Fernando Cruz: “La idea no es cuán independiente es el candidato y su trayectoria, sino cuánto asegura que su criterio va a ser favorable a determinados proyectos políticos concretos”. (Foto: archivo)

“Hay personas que no tienen poderes formales en el Estado, pero sí tienen un grado de influencia muy grande, son líderes cuya palabra es determinante para los parlamentarios”, expresó el magistrado de la Sala Constitucional (IV) Fernando Cruz.

En una entrevista con UNIVERSIDAD, Cruz se refirió al escenario en el cual se elegirá a quien reemplace a Luis Paulino Mora, quien murió el pasado 17 de febrero.

Cruz ocupa su puesto luego de que en noviembre pasado el oficialismo en la Asamblea Legislativa rechazó su reelección, y de que la misma Sala IV acogió un recurso en contra de lo acordado por ese grupo de diputados.

Ante la próxima elección legislativa sobre la sustitución de Luis Paulino Mora, son preocupantes las declaraciones del jefe de fracción del PLN, en el sentido de que quien se elija debe estar de acuerdo con el modelo de desarrollo del país y que el Plenario escogerá a quien le parezca sin importar el trabajo de la Comisión de Nombramientos. ¿Qué tanto puede la política llegar a ensuciar a la Corte Suprema de Justicia?

-Siempre hay una gran tensión entre el proceso formal en la Comisión Legislativa de Nombramientos y el proceso real en el que hay conversaciones con parámetros diferentes. Hay que ver los dos escenarios:         el formal de cara al público, y el de las inevitables conversaciones dentro y fuera del parlamento, para que las fuerzas políticas y grupos de interés nombren al candidato que dé la  mayor confianza; eso puede significar que mantenga una visión constitucional favorable a determinados intereses.

Después de 20 años de vida de la Sala Constitucional, hay mucho estira y encoge sobre cuál es el candidato adecuado. En esta coyuntura, la elección del magistrado podría no ser un tema de enfrentamiento de concepciones ideológicas, sino de aseguramiento de que esa persona tenga una visión muy conservadora o muy progresista de las normas constitucionales, en temas como reforma del Estado, medio ambiente o cuánto avanza el Estado en el control de muchos aspectos del quehacer social y económico que podrían plantearse en un futuro.

El peligro es que se haga un modelo de juez a la medida de los intereses. El pasado 15 de noviembre ante el tema de mi reelección, a partir de la visión de que puede o no reelegir  sin fundamentación, lo que la Asamblea Legislativa dice es: “nosotros cada ocho años tomamos la lección”, y eso sí incide en la independencia de un juez, que no sólo tiene que ver con la manera cómo es nombrado, sino con cómo se mantiene en el puesto.

Ese es el peor escenario, no es que ocurra, pero es una amenaza presente y permanente. Por eso la elección de jueces tanto ordinarios como de la cúpula es tan importante; lógicamente la Asamblea querrá saber qué piensa el juez desde el punto de vista de la ideología de la Constitución; eso está bien;  lo malo es cuando a través de conversaciones o compromisos que no son transparentes, se pretende hacer un juez a la medida de los intereses.

Pero precisamente el rechazo de su reelección ¿no es una manifestación de que se está frente a esa realidad? 

-Es posible que estemos ante esa realidad. Eso significa que más allá de lo que la Comisión de Nombramientos pueda resolver, hay otros  escenarios en los que los candidatos a magistrado son sometidos a una valoración que podría no ser  la más adecuada. Es una amenaza. Los peligros están presentes, porque para elegir un magistrado no se requiere ninguna justificación, más que la decisión política. Eso significa que los propios parlamentarios tendrán un deber de autocontención y un deber ético inevitable, de que la elección responda a criterios político constitucionales admisibles, más allá de tratar de asegurarse que sea un candidato comprometido impropiamente.

Lo malo es cuando de la ideología y los valores constitucionales se desciende al aseguramiento de un compromiso sobre visiones concretas, que no sería lo ideal. Para que un magistrado o juez llegue a su puesto de la mejor forma, siempre tiene que ser con un compromiso de independencia y criterio propio. Claro que el ambiente después de lo que pasó el 15 de noviembre es que los criterios de elección pueden devaluarse significativamente.

En ese contexto también entra en juego la reducción de competencias de la Sala Constitucional que planteó la comisión de notables.  

-Creo que valorarán la posición del candidato sobre ese tema y puede ser que desde el punto de vista de política del poder surja la necesidad de que el candidato esté de acuerdo.

Hay que leer entre líneas la noción de los notables, de que debe haber una reducción de las decisiones de la Sala IV sobre los derechos prestacionales (aquellos que tienen que ver con los servicios que presta el Estado relacionados con la satisfacción de derechos humanos, como el acceso a la educación o la salud). Incluso Fabián Volio -quien integró ese grupo- ha dicho que esa potestad se le debería retirar a la Sala. Ello es un indicador de la clase de presión para que en temas de orden social −más allá del Estado de derecho− haya un retraimiento de la Sala.

La idea no es cuán independiente es el candidato y su trayectoria, sino cuánto asegura que su criterio va a ser favorable a determinados proyectos políticos concretos.

El magistrado Luis Paulino Mora expresó que su no reelección había sido perpetrada por “fuerzas oscuras”. ¿Dónde puede la ciudadanía buscar pistas para entender de dónde provienen esas fuerzas oscuras?

-Es la primera vez que un magistrado presidente (de la Corte) habla de fuerzas oscuras para limitar la autonomía y la independencia judicial. Es un discurso muy fuerte y para que él lo dijera es porque tenía una percepción muy clara. ¿Podrán mantenerse esas fuerzas oscuras para el tema de la elección de candidatos? Es una alta posibilidad. Lo que ocurre es que para el ciudadano es muy difícil leer eso y por esa razón entra en una gran desconfianza y prácticamente en un escepticismo absoluto porque si en la política son inevitables los espacios opacos y si los actores políticos no tienen autocontención y prudencia, hagan lo que hagan siempre el ciudadano tendrá altísima desconfianza.

Las formas de elección tienen una dimensión que no es transparente, porque hay una cantidad de  conversaciones y estira y encoges que no se resuelven en la propia comisión legislativa.

Hay personas que no tienen poderes formales en el Estado, pero sí tienen un grado de influencia muy grande, son líderes cuya palabra es determinante para los parlamentarios. Esa es la dimensión que el ciudadano no puede olvidar; el aparato formal a veces no es una fotografía adecuada de todo el escenario que determina decisiones.

Camino a una elección de magistrado

El pasado 20 de febrero el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Fabio Molina, ofreció declaraciones a la emisora ADN Radio sobre la próxima elección de quien sustituya a Luis Paulino Mora y afirmó que “en un Estado democrático es sano que de vez en cuando, de un Poder a otro se pegue un pequeño socollón”.

Aseveró que “por supuesto que no voy a proponer a un comunista” y sobre el proceso para elegir al magistrado −que implica la evaluación por parte de la Comisión Legislativa Especial de Nombramientos− expresó que la Constitución establece que los criterios de esa Comisión “son de referencia y no vinculantes; entonces nosotros ejercemos potestades”.

Molina añadió que la persona que ocupe el puesto deberá ser “alguien que comulgue con un modelo de desarrollo” que −según dijo− el país ya definió.

Todas esas declaraciones reviven el agrio sabor que quedó en la boca de la ciudadanía el 15 de noviembre pasado, cuando el oficialismo legislativo liderado por el PLN, decidió no reelegir al magistrado Fernando Cruz.

Cabe recordar las palabras que en aquel contexto pronunció el magistrado Mora en su discurso “Una silla vacía”, en el que calificó el hecho como “un ultraje a la justicia, con el fin de buscar magistrados alineados”, detrás del cual estaban “fuerzas oscuras que han cohonestado este triste episodio de nuestra historia; todo como una cortina de humo para esconder el verdadero fondo de sus intenciones: una Corte complaciente”.

Por su parte, consultado por UNIVERSIDAD el magistrado Román Solís, de manera ponderada recordó que la Asamblea Legislativa es un foro eminentemente político, por lo que la elección de un magistrado es “una decisión estrictamente política, donde lógicamente hay revestimientos de carácter ideológico”.