Hace diez años, una comisión de diputados y luego una comisión de tres notables, entre otros informes, documentaron graves denuncias de corrupción y fallas administrativas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Recomendaron medidas para enderezar el rumbo de la institución, incluso con la intervención del Ministerio Público para establecer responsabilidades, pero nada pasó, salvo el sonado juicio por el caso CCSS-Fischel. Este tuvo que ver con un crédito finlandés por $39,5 millones para la compra de equipo médico, tramitado con compadrazgos políticos y pago de comisiones, por lo que fueron condenados el expresidente Rafael Ángel Calderón y otros exfuncionarios y empresarios privados.
Ahora que el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y una comisión nombrada por la misma CCSS han anunciado investigaciones sobre la crisis que atraviesa la institución, algunas personas sugieren retomar el camino andado en dichos informes, para ver el origen de buena parte de los actuales problemas financieros y administrativos de la institución.
El médico y exdiputado Walter Muñoz es uno de los que han pedido que se retomen las recomendaciones del informe de la comisión especial legislativa de la que él formó parte, y que dio recomendaciones en el 2001 para resolver la crisis que la Caja viene arrastrando desde hace más de diez años.
Los diputados analizaron en ese entonces la utilización de los recursos de la institución, compras de servicios privados y medicamentos, la calidad de los servicios y el manejo de las pensiones. En particular, la relación de la Caja con la Clínica Bíblica y actuaciones de médicos relacionados con empresas privadas que venden servicios a la CCSS.
Entre sus recomendaciones propusieron que la Contraloría General de la República realizara una investigación de los acuerdos tomados por la junta directiva y las anomalías consignadas en los informes de la auditoría interna de la Caja en los últimos diez años, a fin de sentar responsabilidades.
No obstante, el informe no fue aprobado por el plenario legislativo y pasó al olvido, luego que los entonces diputados oficialistas Abel Pacheco y Álvaro Trejos, igualmente integrantes de la comisión, emitieron un informe diciendo que no había crisis en la CCSS.
Por su parte la exjueza Dunia Chacón, el médico Álvaro Fernández y el empresario Rafael Carrillo integraron en el 2004 una comisión especial de notables nombrada por el presidente Abel Pacheco, para investigar posibles vetas de corrupción en la CCSS, y en particular denuncias de corrupción relacionadas con el préstamo del gobierno español por $40 millones, el préstamo finlandés por $39,5 millones y el préstamo del Banco Mundial por $23 millones.
Chacón y Fernández entregaron al mandatario un informe de mayoría en setiembre del 2004, en el que consignaron gran número de denuncias con nombres, puestos y situaciones de lo que podían ser casos de corrupción a fin de que la Fiscalía actuara (ver UNIVERSIDAD #1593 y 1594 del 7 y 14 de octubre del 2004).
Malos manejos de recursos de la institución, costosas consultorías, contrataciones directas teñidas de influencia política, numerosos viajes al exterior de altos funcionarios y vínculos de médicos con empresas farmacéuticas proveedoras de la institución, así como nombramientos de amistades o entidades creadas por la simple razón de dar altos puestos y salarios, formaron parte del menú de denuncias.
Destacó el caso del crédito español, donde salió a relucir la compra de equipo de mala calidad que no coincidía con las necesidades de los hospitales y que fue comprado con sobreprecio y hubo «gran tráfico de influencias de corte político», según el informe, pese a lo cual nunca hubo investigación judicial.
El caso de este préstamo fue abordado con mayor detalle en el informe que presentó por separado el ingeniero Carrillo, quien ahora forma parte del grupo técnico nombrado por la Caja para analizar el estado de la entidad y dar recomendaciones.
Un estudio del investigador Jame A. Cercone y otros, publicado en noviembre del 2000 con el auspicio de la Academia de Centroamérica y el Instituto Latinoamericano de Políticas Públicas, concluyó que en la valoración por parte de los usuarios, la Caja aparece ubicada en un nivel intermedio de corrupción respecto de otras entidades del sector público, en tanto que los profesionales en salud perciben que, aunque la Caja no es la entidad más corrupta, se ubica con niveles más elevados de corrupción que el promedio.
“A juzgar por las opiniones de los mismos profesionales en salud, la corrupción aparece como un problema de grandes dimensiones al interior de dicha entidad”, señaló el documento, titulado Compromisos de gestión, rendición de cuentas y corrupción en los hospitales de la CCSS.
INJERENCIA POLÍTICA
El informe de Chacón y Álvarez reseñó la creación de puestos de dudosa necesidad en la Caja, incluyendo tres nuevas gerencias (de Operaciones, Pensiones y Modernización), que obedecían a influencias de corte político partidista y generaban una «caza de puestos en la institución».
De esta manera, la Caja tenía seis gerentes y ocho subgerentes con altos salarios y autos de uso discrecional, un privilegio que no tenían ni siquiera los diputados, señalaron.
Asimismo, documentaron un aumento en los gastos institucionales debido a la gran cantidad de consultorías, asistentes y personal secretarial que necesitaron las nuevas dependencias, todo ello acompañado de frecuentes viajes al exterior por parte de los altos personeros de la institución.
El informe sugirió investigar viajes al exterior financiados por las casas distribuidoras de productos médicos, y actuaciones de médicos estrechamente relacionados con esas empresas, y que sugieren los productos para comprar o confeccionan los carteles de licitación.
Los notables enfatizaron en el informe que el mal manejo de los procesos de compras de medicamentos puede dar como resultado el desabastecimiento, compra de medicamentos de mala calidad o actos de corrupción por quienes dirigen el proceso.
Propusieron realizar un auditoraje en la Dirección jurídica para determinar la existencia de presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de honorarios de los abogados por arreglos conciliatorios con los deudores.
El informe calificó a la Gerencia de Pensiones de la Caja como la dependencia con mayor grado de corrupción. Las pensiones del régimen no contributivo se entregan por recomendación política, y la pensión por invalidez «se compra en los consultorios de algunos médicos”, quienes tienen a cargo la evaluación de personas con algún grado de invalidez, señaló.
Los notables concluyeron que la Caja es el «botín de guerra de los políticos de turno», que su presidencia ejecutiva se gana en la «arena política» y que eso produce una gran inseguridad laboral y la apertura a «procedimientos sospechosos».
La Procuraduría de la Ética Pública no tramitó ninguna denuncia relacionada con este informe. Lo único que se hizo fue solicitar una copia del informe para aportarlo como prueba en el juicio del caso Caja-Fischel, según se informó en ese despacho.
El exdiputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, escribió en su blog que desde mediados del 98, cuando empezaba como diputado, denunció el saqueo de que era víctima la CCSS por parte del Gobierno.
Incluso denunció penalmente a los directivos de la CCSS por desviar recursos para financiar al Gobierno. Lamentablemente, el Ministerio Público consideró que los directivos estaban obligados a invertir dineros de la CCSS en bonos de gobierno, ya que así se los ordenaba la autoridad presupuestaria.
Añadió que posteriormente, mediante una consulta de constitucionalidad y luego mediante la aprobación de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera, hacia el final de su período como diputado, logró que la CCSS quedara fuera de los lineamientos de inversión de autoridad presupuestaria.
“A pesar de ese esfuerzo, la deuda del Gobierno con la CCSS siguió creciendo, llevándonos a la situación actual, agravada por la pésima gestión administrativa de la institución”, afirmó Guevara quien fue el único diputado que se opuso en la Asamblea Legislativa a la aprobación del crédito finlandés.
