oportuno que sea al 1 de octubre.

Varios delegados nacionales del TSE presentaron su renuncia, incómodos con la contratación de los auxiliares electorales, pues manifiestan que ese tipo de figuras asumen más competencias sin estar preparados, además del costo que significa contratarlos para las elecciones. ¿Cómo valora esos cuestionamientos?

– La posición de los estimables exdelegados, que renunciaron antes de abrir un espacio de diálogo, es equivocada. Los auxiliares no actúan en sustitución de los delegados, cuya función es ser los brazos y ojos del TSE en las calles durante el proceso electoral; si no que nacieron ante el hecho inobjetable de que a partir de 1998 los partidos políticos empezaron a perder capacidad para colocar representantes en todas las juntas receptoras de votos y por ende de fiscalizarse entre sí.
El auxiliar es una persona del TSE al lado de los representantes partidarios, asistiéndoles en el levantado de actas y reportes y en la toma de decisiones, asume el control en caso de que no aparezca ni un solo representante partidario. Esto garantiza que el trabajo de la junta se realice medianamente bien y que si sólo hay representación de un solo partido, sea fiscalizado; además de que en caso de que no llegue ningún fiscal, la junta se pueda abrir y la gente pueda votar.

El reglamento emitido por el TSE para el referendo en varios puntos remitía al Código Electoral. ¿Qué cambios percibirá la figura del referendo con el nuevo Código?

– Es poco impactado. Básicamente la regulación no toca el referendo, que se sigue regulando por la ley especial, tal vez haya que ajustar el reglamento a la nueva realidad del Código.

El PLN, además de las donaciones de personas jurídicas, también buscó que se permitiera al Presidente de la República participar en la campaña. ¿Qué cambios se introdujeron?

En estos momentos el presidente habla abiertamente a favor de la candidatura a diputada de la ministra de Justicia Viviana Martín.

– Hubo una propuesta para flexibilizar el tema de la participación política de los funcionarios de alto nivel, que fracasó y se mantienen las reglas vigentes de neutralidad gubernamental en los procesos electorales y la prohibición de participación política se mantienen vigentes y descienden de un precepto constitucional, que establece vía de sanción a estas normas.

“La reforma es insuficiente”

Francisco Barahona, abogado que desde 1998 participó en la comisión que asistió en la elaboración de la reforma al Código Electoral, opinó que el proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa “es una reforma parcial a los verdaderos problemas que enfrenta la democracia costarricense”.

El especialista fue más allá y la juzgó como “insuficiente”; sin embargo expresó que sí encuentra aspectos positivos. Destacó la prohibición a que las sociedades anónimas realicen aportes a las campañas, aunque apuntó que “un grupo de interés que antes utilizaba una sociedad anónima como mampara, hoy lo puede hacer a través de testaferros”, pues se eliminó el límite a las donaciones de las personas físicas.

Calificó como una “burla”, la reducción de la contribución estatal del 0,19% al 0,11%  del Producto Interno Bruto (PIB), pues “se hace por una única vez, eso solo beneficia a los partidos tradicionales, luego se volverá al 0,19%, eso demuestra que los partidos siguen legislando en su beneficio”.

Otro elemento positivo que estimó es que “se le dan colmillos al TSE”, pues será el mismo Tribunal y no la Contraloría General de la República el que fiscalice los  gastos de los partidos. “La gran incógnita es si al TSE tendrá voluntad política para sancionar y aplicar penas”.

Barahona consideró como aunque se prohibió la publicación de encuestas de salida el día de las elecciones y los anteriores, “no se le dio al Estado cierta presencia en la elaboración de encuestas y hemos visto algunas claramente contratadas para manipular intención electoral del pueblo”.

Lamentó que no se penara con cárcel a los directores de medios que violen esa prohibición. “El pago de multas me da cierta risa, pues los medios poderosos tienen los recursos para pagarlas”, añadió.

El abogado insistió en calificar la reforma como “bastante maquillaje”, porque en el tema de la fiscalización electoral de los partidos, la vigilancia y control de sus convenciones internas sigue fuera del TSE. Lo anterior no fue incluido “porque a los partidos grandes no les conviene que el TSE se meta en sus procesos”.